Seguridad

Buscaban equipos robados de un boliche y los hallaron dentro de otro comercio en Posadas

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La causa comenzó a raíz de la denuncia radicada por Diego Arturo S. P. (38), quien manifestó que en el mes de septiembre del 2025 había cedido bajo la modalidad de alquiler equipos de sonido e iluminación a un boliche ubicado sobre avenida Corrientes y Centenario. Según relató, meses después el propietario del local le informó que la totalidad de los elementos habían sido robados del establecimiento, situación que derivó en una denuncia formal ante la Policía.

Con el avance de las averiguaciones, investigadores de la Mini Brigada de la Comisaría Tercera lograron establecer que parte de los equipos denunciados podrían encontrarse dentro del local “Bowling Strike”, ubicado sobre avenida Mitre y calle España, en pleno centro posadeño.

A partir de esos datos y tras reunir distintos elementos probatorios, los efectivos solicitaron una orden de allanamiento al Juzgado de Instrucción N° 2. En una primera instancia, los investigadores habían intentado realizar una inspección judicial y tomar declaración al responsable del comercio, pero el procedimiento no pudo concretarse ya que el propietario del comercio se negó a permitir la inspección judicial.

Finalmente, cerca de las 23:00 horas del martes, los uniformados ingresaron al inmueble con la orden judicial correspondiente y realizaron una minuciosa requisa en distintos sectores del comercio, donde lograron localizar y secuestrar múltiples equipos de sonido, iluminación profesional y accesorios técnicos que guardaban relación con los denunciados como sustraídos.

Durante el procedimiento no se hizo presente el propietario del local allanado ni tampoco su asesor legal, quedando las actuaciones a cargo del encargado del comercio, quien permaneció en el lugar mientras se desarrollaban las tareas judiciales y policiales.

Todos los elementos recuperados fueron documentados y trasladados a sede policial, quedando a disposición de la Justicia interviniente. La causa continúa en etapa investigativa para determinar fehacientemente las circunstancias en las que los equipos llegaron al comercio allanado y establecer si efectivamente fueron sustraídos o si existió algún otro tipo de transacción entre las partes involucradas.

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Monteoliva inauguró en Misiones el primer desafío táctico femenino junto a fuerzas argentinas y de Paraguay

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La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezó en Bernardo de Irigoyen, Misiones, la inauguración oficial del primer Desafío Táctico Femenino 2026, una competencia operativa de alta exigencia que reúne a integrantes de Fuerzas Federales argentinas, policías provinciales y efectivos de la Policía Nacional de Paraguay en uno de los puntos fronterizos más sensibles y estratégicos del país.

La actividad se desarrolla en el Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” de Gendarmería Nacional Argentina y cuenta con la participación de competidoras de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal, Policía de Misiones, Policía de Córdoba y Policía Nacional de Paraguay.

Antes de arribar a Bernardo de Irigoyen, la ministra mantuvo reuniones de trabajo en Puerto Iguazú junto al Comando Tripartito de la Triple Frontera y equipos del Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo, donde se evaluaron las amenazas vinculadas al narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado transnacional en la región fronteriza.

En ese marco, Monteoliva remarcó el carácter estratégico de la frontera norte y el trabajo permanente de las fuerzas federales desplegadas en el territorio.

“La frontera norte se defiende todos los días, sin descanso y con la firme decisión de no ceder un solo paso frente al delito. Porque lo que se hace acá —en el monte, en el río, en las rutas y en cada operativo— es mucho más que una tarea de control: es presencia, es orden y es soberanía real sobre el territorio argentino”, sostuvo.

La ministra destacó además el valor histórico de esta primera edición del desafío, al reunir por primera vez a mujeres de distintas fuerzas de seguridad y de distintos países bajo un mismo esquema de exigencia operativa, entrenamiento y coordinación táctica.

“Por primera vez, competidoras de las Fuerzas Federales argentinas, de las policías provinciales y de la República del Paraguay van a someterse a las mismas pruebas, en el mismo terreno y bajo las mismas reglas”, afirmó.

Durante su discurso, Monteoliva subrayó que la cooperación entre fuerzas y países ya no constituye únicamente una instancia de articulación institucional, sino una necesidad operativa concreta frente al avance del crimen organizado.

“El delito organizado, el narcotráfico y el contrabando no reconocen fronteras administrativas. Nuestra respuesta operativa, entonces, tampoco. La cooperación multiagencial e internacional es una herramienta táctica concreta fundamental, y este desafío conjunto es prueba de ello”, expresó.

