POLITICA

Milei designa a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia

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El presidente Javier Milei decidió reemplazar a Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia y nombrar en su lugar a Juan Bautista Mahiques, hasta ahora fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El anuncio se concretó con una foto en la Quinta de Olivos junto al funcionario saliente y terminó de materializar una salida que, según trascendió, estaba acordada desde octubre pasado y tenía como horizonte marzo de este año.

La decisión marca el fin de uno de los últimos integrantes del primer Gabinete de Milei y abre una nueva etapa en una cartera estratégica para la relación entre el Gobierno y el sistema judicial. ¿Se trata de un simple recambio por desgaste o de un movimiento más profundo para consolidar influencia institucional en un área sensible?

De fiscal porteño a ministro nacional

Mahiques llega al Ministerio tras ejercer desde finales de 2019 la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, es decir, como jefe de los fiscales porteños. También preside desde 2022 la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) y fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

Su perfil combina gestión técnica y pertenencia a lo que en el ámbito judicial se denomina “familia judicial”. Su padre, Carlos “Coco” Mahiques, integra la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. El Presidente envió recientemente su pliego a la comisión de Acuerdos del Senado para renovar su cargo antes de que cumpla 75 años en noviembre, un gesto interpretado como señal de cercanía política.

El entorno familiar también incluye a Ignacio Mahiques, fiscal porteño y adjunto en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, y a Esteban Mahiques, actual director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería e integrante previo del Tribunal de Disciplina de la AFA.

El desplazamiento de Cúneo Libarona responde a un acuerdo previo con los hermanos Milei para permanecer en funciones hasta marzo. El propio ministro saliente admitía en privado el desgaste de la gestión y su intención de dejar el cargo.

Impacto político y equilibrio institucional

El Ministerio de Justicia no solo gestiona políticas públicas; actúa como bisagra entre el Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura y el Congreso en materia de reformas judiciales. El ingreso de un fiscal con trayectoria en el ámbito porteño y vínculos consolidados dentro del sistema judicial puede redefinir esa interlocución.

En términos de poder, el movimiento fortalece el ala técnica con anclaje en tribunales y fiscalías. También envía una señal hacia el Senado, donde se tramitan pliegos y designaciones clave. La renovación del cargo de Carlos Mahiques en Casación y la llegada de su hijo al Ministerio configuran un esquema que consolida una red de relaciones institucionales.

Para el Gobierno, el recambio puede servir para ordenar una agenda judicial que incluye reformas pendientes y debates sensibles. Para la oposición, abre interrogantes sobre concentración de influencia y alineamientos dentro del Poder Judicial.

Un nuevo ciclo en Justicia

El cambio ocurre en un momento en que el Ejecutivo necesita estabilidad política y coordinación con el Congreso para avanzar en iniciativas estructurales. La figura del ministro de Justicia es central en ese engranaje.

Habrá que observar cómo Mahiques gestiona la transición, qué señales envía hacia magistrados y fiscales federales y cómo articula con el Parlamento en eventuales proyectos de reforma. También será relevante el tono que adopte la relación con el Consejo de la Magistratura.

La salida de uno de los últimos integrantes del Gabinete original de Milei cierra una etapa. El desembarco de Mahiques abre otra, con un perfil más anclado en la estructura judicial. El alcance real de ese movimiento dependerá de las decisiones que se tomen en las próximas semanas y de cómo se reconfigure el equilibrio entre el Gobierno y el sistema de justicia.

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Cómo crear empleos para los 1200 millones de nuevos trabajadores del mundo

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El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga advierte por una brecha de 800 millones de empleos y lleva el debate al G7 y el G20. Banga plantea que el desafío demográfico es económico y de seguridad nacional

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, puso sobre la mesa una cifra que reconfigura la agenda global: en los próximos 10 a 15 años, 1200 millones de jóvenes de países en desarrollo alcanzarán la edad laboral, pero las tendencias actuales indican que solo se crearán unos 400 millones de empleos. La brecha potencial de 800 millones no es, según su planteo, un problema sectorial ni una consigna de desarrollo; es un desafío económico estructural y, cada vez más, de seguridad nacional.

