Rovira

Las líneas entre pasado y presente

Compartí esta noticia !

La frase que utilizó el gobernador Hugo Passalacqua en su discurso de homenaje al general José de San Martín, fue pensada minuciosamente para trazar una línea entre el pasado y el presente. “San Martín era un patriota, pero también era un hombre de libertades, que no podía convivir con un sistema monárquico. Esa voluntad de libertad de San Martín está asociada al fin del absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? Es creerse que uno es dueño de todo, el Estado soy yo. Luis XIV, y l’État c’est moi. Yo soy el Estado. Yo decido qué tenés que decir y qué no tenés que decir, qué pensar y qué leer, quien crece y quien no. Yo decido porque soy yo, soy el absoluto. San Martín peleó contra ese absoluto, entregó su vida para que no vuelva ese absoluto. Esa voluntad de libertad para algo, no libertad para que el opresor ponga el pie sobre el oprimido”. 

La frase describe lo que se quiere dejar atrás. El uso del francés es un dardo con un único destinatario. Detrás de él, en el escenario armado en la localidad de San José, por donde alguna vez pasó el general Manuel Belgrano en su periplo hacia Paraguay, observaban callados Oscar Herrera Ahuad y Maurice Closs, dos ex gobernadores que le dan sustento al Movimiento por lo que Viene, que contiene hoy a casi la totalidad de los intendentes de la ex Renovación, a 18 diputados del mismo espacio y a cuatro diputados nacionales y dos senadores. 

Casi nadie queda del lado de Encuentro Misionero, el espacio que Carlos Rovira pensó como sucesor de la Renovación. Por estas horas nadie sabe si el diputado aceptará mansamente el forzado retiro a cuarteles de invierno o si estará dispuesto a dar una última batalla. En la sesión del último jueves, en la que reapareció después de dos meses, su presencia no pasó inadvertida y no ahorró picardía política: se tomó el trabajo de saludar a cada diputado cercano y buscó la fotografía en la que un par de ellos lo reciben calurosamente. Uno de ellos era Juan José Szychowski, el presidente del bloque de la nueva primera minoría que apenas una semana antes había cuestionado su ausencia con severidad exacerbada.

Sin embargo, en el Gobierno consideran  que ya no importa qué haga Rovira. Ahora el foco estará puesto en la gestión, que, sostienen las principales espadas en el gabinete, comienza a diferenciarse con nitidez de la etapa anterior. 

El ejemplo más cercano que exhiben es el resultado conseguido en la negociación con el ministro de Economía, Luis Caputo, para recuperar tarifas eléctricas subsidiadas. Fue el debut en primera línea del nuevo presidente de Energía de Misiones, Julio César Barreto, uno de los intendentes elegidos para nutrir el equipo de la gestión Passalacqua. El ex intendente de Montecarlo representó a Misiones en la mesa de negociaciones en la que las provincias del Norte consiguieron recuperar una reivindicación que se sentirá en el bolsillo. El principio de acuerdo contempla modificar los actuales bloques de consumo subsidiado y establecer un régimen específico para las zonas cálidas: hasta 500 kWh mensuales durante los seis meses de mayores temperaturas y 300 kWh durante el resto del año.

La estimación de Energía de Misiones es que, con esos parámetros, más del 70% de los usuarios residenciales de la provincia quedarían alcanzados por el beneficio.

La discusión tiene un trasfondo económico considerable. En los últimos dos años y medio, el costo de la energía aumentó alrededor de 423%, como consecuencia de la recomposición del precio mayorista y la reducción de los subsidios nacionales.

Sin embargo, ese incremento no fue trasladado completamente a las facturas.

El Gobierno provincial absorbió durante ese período más de 300 puntos porcentuales del aumento, mediante distintas herramientas y decisiones tarifarias. De esa manera, mientras el costo de abastecimiento trepó más de cuatro veces, el incremento acumulado que terminó llegando a usuarios residenciales, comercios e industrias rondó el 100%.

Barreto le dijo a Economis que la estimación más optimista es que el impacto económico pueda comenzar a verse dentro de los próximos 45 a 60 días. El calendario no es un detalle. Si los plazos se cumplen, el nuevo esquema podría comenzar a operar cerca del inicio del período de mayor demanda eléctrica en Misiones, cuando las altas temperaturas vuelven a empujar los consumos hacia arriba.

Hay otros elementos que muestran una diferenciación con la orientación política previa. Uno será la salida de Héctor Llera de la presidencia de Marandú, la empresa tecnológica misionera. 

Otros tienen un impacto mucho mayor. El Gobierno dejó de comprar bioinsumos a Agro Sustentable la empresa presidida por Joaquín Basanta, socio de Augusto Marini -dueño de los canales de streaming Blender y Carajo y de la aplicación AlegraMed, que también será dada de baja– que se instaló en el Parque Industrial de Posadas al calor de la ley que prohibió el uso del glifosato en Misiones. Esa ley, cuestionada por las entidades productivas, será ahora modificada en su artículo clave: el 7, que impone la prohibición total del uso del herbicida glifosato, sus componentes y derivados en toda la provincia de Misiones. La redacción original fijaba el inicio de la prohibición tras un período de transición, pero ante los reclamos del sector productivo, la aplicación sufrió postergaciones hasta 2030. Ahora la prohibición recién comenzará a regir cuando se encuentre un sustituto probado. La ley generaba un conflicto, particularmente con las condiciones de los países a los que Misiones exporta té, que no permiten fertilizantes amigables con el ambiente que no tengan sellos o certificaciones, lo que no fue tenido en cuenta originalmente. 

La política fiscal también tendrá un capítulo de diferenciación. Comenzó con el fin de la mal llamada “aduana paralela” -que provocó un abrupto corte en el flujo de recaudación en momentos de escasez de recursos-, siguió con la eliminación de retenciones automáticas en billeteras digitales, transferencias bancarias y operaciones financieras. Se está trabajando en un mecanismo de precisión para desactivar la bomba de los saldos a favor y puede haber novedades en patentes, para emparejar la situación con provincias cercanas. 

