Seguridad

Pérez disertó en Nueva York sobre el combate al narcotráfico en Misiones

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En el marco del Programa de Liderazgo de Visitantes Internacionales (IVLP) “Hacia un Mundo más Seguro y Protegido: Combate del Crimen Internacional y Organizado”, el ministro de Gobierno, Marcelo Gabriel Pérez, participó de la Sesión Plenaria consistente en una charla sobre estrategias de inteligencia y operaciones en zona de conflictos, narcotráfico y terrorismo.

La misma se realizó en la mañana del miércoles en la ciudad de New York, y consistió en una charla debate en la que cada participante expuso su rol en el trabajo llevado adelante en materia de seguridad e inteligencia.

En la oportunidad se contó con la disertación del jefe adjunto del departamento de Policía de New York y oficial al mando de la Fuerza de Trabajo del Terrorismo en Conjunto del FBI,  Joseph Herbert; la Comisionada y Asistente de Inteligencia y Análisis del  departamento de Policía de New York, Rebecca Weiner; y la Analista de Inteligencia y Supervisión de la rama de Seguridad Nacional de New York, Geralyn Dowling. Cabe recordar que el IVLP es un programa de intercambio profesional que busca fomentar el entendimiento mutuo entre Estados Unidos y otras naciones a través de visitas de corta duración, las cuales son cuidadosamente diseñadas para líderes actuales y emergentes extranjeros de distintas áreas de gobierno, política, medios de comunicación, educación, artes, negocios, entre otras esferas clave; que son seleccionados y nominados por el Servicio Exterior de las Embajadas de Estados Unidos en todo el mundo.

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La Fiscalía solicitó diez años de prisión para un hombre que atacó con 15 puñaladas a su ex pareja

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La fiscal Mónica Cuñarro le solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 que condene a diez años de prisión a un hombre que le propinó quince puñaladas a su ex pareja en abril de 2011, en el barrio de Flores. En la causa, colaboró la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) mientras que la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) acompañó a la mujer durante el proceso judicial. El veredicto se conocerá el próximo 4 de mayo.

El sábado 30 de abril de 2011, cerca de las 9.15, sobre la calle Gavilán al 500, Joaquín Ávalos, de 42 años, atacó con un cuchillo por la espalda a la víctima, que se dirigía a su trabajo. En el requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal Alberto Vasser, se especificó que el acusado ocultó su identidad mediante la utilización de un atuendo y una gorra. Al ver que se acercaba su ex pareja, la tomó del cuello desde atrás y con el otro brazo comenzó a asestarle puñaladas con un cuchillo cuya hoja tenía 25 centímetros de largo.

Para despistar, además de la ropa, fingió que le robaba la cartera a su ex. Sin embargo, varios vecinos de la zona se acercaron cuando escucharon los gritos de la víctima, por lo que tuvo que irse corriendo hacia la Avenida Avellaneda. Ávalos estuvo prófugo desde ese momento hasta el 21 de abril de 2016, cuando fue detenido en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

La víctima tuvo que ser trasladada de manera urgente al Hospital Álvarez, ubicado a diez cuadras del hecho. Cabe resaltar que el hombre le clavó el cuchillo en el cuello; el abdomen (que le provocó una herida de 20 centímetros); brazos y manos. Estuvo internada hasta el 9 de mayo y aún hoy tiene secuelas: perdió la fuerza en sus manos, lo que le dificulta realizar su trabajo como empleada doméstica, y tuvo que hacer un tratamiento en el hospital durante un año. Según un informe del Cuerpo Médico Forense, las heridas pusieron en peligro su vida.

Durante el alegato realizado por la fiscal estuvieron presentes la Coordinadora de Litigio Estratégico de UFEM, Agustina Calabró; personal de DOVIC junto con la víctima y Celina Bo, de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales Criminales Nº1. En un pizarrón, Cuñarro le exhibió a los jueces Fernando Ramírez, Luis Salas y Alberto Huarte Petite la calle en donde ocurrió el hecho y las quince heridas que tuvo la víctima.

Para rearmar el hecho, tuvo en cuenta el testimonio de la mujer, quién le relató no sólo lo que ocurrió esa mañana sino todo lo que vivió durante los siete años que estuvo en pareja con el acusado. En el juicio, contó que tuvieron dos hijos y que, hacia fines de 2010, tomó la decisión de separarse, que fue comunicada por la madre de la damnificada, ya que la familia vivía con ella.