El diagnóstico adquiere relevancia política en un calendario marcado por foros internacionales. Tras pasar casi inadvertido en la última reunión de Davos, el tema podría emerger con mayor fuerza en la Conferencia de Seguridad de Múnich y en las cumbres del G7 y el G20. La tensión es clara: ¿los líderes priorizarán las crisis inmediatas o asumirán una “fuerza de baja frecuencia” que, si se ignora, puede derivar en inestabilidad sistémica?

Demografía, empleo y arquitectura institucional

Banga enmarca el fenómeno dentro de transformaciones de largo plazo como los cambios demográficos, la globalización y la escasez de recursos. A diferencia de guerras o crisis financieras —que dominan titulares—, el crecimiento acelerado de la población joven en economías en desarrollo avanza sin estridencias, pero con impacto acumulativo.

El planteo institucional del Grupo Banco Mundial se estructura en tres pilares. Primero, crear infraestructura física y humana. Sin electricidad confiable, transporte, educación y salud, la inversión privada no se traduce en empleo. El ejemplo citado es un centro de formación en Bhubaneswar, India, que capacita a casi 38.000 personas al año en alianza con el Gobierno y el sector privado, alineando habilidades con demanda real del mercado.

Segundo, promover un entorno regulatorio previsible. Normas claras y marcos estables reducen incertidumbre y habilitan la expansión de empresas, especialmente microemprendimientos y pymes, responsables de la mayor parte del empleo.

Tercero, facilitar crecimiento empresarial mediante capital accionario, financiamiento, garantías y seguros contra riesgos políticos. Se menciona un esquema reciente de garantía para financiamiento comercial del Banco do Brasil, que libera aproximadamente USD 700 millones para pequeñas compañías brasileñas, en particular del sector agrícola.

La estrategia focaliza en cinco sectores con alto potencial de empleo: infraestructura y energía, agroindustria, atención primaria de la salud, turismo y manufacturas con valor agregado. No se trata de una expansión indiscriminada, sino de asignación selectiva de recursos limitados.

Impacto político y correlación global

La advertencia tiene implicancias directas para la gobernabilidad de los países en desarrollo. Si 1200 millones de jóvenes ingresan al mercado laboral y solo 400 millones encuentran empleo, la presión sobre instituciones, migración irregular y conflictos se vuelve previsible. El empleo funciona como amortiguador social.

Para economías desarrolladas, el razonamiento es pragmático. Hacia 2050, más del 85 % de la población mundial vivirá en países en desarrollo. Eso implica la mayor expansión histórica de fuerza laboral y, al mismo tiempo, del universo de consumidores y mercados. Desde esta óptica, invertir en empleo no es altruismo; es una apuesta por estabilidad de cadenas de suministro, reducción de presiones migratorias y ampliación de demanda global.

El sector privado aparece como actor central. La creación de empleo a gran escala depende de su capacidad de inversión. El rol de las instituciones de desarrollo, según el planteo, es reducir riesgos reales y percibidos para catalizar capital.

La correlación de fuerzas en foros como el G7 y el G20 será clave. Si las potencias priorizan seguridad tradicional sobre seguridad económica y social, el desafío puede quedar relegado. Si lo incorporan como eje estratégico, el financiamiento y las reformas regulatorias podrían acelerarse.

Un dilema de anticipación

La tesis es sencilla pero exigente: actuar temprano o enfrentar consecuencias acumuladas. La expansión demográfica no es una hipótesis; es una proyección basada en tendencias firmes. El interrogante es político.

En los próximos meses habrá que observar si los compromisos multilaterales incorporan metas concretas de generación de empleo, si se amplían garantías financieras y si los países en desarrollo adoptan reformas regulatorias que faciliten inversión privada.

La decisión no es sobre si la demografía moldeará el futuro. Eso ya ocurre. La discusión gira en torno a si la comunidad internacional convertirá esa presión en motor de crecimiento o permitirá que derive en inestabilidad. En ese margen se juega buena parte del equilibrio económico y político de las próximas décadas.

