La firma de un nuevo Consenso Fiscal para el 2021 allana el camino para que las provincias tengan un año de mayores crecimientos, pero también implica mucha responsabilidad de parte de las administraciones provinciales para poder aprovechar las ventajas que le puede traerle. 

Recordemos que, en el año 2017, el entonces presidente Mauricio Macri impulsó la firma de un Consenso Fiscal que contó con el acompañamiento de 22 jurisdicciones, siendo solo La Pampa y San Luis las que nos firmaron. Dicho consenso fiscal establecía, entre algunos de sus puntos fundamentales, la reducción gradual de impuestos provinciales como Ingresos Brutos y Sellos, y su prohibición de incrementar las alícuotas; la obligación de mantener su nivel de gasto público constante en términos reales; modificaciones en el reparto de la recaudación del Impuesto a las Ganancias; desistir de las demandas provinciales contra el Estado nacional; y el financiamiento del déficit de las cajas previsionales no transferidas de las provincias. 

 A priori, todo indicaba que era un pacto que cumplía con las expectativas y podría generar un camino de crecimiento para las provincias, en un año (2017) que fue el mejor de la era Macri. Pero ya en 2018, con este Consenso Fiscal vigente, en palabras del propio Macri: “Pasaron cosas”. 

El cimbronazo que produjo la crisis cambiaria primero, la disparada inflacionaria, la cuestión de la deuda y el inicio de la recesión generó que determinados puntos del acuerdo firmado sean difíciles de sostener, entre ellos, el de la baja gradual de impuestos provinciales, por la pérdida de recursos que eso generaba a las administraciones locales en un contexto donde se requería de financiamiento.

En el caso misionero, según la ATM, la recaudación de Ingresos Brutos en 2018 creció 34% anual contra una inflación anual del 47,6%; en 2019, lo hizo en un 45% anual contra un alza de precios del 53,8%; en el caso de Sellos, creció 35% anual en 2018 y solo 9% en 2019. Por ende, estos dos tributos afectados por el Consenso Fiscal tuvieron pérdidas reales de considerable magnitud, pero que, sin embargo, han sido mayormente cubiertos por los fondos por “Compensación de Consenso Fiscal” enviados automáticamente por el gobierno nacional junto a la compensación. Pero, esas compensaciones también tienen fuertes críticas, porque no se ajustan a lo que deberían ser realmente y, de hecho, tampoco se ajustan trimestralmente según inflación, como lo indica el inciso b) del punto II del pacto firmado.

Esta crisis y necesidad de mayor recaudación deriva entonces en el primer punto fundamental del nuevo pacto firmado el viernes 4 de diciembre: quita definitivamente la obligación de reducción progresiva de Ingresos Brutos y Sellos en la gran mayoría de las actividades económicas. En este punto, es fundamental recordar que, a inicios de año, a propuesta de gobernadores, esta medida había sido provisoriamente congelada. Ahora, directamente se la elimina, y las provincias tienen vía libre para “readecuar” alícuotas. Primera gran responsabilidad para los gobernadores: no asfixiar al contribuyente, que cargan con una presión tributaria que ya es de por si alta.

El segundo punto fundamental del Consenso Fiscal 2021 tiene que ver con el endeudamiento en dólares. Al 30 de septiembre, el 79% del total del stock de deudas provinciales es en moneda extranjera y solo el 21% es en pesos. A su vez, doce provincias argentinas iniciaron este año un proceso de reestructuración de su deuda en dólares emitidas bajo legislación extranjera: de esas doce, solo tres han llegado a un acuerdo con los tenedores de títulos hasta el momento: Mendoza (por USD 590); Chubut (por USD 647 millones) y Neuquén (por USD 690 millones). Las otras nueve aún están en proceso de negociación para reestructurar un total de USD 10.970 millones, y solo la provincia de Buenos Aires representa el 66% de ese total. 

La situación es un tanto más complejo al observar que de las nueve provincias que están en negociaciones, cinco (Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, La Rioja y Río Negro) lo hacen bajo cesación de pagos (o “no performing”), ya que dejaron de pagar sus obligaciones en cuanto iniciaron sus rondas de dialogo con acreedores; y otras cuatro (Córdoba, Jujuy, Salta y Tierra del Fuego) siguen pagando mientras negocian.

¿Qué dice el Consenso Fiscal 2021 respecto a esto? Se prohíbe incrementar el stock de deuda en moneda extranjera, con la excepción de aquellas líneas de crédito que sean con organismos bilaterales o multilaterales. Es decir, no se pueden emitir bonos o títulos en dólares, pero si tomar crédito, por ejemplo, del BID, FONPLATA y demás. 

¿Afecta esto a Misiones? No. Misiones actualmente no tiene deudas en dólares bajo legislación extranjera, ya que los títulos públicos emitidos por la provincia son en pesos. La única deuda que tiene Misiones en dólares es, justamente, con organismos internacionales (BID) por un total expresado en pesos de $1.114,4 millones, que representa apenas el 11,6% del stock total de deuda pública de Misiones (al 30 de junio). 

Finalmente, el tercer punto destacado de la firma del nuevo pacto tiene que ver con la coparticipación, pero debe decirse que es una cuestión prácticamente enunciativa y que está referenciada en exclusivo para el caso actual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que el nuevo pacto afirma que se reconoce que la coparticipación “no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencia y funciones de la Nación a los distritos”. ¿Hay efectos prácticos para las 23 provincias en este sentido? Hoy, no.

¿Por qué decimos que el momento de crecer es ahora? Porque este nuevo pacto “arregla” una demanda provincial referida a las recaudaciones propias y pone límites al endeudamiento. Por ende, una actualización o readecuación de alícuotas impositivas (siempre considerando lo dicho anteriormente, que debe hacerse con mucha responsabilidad) podría dar un empuje a las cajas provincias, y el límite al endeudamiento en dólares podría abrir una ventana de oportunidad para el financiamiento en pesos en el mercado local. 

De hecho, sobre este último punto, solo seis distritos (CABA, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Mendoza y Neuquén) están utilizando mecanismos de financiamiento de corto y mediana plazo vía Letras del Tesoro o Tesorería, y el resto de las provincias, siempre de acuerdo a sus normativas vigentes, podrían abrirse esa posibilidad para compensar algún desajuste estacional de caja. 

Por último, nobleza obliga: las provincias también tienen que poner su parte en esto. Es común y frecuente escuchar las demandas en cuestiones de recursos y de asistencias extraordinarias, también deben ser responsables en la ejecución del gasto. No se trata de un ajuste, se trata de eficiente del gasto. Al 30 de septiembre, doce provincias presentaron sus cuentas Ahorro Inversión Financiamiento, y de ese total, ocho terminaron el período con superávits fiscales y solo cuatro con déficits. Muchas de las provincias que terminaron con superávits lo hicieron, en gran parte, ayudados por las extraordinarias transferencias de recursos que tuvieron por parte del gobierno nacional en el marco de la pandemia, y han hecho pocas modificaciones a su propia estructura de gastos.

Así como hay muchas provincias (Misiones, entre ellas) que son seriamente perjudicadas por el actual esquema de repartos de recursos de origen nacional, hay otras tantas que son beneficiadas y que aún así reclaman por “más federalismo” y “más recursos” porque su estructura de gasto es alta, pero no siempre el gasto alto implica eficiencia y solución de problemas estructurales. Por ello, insistimos nuevamente: las provincias también deben ser responsables en este proceso que pretende una salida de una fuerte crisis, en pos de beneficio de los argentinos.