Pedofilia: juez giró la causa Kiczka a la fiscal para elevar a juicio
El escándalo de pedofilia que involucra al ex diputado puertista-libertario Germán Kiczka y su hermano Sebastián dio un nuevo paso judicial: el juez de Instrucción 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, giró el expediente a la fiscal Silvia Barronis para que formule requerimiento de elevación a juicio. Eso implica el cierre de la etapa investigativa, que terminó con los dos hermanos detenidos en el penal de Cerro Azul acusados de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil y corrupción de menores. Además de la tenencia de material explícito de menores, una niña contó que fue abusada por Sebastián a los 13 años y en el expediente también hay datos de una relación no consentida que involucra a Germán.
La investigación, que comenzó tras un reporte internacional sobre cibercrimen, reveló la existencia de al menos 913 archivos explícitos -abuso sexual infantil, zoofilia e incesto- en los dispositivos de los imputados. Según se informó, entre los materiales hallados se incluyen imágenes de menores de 13 años y conversaciones en aplicaciones como WhatsApp y Telegram que sugieren su participación en redes de explotación infantil. La gravedad del caso se acentúa con la existencia de contenidos extremadamente aberrantes, como lo detalló el informe de la fiscalía.
En el caso de los Kiczka, los reportes derivaron en allanamientos realizados por la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) y la división de Cibercrimen de la Policía de Misiones, que confirmaron la presencia de material comprometedor y llevaron a su imputación por múltiples delitos.
El caso sigue generando conmoción en Misiones, con ramificaciones en el ámbito político. Germán Kiczka era diputado de Activar, el partido de Pedro Puerta, quien solicitó licencia mientras avanza la causa judicial que lo salpica por su amistad y cercanía política.
La fiscal Barronis será la encargada de continuar las actuaciones, evaluando los elementos probatorios y las pericias que apuntan a la distribución y producción de material ilícito, delitos que podrían implicar penas severas según la legislación vigente.