Sentido común”, repiten en el Gobierno, como la cualidad que identifica al nuevo tiempo.  

La situación, claro, no está para grandilocuencias. Misiones perdió 814 empresas en el último año y 6.546 empleos registrados. Desde que asumió Javier Milei, Misiones acumula una pérdida de 12.324 empleos (-11,3% vs. noviembre de  2023). La obsesión es cuidar y recuperar el empleo. Claro está que no depende solo de la voluntad política local. En el país entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, se redujo la cantidad de empleadores en 30.633 casos (33,5 por día). En el mismo período, se perdieron 411.613 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-4,18%), 450 puestos por día.

El sentido común que busca recuperarse en Misiones, parece estar ausente en la Nación. El presidente Javier Milei afirmó que “el sector privado formal está igual” y puso en duda el cierre de empresas: “Es muy deshonesto mirar solo las que cierran. Es cierto que desaparecen empresas, pero son de una sola persona”.

Pero los datos oficiales dicen otra cosa. Hay 30.000 empresas menos, incluso después de contabilizar las nuevas aperturas. Y si se pretendiera explicar esa caída con el argumento -casi exótico- de que cierran firmas de un empleado mientras nacen otras con planteles de diez trabajadores, esa supuesta transformación debería reflejarse en una expansión del empleo registrado. Los datos -nuevamente, los oficiales- muestran exactamente lo contrario.

Pero el Presidente parece decidido a vivir la realidad de acuerdo a sus propios datos. Milei asoció la morosidad récord en las familias argentinas con la venta de televisores para el Mundial. “Compraron y dejaron de pagar”, tira. 

La mora crediticia de las familias argentinas permaneció en 12,8% en junio, conforme a los datos publicados por el BCRA. En la comparación interanual pasó de 5,1% a 12,8%, lo que representa un incremento de 7,7 p.p. (+151%).

La mora llegó a los 19 meses de suba y los últimos datos son de junio 2026, el mes del Mundial. El pico de venta de televisores fue en mayo, con más de 40% de aumento interanual, pero quienes compraron en esa época todavía no pueden estar atrasados por falta de tiempo. Y el dato, no menor… Este fue el mundial en el que se vendieron menos televisores de los últimos tres, según datos del mercado. 

No es el único consumo que cae. En junio de 2026, las ventas en los grandes supermercados registraron un descenso real del 3,1% interanual, la sexta baja

consecutiva. 

En Misiones, las ventas totalizaron $ 27.274 millones en mayo de 2026 y en relación con igual mes del 2025 mostraron una caída del 7,3% real, la décimo cuarta consecutiva, aunque crecieron mensualmente 5,6% respecto a mayo.

El escenario económico será clave para definir el político. El Gobierno confía en que la contención de la inflación alcanzará para sostener la reelección presidencial, pero es el único dato que sustenta ese sueño, ya que el desempleo y la pérdida de ingresos comienzan a hacerse sentir en cada encuesta. 

La oposición busca rearmarse sin demasiada coherencia por ahora. El peronismo logró una foto de unificación, con Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, pero no parece alcanzar para aplacar la interna. Sin embargo, el peronismo comenzó a mover sus alfiles. Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos, Federico Achával y Emir Félix llegaron a Misiones para mantener una reunión de trabajo con el partido y avanzar sobre una agenda que combina intereses provinciales, producción regional y posicionamiento político. La foto con el gobernador Hugo Passalacqua no pasó desapercibida y marca el distanciamiento del misionero con las huestes libertarias, más a gusto con la conducción de Rovira. 

Tolosa Paz, Michel y Félix manifestaron su disposición a acompañar el proyecto impulsado por Herrera Ahuad para reducir el IVA sobre la harina y la fécula de mandioca, además de sostener el reclamo por una emergencia para la producción yerbatera, uno de los sectores centrales de la economía misionera “La gente no se equivocó en 2023. Los equivocados fuimos nosotros”. La frase, pronunciada por Olmos durante el encuentro del peronismo federal en Posadas, condensa una admisión de responsabilidad por el triunfo libertario y el esbozo de una autocrítica necesaria. 

Ese diagnóstico tiene una consecuencia inmediata: no alcanza con esperar el desgaste de Milei. Michel, diputado nacional y uno de los dirigentes que busca darle forma a una construcción peronista federal, lo puso en otros términos. “El peronismo todavía es visto como oposición, no como alternativa”. Y mientras permanezca en ese lugar, puede acumular críticas pero no necesariamente votos. La salida que propone es bastante menos épica y mucho más difícil: volver a hablar con la gente.

El PRO también coquetea con la idea de un revival. Mauricio Macri sondea la posibilidad de una alianza con los libertarios. Pero el senador Martín Goerling, quien asumió la presidencia del partido en Misiones, prefiere una propuesta autónoma. Se anota también en la carrera por la gobernación, en soledad o con un frente amplio. 

Habrá que ver con quien. El radicalismo es la alianza obvia, pero también está buscando su propio frente, al que imaginan integrado al diputado Ramón Amarilla. Pero el ex comisario dice que no se casa con nadie y que, si hay alianza, será él quien la encabece. Los libertarios todavía no se definen. El ex tenista Diego Hartfield pica en punta, pero Adrián Núñez busca sumar la pata empresaria antes de definir candidatos.

Compartí esta noticia !

Los hombres del Norte

Compartí esta noticia !

La Odisea, esta vez, no fue la protagonista del cine IMAX del Centro del Conocimiento. La verdadera travesía ocurría unos metros más acá: hacerle entender al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, que las diez provincias del Norte Grande todavía tienen demasiados reclamos pendientes.

Santilli había llegado a Posadas con una certeza llamativamente optimista. “El 90 por ciento de los planteos de los gobernadores está resuelto”, aseguró antes de entrar a la cumbre. Y cuando se le preguntó  por la crisis yerbatera -una actividad que lleva 27 meses en rojo, según el semáforo de Coninagro, en coincidencia con la desregulación que impuso el presidente Javier Milei-, la respuesta pareció llegada desde otra realidad: “El dato que tengo es que la yerba está exportando mucho”.

No era exactamente la película que estaban viendo los gobernadores.