Las participantes deberán afrontar una serie de pruebas diseñadas para reproducir condiciones reales de operación: diez kilómetros de marcha forzada con uniforme, fusil y mochila cargada; pistas de tiro individual, en parejas y por equipos; veinte obstáculos en terreno selvático; y un evento acuático que combina remo, traslado de heridos, marcha con peso y un polígono de cierre.

Según explicó la titular de la cartera de Seguridad, el objetivo del desafío es medir capacidades esenciales para el despliegue operativo real: resistencia física, capacidad de decisión bajo presión, criterio profesional, disciplina táctica y trabajo coordinado entre equipos.

“Estas pruebas fueron diseñadas para medir exactamente lo que se necesita en una operación real”, remarcó.

Monteoliva también puso en valor el profesionalismo y la preparación de las competidoras, y reafirmó la posición institucional del Ministerio respecto del mérito y la excelencia operativa.

“La excelencia operativa no tiene género. Cada una de ustedes se ganó este lugar con trabajo, mérito, disciplina y preparación”, sostuvo.

Asimismo, destacó que el entorno elegido para el desarrollo de la competencia no es simbólico ni recreativo, sino plenamente operativo y representativo de las condiciones reales que enfrentan diariamente las fuerzas en la frontera.

“El escenario que hoy las recibe fue elegido porque exige resistencia y templanza. Porque es un terreno real, desafiante y plenamente operativo, donde cada decisión, cada movimiento y cada esfuerzo cuentan”, señaló.

Finalmente, la ministra llamó a fortalecer la confianza y la cooperación profesional entre fuerzas y países a partir de experiencias compartidas en el terreno. “La hermandad que se construye en el barro, en el cansancio y en el esfuerzo compartido, es la que después se traduce en operaciones coordinadas y en confianza profesional”, concluyó.

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Ajuste en Defensa: recortaron más de $46.000 millones para el alistamiento militar

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El Ministerio de Defensa sufrió una reducción superior a los $46.000 millones en programas de alistamiento operacional de las Fuerzas Armadas, según surge de las planillas oficiales a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El mayor recorte nominal correspondió a la Fuerza Aérea Argentina, cuyo Programa 16 de alistamiento operativo perdió $16.500.000.000 en bienes de uso y equipos militares.

En segundo lugar quedó el Ejército Argentino, con una disminución de $12.622.064.540 destinada al equipamiento de transporte, comunicaciones y maquinaria de producción militar.

La Armada Argentina registró una poda neta de $15.220.000.000 en su alistamiento operativo. El ajuste incluyó la eliminación de una partida de crédito externo por $10.620.000.000 asignada al proyecto “Incorporación de Cuatro Helicópteros Navales Livianos” para la Base Naval Puerto Belgrano.

Como contraparte, el programa de Sanidad Naval recibió un refuerzo de recursos propios por $4.000.000.000 destinados a la compra de insumos médicos y farmacéuticos.

La readecuación presupuestaria impactó sobre áreas vinculadas al entrenamiento, mantenimiento y equipamiento de las tres Fuerzas Armadas.

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Militantes del MTE cortaron la Ruta 12 en reclamo de luz en una propiedad privada

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Desde el mediodía, militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) llevan adelante un corte total de la Ruta Nacional 12 a la altura de la localidad de Puerto Libertad, en reclamo de conexiones formales de energía en un predio intrusado.

Los simpatizantes del movimiento que lidera el dirigente político Juan Grabois, presionan para obtener acceso a la energía pese a que la prestataria ya les notificó formalmente que no cumplen con las condiciones mínimas referidas a la titularidad del predio donde pretenden asentarse.

Se trata de unas 25 hectáreas ubicadas en una zona de monte donde no existe infraestructura eléctrica y que se encuentran en litigio tras una denuncia penal por intrusión.

El expediente 90351/2025 S/CONRADO DE MARTINO ANTONIO S/DENUNCIA USURPACION Y DAÑOS” se tramita en el Juzgado de Instrucción de Puerto Iguazú. En el mismo, el titular de las hectáreas busca frenar la que considera una “toma ilegal” de sus tierras.

Sobre estos lotes, los referentes del movimiento social pretenden que se haga una infraestructura eléctrica nueva, de un costo considerable, que podría ser desmantelada de inmediato por orden judicial si el propietario lo exigiera.

El mismo grupo del MTE ya estuvo acampando frente al Distrito local de Energía de Misiones en Puerto Libertad, situación en la que los equipos jurídicos de la empresa les notificaron sobre la imposibilidad legal de avanzar en sus exigencias.