La fiscal recordó que desde el comienzo del vínculo hubo violencia verbal y emocional (solía repetirle que era una “puta”, una mala madre, una “gorda sucia” ) y que la víctima declaró judicialmente en doce oportunidades. Allí, detalló las veces que el hombre le impedía ir a trabajar (ella era el principal sostén de su familia); cómo le controlaba el teléfono y cómo la seguía para ver dónde iba. En una ocasión, se subió al colectivo y la escupió.

La víctima aún hoy tiene secuelas: perdió la fuerza en sus manos, lo que le dificulta realizar su trabajo como empleada doméstica, y tuvo que hacer un tratamiento en el hospital durante un año.

La hermana de la mujer corroboró el relato y contó que los hijos vieron los golpes e incluso los moretones que tenía su madre. Según contó la testigo, en aquél momento la víctima relativizaba los episodios de violencia, que se incrementaron a partir del nacimiento de su segundo hijo.

En su indagatoria, Ávalos dijo que tuvo “una relación linda, encantadora y de mucho respeto”. “Mientras hablaba, siempre se refirió a la víctima como ‘mi mujer, mi señora, mi esposa’, como si fuera de su propiedad”, sostuvo la fiscal y agregó: “la violencia verbal forma parte de los estereotipos machistas de la sociedad y muchas veces esos estereotipos de género se repiten en los fallos judiciales”.

Hay que destacar que el 4 de julio de 2010 la mujer realizó la primera denuncia por violencia doméstica. La segunda es del 1º de septiembre de ese año y se dictó, además, una prohibición de acercamiento. Veinticuatro días antes de la agresión, el 6 de abril de 2011, se prorrogó la perimetral dictada un mes antes y se dejó constancia de las violaciones a la prohibición. Desde ese momento hasta el día del hecho, Ávalos llamó a la víctima 52 veces. “La Convención de Belém do Pará caracteriza esto como acoso u hostigamiento”, explicó Cuñarro.

A partir de la separación, la violencia fue en aumento. Hubo reiteradas violaciones a las órdenes de restricción e incluso una amenaza de muerte por parte del imputado: “Si no sacas la denuncia, te mato”. En su testimonio, la mujer recalcó que fue a la comisaría de la localidad provincial donde vivían para denunciar esos episodios pero que los policías no le tomaron las denuncias.

A partir de la separación, la violencia fue en aumento. Hubo reiteradas violaciones a las órdenes de restricción e incluso una amenaza de muerte por parte del imputado: “Si no sacas la denuncia, te mato”.

Con respecto al hecho, la fiscal indicó que el acusado delineó un plan para asegurarse de que la víctima fuera ese sábado a trabajar. Se encargó de asegurarle que iba a llevar a los hijos al turno médico que habían sacado y llegó a Flores antes que ella, algo que Ávalos admitió en su indagatoria. “La esperó, se disfrazó para que no lo reconociera y se encargó de plantar la hipótesis de robo”, argumentó.

Sostuvo, además, que el hecho estuvo planificado: que el cuchillo con el que atacó a su ex pareja lo llevó él a la escena dentro de un bolso que luego abandonó en la calle. Dentro de ese bolso, se encontró la funda del arma. Los testigos que vieron parte de la secuencia coincidieron: escucharon los gritos y la agresión. Uno de ellos intercedió y ahí fue que Ávalos le dijo: “es mi mujer, me estaba corneando”. Ante la intervención de la gente, el imputado huyó.

“Fue dueño de su vida durante años, de decirle puta; de agraviarla económica y personalmente; de golpearla; de violar la perimetral incluso ingresando por la ventana”, enumeró Cuñarro, y aseguró que el acusado intentó esgrimir el argumento de la supuesta infidelidad para atenuar el hecho de haberla apuñalado 15 veces. Le explicó a los jueces que un mes antes del ataque la víctima tuvo que denunciar que el hombre vivía a menos de 200 metros de la casa. También, contó que durante los años en que Ávalos estuvo prófugo estaba en Misiones en la casa de su madre y señaló que fue la mujer quien le dijo a la policía y al juzgado dónde estaba y, en base a eso, se logró su captura.

Violencia de género

La fiscal descartó la posibilidad de que el acusado no hubiera podido “controlar sus impulsos” al momento del ataque y recalcó que clavarle reiteradamente un cuchillo en el cuerpo de una mujer “no es un acto infantil o inocente”. “Lo planeó; tuvo en cuenta los factores que pudieran asegurar su plan; la esperó, la sorprendió por la espalda y la inmovilizó para golpearla y apuñalarla”, describió.