Uno tras otro, mientras ingresaban al hall del IMAX donde se realizaría la cumbre del Norte Grande, los mandatarios fueron dejando en claro que entre la mirada de Buenos Aires y lo que ocurre de este lado del mapa todavía hay una distancia considerable. Gas, energía, rutas, infraestructura, producción, empleo y recursos: la agenda que llevaban bajo el brazo estaba bastante lejos de ese 90 por ciento de problemas resueltos.

Quizás por eso la referencia a La Odisea resulte más apropiada de lo previsto. Porque el problema del Norte Grande no parece ser solamente llegar a destino. Primero hay que conseguir que desde el centro del poder reconozcan cuánto falta todavía para llegar. 

La cumbre sirvió para enumerar reclamos y cerró con un compromiso de Santilli de revisar un mecanismo de compensación para las tarifas eléctricas del Norte a cambio de los votos para suprimir subsidios en zonas no frías. No mucho más. 

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dejó claro que entre el conformismo de Santilli y la posición de los gobernadores hay un abismo. “Hoy la Argentina no está bien. Lo único que se hizo fue mejorar algunas variables macroeconómicas, pero ese mejoramiento no llegó abajo, no llegó a la gente, no llegó a la microeconomía”, advirtió. 

Para el mandatario tucumano, el deterioro se refleja especialmente en los ingresos y en el creciente peso de las deudas familiares: “Hoy los sueldos, aquel que tiene la posibilidad de tener un empleo, no llegan a fin de mes; y también el que tiene un empleo tiene un nivel de endeudamiento importante”

En ese escenario, señaló como problemas centrales “los salarios bajos, las faltas de incrementos salariales y, ni qué hablar, los niveles de desocupación que tiene hoy la Argentina”.

Los propios datos oficiales validan la preocupación de los gobernadores, porque se desmarcan de las celebraciones abstractas del Presidente y su equipo económico. 

En mayo cerraron 2.371 empresas en la Argentina. No es una fotografía aislada: la cantidad de empresas lleva 16 meses consecutivos en caída.

La comparación interanual es todavía más contundente. Hay 16.560 empresas menos que en mayo de 2025, una contracción del 3,3%, y ya se acumulan 27 caídas interanuales consecutivas. Es decir, no se trata de un tropiezo coyuntural ni de un mal mes, sino de una tendencia que se prolonga y que todavía no encuentra un piso. La perspectiva desde el cambio de Gobierno profundiza esa lectura. Desde noviembre de 2023 desaparecieron 30.633 empresas, el 6% del total, lo que convierte al actual ciclo en la mayor caída empresaria registrada durante los primeros 30 meses de una gestión nacional.

Los números importan porque detrás de cada empresa que baja la persiana no desaparece solamente una razón social. Se pierde inversión, empleo, proveedores, consumo y capacidad productiva. Y, sobre todo, se achica esa trama de pequeñas y medianas empresas que sostiene buena parte de la economía real en las provincias.

La macroeconomía puede exhibir equilibrios que hace tiempo parecían imposibles. Pero si la estabilización no consigue detener la destrucción del tejido productivo, la pregunta deja de ser cuándo llegará la recuperación y pasa a ser cuántos quedarán en pie para protagonizarla.

En mayo el empleo registrado en el sector privado a nivel nacional presentó una caída del 0,1%, equivalente a la pérdida de unos 9.059 empleos en todo el país respecto al mes anterior, mientras que en la comparación interanual el resultado también fue negativo en -2,2% y unos 137.549 empleos menos comparados con mayo de  2025

Misiones también presentó retrocesos: según la  Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en base SIPA. En el quinto  mes del año Misiones registró unos 96.540 trabajadores en el sector privado formal,con una baja del 0,4% contra el mes anterior, lo que equivale a la pérdida de 411 empleos, el decimosegundo mes consecutivo a la baja y la cuarta caída más alta del país (la segunda mayor en  el NEA).  

En la comparación interanual Misiones también continúa exhibiendo resultados  negativos: contra mayo de 2025, Misiones muestra un retroceso del 6,1% (-6.546 empleos), el segundo más fuerte del país.  Desde que asumió Javier Milei, Misiones acumula una pérdida de 12.324 empleos (-11,3% vs. noviembre de  2023). En este caso, la provincia presenta la quinta caída más fuerte del país y la segunda mayor del NEA (solo mejor que Formosa). 

La inflación merece una lectura parecida. Después de 32 meses de ajuste, el Gobierno nacional continúa aferrado a la premisa de que “no hay plata” como una de las condiciones necesarias para terminar de disciplinar los precios. Sin embargo, julio volvió a encender una señal de advertencia: después de tres meses consecutivos de desaceleración, el IPC subió 2,1%, contra 1,9% de junio. No es un salto dramático, pero sí una interrupción de la tendencia que el propio Gobierno exhibía como prueba del éxito de su programa.

Hay una paradoja todavía más incómoda. En los primeros siete meses de 2026 la inflación acumuló 19,3%, por encima del 17,3% registrado durante el mismo período de 2025. La interanual también volvió a acelerarse ligeramente, de 33,5% en junio a 33,8% en julio. Después de semejante esfuerzo fiscal, caída del consumo y deterioro del entramado productivo, los precios siguen aumentando. Hasta la Confederación Económica de Misiones, bastante proclive a avalar las políticas nacionales, se desmarca de Milei. La última encuesta de la entidad señala que el 77% de los empresarios considera que el rumbo económico carece de medidas para el sector pyme y las economías regionales.

Y aparece entonces una pregunta que el Gobierno todavía no termina de responder: ¿en algún momento habrá más dinero en los bolsillos para consumir, producir e invertir o el modelo es precisamente este? Porque si después de casi tres años de sacrificio la estabilidad requiere salarios contenidos, jubilaciones deterioradas, consumo débil y empresas que desaparecen, la discusión ya no es solamente cuánto bajó la inflación, sino cuál es el costo necesario para mantenerla allí.