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Pedro Sánchez: La posición del Gobierno español se resume en un “No a la guerra”

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recuperado ante el conflicto en Oriente Medio el lema del ‘No a la guerra’ popularizado con la invasión de Irak en 2003 y ha advertido de que España no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias de alguno, en referencia a Donald Trump.

Sánchez se ha expresado de esta forma en una declaración institucional con motivo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y después de las amenazas del presidente estadounidense a España, al que no ha citado explícitamente en ningún momento, por su posición en esta guerra.

Tras expresar la solidaridad de España con los países atacados por Irán, ha subrayado que nadie sabe con certeza qué pasará a partir de ahora y que ni siquiera están claros los objetivos de Estados Unidos e Israel, pero ha reconocido que hay que estar preparados ante la posibilidad de que sea una guerra larga, con numerosas bajas y con consecuencias económicas graves.

Ante ello ha recalcado que la posición de España es clara, rechazando que no se respete el derecho internacional y evitando caer en errores del pasado como los que asegura que hubo en la guerra de Irak, con un aumento del terrorismo yihadista, crisis migratoria en el Mediterráneo Oriental e incremento de los precios de la energía y del coste de la vida.

Medidas ante la incertidumbre

Frente a ese «regalo del trío de las Azores», ha subrayado que la posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: «No a la guerra».

Ahora prevé que aumente también la incertidumbre económica, con subidas del precio del petróleo y el gas, y por ello ha vuelto a defender la posición de España frente a los dirigentes que «usan el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos».

Sánchez ha garantizado ante esa situación que el Gobierno, si es necesario, ayudará a los hogares, trabajadores y empresas que se puedan ver afectados por el impacto económico.

«España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente a esta crisis. Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos -ha apostillado- de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria».

Garantía de evacuación

También ha prometido asistencia a los españoles que se encuentran en la región para ayudarles a regresar, algo para lo que ha dicho que están trabajando «día y noche» el servicio exterior y el ejército.

Las operaciones de evacuación ha precisado que son muy delicadas debido a que el espacio aéreo no es seguro, pero ha insistido en que los españoles en la región pueden tener la certeza de que se les va a proteger y se les traerá de vuelta al país.

El presidente del Gobierno ha señalado asimismo que España va a colaborar con todos los países de la región que abogan por la paz y por el cumplimiento de la legalidad internacional, así como con los aliados europeos para que haya una respuesta coordinada y eficaz.

De la misma forma, seguirá exigiendo a Estados Unidos, Israel e Irán el cese de las hostilidades y una solución diplomática a la guerra, y defendiendo que una ilegalidad no puede ser respondida con otra y que no se puede jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas.

A su juicio, la pregunta no es si España está a favor o no del régimen de los ayatolás porque nadie lo está, sino que debe preguntarse si se está a favor o en contra de la legalidad internacional y de la paz.

Tras recordar que el pueblo español siempre repudió la dictadura de Sadam Hussein pero no por ello apoyó la guerra de Irak, ha explicado que ahora se repudia al régimen de Irán, «que reprime y mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres», pero se rechaza este conflicto.

Lejos de considerar que la posición del Gobierno español pueda ser ingenua, ha señalado que lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia o creer que las democracias o el respeto entre las naciones brotan de las ruinas.

Represalias de Trump

También lo es, ha precisado, practicar un «seguidismo ciego y servil».

«Yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente y, por tanto, no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses simplemente por el miedo a las represalias de alguno», ha dicho Sánchez en alusión a Trump.

Sánchez ha asegurado tener una confianza absoluta en la fortaleza económica, institucional y moral de España y ha afirmado que el Gobierno está con quienes tiene que estar, «con los valores -ha dicho- que nuestros padres y abuelos fijaron en nuestra Constitución».

«España está con los principios fundacionales de la Unión Europea, está con la carta de Naciones Unidas, está con el derecho internacional y, por tanto, está con la paz y la existencia pacífica entre países y su convivencia», ha añadido.

Y en esta línea, ha proseguido: «Estamos además con muchos otros gobiernos que piensan como nosotros y también con millones de ciudadanos y ciudadanas que en toda Europa, en Norteamérica y en Oriente Medio, que lo que piden al mañana no es más guerra o más incertidumbre, sino más paz y más prosperidad, porque lo primero solo beneficia a unos pocos y lo segundo nos beneficia a todos».