Expresó que no hubo un arrebato emocional sino que el modo de ataque fue “brutal”. Indicó que, si bien el hecho se produjo antes de las modificaciones que introdujeron el femicidio como agravante del homicidio, esto no significa que el hecho no se considere violencia de género. Explicó, entonces, que cuando se invoca la figura de crimen pasional, lo que se trata es de invisibilizar cuestiones de género.

“Este caso es un ejemplo paradigmático de la violencia de género”, subrayó y sostuvo que el Estado Argentino tiene el deber internacional de valorar este tipo de causas a la luz de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención de Belém do Pará”. Es por ello que pidió que se excluya cualquier intento de atenuar la pena bajo la emoción violenta o con circunstancias extraordinarias de atenuación. Rememoró que muchos fallos previos a la inclusión del femicidio en el Código Penal acudieron a estas figuras: “minimizaron no sólo la violencia contra las mujeres sino que también ponen en ellas la responsabilidad de haber producido ese supuesto arrebato”.

Acusó a Ávalos de “homicidio agravado por haber sido perpetrado con alevosía” en grado de tentativa. Explicó que la mujer fue tomada por la espalda, que no tenía ningún elemento para defenderse ni pudo hacerlo. “Los vecinos que se acercaron y la cercanía del hospital público le salvaron la vida”, manifestó. Resaltó Cuñarro que “tuvo suerte” ya que el móvil policial estaba cerca y el hospital a diez cuadras, y aseveró que Ávalos no afrontó ningún tipo de riesgo en el ataque.

La fiscal Cuñarro pidió que se excluya cualquier intento de atenuar la pena bajo la emoción violenta o con circunstancias extraordinarias de atenuación.

Mencionó lo manifestado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de Naciones Unidas donde, en las observaciones finales realizadas como respuesta al informe periódico formulado por Argentina, se expresó la preocupación en varios aspectos. El informe se dio en el marco de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En esa oportunidad, el Comité señaló particularmente el desconocimiento generalizado de los derechos explícitamente asegurados en la citada Convención y sus mecanismos específicos de protección, en particular “entre las autoridades judiciales y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” en lo que denominó como “la persistencia de estereotipos de género imperantes en el sistema de justicia y su desconocimiento de la discriminación por motivos de sexo y de género, así como de la violencia contra la mujer”. La fiscal recordó que esas observaciones, entre otros factores, fueron motivo de la creación de la UFEM en el ámbito de la Procuración General de la Nación.

También, hizo un repaso de los fallos de los jueces relacionados con la violencia de género. Hizo mención a una causa donde el magistrado Ramírez se opuso al otorgamiento de una probation en un caso de violencia de género (antecedente del fallo Góngora de la Corte Suprema); así como también destacó el caso Cardozo, una condena a prisión perpetua de octubre de 2016 que tuvo repercusión internacional.

“No le causó la muerte por causas ajenas a su voluntad; hubo una violencia continua emocional, física y psicológica a lo largo de toda la relación”, se explayó Cuñarro. Consideró, también, el retroceso que sufrieron los hijos de la víctima en sus problemas de salud y en su escolaridad y hasta hizo hincapié en un episodio, ocurrido un mes antes, donde el hijo mayor golpeó al agresor de su madre para poder echarlo.

Para concluir, la fiscal cerró con la frase que ya había utilizado en un alegato por el femicidio de una mujer: “Ni una menos”. La víctima presenció todo el alegato fiscal junto con una profesional de la DOVIC y agradeció luego al ministerio Público lo realizado en la causa.

Los argumentos de la defensa

El abogado Gustavo Gajero aseguró que comparte “la lucha por la integridad de las mujeres” pero estableció que este caso no constituye violencia de género. Dijo que no se probó la forma en que se produjo el ataque.  “¿Conocen los jueces la zona donde viven los implicados? ¿cómo no se van a pelear si viven en un cuarto de dos por dos? La opción es la casa o la cárcel”, afirmó.

La defensa legal de Ávalos relativizó además la gravedad de las heridas (“a todo el mundo le ponen un respirador en el hospital”) y aseveró que no hubo “dolo de matar”. “Estoy en contra de lo que hizo mi defendido, no puedo justificarlo pero estas son lesiones graves, no un homicidio”, marcó. Calificó a las pruebas de “amarretas” y reiteró que no se trató ni de un caso de violencia de género ni de un homicidio por alevosía.