Incluso la magnitud de esa desaceleración admite matices. Según un cálculo de la consultora Qualy, si se utilizara una canasta de consumo actualizada con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18, la inflación acumulada desde noviembre de 2023 sería de 344,3%, frente al 328,8% que arroja la medición oficial basada en ponderaciones de una estructura de consumo mucho más antigua. Son 15,5 puntos de diferencia acumulada, aunque en julio prácticamente no hubo brecha: 2,11% con la metodología oficial y 2,14% con la actualización.

Pero quizás la discusión más relevante ni siquiera esté allí. Hay una inflación visible y otra que se esconde detrás del promedio. Y esa segunda inflación explica bastante mejor la sensación cotidiana de muchos hogares.

El NEA ofrece un ejemplo contundente. Desde noviembre de 2023 hasta julio de 2026, la inflación general de la región acumuló 312,3%, la menor del país. Mirado aisladamente, el dato podría presentarse incluso como relativamente favorable. Pero dentro de ese mismo índice, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 722,9%: 2,3 veces el incremento del nivel general regional, como detalla Alejandro Pegoraro en su columna de Economis.

Ahí está buena parte de la inflación que no siempre aparece en el titular. Porque mientras el IPC general del NEA avanzó 312,3% durante la era Milei, los gastos fijos de los hogares acumularon una suba del 464,3%. La diferencia es crucial: una familia puede postergar una compra, cambiar una marca o dejar de salir a comer, pero tiene mucho menos margen para escapar de la electricidad, el alquiler, el agua, el transporte o los servicios esenciales. La inflación promedio desaceleró, pero la inflación de aquello que necesariamente hay que pagar todos los meses corrió bastante más rápido.

El costo de este proceso empieza a tener, además, una traducción política. Javier Milei aparece en el puesto 15 entre 18 mandatarios latinoamericanos en el último ranking de imagen elaborado por CB Global Data, con apenas 35,1% de aprobación y 62,8% de desaprobación. Casi dos de cada tres argentinos consultados tienen una valoración negativa del Presidente.

La comparación regional sirve para poner el número en perspectiva. Milei queda muy lejos del salvadoreño Nayib Bukele, que encabeza el ranking con 68,7% de aprobación; de Claudia Sheinbaum en México, con 66,5%; e incluso de Lula da Silva, que alcanza 51,9% en Brasil. El contraste con el brasileño es particularmente interesante porque representa casi la contracara del experimento argentino: mientras Milei hizo del ajuste, la motosierra y la reducción del Estado el corazón de su identidad política, Lula sostiene un modelo con mayor intervención estatal, políticas de ingresos y estímulo al mercado interno.

Hace un año, Javier Milei proyectaba que para agosto de 2026 la inflación iba a converger hacia cero. Agosto llegó y aquella meta quedó muy lejos. El Gobierno consiguió bajar drásticamente la velocidad respecto de los picos que recibió y atravesó durante el comienzo de su gestión, pero no logró extinguir la inflación y, al menos en julio, dejó de reducirla.

Ese contraste probablemente sea uno de los debates económicos que vienen. Porque después del ajuste, del equilibrio fiscal y de la estabilización, necesariamente aparece la segunda pregunta. No alcanza con discutir cuánto menos suben los precios. Hay que preguntarse cuándo volverán a crecer los ingresos, el consumo y la producción.

Y, sobre todo, cuánto tiempo puede sostenerse una economía en la que la inflación baja antes que el costo de vivir. Esa sensación de fragilidad quizás no se sienta en la Rosada o en la Quinta de Olivos, donde el presidente pasa las horas. Pero son microestallidos permanentes en el territorio que deben custodiar los gobernadores en las provincias. La suerte política de cada uno está atada indefectiblemente a una economía en la que no deciden, pero que tampoco, necesariamente, deben respaldar. 

Quizás por eso mismo los gobernadores llegaron a la cumbre de Posadas envalentonados tras la muestra de poder que significó la batalla del Senado, en la que lograron frenar la reforma de la ley de Tierras y la de Manejo del Fuego, lo que transformó la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada diseñada por Federico Sturzenegger en una ley blandita, intrascendente. También significó un espaldarazo para el anfitrión, Hugo Passalacqua, quien encarna por estas horas su propia batalla con el nacimiento de un nuevo liderazgo político que deja atrás dos décadas de otra forma de hacer política. La señal ineludible es que esta vez no hubo “reuniones paralelas” como en otras oportunidades. Santilli, así como llegó, se fue. 

En ese nuevo liderazgo, Passalacqua proyecta una segunda mitad de mandato sobre un nuevo eje. El Presupuesto General de la Administración Pública Provincial ofrece una pista nítida sobre hacia dónde pretende orientar el Gobierno sus recursos en 2027. El cálculo global pasa de $4.045.600.921.000 en 2026 a $5.206.134.722.000 el próximo año. Son $1,16 billones adicionales, equivalentes a un incremento nominal de 28,69%. Pero el promedio, como casi siempre ocurre con los promedios, cuenta apenas una parte de la historia: detrás de ese 28,7% aparecen movimientos muy diferentes entre las principales funciones del Estado.

El dato que sobresale está en Desarrollo de la Economía. Es, por amplio margen, la partida que protagoniza el mayor salto entre las grandes funciones presupuestarias. Pasa de $354.571,9 millones en 2026 a $747.027,6 millones en 2027. Son $392.456 millones adicionales en apenas un ejercicio, una expansión de 110,7%, casi cuatro veces el ritmo al que aumenta el presupuesto provincial en su conjunto.

Ese movimiento modifica, además, el peso de la política económica dentro de la estructura del gasto. Desarrollo de la Economía representaba el 8,76% del presupuesto en 2026 y pasará a concentrar el 14,35% en 2027. Dicho de otra manera: prácticamente uno de cada siete pesos previstos para el próximo año quedará comprendido dentro de las políticas de desarrollo económico.

No es un movimiento menor ni meramente contable. Es probablemente la principal señal de orientación del primer presupuesto diseñado íntegramente para la segunda mitad del mandato de Hugo Passalacqua: en un escenario de contracción nacional, la Provincia decide aumentar considerablemente el peso relativo de las herramientas destinadas a apuntalar la actividad económica.