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El Gobierno flexibiliza el régimen de armas y redefine el equilibrio entre control estatal y derechos individuales

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El Gobierno nacional avanzó el 30 de abril con una modificación quirúrgica pero políticamente sensible del régimen de armas: mediante el Decreto 306/2026, reformó la reglamentación de la Ley 20.429 y reordenó criterios de acceso, control y trazabilidad. La decisión no altera la ley, pero sí redefine su aplicación práctica: amplía márgenes administrativos, introduce vías más ágiles de regularización —incluso para herederos sin declaratoria judicial— y habilita evaluaciones más flexibles para la portación. En un terreno donde seguridad pública y libertades individuales suelen colisionar, el movimiento abre una tensión de fondo: ¿es una modernización del sistema o un corrimiento del umbral de control estatal?

Una reforma por reglamento: menos rigidez, más discrecionalidad

El decreto se apoya en un argumento explícito: la necesidad de “armonizar” el régimen vigente con principios constitucionales como la razonabilidad de las restricciones y el derecho de propiedad. Desde ese punto de partida, el Ejecutivo introduce ajustes que, sin desarmar el sistema de control, modifican su intensidad.

Uno de los cambios más relevantes aparece en la portación. El Registro Nacional de Armas (RENAR), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, queda habilitado a autorizar portaciones de armas de guerra a legítimos usuarios que acrediten causales. La novedad no es solo procedimental: el criterio de evaluación incorpora parámetros técnicos, geográficos y de riesgo definidos administrativamente. En otras palabras, la decisión se desplaza hacia un análisis caso por caso, con mayor margen de interpretación estatal.

Al mismo tiempo, el decreto extiende la lógica de simplificación administrativa. La acreditación de aptitudes físicas y psíquicas, la idoneidad en el manejo de armas y la validación de antecedentes se mantienen, pero con procedimientos que buscan reducir fricciones operativas. El sistema no se relaja en sus requisitos formales, pero sí en la forma de tramitarlos.

Herencias, trazabilidad y control efectivo

El punto más innovador —y potencialmente más disruptivo— aparece en la gestión de armas heredadas. Hasta ahora, la exigencia de una declaratoria judicial de herederos funcionaba como condición para regularizar la tenencia. El nuevo esquema habilita una vía administrativa: quien invoque ser heredero podrá registrar el arma acreditando el vínculo mediante partidas, sin necesidad de proceso sucesorio previo.

El cambio apunta a un problema concreto que reconoce el propio decreto: la existencia de armas en situación irregular por falta de incentivos o mecanismos ágiles para su registro. La solución elegida prioriza la trazabilidad por sobre la formalidad judicial.

Sin embargo, introduce una distinción clave: la registración no implica reconocimiento de propiedad ni de derechos hereditarios. Es una habilitación de tenencia, no de dominio. Esa separación intenta preservar el marco civil mientras resuelve una falla operativa del sistema de control.

Control centralizado y redefinición del riesgo

El rediseño fortalece al Ministerio de Seguridad Nacional y al RENAR como nodos decisorios. La concentración de facultades en la autoridad de aplicación no es nueva, pero el decreto amplía su campo de acción: define criterios, evalúa riesgos y otorga permisos con mayor flexibilidad.

En paralelo, el sistema gana en capacidad de intervención inmediata. El propio texto destaca que la digitalización permite controles en tiempo real e inhabilitaciones automáticas. Ese argumento funciona como contrapeso político: más flexibilidad en el acceso, pero mayor capacidad de supervisión.

También hay una actualización del universo regulado. Se incorporan explícitamente dispositivos como supresores de sonido y miras nocturnas dentro de la categoría de uso civil condicional, con restricciones específicas de uso. No es una liberalización plena, sino una reconfiguración del perímetro de control.

El impacto económico o fiscal no aparece como eje, pero sí hay implicancias regulatorias: simplificar trámites puede ampliar el universo de usuarios registrados y reducir zonas grises donde el Estado pierde visibilidad.

Un equilibrio en revisión permanente

El decreto no cambia la ley de armas, pero altera su equilibrio interno. Introduce más agilidad, más discrecionalidad y una apuesta explícita por la trazabilidad como eje del control.

En las próximas semanas, la atención se concentrará en la implementación. Cómo se aplican los criterios de riesgo, cuántas autorizaciones de portación se otorgan y cuántas armas se regularizan por la vía administrativa serán indicadores clave.

También quedará bajo observación la tensión estructural que atraviesa la norma: hasta dónde puede flexibilizarse un régimen de control sin afectar su función de seguridad pública. El Gobierno eligió mover ese límite. El resultado todavía no está definido.

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