 
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Detuvieron a dos agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria por el robo de 800 mil pesos a un empresario yerbatero

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La división Fraudes Bancarios de la Policía Federal Argentina detuvo ayer en Misiones a Miguel F. y Gerónimo Z., dos integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, acusados de haber participado del robo de 800 mil pesos a un empresario yerbatero que viajó de Puerto Iguazú a Aeroparque junto a su hermano, con el dinero repartido en dos valijas. Las víctimas fueron interceptadas por tres hombres que portaban armas de fuego en la puerta de su domicilio.

También fue detenido un tercer imputado, identificado por las víctimas como una de las tres personas que los abordaron al momento de querer ingresar a su hogar, mientras que todavía continúa prófugo un cuarto. En la causa interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo del fiscal Santiago Vismara, quien cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) -a cargo del fiscal Felix Crous-, y específicamente del Área de Corrupción en las Fuerzas de Seguridad de ese organismo, a través del fiscal ad hoc Fernando Vallone y su equipo.

 

“Dejame las valijas”

En la mañana del 12 de agosto de 2016, un empresario yerbatero y su hermano viajaron en avión desde Puerto Iguazú, provincia de Misiones, a Buenos Aires, transportando entre su equipaje dos valijas con 400 mil pesos cada una. Al llegar a Aeroparque, los esperaba la pareja de uno de ellos junto a sus tres hijas, y luego los seis se trasladaron en una camioneta Honda CRV hasta su domicilio, en la avenida Jujuy al 1200, en la Capital Federal.

Al estacionar el vehículo en la puerta del edificio y abrir la puerta, la mujer fue sorprendida por un hombre que le exigió que no se bajase del vehículo, en tanto otros dos (uno de ellos armado) se acercaron a uno de los hermanos mientras retiraba el equipaje del baúl: “Dejame las valijas estas que las llevamos nosotros, mirá que estamos armados”, le dijo.

Mientras esto ocurría, el empresario se arrojó sobre el tercer hombre, por lo que el agresor que estaba armado disparó tres veces, alcanzando en uno de esos intentos al hermano en un dedo y el tórax. Luego, los agresores tomaron las valijas y huyeron corriendo por Jujuy hasta Cochabamba, subieron a tres motos tripuladas por otros tres hombres y lograron retirarse del lugar.

La investigación

Al prestar declaración testimonial, el empresario narró que al momento de realizar el embarque en Puerto Iguazú, tras declarar el contenido de las valijas en el aeropuerto, el agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria encargado del scanner “miró de manera directa” el contenido del equipaje.

Luego, en la sala de espera, ambos hermanos fueron abordados por otro efectivo de la PSA que les refirió que en próximas oportunidades que viajasen con montos considerables en pesos debían informárselo a ellos en virtud de una supuesta disposición del Banco Central. Tras solicitar el detalle del personal de turno en el aeropuerto, pudo identificarse al primer agente como Miguel F., con la función de jefe de pre embarque, y a Gerónimo Z., a cargo de “arribos cabotaje”.

El empresario también narró que en viajes posteriores fue interceptado por distintos agentes de la policía aeroportuaria que le hicieron notar que tanto F. como Z. habían tenido intervención en el robo.

Por este motivo, y por medio de Rubén Glaria, Fiscal Coordinador del Distrito Misiones, y con la colaboración del área de Corrupción de Fuerzas de Seguridad de la Procuvin, se procedió a tomarle declaración a estos efectivos en calidad de testigos. Uno de ellos remarcó no sólo que no existía disposición alguna del BCRA, sino que además el jefe de pre embarque sólo está obligado a avisar a su jefe de turno si observa grandes cantidades de moneda extranjera, pero no de pesos argentinos. Las declaraciones además permitieron corroborar y acreditar que, al momento del robo, las únicas dos personas que sabían del contenido de las valijas, además de los dos hermanos, eran F. y Z.

Las cámaras de video de Aeroparque registraron que los hermanos fueron seguidos por una persona desconocida desde el hall de arribos y por los pasillos.

A partir del análisis de las cámaras de video de Aeroparque también pudo constatarse que los hermanos fueron seguidos por una persona desconocida desde el hall de arribos y por los pasillos, siempre hablando por teléfono celular.

