En las últimas horas veinte personas fueron detenidas y otras 112 quedaron imputadas por la Justicia. Se hicieron 114 allanamientos en 64 ciudades de la provincia de Buenos Aires. Incluso en la cárcel, desde donde un grupo de presos formaba parte de una red online que producía y distribuía contenido de abuso sexual infantil. 

Además del delito de descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, se investigan los delitos de tenencia, posible producción de material y el acoso sexual en línea (grooming). Setenta menores fueron rescatados (de los cuales, cuatro serían víctimas de trata bajo la modalidad de abuso sexual infantil). 

Misiones tuvo antes el escándalo de la pedofilia que protagonizan los hermanos Germán y Sebastián Kiczka y que causó conmoción en la política por su cercanía con la familia Puerta y el silencio de la alianza Cambiemos. En su poder la Justicia encontró 913 archivos de abuso sexual infantil y los imputó por tenencia y distribución de ese material. El Grupo Cigarros, que era compartido por socios y amigos de la política, da cuenta de la perversión enraizada. La causa estalló por un alerta que surgió de Estados Unidos, desde donde monitorean qué se ve y se comparte en las redes. Los delitos cibernéticos no tienen fronteras y muchas veces sus autores se esconden en lo más oscuro de internet. Se trata de un mal que se ha agigantado en los últimos años y que exige para combatirlo un despliegue de inteligencia y softwares especializados que actúen de soporte de los poderes judiciales. 

Ese es el universo al que se enfrentará Misiones con la primera fiscalía especializada en Cibercrimen. En un contexto de constante expansión digital, los ciberdelitos representan una amenaza creciente a la seguridad personal, la integridad de la información y la estabilidad del orden público.

Misiones no es la primera provincia en contar con una fiscalía especializada para este tipo de delitos. Salta y Mendoza son dos ejemplos previos, con normativas muy parecidas diseñadas para combatir este tipo de delitos, que no requieren ni fuerza bruta ni demasiadas herramientas: un celular en malas manos se transforma en un arma poderosa. 

En la actualidad la totalidad de los delitos deja evidencia digital, por lo que la justicia debe contar con herramientas legales para poder investigar dispositivos o espacios de almacenaje de información, siempre de acuerdo a las garantías consagradas en la Constitución y preservando la intimidad de los datos que pueden surgir de un celular o una PC. La amenaza crece exponencialmente y no hay un delincuente al que se le puede atrapar con las armas tradicionales. De ahí la necesidad de estar a la altura. La Fiscalía de Cibercrimen, que ya tiene a su primer fiscal nominado –Juan Pablo Espeche-, se ocupará de atender estas acciones.

Tipos de delitos abordados

• Delitos informáticos como fraude, suplantación de identidad, material de abuso sexual infantil, pedofilia, trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas y terrorismo.
• Otros delitos que usen medios digitales para intimidación, violencia, difusión de noticias falsas y calumnias contra individuos o instituciones.
• Conductas tipificadas en artículos específicos del Código Penal Argentino, con un enfoque en aquellos perpetrados por medios informáticos o de telecomunicaciones.

La fiscalía recibirá denuncias, presentará cargos,  realizará investigaciones forenses digitales y podrá trabajar en línea con organismos y redes de ciberseguridad para combatir delitos transfronterizos.

¿Por qué entonces hay tanta reacción negativa desde sectores vinculados a la oposición? El jueves, después de que se conociera el nombre del primer candidato a ocupar la Fiscalía, el radical Ariel Pianesi presentó un proyecto de reforma de la ley para suprimir los artículos 5 y 7 y modificar el sexto.

El artículo sexto permite al fiscal “el inmediato secuestro y reserva de los dispositivos móviles, informáticos, electrónicos o cualquier otro en virtud de que existan sospechas fundadas de que haya sido utilizado para premeditar, realizar, ocultar o encubrir el delito, para su análisis, resguardo y recolección de material probatorio”. 

El artículo 7determina que el fiscal podrá actuar ante caso de injurias, calumnias, intimidación pública e incitación a la violencia, cuando los medios utilizados para la realización de esos actos sean electrónicos, informáticos o plataformas de inteligencia artificial generativa, para crear noticias falsas (“fake news”) sobre individuos o instituciones públicas o privadas y sean difundidas a través de medios informáticos, digitales, o cualquier otro soporte. 

