El oficialismo sostiene que el conflicto se resolverá en el Congreso con una nueva ley de financiamiento y descarta una recomposición salarial inmediata. En paralelo, plantea cambios en la arquitectura de asignación de recursos universitarios, con foco en criterios “objetivos” y mayor control sobre el uso del presupuesto.

Ante la convocatoria de las autoridades universitarias a una nueva movilización, que tendrá lugar el jueves 12 de mayo, en reclamo a la actualización de los salarios docentes y no docentes y mayor presupuesto, el Gobierno nacional cuestiona “la politización” del reclamo y se muestra firme en la determinación de no ceder ante los pedidos.

Ajuste en universidades, impacto en economías locales

Las universidades públicas funcionan como nodos económicos en ciudades del interior. En Misiones, instituciones como la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) no solo forman capital humano: sostienen una red de consumo y servicios que derrama en múltiples sectores.

Una pérdida de poder adquisitivo en docentes y no docentes —producto de salarios rezagados frente a la inflación— tiene efectos directos: Caída del consumo local en alquileres, alimentos y transporte. Menor circulación en economías urbanas como Posadas, Oberá o Eldorado. E impacto indirecto en comercio minorista y servicios.

En términos económicos, se trata de un “multiplicador negativo”: cada peso que no ingresa al sistema universitario reduce la actividad en cadena.

Qué está en juego en la reforma de la LES

El Gobierno anticipa modificaciones en la Ley de Educación Superior (LES) orientadas a: Revisar la autarquía financiera de las universidades. Introducir criterios de asignación por الأداء (resultados). Y reforzar controles bajo la Ley de Administración Financiera (24.156).

En términos técnicos, se busca pasar de un esquema de financiamiento histórico (basado en partidas acumulativas) a uno con indicadores de eficiencia.

Según la Agencia Noticias Argentinas, en Balcarce 50 admiten que trabaja en la idea de reformar la Ley de Educación Superior (LES), sancionada en 1995 y modificada en 2015, con intención de “modernizarla# y optimizar la asignación de fondos para que se utilicen con “mayor eficiencia”. 

Al respecto, una importante fuente anticipó que buscarán aplicar cambios en la autarquía económica – financiera que rige bajo el régimen de la de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, contemplada en la Ley 24.156. “La idea es ordenar la forma en la que se administra y que la asignación de presupuesto sea en base a parámetros objetivos”, justificaron.

Para el interior, el riesgo es doble: Universidades con menor escala podrían recibir menos recursos. Y se tensiona el rol territorial de estas instituciones, que no siempre es medible en términos de productividad inmediata.

Voces y tensiones: el eje político del conflicto

Desde el Ejecutivo descartan urgencia en el conflicto y califican la movilización como “politizada”. También sostienen que las partidas están ejecutadas según lo previsto.

Del otro lado, rectores y gremios advierten sobre: Deterioro salarial acumulado. Riesgos en el funcionamiento de hospitales universitarios. Y falta de previsibilidad presupuestaria.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) buscará consolidar una postura común antes de la movilización, lo que podría escalar la presión institucional. Esta tarde, el CIN realizará una conferencia de prensa en la sede de la institución a las 18.30 con rectores y rectoras, representantes de la Federación Universitaria Argentina y del Frente Sindical de las Universidades Nacionales en la previa a la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo.