El Gobierno limita la participación de la AFI en causas judiciales
A través de una resolución firmada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, el Gobierno ordenó “la reducción al mínimo de las funciones de investigación criminal de la agencia y su participación como auxiliar de la Justicia”. Asimismo, exhortó a los jueces a que apliquen “de forma restrictiva” su facultad de reclamar la intervención de la AFI en investigaciones judiciales. Hace dos días, Alberto Fernández había hablado del “vínculo espurio entre el Poder Judicial y el sistema de inteligencia”.
En el marco de la intervención que rige desde el 21 de diciembre pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Gobierno limitó las actuaciones del organismo en la Justicia Federal. Según una resolución de la interventora Cristina Caamaño -que en las próximas horas sería publicada en el Boletín Oficial- se dispuso “la reducción al mínimo de las funciones de investigación criminal de la agencia y su participación como auxiliar de la Justicia”.
De este modo, los agentes sólo podrán abocarse “al estricto cumplimiento de las funciones promordiales de produccion de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal”.
De acuerdo a la resolución, ningún organismo de inteligencia podrá intervenir en investigaciones criminales a no ser que sea requerido por un juez. La medida, de todas formas, exhorta también a los jueces de todo el país a que apliquen “de forma restrictiva” su facultad de reclamar la intervención de la AFI en investigaciones judiciales.
“Comunicar a los jueces y fiscales con competencia penal de todas las jurisdicciones del país lo resuelto a través de la presente normativa, a los efectos de que dichos funcionarios apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención de la AFI en actividades de investigación criminal en el marco de las causas”, señala la resolución.
“Resulta necesario disminuir al mínimo de los casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal de esta AFI y, por ende, su participación como auxiliar en las causas judiciales, competencias estas ademas propias de otros organismos estatales”, subrayó Caamaño en la Resolución Nº 17/20, con fecha del 13 de enero. La funcionaria resaltó dentró de las “materias propias de esta AFI” al terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y atentatorios contra el orden económico y financiero, entre otros.
El texto especifica que “los medios técnicos y humanos” de la AFI tendrán que ocuparse “al estricto cumplimiento de las funciones promordiales de produccion de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal”. Del mismo modo, pide a los jueces de todo el país que se resistan a apelar a la AFI “en el marco de las causas sometidas a su jurisdicción”, aclarando que esas tareas son en realidad “propias de otros organismos estatales”.
Cabe destacar que el Gobierno ya anticipó su intención de enviar al Congreso, en el corto plazo, un proyecto de reforma judicial. El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, trabaja en los lineamientos de ese proyecto, que en uno de sus capítulos más relevantes tiene como pretensión “divorciar” a los servicios de inteligencia de la Justicia.
Alberto Fernández no disolverá a la AFI, pero pretende quitarle atribuciones de inteligencia criminal y fortalecer la inteligencia vinculada con asuntos exteriores y de seguridad nacional.
“La inteligencia en la Argentina no es para hacer inteligencia interna, y la inteligencia criminal es inteligencia interna también. Eso es algo que estamos trabajando con Sabina Frederic”, dijo días atrás el Presidente, en una entrevista con Horacio Verbitsky.
“Mi idea es que la inteligencia criminal vuelva al Ministerio de Seguridad, que la inteligencia militar siga funcionando donde está, y la inteligencia estratégica en algún momento pensé que podía pasar a Cancillería, pero me parece que no es una buena idea mezclar la relación diplomática con inteligencia. Es la inteligencia externa, ver qué riesgos corre la Argentina frente a lo que pasa”, agregó.
Y habló de un “vínculo espurio entre el Poder Judicial y el sistema de inteligencia”.
Recordemos, además, que el decreto de intervención de la AFI dictado por Alberto Fernández cuestionó el “notorio retroceso institucional” de ese organismo de inteligencia durante la gestión de Mauricio Macri, que actuó “por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del estado constitucional de Derecho”.