El Gobierno Nacional publicó ayer en el Boletín Oficial la resolución que asigna 10.500 millones de pesos a las empresas de colectivos urbanos e interurbanos de todo el interior del país.

Se trata del fondo Covid-19, creado por la resolución 196/2020, que transferirá en una primera etapa 6.500 millones de pesos y en una segunda etapa unos $4.000 millones adicionales.

Los montos son para cubrir las necesidades de las empresas en los costos, en especial el pago de los sueldos a los choferes, y poder así garantizar el congelamiento del precio del boleto de colectivos hasta fin de año.

A Misiones llegarán un total de $316 millones de pesos, a ser repartidos entre las empresas que prestan los servicios urbanos e interurbanos en todo el territorio provincial.

Estos fondos son para cubrir el servicio en el período septiembre-diciembre y se reparten con los mismos criterios en Misiones, Chaco o Salta.

Transporte, al repartir los subsidios, lo que hace es evaluar la densidad demográfica de la localidad en cuestión y tomar la cantidad de servicios/colectivos que cubren el sistema urbano o interurbano.

Naturalmente, Posadas se lleva el grueso de los subsidios por tener una gran densidad poblacional y de los colectivos en servicio.

SUBE y aporte de gobiernos provinciales

En el punto 2, del artículo 1º de la resolución, el Gobierno Nacional también solicita “el compromiso de adhesión e implementación del sistema único de boleto electrónico (la tarjeta SUBE)”.

En la resolución, de todas formas, no se ponen plazos para la implementación de la SUBE Nacional. En este pedido entra Posadas, como así también ciudades como Rosario o Córdoba, que tienen su propia tarjeta electrónica.

La provincia de Misiones también deberá aportar a los subsidios para sostener el precio del boleto en 20 pesos. Lo mismo deberán hacer todos los demás distritos, que para acceder a los fondos, deben poner de su propio bolsillo al menos 1 peso en subsidios por cada 2 que aportó Nación en el año 2018.

 “Las as jurisdicciones beneficiarias del Fondo COVID-19 deberán continuar transfiriendo a cada una de las empresas de su jurisdicción y de sus Municipios, como mínimo un monto igual al 50% de la participación de cada una de tales jurisdicciones respecto de las acreencias liquidadas por el Estado Nacional durante el período anual 2018”, señaló.

¿Por qué se pone al 2018 como año de referencia? Ese fue el último año en que funcionó el sistema de subsidios que caracterizó al negocio de los colectivos en todo el país en los últimos 15 años.

A fin del 2018 el presidente Macri lo desmanteló a partir del primer día de 2019, en virtud del acuerdo de déficit cero que imponía el Fondo Monetario Internacional (FMI). Macri recortó así los subsidios a colectivos o asignaciones como el Fondo de la Soja a los municipios.

Pero en 2019 tampoco se quizo dejar que las empresas compensaran los menores subsidios con un aumento de la tarifa. Entonces se apeló a una solución transitoria: se utilizaron remesas enviadas por Nación y aportes de las provincias, que no alcanzaron para acompañar el fuerte incremento de la inflación (en 2019 fue incluso mayor que en la salida de la Convertibilidad).

La consecuencia de todo ese desmantelamiento son los permanentes conflictos (paros) de colectivos en buena parte de las localidades del interior del país, como Córdoba, Rosario, Corrientes, Entre Ríos o Formosa, que afrontaron paros en los últimos meses. El deterioro de los servicios (renovación de unidades) y los constantes problemas salariales de los choferes.

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