Si no se modifica una medida votada durante el gobierno de Mauricio Macri en beneficio de un duopolio tabacalero británico-estadounidense, las firmas argentinas que generan empleo indirecto para 15.000 personas correrán con una suerte incierta, advierten desde el sector. Esto deviene de una modificación en las alícuotas tributarias que desde 2018 discrimina a cuatro pymes nucleadas en la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (CANET), que acaban de expresar su “enorme preocupación” por la “posibilidad cierta” de cierres y despidos.

Una de ellas, ForMen SA, de Santa Fe, dispuso a principios de este mes la suspensión de su plantel. Si bien emplea a 78 personas, contabiliza 3.000 puestos indirectos por actividades como el transporte a todo el país. Eso motivó que sus trabajadores se movilizaran frente a la AFIP y ante los Tribunales, donde exigieron que se considere la inconstitucionalidad de un impuesto mínimo a los cigarrillos. Desde CANET explicaron al sitio El Cohete que no pretenden evitar el pago de impuestos, sino que deje de ser inequitativo con respecto a las multinacionales, ya que “por la ley de Impuestos Internos, las grandes tabacaleras tributan un porcentaje del precio de venta, mientras que las nacionales tenemos un monto fijo, arbitrario y desfasado”. Para entenderlo hay que buscar en la historia y en la letra chica de las modificaciones legales.

El conflicto tiene historia. Durante la dictadura de Juan Onganía la extranjerización de la actividad en beneficio de la británica Nobleza Piccardo y la estadounidense Philip Morris-Massalin Particulares pasó a concentrar el 90% de las ventas, según develó Rogelio García Lupo en el Semanario de la CGT. Ese porcentaje disminuyó al 80 en este siglo y “en los últimos años entre las dos no llegan al 60%, por eso las beneficiaron”, dice Martina Lianza, representante legal de CANET.

Aquella pinza transnacional repitió su capacidad de convencimiento a partir del cambio de gobierno de 2015, cuando la diminución del poder adquisitivo y la retracción económica devinieron en pérdida de clientes para las primeras marcas, que hicieron valer sus influencias en el gobierno de Macri.

Tras la consolidación del régimen en las elecciones de 2017, el duopolio transitó la Cámara de Diputados con especial interés en modificar la Ley Penal Tributaria. El lobby rindió frutos el 28 de diciembre, cuando se promulgó la ley 27.430, que cambió el articulado del impuesto a los cigarrillos. Para empezar, se establecieron cuartiles (alto, medios y bajo) con tributación diferenciada. Al cuartil alto, que sólo integra el duopolio británico-estadounidense, se le redujo el impuesto del 75 al 70%. A los demás se les impuso una escala de montos fijos que se actualizarían por trimestres.

Se incurrió así en una contradicción, pues a la vez que se pretendía “desestimular el consumo” se bajaba la alícuota a las empresas de mayores ventas, con lo cual –además– el Estado perdía recaudación. Consultado por El Cohete, el abogado Juan Manuel Iparraguirre, con 40 años en la docencia, tradujo a números concretos aquella reducción de cinco puntos: “A valores históricos, sólo en el periodo 2021-2022, implicó una pérdida para el Estado de 52.000 millones de pesos”.

Las empresas argentinas quedaron obligadas a pagar un impuesto fijo que les impedía bajar el precio, ya que de cada 100 pesos de ventas debían tributar 70 y en caso de haber querido/podido vender a 90 pesos habrían tenido que tributar los mismos 70. Así se les dificultaba modificar la diferencia de precios respecto de las grandes marcas.

Interpretaron ese trato como una discriminación “inconstitucional”, por lo que plantearon medidas cautelares que hallaron eco en varios fallos judiciales en Jujuy, Salta y Buenos Aires. Mientras los jueces estudiaban si tenían razón, pagaron su 70%, incluida ForMen SA, que producía sus cigarrillos Liverpool a 107 pesos. Así fue hasta febrero último, cuando la Cámara Federal de Rosario le rechazó una cautelar. Desde entonces debería pagar un monto fijo de 254 pesos, el equivalente al 70% de 363 pesos, que implicaría tener que triplicar el precio en los kioscos de la cajetilla que se vende a 250. Y eso sería sólo hasta el mes próximo, cuando se actualice el gravamen.

“Obligar a que las pymes suban sus precios para llegar al impuesto mínimo las lleva a desaparecer. Un cigarrillo nacional no puede competir por la inequidad del sistema tributario con una multinacional”, detallan los abogados de las empresas que generan medio millar de empleos directos.

El obrero Nicolás Rivas describió que “la empresa está parada, con los 80 suspendidos. Además se vieron afectados los transportes, a los que les proveíamos más de la mitad de sus ventas. Vivimos momentos de incertidumbre y nos extraña que en Santa Fe se falle tan distinto a otras provincias, si son las mismas condiciones de trabajo”.

Los jueces de Santa Fe que votaron a contramano de todos sus pares de otras jurisdicciones son Fernando Lorenzo Barbará y Aníbal Pineda, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, la misma que convocó a jueces y fiscales a una reunión “con diputados y candidatos a senadores de Juntos por el Cambio” a una semana de las elecciones de 2021, de la que debieron desistir tras un pequeño escándalo.

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