Al hacer una recopilación de todas las llamadas realizadas tanto en la zona de aeroparque a la hora del arribo del avión como en el sitio del robo, se verificó que se mantuvieron comunicaciones cruzadas entre cuatro abonados de Nextel, y que dos de ellos fueron luego captados en el sitio del asalto a la hora en que ocurrió el hecho. Esto permitió corroborar la hipótesis de la “marcación” y posterior seguimiento de los damnificados.

El análisis de las cintas y la declaración de una agente policial a quien el sospechoso saludó en un momento permitieron su identificación. Tras requerir a las empresas de telefonía celular en las que tenía líneas activadas a su hombre, pudo comprobarse que éste había mantenido conversaciones con el abonado correspondiente a Z. en un horario posterior al despegue del avión en el que viajaron el empresario y su hermano, y anterior a que ambos arribasen a Buenos Aires.

También, al momento de las tareas de prevención en el lugar del robo, pudo encontrarse un celular presuntamente perteneciente a alguno de los autores del hecho. Si bien no pudieron obtenerse registros de contactos y comunicaciones de interés, el teléfono móvil tenía en su memoria una gran cantidad de fotografías. Al momento de exhibírselas a las víctimas, ambas pudieron reconocer en ellas al agresor que disparó su arma al momento de darse a la fuga. Después una serie de tareas realizada en la red social Facebook, pudo identificarse al agresor como Nicolás H.

Ante este escenario, el Ministerio Público Fiscal solicitó una serie de allanamientos en los domicilios de los cuatro imputados a fin de llevar a cabo su detención, que se realizaron antes de ayer en el barrio porteño de Mataderos, Ramos Mejía y en la provincia de Misiones.

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Misiones: condena a seis meses de prisión condicional por encubrir el contrabando de 300 cartones de cigarrillos paraguayos

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Con la intervención de la titular de la Fiscalía Federal de Eldorado, Liliam Delgado, el pasado 17 de abril se celebró una audiencia multipropósito, en el marco de un procedimiento de flagrancia, que concluyó con una condena de seis meses de prisión de ejecución condicional y costas para Rubén Toledo, en orden al delito de encubrimiento de contrabando de importación.

La investigación contra Toledo se inició en la noche del 10 de febrero pasado, cuando personal de la Delegación “Eldorado” de la Prefectura Naval Argentina realizaba tareas de control en el acceso al Río Paraná, en la zona conocida como “La Tosquera” de la localidad misionera de Puerto Piray y advirtió la presencia de un Fiat Uno Fire gris, que el imputado conducía marcha atrás, a unos 150 metros de la costa.

Los efectivos interceptaron el vehículo y descubrieron que Toledo transportaba seis cajas, las cuales contenían trescientos cartones de cigarrillos “Eight”, de industria paraguaya cuyo aforo –según la Aduana de Puerto Iguazú- alcanzaba un valor total de plaza de $127.272,56.

Oportunamente, la fiscal Delgado efectuó su requerimiento de elevación a juicio con la propuesta de realizar un proceso abreviado, el cual fue aceptado por el imputado y su defensor, Ricardo Canteros Leyes. Así, el pasado 17 de abril se realizó la audiencia de rigor, en la que el imputado admitió su responsabilidad como autor del delito de encubrimiento de contrabando de importación.

El juez federal Miguel Ángel Guerrero lo condenó a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional y costas, dado que Toledo no tenía antecedentes penales, no intentó eludir el accionar de la justicia, no cometió nuevos delitos ni actos antisociales o que hubieren generado alarma social. Además, le impuso la obligación de fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de la Ejecución Penal por el término que dure la condena.

Asimismo, el magistrado ordenó la anotación del vehículo en el que se desplazaba Toledo a disposición exclusiva de División Aduana de Iguazú de la Dirección General de Aduanas, el decomiso y desnaturalización de su teléfono celular y la incineración de los cigarrillos incautados.

 
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Prosegur: la Policía de Misiones blinda las fronteras por el asalto comando en Ciudad del Este

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A los habituales operativos como Frontera Blindada y otros diversos para combatir al Narcotráfico, ahora se le suma un intenso y reforzado despliegue a lo largo de las áreas fronterizas de la Provincia.

La Policía de Misiones, a través de todas sus unidades regionales, opera en zona costera, rural y además controla las rutas.

 

Este operativo especial se activó a horas de ocurrir el millonario robo a la empresa Prosegur en Ciudad del Este, Paraguay.

Del lado argentino, a la altura del norte misionero, efectivos de la fuerza provincial recorren áreas costeras de manera permanente.

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