Eso no significa que las dos grandes columnas del gasto social pierdan recursos. Salud dispondrá de $1.249.193,7 millones, frente a los $1.002.308,9 millones presupuestados para 2026. El incremento nominal es considerable: $246.885 millones adicionales, equivalentes a 24,6%. Sin embargo, como el presupuesto total aumenta 28,7%, Salud crece por debajo del promedio y, en consecuencia, pierde ligeramente participación relativa: pasa del 24,78% al 23,99% del gasto total.

Algo muy parecido ocurre con Cultura y Educación. Su presupuesto crecerá desde $1.012.065,7 millones hasta $1.251.687,1 millones, es decir, $239.621 millones adicionales, una expansión nominal de 23,7%. Nuevamente, hay más recursos en términos nominales, pero un crecimiento inferior al del presupuesto general. Por eso su participación dentro del gasto provincial se reduce del 25,02% al 24,04%.

Aun con esa reducción relativa, Salud y Cultura y Educación continuarán absorbiendo prácticamente la mitad del presupuesto provincial. No hay, por lo tanto, un retroceso nominal de las partidas destinadas a Salud o Educación. Lo que existe es otra cosa, y quizás allí esté la lectura política más interesante de los números: el Estado provincial decide que durante 2027 el desarrollo económico gane un peso que hasta ahora no tenía dentro de la estructura presupuestaria.

Es una declaración de prioridades. Y la de 2027 parece bastante explícita: correr el centro de gravedad hacia la economía, la producción y el desarrollo.

Para eso primero será necesario aprobar el Presupuesto en la Cámara de Diputados, donde debutó el bloque del Movimiento por lo que Viene, con una inesperada primera minoría de 17 legisladores, lo que dejó Encuentro Misionero, bajo la tutela de Carlos Rovira, con apenas seis legisladores. La ausencia del conductor de la ex Renovación fue el dato saliente del reinicio de las sesiones parlamentarias. El otro es que en las próximas horas, Horacio Martínez y Heidy Schierse también dejarán de estar a su lado. El Movimiento quedará a un voto de garantizarse la sanción de las leyes que necesite e irá por la presidencia del cuerpo en diciembre. 

No quiere decir esto que la disputa política ya esté saldada y que Rovira acepte mansamente su exilio forzoso. 

Hay una tentación comprensible, pero peligrosa, de interpretar la velocidad de los acontecimientos como si la disputa por el poder en Misiones ya estuviera resuelta. Dos meses pueden alcanzar para cambiar el centro de gravedad político; difícilmente alcancen para desactivar una estructura construida durante más de veinte años.

Passalacqua parece haber elegido, por ahora, un camino distinto al del revanchismo. No hay señales de una política de tierra arrasada ni tendría demasiado sentido esperarla. El poder acumulado durante dos décadas no se desmonta de un día para otro, entre otras cosas porque buena parte del engranaje institucional, político y administrativo de la provincia fue construido durante ese mismo período.

La transición, entonces, necesariamente tendrá zonas grises. Hay dirigentes y funcionarios que expresan su alineamiento con Passalacqua pero conservan vínculos, lealtades o afectos políticos con Carlos Rovira. Es probable que muchas de ellas cambien con el tiempo. Pero la lógica elegida parece ser otra: pasos prudentes antes que una purga, acumulación antes que revancha.

También conviene resistir otra comparación tentadora: esto se parece en algunos aspectos a 2003, pero no es 2003. Y confundir ambos momentos puede conducir a errores de diagnóstico.

Hace más de dos décadas, el adversario estaba en la vereda de enfrente. Daba pelea a cara descubierta, tenía identidad política propia y competía electoralmente por el poder. El escenario actual es mucho más complejo. Rovira formó parte hasta hace semanas del mismo dispositivo político y conserva relaciones construidas durante veinte años dentro de ese universo. La frontera entre un espacio y otro todavía no está completamente dibujada.

Por eso sería prematuro escribir su epitafio. 

Rovira está herido, pero herido no significa derrotado. Mucho menos desaparecido. Su historia política demuestra una particular capacidad para reinventarse, encontrar espacios desde los cuales reconstruir poder y reunir alrededor suyo a quienes quedaron desplazados, resentidos o sin lugar. Hay algo casi napoleónico en esa lógica: saber juntar heridos para después convertirlos en héroes de guerra.

La incógnita no es solamente qué hará Rovira, sino desde dónde lo hará, con quiénes y bajo qué identidad política. Es razonable suponer que no permanecerá inmóvil. 

Por eso también resulta desacertada cualquier intervención pública que pudiera interpretarse como la certificación anticipada de su derrota. La política tiene demasiados muertos que terminaron gozando de excelente salud.

Existe además un fenómeno curioso entre algunos dirigentes: la necesidad de reemplazar rápidamente una obediencia por otra, como si el cambio político consistiera simplemente en cambiar de bozal. Salir de una estructura de poder para colocarse voluntariamente bajo otra no representa necesariamente una transformación. Más llamativo todavía es que, en muchos casos, nadie les está exigiendo hacerlo.

Passalacqua necesita construir autoridad, no reproducir automáticamente los mecanismos que pretende superar.

En ese contexto, una de las mayores amenazas para el nuevo esquema puede no ser Rovira en sí mismo, sino que la sociedad no crea que la ruptura es verdadera. Y esa interpretación puede convertirse en un problema electoral mucho más serio de lo que parece.

Para consolidar su autonomía política, el nuevo oficialismo necesita diferenciarse de Rovira. Pero, al mismo tiempo, necesita que Rovira sea visible. Una confrontación contra un adversario ausente, silencioso o deliberadamente ambiguo es mucho más difícil de explicar.

Falta mucho para las elecciones. Y quizás esa sea la medida correcta para interpretar este momento: el nuevo oficialismo ganó una fecha del campeonato; todavía está lejos de haber ganado el torneo.

La derrota, si finalmente ocurre, tendrá una medida bastante más concreta: las urnas. Y también la capacidad de Passalacqua de construir, después de ellas, un esquema político e institucional definitivamente autónomo.

