Los bonos sustentables en el país marcaron un récord en el tercer trimestre, registrándose la emisión de 12 bonos por un total de US$ 204,4 millones y acumulando en lo que va del año US$ 595,4 millones, según informó hoy la Comisión Nacional de Valores (CNV), una tendencia que llevó al Ministerio de Economía a formalizar un marco para su uso por parte de las dependencias gubernamentales.

La emisión del tercer trimestre fue récord tanto en la cantidad como en el monto emitido desde el inicio del mercado de instrumentos temáticos.

Desde 2019 se obtuvo un financiamiento de US$ 1.588,6 millones a través de estos instrumentos con un bono en 2019, siete en 2020, 17 en 2021, 22 en 2022 y 25 hasta fines de septiembre de este año, totalizando así 72 emisiones.

La CNV denomina a este tipo de instrumentos como bonos sociales, verdes y sostenibles (SVS).

Estos valores negociables tienen la ventaja de contar con tasas de interés menores a las de las obligaciones negociables tradicionales, y comenzaron a emitirse en la Argentina en septiembre de 2019.

Los fondos están integralmente ligados a cuestiones ambientales como la reducción de emisiones de CO2 o de huella hídrica, utilización de energías renovables, y reciclado, entre otros ejemplos; al igual que metas sociales, financiando proyectos de impacto positivo en la comunidad como infraestructura, vivienda y agua potable.

En lo que va del año, según indicó la CNV, de los 25 bonos emitidos en Argentina, 13 fueron verdes (por un total de US$ 314 millones), tres fueron sociales (US$ 2,2 millones), tres sustentables -dirigidos a proyectos que combinan ambos objetivos- (US$ 20,9 millones), y seis vinculados a la sostenibilidad (US$ 258,3 millones).

Estos últimos, a diferencia de los verdes, sociales y sustentables, deben contar con una certificación ambiental ya que contemplan castigos en las tasas en el caso de no cumplir con los objetivos.

Entre los ejemplos de bonos emitidos en este último trimestre, la firma Genneia emitió tres obligaciones negociables por US$ 70,8 millones para desarrollar proyectos de generación de energía eólica, social, biomasa, hidroeléctrica y de hidrogeno verde; y Pro Mujer obtuvo US$ 1 millón para otorgar créditos para financiar microemprendimientos de 2.300 personas de bajos recursos, 93% de las cuales son mujeres.

En ese sentido, entre los principales destinos de los fondos, el 77,5% de los bonos emitidos desde 2019 se dirigieron a energías renovables, 10% a industrias para la compra de maquinarias o la construcción de plantas con altos estándares de eficiencia energética y sustentabilidad, y 6,6% al sector agropecuario, por ejemplo, al fomento de fitosanitarios.

En tanto, las regiones que lideraron los bonos fueron la pampeana (70%) y el NOA (20,8%).

“Una de las metas que nos trazamos en la Estrategia de Sostenibilidad de la CNV fue justamente desarrollar el mercado sostenible argentino para tener una política activa que permita colaborar en la mitigación del cambio climático y, al mismo tiempo, ofrecer un financiamiento a la inversión productiva con una mirada federal”, indicó el presidente de la CNV, Sebastián Negri.

Más allá de la pata del mercado privado, los organismos gubernamentales también buscan capitalizar esta tendencia.

El Ministerio de Economía formalizó a través de la Resolución 1643/2023 un documento para fijar un marco para el financiamiento sostenible de los organismos del Estado Nacional.

El documento establece los criterios para guiar la emisión de “bonos o préstamos soberanos verdes, sociales y sostenibles tanto en los mercados de deuda locales como internacionales, en línea con las mejores prácticas internacionales”.

Además de establecer los procesos internos que deberá seguir el Gobierno, el marco también fija cuales son las prioridades de la emisión y el flujo de dichos bonos, con foco en el cumplimiento de objetivos ambientales y sociales, la protección de la biodiversidad, la resiliencia al cambio climático y la reducción de la pobreza.

Además de los criterios de selección, fija los mecanismos de reporte de asignación de fondos y de impacto que deberán realizar anualmente las áreas que los reciban.

Energías renovables, mitigación de inundaciones, conservación de sistemas ecológicos, eficiencia energética en edificios, agricultura orgánica, riego, gestión de desastres agropecuarios y programas de forestación son algunas de las categorías a las que apunta a financiar el Gobierno con este marco, al igual que la movilidad sostenible (colectivos y trenes eléctricos, y sistemas de bicicletas).

Del mismo modo, se financiarán con estos bonos programas vinculados con el sistema de salud y educativo, construcción de viviendas, el desarrollo de economías regionales, la igualdad de género y la diversidad y la seguridad alimentaria.

“El surgimiento de mercados específicos para bonos y préstamos con uso de fondos sociales y ambientales es una tendencia cada vez más consolidada que requiere ser afianzada a través de la transparencia en la selección, reporte y evaluación de los proyectos financiados”, explican los considerandos.

El mes pasado, el Palacio de Hacienda creó el Comité de Evaluación y Selección de Proyectos de Apoyo a la Estructuración de Financiamiento Soberano Sostenible de la Argentina, el cual evaluará y seleccionará los proyectos elegibles para la emisión gubernamental de los bonos verdes que serán emitidos luego por Economía.

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