Lo del secuestro inmediato se explica por el tipo de dispositivo, susceptible de ser accedido de modo remoto, borrado de pruebas y alteraciones de archivos. Sin ir más lejos, cuando la Justicia estaba tras sus pasos digitales, Germán Kiczka modificó archivos de su computadora estando de vacaciones fuera del país. Ese es uno de los motivos por los que se confirmó su prisión preventiva. 

No se trata de “secuestrar personas”, como escribieron en un medio porteño, ni de una situación antojadiza que quedará en manos del fiscal: todo debe realizarse bajo la mirada de un juez -como con cualquier otro tipo de delito penal-. En todos los casos, el Juez debe fundamentar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas y correr vista al Fiscal, todo bajo pena de nulidad. Y, cuando sea el fiscal el que requiera ampliar medidas, deberá ser él quien se lo pida al juez, incluso cuando la inmediatez se imponga. Nada puede ser realizado por fuera del procedimiento habitual. En Misiones es el juez el que conduce la investigación. 

El procurador Carlos Giménez explica que “se trata de preservar la evidencia digital, que son datos que se extraen de dispositivos electrónicos como teléfonos o computadoras. Es importante que tener especial atención en el tratamiento de la evidencia desde la identificación recolección y resguardo en la escena del hecho o lugar del hallazgo (debe realizarlo personal capacitado por las características propias de la evidencia como lo es la volatilidad) y luego en las demás fases como la adquisición y procesamiento en el laboratorio forense (que se realiza con personal especializado y software forense específico). Luego viene la etapa de análisis y documentación que se traduce en la realización del informe contestado los puntos periciales ofrecidos. Es importante que la evidencia sea trazable en sus distintas etapas, que las cadenas de custodia física y digital no pierdan trazabilidad”.

“Es sumamente importante contar con personal capacitado e inversión en tecnología y software forenses actualizados de última generación como cuenta la Secretaría de Apoyo a las Investigaciones Complejas, gracias al trabajo mancomunado que se viene realizado desde el Superior Tribunal y la Procuración, con los demás poderes del Estado, desde la inversión en tecnología y capacitación constante de los operadores judiciales, la creación de la fiscalía especializada, la incorporación de evidencia digital y el agente incógnito digital, además de las vinculaciones con toda la provincia”, aseguró Giménez.

No hay que confundir el concepto de fake news -noticias falsas- con la producción de noticias de un medio de comunicación -por definición se entiende que un medio no produce noticias falsas-. Pero las redes sociales como Tik Tok, han permitido la proliferación de una inmensidad de cuentas anónimas o de personas que se dedican a difundir teorías, acusaciones y sospechas sobre figuras públicas o instituciones. No es un invento local: en Estados Unidos se debate la injerencia externa en las elecciones en base a mensajes en las redes. A eso apunta el artículo 7: a frenar las acusaciones en el aire. Si hay pruebas de un delito o hecho de corrupción, se deben llevar a la Justicia, no ventilarlos en redes sociales, donde nadie se hace cargo de los dichos, pero puede compartirlo hasta el infinito, manchar reputaciones o cosas peores.  

El tipo de delito impone procedimientos mucho más inmediatos que en un proceso penal típico. La desaparición o manipulación de pruebas es mucho más factible desde un dispositivo remoto, sin necesidad de presencia ni contacto físico. 

“La velocidad de la respuesta en este tipo de situaciones resulta medular pues el campo del crimen digital es masivo y requiere de trabajo mutidisciplinario así como transversal con los demás poderes del Estado así como con las instituciones abocadas a los mismos fines. La cooperación interna y la externa será determinante al momento de medir eficacia. La velocidad requerida no exime de fundamentación de las medidas. Esto tampoco fue puesto en duda”, explica Leonardo Villafañe, abogado. Doctor en Derecho (UCSF), Magister en Administración de Justicia y secretario Consejo de la Magistratura de Misiones. 

“En este tipo de investigaciones será habitual la detención preventiva de los imputados y sus eventuales colaboradores pues las modalidades por las cuáles pueden entorpecer la investigación dependerán del acceso a los medios informáticos ya que prácticamente se pueden acceder a todos de manera remota. No bastará el simple secuestro. Será la casuística y las motivaciones que se vayan brindando las que irán delineando y diseñando las medidas que resultarán las adecuadas para cada tipo de delito. Lo mismo sucederá con las diferentes metodologías para la obtención de evidencia digital. En definitiva se ha empezado a andar un nuevo camino en el Poder Judicial de Misiones y el nuevo fiscal tendrá a su cargo una enorme responsabilidad, con la certeza y la convicción de que – parafraseando al maestro procesalista Eduardo J. Couture- el derecho valdrá lo que valen los hombres que lo ejercen. Somos optimistas”, analizó el especialista.