Hasta entonces, probablemente haya movimientos, silencios, lealtades cruzadas, heridos que busquen refugio y dirigentes intentando descubrir dónde estará parado el poder mañana.

El lunes, el homenaje al Libertador General San Martín, marcará el inicio de una nueva etapa política. Ya se consolidó la ruptura. Ahora empieza el tiempo de una nueva gestión política. Será el tiempo del sentido común.

Compartí esta noticia !

Cuentos increíbles y realidades que demandan

Compartí esta noticia !

Hay historias difíciles de creer. Y después está la de Manuel Adorni. Durante semanas el jefe de Gabinete soportó preguntas incómodas sobre su patrimonio, sus gastos, sus inmuebles, los préstamos que tomó y la velocidad con la que crecieron sus activos desde que llegó al poder. La respuesta finalmente llegó con una batería de declaraciones juradas rectificativas presentadas oportunamente unas pocas horas antes de que comience el Mundial que podría acaparar la atención por estas horas. Pero no tuvo suerte. Sólo se habla de las rectificativas de Adorni. 

Rectificativas. Qué palabra elegante para decir: “Voy a rehacer los números porque los anteriores ya no me sirven”. Recuerda a reperfilar

La secuencia tiene algo de prodigio financiero y bastante de realismo mágico libertario. Según la nueva versión de los hechos, Adorni habría invertido unos 200.000 dólares en Bitcoin entre 2013 y 2018. Una apuesta que, según explica ahora, terminó generándole una fortuna cercana a los 500.000 dólares. Luego habría vendido esos activos para proteger el futuro de sus hijos y conservado ese dinero durante años. En efectivo. Guardado. Quieto. Invisible. Tan invisible que se olvidó de declararlo cuando ingresó al Gobierno. Recién ahora recuperó la memoria. Justo cuando la Justicia empezó a mirar sus gastos exorbitantes desde que asumió en la gestión pública. Antes compraba trajes en cuotas, reclamaba por una salchicha y pedía para el pasaje, según sus colegas en los medios. Después, viajes a destinos exclusivos, vuelos privados, departamentos y remodelaciones en el country.

La historia ya tendría problemas de verosimilitud si se tratara de un vecino del barrio. Encontrar un pendrive con semejante fortuna es digno de un guión cinematográfico. Pero adquiere otra dimensión cuando quien la cuenta es el jefe de Gabinete de la Nación. La pregunta elemental es simple: ¿quién invierte todo su patrimonio en Bitcoin en 2014? No una parte. No un porcentaje. Todo.

En 2014 Bitcoin era un experimento para entusiastas tecnológicos, libertarios tempranos y apostadores profesionales. No era un refugio de valor, ni una inversión conservadora. No era un plazo fijo. Era una ruleta.

Y según la explicación oficial, Adorni habría puesto ahí prácticamente todo lo que tenía.

Más extraño todavía: los números tampoco terminan de cerrar. Si efectivamente hubiera invertido 200.000 dólares cuando Bitcoin cotizaba en torno a los 500 dólares y vendido cuando rondaba los 7.500, la rentabilidad habría sido muy superior a la que ahora declara. Los cálculos simples sugieren que el resultado debería haber sido varias veces más alto que los poco más de 500.000 dólares que intenta justificar. Ni siquiera el milagro parece estar bien contado.

Pero el problema principal no es financiero, sino político y judicial.

La Justicia ya ordenó nuevas medidas de prueba. Solicitó reconstruir el historial laboral y de ingresos de Adorni y de su esposa desde 2012. Requirió información a organismos públicos, pidió analizar la evolución patrimonial y ordenó determinar cuánto valían los bitcoins cuando fueron adquiridos y cuánto representarían hoy. Incluso solicitó recopilar todas las declaraciones públicas en las que el funcionario habló sobre criptomonedas.

Un detalle especialmente incómodo. Porque existe un registro de Adorni contando que conoció Bitcoin a partir de un estudiante que seguía obsesivamente la cotización durante una clase. Un relato que no parece el de alguien que estaba apostando cientos de miles de dólares propios al mercado cripto.

Pero hay más. Las declaraciones rectificativas revelan que el funcionario habría llegado al Gobierno con un patrimonio cercano a los 708.000 dólares y hoy declara alrededor de 638.000.

Es decir, según su propia reconstrucción, perdió patrimonio en dólares. La otra pregunta incómoda es por qué necesitó préstamos de familiares y jubilados si disponía de semejante colchón de liquidez.

¿Por qué endeudarse cuando supuestamente había medio millón de dólares guardados? ¿Por qué pedir dinero prestado si el efectivo estaba disponible? Son preguntas que siguen sin respuesta.

Mientras tanto, la discusión jurídica empieza a desplazarse hacia un terreno mucho más delicado.

La figura de omisión maliciosa castiga a funcionarios que ocultan bienes o consignan datos falsos en sus declaraciones juradas. Si la Justicia concluye que existió voluntad de ocultar patrimonio, las consecuencias podrían incluir penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. No es una cuestión administrativa. Es una cuestión penal, que incluso puede salpicar al presidente Javier Milei, quien insiste en sostenerlo a pesar del posible efecto contagio. ¿Por qué? ¿Qué sabe Adorni? ¿La estafa $Libra como telón de fondo?

Antes de las “rectificativas”; Adorni y su esposa decidieron adherir al Régimen Simplificado de Ganancias impulsado por el propio Gobierno dentro del esquema conocido como “Inocencia Fiscal”, que implica, básicamente, que nadie preguntará demasiado por el origen de los fondos declarados o invertidos. También se adhirieron Federico Sturzenegger, el eyectado por sus amistades narco, José Luis Espert, Andrés Vázquez, Juan Pazo y una larga lista de funcionarios, legisladores y dirigentes oficialistas. 

El Gobierno que prometió terminar con los privilegios terminó acogiéndose a las virtudes de un régimen que reduce controles patrimoniales. 

La coincidencia temporal es extraordinaria y obliga a una lectura más rigurosa: primero aparecen preguntas sobre patrimonios difíciles de explicar. Después una ley que flexibiliza explicaciones patrimoniales. Finalmente, los funcionarios adhiriéndose a esa ley. Todo perfectamente legal. Pero políticamente puede resultar devastador.