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La CGT abandona la calle y apunta a frenar la reforma laboral en la justicia

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La realidad que atraviesa al sindicalismo podría estar resumida muy ilustrativamente en la débil resistencia que pudo ofrecer frente al avance del ambicioso proyecto de Reforma Laboral que impulsó el oficialismo y que finalmente aprobó en el Congreso esta semana. Fue tan débil la musculatura sindical para resistir, que la CGT ni siquiera decidió intentar simbolizar con una movilización, su ánimo de resistencia al proyecto, en el tratamiento que la iniciativa tuvo en revisión en el Senado esta semana. La decisión que tomó la mesa chica de la CGT fue la de apuntalar todos los cañones a la judicialización de la Ley y para ello realizarán una movilización a la plaza de Tribunales, frente al palacio de justicia, para tratar de presionar a los jueces que deberán resolver los planteos de inconstitucionalidad que el sindicalismo intentará interponer para frenar la reforma.

Hubo mucho del contenido de la reforma que el sindicalismo resistió desde un comienzo, pero que no pudo frenar. Entre ellos, cambios en las condiciones de contratación y de la jornada laboral, cambios en las indemnizaciones por despidos, cambios en materia de convenciones colectivas de trabajo, limitaciones del derecho a huelga y en la justicia laboral. Son precisamente parte de esos contenidos que la CGT buscará frenar en la justicia.

Los aumentos salariales mensuales siguen sin impulso para vencer al IPC

La tónica que se advierte en la dinámica de aumentos mensuales previstos en los acuerdos salariales sigue siendo la misma en los últimos 6 meses: el promedio de aumentos mensuales no alcanza la velocidad de los precios. Febrero se anticipa como un nuevo mes donde el IPC supera el promedio de las cuotas mensuales.

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El INYM cambia sanciones por DDJJ y refuerza control en el mercado yerbatero

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El mercado de la yerba mate arrancó marzo con cambios concretos en su marco regulatorio. El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) publicó este 4 de marzo en el Boletín Oficial las Resoluciones 20/2026, 21/2026 y 23/2026, un paquete normativo que redefine el régimen de sanciones por incumplimientos formales, restablece la publicidad del padrón de operadores y vuelve a exigir la declaración mensual del “palo de descarte”.

Las tres normas rigen desde su publicación y forman parte del proceso de adecuación interna del organismo al Decreto 812/2025, que limitó la capacidad del INYM para dictar reglas que distorsionen precios o interfieran en la libre oferta y demanda. En ese contexto, el Instituto avanza con una depuración regulatoria que combina simplificación administrativa con mayor trazabilidad formal.

El dato clave es doble: por un lado, la falta de presentación de tres declaraciones juradas anuales ya no generará una “inhabilitación” automática, sino la baja de la inscripción hasta regularizar; por otro, se restituye la publicación abierta del listado completo de operadores habilitados.

Qué cambia en la práctica

La Resolución 20/2026 introduce el ajuste más sensible para el funcionamiento cotidiano del sector. Deroga la suspensión automática de inscripción prevista en la Resolución 115/2015 y modifica el artículo 9° del régimen simplificado de control de declaraciones juradas.

Desde ahora, cuando un operador omita presentar tres declaraciones juradas en un mismo año calendario, el INYM deberá intimarlo por diez días hábiles. Si no regulariza, procederá a dar de baja su inscripción a partir del mes siguiente. La actividad quedará paralizada hasta que el operador presente todas las DDJJ pendientes y pague las multas correspondientes.

La diferencia no es menor. Se elimina la inhabilitación como figura indefinida que podía generar nuevos incumplimientos en cascada, y se reemplaza por una baja registral con condición clara de levantamiento. El mensaje es más ordenado: quien no declara, no opera; pero puede volver si regulariza.

En paralelo, la Resolución 21/2026 revierte la decisión de 2023 que había eliminado de la web oficial el listado completo de operadores inscriptos y los inhabilitados. El INYM volverá a publicar nombre, CUIT, número de operador, categoría, domicilio comercial y estado de inscripción, además de mantener la herramienta de búsqueda individual.

