Legisladores nacionales por Misiones repudian la quita de pensiones a discapacitados

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La quita de pensiones a personas discapacitadas sigue generando repercusiones y acciones tendientes a intentar revertir la medida.

En ese marco, la diputada nacional del Frente Para la Victoria por la provincia de Misiones Cristina Britez presentó un amparo ante la Justicia Federal donde solicita que “ordenen cesar inmediatamente con estas irregularidades”.

Se refiere de esta manera a la baja de pensiones por discapacidad que el Ministerio de Desarrollo Social viene implementando, y que agudizó desde este mes.

“Es un acto de arbitrariedad manifiesta, que afecta gravemente la calidad de vida de las personas con discapacidades, se trata de una decisión unilateral del ministerio que ni siquiera les permite a las personas el derecho a la defensa, ya que directamente se les suspende la pensión sin darles la posibilidad de demostrar que son legítimos beneficiarios”, aseguró la legisladora en su presentación.

“Nunca podemos nivelar hacia abajo. Es la obligación del estado velar por que cada uno de los habitantes de este país pueda gozar de una mejor calidad de vida y que les sean respetados sus derechos”, agregó.

 En tanto el diputado nacional por Misiones Jorge Franco hizo notar que el Gobierno puede hacer ajustes, en el marco de la gestión “pero no sobre los sectores más postergados o sobre los que más lo necesitan. Porque inclusive hace poco le dio a las cerealeras, uno de los sectores más concentrados, 25 mil millones de pesos”.

Y continuó señalando que “las pensiones por discapacidad no son un beneficio sino el reconocimiento de un derecho. Y no se puede con el argumento mediático de decir que hay pensiones irregulares, porque se puede auditar y controlar, nadie se va a oponer a ello, pero no se puede invertir la carga de la prueba”. Es decir que tengan que volver a presentarse quienes eran beneficiarios”.

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Indicó que este miércoles la Comisión de Desarrollo y Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, que integra, aprobó un dictamen pidiendo informes al Poder Ejecutivo sobre la baja dada a pensiones por discapacidad. Y recordó que “se considera que el 10-13% de una sociedad sufre algún caso de discapacidad”. Y puntualizó que “esas pensiones que hoy se le están negando les sirven a las personas para vivir, e inclusive ayudan al consumo, a la economía. No van a la timba financiera. Ni tienen las actitudes que hoy vemos de los sojeros que no liquidan los ingresos por exportaciones especulando con una suba del dólar”.

Y consignó que “como ya nos tiene acostumbrado a lo de la prueba y error, decimos que el Gobierno debe dar marcha atrás y restituir las pensiones que dio de baja. Y después si encuentra alguna irregularidad que sancione, nadie se va a oponer”.

La senadora Sandra Giménez por su parte advirtió que la semana pasada se realizó un pedido de informes por las acciones que se han tomado desde el Ministerio de Desarrollo Social. Consideró que quitar las pensiones por discapacidad es una decisión “tan aberrante contra el derecho adquirido de las personas con discapacidad”.

Consideró acertadas las presentaciones de amparos en diferentes provincias realizadas por ciudadanos, organizaciones o legisladores como Cristina Brítez.

A la vez consideró que es necesaria una modificación de la normativa vigente, en especial modificar el articulo 9, que está desadaptado a las convenciones internacionales sobre derechos de personas con Discapacidad a los cuales Argentina suscribió”. Explicó que están elaborando una propuesta para la modificación y no “sea una cuestión de interpretaciones, de libre albedrío, o de consideraciones no ajustadas al derecho adquirido después de tantos años”.

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“Creemos que no hubo voluntad de encontrar soluciones a circunstancias muy particulares que deben ser atendidas”, afirmó la legisladora. Consideró que “el mundo del trabajo no invalida al mundo de la asistencia, de la asistencia del derecho”.

Giménez consideró que esta situación en vez de “unir y resolver, divide y produce profundo dolor”.

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