El 20 de agosto de 2024 marcó un punto de inflexión en la justicia misionera. Ese día, el juez de Instrucción N.° 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faría, firmó la orden de detención contra Germán y Sebastián Kiczka, en un expediente que conmocionó a la provincia: la investigación por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

Los hermanos fueron condenados a catorce y doce años de prisión por la cantidad de pruebas abrumadores encontradas en su poder. La causa causó conmoción por los vínculos políticos de Germán, diputado puertista libertario, amigo y socio político de Pedro Puerta, quien también terminó renunciando a su banca en la Legislatura, salpicado por el escándalo.

Germán Kiczka hasta poco antes de su detención se movía en los círculos libertarios de primera línea, con vínculos con Patricia Bullrich y el entonces secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, con quien mantuvo reuniones en Casa Rosada, junto a Florencia Klipauka y Pedro Puerta. Los vínculos eran tan cercanos que un año después, Ramón Puerta, ahora candidato a diputado nacional por Activar, el partido que comandó su hijo, tuvo que responder por su relación con los Kiczka. Germán trabajaba en la cigarrera de los Puerta.

Un año después, el juez Faría reconstruye cómo se gestó la causa, los dilemas que atravesó como magistrado y el impacto social de un proceso que reveló más de 600 archivos con imágenes aberrantes.

“Fue un 20 de agosto, tarde, muy tarde. Habíamos pasado todo el día trabajando con el equipo y a las dos de la tarde recibí el requerimiento del fiscal Barronis solicitando la detención de Germán y Sebastián Kiczka. Ese mismo día firmé la resolución”, recordó el juez entrevistado por El Periodista, en Canal 12.

La investigación había comenzado meses antes, el 28 de febrero, con un exhorto de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que incluía allanamientos simultáneos en CABA, Buenos Aires, Tucumán y Misiones. En Apóstoles, el operativo se realizó a las tres de la madrugada en la casa del padre de los Kiczka.

“A partir de lo que se secuestró allí empezaron a aparecer pruebas contundentes. El 26 de abril el juez porteño se inhibió y la causa quedó radicada en Misiones. Desde entonces nos tocó avanzar con la instrucción”, explicó Faría

Pruebas “contundentes y abrumadoras”

El juez solicitó el desafuero de Germán Kiczka, en ese momento legislador provincial, y la detención de ambos hermanos. La razón: “Había 603 archivos que contenían material de abuso sexual infantil. Eso me llevó a tomar la decisión. El material probatorio era abrumador”.

Faría remarca que el caso permitió exponer la gravedad de estos delitos: “Detrás de cada imagen no hay un simple archivo. Hay un niño abusado, violentado, quizá secuestrado o incluso obligado a prácticas de zoofilia. Ese es el verdadero daño: para que haya tráfico de imágenes, primero tiene que haber abuso”.

La noticia generó indignación y estupor en Misiones. En Apóstoles, una ciudad pequeña donde los Kiczka eran conocidos comerciantes gastronómicos, el caso dividió a la sociedad.

“En comunidades chicas todos se conocen y muchos no quieren comprometerse. Pero en general la reacción fue de escándalo, de sorpresa. Hasta ese momento el abuso infantil parecía algo lejano, que le ocurría a otros. Este caso demostró que los pedófilos conviven entre nosotros”, afirma el juez.

La carga personal y el impacto humano

Más allá de su rol institucional, Faría admite la dificultad de enfrentarse a ese material: “Hace 33 años que trabajo en el Poder Judicial y nunca había visto algo semejante. Es imposible separar la subjetividad. Uno llega a su casa, está con su familia, y le cuesta dormir. Incluso en la comisión de desafuero de la Legislatura hubo diputados que requirieron asistencia psicológica por lo que tuvieron que ver”.

Para el magistrado, fue clave encontrar un equilibrio: “Uno debe poner paños fríos y no dejar que eso lo consuma. De lo contrario, debería alejarse de la función. Pero sí, es muy difícil”.

El caso Kiczka dejó enseñanzas. En este año, Misiones avanzó con la creación de una fiscalía especializada en cibercrimen, y la Justicia provincial empezó a adaptarse a nuevas herramientas.

“Hoy un celular es una computadora, y los delitos se trasladaron allí. Tenemos que capacitarnos y contar con tecnología. Existen programas como Clearview, que permiten rastrear víctimas a través de redes sociales en todo el mundo. Es costoso, pero abre la posibilidad de individualizar a esos niños y niñas que están detrás de los archivos”, explica Faría.

No es pornografía, es abuso

El juez es categórico a la hora de nombrar los hechos: “No hay que hablar de pornografía. La pornografía puede gustar o no, pero no es delito. Esto es distinto: es abuso sexual infantil. Son niños en situación de vulnerabilidad, expuestos a lo más aberrante que puede verse”.

A un año de aquella firma que cambió la historia judicial de Misiones, el juez Faría resume: “No hubo persecución política, como algunos insinuaban. Hubo pruebas contundentes, un material que nos consternó a todos y una decisión que había que tomar. El desafío ahora es seguir formando equipos especializados, fortalecer el control parental y no olvidar nunca que cada imagen es un niño que fue abusado”.