Se trata de información no sensible, según fundamenta la norma, y vinculada a la función de control público. En términos económicos, la medida mejora la transparencia del mercado y facilita la verificación entre actores de la cadena.

Finalmente, la Resolución 23/2026 reincorpora la obligación de declarar la cantidad de kilogramos de “palo de descarte” existente al cierre de cada período mensual. Esa exigencia había quedado derogada por una resolución anterior, pero el propio Instituto detectó que su eliminación generaba inconsistencias con el régimen vigente de declaraciones juradas. Ahora vuelve a integrarse al sistema informático del organismo.

Contexto institucional: adecuación al nuevo marco

Las resoluciones se inscriben en la Ley 25.564, que regula la actividad yerbatera, y en el proceso de revisión normativa iniciado tras la modificación del decreto reglamentario en 2025. El Poder Ejecutivo estableció que el INYM no puede dictar normas que generen distorsiones en precios o barreras de entrada.

Frente a esa instrucción, el organismo inició un relevamiento integral de su stock normativo. Parte de ese proceso implicó derogar medidas consideradas excesivas o potencialmente restrictivas. Sin embargo, la revisión dejó zonas grises que ahora se corrigen.

El ajuste sobre declaraciones juradas apunta a evitar sanciones que se transformen en un círculo vicioso administrativo. Al mismo tiempo, la reposición de datos públicos busca reforzar la transparencia sin afectar la protección de datos personales, apoyándose en la Ley 25.326 y en el principio de máxima publicidad de la Ley 27.275.

En síntesis, el Instituto intenta compatibilizar simplificación con capacidad de fiscalización.

Impacto económico: más previsibilidad formal

En términos de inversión y actividad, el paquete no introduce cambios en precios ni en condiciones comerciales. Tampoco altera cupos, volúmenes ni parámetros productivos. Su impacto es indirecto, pero relevante para la dinámica del sector.

Para los operadores —productores, secaderos, molinos y comercializadores— la modificación del régimen sancionatorio aporta previsibilidad. Se establecen plazos claros y un procedimiento definido antes de la baja registral. Esto reduce la discrecionalidad y ordena la relación administrativa con el regulador.

La restitución del listado público puede favorecer la competencia leal. Facilita verificar quién está habilitado para operar y reduce la opacidad en transacciones comerciales. En cadenas regionales como la yerbatera, donde conviven actores de distinto tamaño, la información pública cumple una función de control cruzado.

La reintroducción de la declaración del palo de descarte, en tanto, refuerza la trazabilidad productiva. Para los secaderos implica retomar una carga informativa mensual, aunque el Instituto la presenta como coherente con el esquema vigente y no como una exigencia nueva.

No hay efectos fiscales directos ni anuncios de mayores recursos. El foco está puesto en ordenar el cumplimiento formal.

Señales políticas: simplificar sin desregular

El paquete combina dos movimientos que, en apariencia, van en sentidos distintos. Por un lado, elimina mecanismos de suspensión automática y corrige rigideces administrativas. Por otro, refuerza la publicidad de datos y reestablece obligaciones declarativas.

La señal política parece apuntar a una regulación más transparente y menos coercitiva en lo formal, pero sin resignar capacidad de control. No se advierte un giro hacia la desregulación plena, sino una adaptación al nuevo límite impuesto por el Ejecutivo respecto de la no intervención en precios y mercado.

El INYM mantiene su rol de autoridad de registro y fiscalización. Lo que ajusta es el modo de ejercerlo.

Qué mirar hacia adelante

En los próximos meses habrá que observar si el nuevo esquema reduce efectivamente la litigiosidad y los incumplimientos recurrentes. También será relevante medir si la publicación abierta del padrón mejora la trazabilidad y la transparencia en las operaciones.

El reordenamiento normativo está en marcha. El desafío para el Instituto será sostener equilibrio entre simplificación administrativa y control efectivo en un sector que combina arraigo regional, peso exportador y alta sensibilidad política.

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