Si un funcionario necesita ingresar a un esquema especial para acomodar declaraciones juradas que ya presentó; si debe rehacer varios años de patrimonio de manera retroactiva; si aparecen cientos de miles de dólares que antes no estaban; si la Justicia debe reconstruir una década de ingresos para entender qué pasó, es casi una confesión…el problema ya no es contable. Es de credibilidad. 

Y la credibilidad es el activo más difícil de blanquear. Sobre todo cuando la explicación exige creer que alguien apostó toda su fortuna a Bitcoin cuando casi nadie confiaba en las cripto, ganó una fortuna, la guardó durante años en efectivo, olvidó declararla al asumir funciones públicas y recién la recordó cuando comenzaron las investigaciones.

Hay que reconocer algo. No cualquiera puede construir una historia así.  Ni siquiera Hollywood se animaría a tanto. Adorni mintió incluso ante el Congreso, cuando juró que no había nada oculto en su patrimonio.

El problema es que el Gobierno llegó prometiendo que la corrupción era un problema de la política tradicional y que los funcionarios libertarios venían a demostrar una superioridad moral. Por eso cada inconsistencia pesa el doble.

Cristina Fernández está condenada por presuntos delitos cometidos varios escalones más abajo en la cadena de mando. Pero la Justicia consideró que la ex presidenta no podía no saber. Si hay jurisprudencia, a Milei podría aplicársele. 

Hasta ahora la explicación consiste en pedirle a la sociedad un acto de fe. El problema es que los gobiernos pueden pedir sacrificios. Pueden pedir paciencia. Incluso pueden pedir confianza. Lo único que no pueden pedir es credulidad.

El tuiter de Adorni, el 26 de diciembre del año pasado, cobra ahora una dimensión distinta 

Ahora no sólo admitió ser evasor, sino que implícitamente reveló que mintió ante el Congreso cuando afirmó: “Respecto de todos los bienes que componen mi patrimonio no existió nunca ocultación alguna”, afirmó. Pues había ocultado bastante. 

“Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error”, prometió como si fuera algo optativo. El jefe de Gabinete negó además ser un “chorro”.

La nueva estrategia tiene sentido, si se considera que es preferible una investigación por evasión que por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la Justicia deberá continuar su recorrido y analizar las denuncias por presunta corrupción, viajes al exterior y, contra su esposa, por supuestos contratos irregulares con el Estado. 

El escándalo Adorni está opacando incluso los “méritos” del Gobierno, como la baja del riesgo país y el dato de la inflación, que estuvo por debajo de las proyecciones del mercado, con un 2,1 por ciento que marca algo de alivio. 

Pero también logra distraer de otros datos más complejos. Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, cerraron 26.989 empresas. 

En el primer mes de vigencia de la reforma laboral se destruyeron 7.603 puestos registrados privados. En los últimos 10 meses se perdieron 112.034 empleos registrados en el sector privado. En el último año, la pérdida asciende a 109.906 puestos, y desde que asumió Milei, la destrucción alcanza los 216.643 puestos (-3,4%). 

La gestión, de hecho, está paralizada. No hay acciones, no hay señales hacia las provincias. La economía sólo da señales positivas en donde está concentrada la minería y el petróleo. 

La reacción depende de las provincias. Misiones piensa su desarrollo desde la política con las proyecciones que emanan de Encuentro Misionero, el espacio que conduce Carlos Rovira, quien se sacó a sí mismo de las apetencias electorales. Cada jueves, la “previa” se convierte en una usina de ideas donde se piensa la provincia con impronta misionerista. No es apenas un eslogan, sino un contraste directo con los otros espacios, que diseñan su política en oposición a o esperando coordenadas que lleguen de la Capital Federal: “Todavía no definimos nuestra postura sobre la construcción de represas en Misiones. Esas definiciones vendrán desde nuestro presidente”, confesó Adrián Núñez, el referente libertario, sobre una cuestión esencial para Misiones. Ninguno de los referentes libertarios ni sus aliados circunstanciales, se animó a hablar de Adorni y sus andanzas del Bitcoin.

Rovira, en cambio, no eludió el debate por la represa de Corpus, pero recordó que Misiones fue puliendo una matriz energética propia, que puede alimentar hoy un tercio de la demanda y que cualquier proyecto hidroeléctrico debe contar necesariamente con el aval de la sociedad y dejar mucho más que regalías.

Pensar el futuro desde la provincia ya es un dato político que no se replica en otras latitudes, donde prima un sálvese quien pueda en medio de la vastedad del ajuste. Ese posicionamiento abarca todas las aristas para diagramar la nueva etapa política del oficialismo, que busca una síntesis entre lo que se hizo y lo que hace falta. Rovira anunció la pronta puesta en marcha del sistema acusatorio en Misiones, un viejo anhelo que propone un servicio de justicia más ágil y eficiente. 

La eficiencia también está puesta entre las prioridades de la gestión. El gobernador Hugo Passalacqua anunció que habrá un recorte de entre tres o cuatro ministerios -pueden ser más-. Según averiguó Economis, se trata de la fusión de áreas espejo: Cambio Climático con Ecología, Agricultura Familiar en el Agro, Acción Cooperativa con Industria y Energía también dentro del área de Obras Públicas. Se pretende achicar la carga burocrática y ahorrar recursos en el Presupuesto 2027. 

Ese alineamiento describe el momento que atraviesan los principales hombres del Gobierno: la política pensando a futuro, con la incorporación de nuevas ideas y actores y la gestión que necesita hacerse liviana para atender las urgencias. Passalacqua sabe de gobernar en tiempos complejos. Le tocó administrar durante Cambiemos y ahora con el ajuste como una política de parte de la Nación. La unidad de objetivos de Encuentro Misionero, que ya tiene aval legal para participar en las elecciones, contrasta con la espera de mandatos desde Buenos Aires y la búsqueda de alianzas imposibles entre los espacios menores. 

Compartí esta noticia !