“Asistimos a una nueva era, la era de la aceleración tecnológica donde los avances en la materia van más rápido que la velocidad a la que las sociedades se adaptan a ella. Esto crea un estado de vulnerabilidad muy grande en grupos sociales que utilizan estas tecnologías ya que toda la vida de la sociedad moderna está mediada por lo digital. Es en este sentido que las atribuciones del fiscal especializado en ciberdelitos requieren de mayor vigor procesal pues las modalidades de comisión de los crímenes demandan medidas urgentes y eficaces. Esto no significa que escapen a los controles de convencionalidad y constitucionalidad sino que las exigencias de efectividad en la prevención y en la investigación de los delitos requieren involucrarse en aspectos delicados de las personas, pues allí se encuentran los escenarios del delito”, explicó el también docente e investigador universitario.  

“Queda claro sin dudas, que las intervenciones de este nuevo fiscal se darán en ocasión de lo que la Corte Suprema de Justicia denomina “un caso” (o causa, en los términos del art. 116 de la Constitución Nacional), es decir que el proceso se haya iniciado en términos formales y a partir de ello, su actividad se desarrollará por los carriles previstos en el sistema procesal vigente. No hay contradicciones en este tema. Surgió también la necesidad de perfiles proactivos en la innovación y en la investigación pues uno de los objetivos de la fiscalía será generar las estadísticas, monitorear tendencias y estudiar el mundo del cibercrimen para poder desarrollar programas de prevención con la necesaria coexistencia de capacitación ciudadana”, detalló. 

Emilse Zapponi fue la única mujer en la terna para la elección del fiscal de Cibercrimen. La joven abogada coincide en que los procedimientos siempre deben seguir los pasos procesales. “El Ministerio Publico Fiscal promueve y ejerce la acción penal, la averiguación y represión de delitos cometidos en su circunscripción y que lleguen a su conocimiento por cualquier medio, requiere para ello a los Jueces las medidas que considere necesarias, en el marco de del orden legal, y siempre bajo una regla que debe responder a: la motivación de la actuación, la especificidad de su requerimiento y sus conclusiones”, detalla.

“Lo nuevo siempre trae incertidumbre. Un día estás tranquilo, y al rato se te cierra el whatsapp, no podés entrar, no entendés que pasa, te entran llamadas y mensajes.. – ¿Estás bien?; otro -¿Qué pasó?.., entonces mediante alguna otra red social, te enteras: “Me estás pidiendo plata por whatsaap”, describe Zapponi.

“La vida conectada, es también, salir del territorio de tu pueblo, de tu ciudad, de tu país. No existen límites en un escenario global, las posibilidades son infinitas. Misiones ha visto en la economía del conocimiento un faro, una oportunidad para las juventudes misioneras, sin embargo en el extremo contrario, otras conductas atentan contra puntos muy sensibles de la sociedad, las infancias, el honor y la propiedad. Desde hace un tiempo se han dado a conocer situaciones y nuevas modalidades delictivas tendientes a obtener, datos, dinero, imágenes y videos. La noticia es cierta, nuestra información está por todas partes.Internet es ahora, es inmediato, hemos llevado todo a un ritmo nuevo, el que demanda el usuario digital. El universo delictivo digital existe, porque hemos desdibujado la barrera entre lo real y lo virtual, mientras transitamos el mundo del trabajo, la casa y el paseo por la costa, decidimos conectar con un universo construido por fuera, juegos en línea, redes sociales, grupos de compra y venta. Son noticia constante la de “estafas virtuales”, MASI. ¿Puede un sistema penal tradicional realizar un abordaje en detalle de situaciones que escapan completamente de la realidad? Y todo ello mientras atiende, durante su “turno”, homicidios, lesiones, estafas, gresca, portación de armas etc? Las Fiscalías de Especialidad, son necesarias para garantizar a las personas un mejor acceso a justicia, donde mediante protocolos específicos y personal calificado se lleve adelante, el proceso de requerimiento formal, con expresa atención a los medios de recolección y almacenamiento de pruebas, alerten a la población de medidas de protección ante la comisión de nuevas modalidades de ilícitos, y puedan ante todo velar por la protección integral de aquello que más nos preocupa: las infancias, la intimidad y el patrimonio”, concluyó. 

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