Misiones tendrá su Bono Verde: Nación acompañará la emisión tras certificar la conservación de la selva

Compartí esta noticia !

Misiones quedó en condiciones de emitir su propio Bono Verde con aval de la Nación, luego de que la consultora internacional Verra certificara que la provincia evitó la emisión de 13,1 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al frenar la deforestación. Con esa validación en la mano, el Gobierno provincial prepara ahora la salida del instrumento al mercado de créditos ambientales.

El acompañamiento del Ejecutivo nacional surgió de las gestiones políticas de esta semana en el Senado. Según la información oficial, el mentor de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, mantuvo varias conversaciones telefónicas con el canciller Pablo Quirno, quien comprometió el apoyo de la Nación al proceso impulsado por la provincia. Ese compromiso fue ratificado este viernes en una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli.

El jueves, antes de la sesión de la Cámara de Representantes, Rovira ya había puesto en valor la certificación internacional y había anticipado que existían negociaciones a nivel nacional. La confirmación llegó horas después: la administración de Javier Milei acompañará la colocación de los bonos misioneros, una herramienta pensada para captar recursos a partir del valor económico que genera la conservación de los bosques.

Con la certificación y el aval institucional combinados, la Provincia podrá posicionar sus créditos ambientales en los mercados internacionales. El reconocimiento de Verra validó que, entre 2017 y 2022, las políticas desplegadas por Misiones para la protección de la Selva Paranaense -uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad de América del Sur- evitaron emisiones equivalentes a esos 13,1 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Cómo funcionan los bonos verdes

Se trata de instrumentos financieros atados a proyectos de sostenibilidad ambiental. En el caso misionero, el activo central es la capacidad de demostrar que sus bosques capturan carbono y evitan emisiones que, de lo contrario, irían a la atmósfera. La certificación permite cuantificar ese beneficio y convertirlo en créditos negociables, que empresas, fondos de inversión y organismos internacionales adquieren para compensar parte de sus emisiones o financiar acciones climáticas.

La idea de la Provincia es que parte de esos recursos vuelva a Misiones para sostener la conservación, el control ambiental, el desarrollo tecnológico, el monitoreo satelital, la producción sustentable y la infraestructura.

La certificación de Verra y el anuncio del bono integran una misma estrategia que Rovira presentó como uno de los ejes de la nueva agenda de desarrollo provincial. En ese marco también se anunciaron iniciativas como el Escudo Satelital para vigilar de forma permanente la selva, herramientas de trazabilidad para la producción yerbatera y nuevos mecanismos financieros orientados a obras.

El objetivo de fondo es transformar un reclamo histórico en política económica concreta: que Misiones perciba ingresos por conservar más del 50 por ciento de la biodiversidad argentina y una de las mayores superficies remanentes de Selva Atlántica del continente. Durante años, Misiones sostuvo que protegía recursos ambientales estratégicos para el país sin recibir una compensación acorde, y tanto la certificación como el futuro bono aparecen ahora como la vía más concreta para convertir ese servicio ambiental en recursos genuinos.

De avanzar según lo previsto, Misiones podría ubicarse entre las primeras jurisdicciones de América Latina en articular certificación internacional, respaldo nacional y emisión de instrumentos financieros basados en la conservación de bosques nativos.

Compartí esta noticia !

Misiones avanzará con el Bono de Infraestructura y prepara el primer Bono Verde respaldado por créditos de carbono

Compartí esta noticia !

Este jueves ingresó a la Cámara de Representantes de Misiones el proyecto de Bono de Infraestructura, una herramienta financiera destinada a canalizar recursos hacia obras consideradas estratégicas para el desarrollo provincial. El ingreso de la iniciativa estuvo acompañado por otro anuncio de relevancia económica y ambiental realizado por el conductor de Encuentro Misionero, Carlos Rovira.

Al fundamentar la propuesta, Rovira anticipó que la provincia avanzará también en la estructuración del primer Bono Verde de Misiones, un instrumento que buscará respaldarse en los activos ambientales certificados internacionalmente a través del sistema de créditos de carbono.

La iniciativa se sustenta en la certificación obtenida por Misiones bajo el estándar internacional Verra, una de las principales entidades dedicadas a la validación de proyectos ambientales. A través de ese proceso, la provincia logró medir y certificar el aporte de la Selva Paranaense en la captura de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero vinculados al cambio climático.

El mecanismo se basa en la capacidad de los bosques de absorber carbono de la atmósfera mediante procesos naturales. Esa función ambiental es reconocida por los mercados internacionales de carbono, donde las reducciones o capturas verificadas pueden transformarse en créditos comercializables.

Como resultado de los trabajos técnicos impulsados por la provincia, Verra certificó el programa jurisdiccional de Misiones, habilitando la emisión de créditos de carbono asociados a la conservación de sus bosques nativos.

El Programa Jurisdiccional JNR REDD+ de Misiones cuenta actualmente con más de 10,9 millones de créditos de carbono certificados correspondientes al período 2017-2022, resultado de una tarea desarrollada por la Secretaría de Estado de Cambio Climático y el Ministerio de Ecología.

“El principal producto que elabora nuestra provincia es el oxígeno”, sostuvo Rovira al explicar que la conservación de la selva misionera genera un activo ambiental con valor económico creciente en los mercados globales, al contribuir a la captura de dióxido de carbono y la provisión de servicios ecosistémicos.

Misiones también desarrolló un esquema de participación público-privada mediante un sistema de anidamiento que permite incorporar proyectos privados dentro del programa jurisdiccional. La administración de los recursos generados se realizará a través de un fideicomiso financiero gestionado por Banco Macro.

Según el esquema planteado, los fondos provenientes de la comercialización de créditos de carbono estarán destinados a propietarios que conservan bosque nativo, proyectos de desarrollo sostenible impulsados por organizaciones de la sociedad civil y el fortalecimiento de las tareas de control y monitoreo ambiental en toda la provincia.

La propuesta del Bono Verde busca complementar las herramientas tradicionales de financiamiento con un instrumento vinculado a los mercados ambientales, aprovechando el valor económico asociado a la conservación de los bosques y a la captura certificada de carbono.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin