Hace unos años, una marca canadiense de bebidas puso a la venta agua mineral sin gas de color negro, asegurando que el contenido es completamente natural. El producto comenzó a comercializarse hace algunos años a un precio de entre US$ 2,3 y US$ 2,5 por botella en los Estados Unidos y se vende a través de una tienda virtual. El agua sale de un acuífero milenario. Como el que recorre debajo de Misiones.

 

El valor comercial del agua ya no es una discusión en ninguna parte del mundo y lejos de ser un negocio privado, los Estados están comenzando a tomar nota de la necesidad de preservar las fuentes pensando en el futuro. La economía mundial está basada en el uso del agua. Incluso la extracción de petróleo utiliza cantidades siderales de agua. O, en el plano local, el pino absorbe miles de litros para su crecimiento. Son necesarios 100.000 litros de agua para producir 1 kilo de carne; 75 litros para fabricar un chip de computadora y 780 litros para producir un litro de jugo de fruta, según un estudio de la fundación WaterWise.

 

El agua se hace más atractiva para negocios e inversiones  futuras y son varias las empresas multinacionales como Nestlé, las que critican la provisión pública de este bien. Poco a poco, el agua va privatizándose, desde su infraestructura hasta sus fuentes, asemejándose más y más a un commodity.

 

En Misiones el tema comenzó a discutirse en 2014, pero ahora tomó fuerza. Las comisiones parlamentarias están analizando la iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Rovira, que buscar reconocer el valor económico estratégico del agua como recurso natural soberano, real y potencial que tiene por objeto el desarrollo económico, social y ambiental de Misiones. Bajo control estatal.

 

La ley va encadenada con otras que protegen la soberanía de Misiones sobre los recursos naturales y que pretenden que la Provincia reciba beneficios por su uso. La declaración de valor económico del agua alcanza al agua superficial de los ríos y arroyos, al agua subterránea y el agua atmosférica del territorio provincial como recurso soberano, de dominio originario, siendo sus beneficios económicos derivados de su explotación y usos, coparticipable con los municipios.

 

Esto es, asignar un valor económico a los ríos y arroyos, a las napas subterráneas e incluso a la acumulación de agua de lluvia cuando sea utilizada para generar algún beneficio económico.

 

El objetivo final es que la Provincia reciba regalías por la explotación del recurso natural, como ya sucede con algunas empresas que comenzaron a pagar por el uso industrial del agua, como Arauco –ex Alto Paraná-, Papel Misionero y otras de menor volumen económico pero igual uso intensivo. La medida alcanza incluso al agua del río que termina en la represa de Yacyretá. Es decir, Misiones podría recibir regalías por la energía generada, pero también cobrar por el uso del agua.

La iniciativa se trata en un momento clave en el que hay un impulso al uso de energías renovables. Sin embargo, los inversores quieren poner dinero siempre y cuando los recursos salgan “gratis” o a bajo costo.

 

Agustín Siboldi, socio del Estudio jurídico O‘Farrell, sostuvo que hay fondos para potenciar el uso de energías limpias, pero advirtió que “las provincias deben garantizar que el flujo de fondos no va a ser afectado”.

 

En defensa de esos fondos, el abogado señaló que “los inversores expresan temor de que se apliquen tributos para gravar el viento, sol o la biomasa”.

 

De cualquier modo, la mayoría de las legislaciones modernas ya no plantean la categorización del agua (en públicas o privadas), sino que la regulan en función del ciclo hidrológico y del valor estratégico económico, social y ambiental del recurso hídrico, incluyéndola sin distinciones en el dominio público, descartando así interpretaciones equívocas, y cerrando la puerta para el manejo y/o disposición de los particulares.

 

En Costa Rica se presentó un proyecto de Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico. En el régimen jurídico mendocino, donde la Ley 8051 procura la coordinación de acciones para adecuar los instrumentos fiscales relativos –entre otros aspectos– a la recuperación de la plusvalía, la asignación del recurso hídrico en todos sus usos es un factor que debe considerarse en la configuración del territorio mendocino, prestando especial atención al valor económico del agua, como indicador de la escasez y del costo de oportunidad de beneficiar a un uso y un espacio determinado , además de valerse de la experiencia en el derecho comparado que instrumenta la recuperación de la plusvalía por concesión de agua.

 

Por eso es clave que la ley determine el valor de los recursos naturales para después proyectar eventuales inversiones o aprovechamientos energéticos con un costo determinado.

 

Sin embargo, en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro alertó al mundo sobre la importancia del agua dulce en los programas de desarrollo.

 

La Agenda 21, en su capítulo 18 destinado a los recursos hídricos, se basa en la percepción del agua como parte esencial del ecosistema, un recurso natural, social y un bien económico cuya cantidad y calidad determinan como se la utilice.

 

La Conferencia Internacional de Agua y Medio Ambiente en Dublín dio cuatro principios básicos:

 

1°) El agua dulce es un recurso vulnerable y finito;

2°) El desarrollo y manejo del agua debe basarse en un enfoque participativo involucrando la mayor cantidad de actores;

3°) la mujer cumple un papel central en la provisión, el manejo y la protección del agua;

4°) El agua posee un valor económico en todos sus usos competitivos y, como tal, debe ser reconocido como un bien común.

 

En el ámbito nacional, recuerda la abogada especialista en temas ambientales, Ruth Duarte Ortellado, en 1994 con la reforma de la Constitución se sentaron normas fundamentales con respecto a los Recursos Naturales, tales como el artículo 124 donde reconoce a las provincias el dominio originario sobre sus Recursos. Y al ser un país federal, el artículo 75 dice que corresponde al congreso: reglamentar la libre navegación de los ríos interiores inc. 10, proveer lo conducente a la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas sus provincias…construcción de canales navegables… y la explotación de los ríos interiores (inc.).

 

En tanto, en el artículo 41 sobre el Derecho al Ambiente Sano, y en concordancia con el año 2002 cuando se dictó la Ley N 25.688 de Gestión Ambiental de Aguas, se empieza a tratar a las cuencas hídricas en su complejidad, ya que es el momento cuando se reconoce que los ríos dejan de ser meros accidentes geográficos o vías de navegación, para pasar a ser fuentes de desarrollo.

 

La mayor parte de las provincias cuentan con leyes sobre el uso del recurso hídrico, en las cuales establecen prioridades de uso, clasifican los usos y regulan concesiones. Esto es así, ya que el Estado en sus diversas formas (Nacional y Provincial) debe proteger este Recurso, a través de la regulación de su uso y aprovechamiento.

 

El Plan de Acción denominado Agenda 21, y que fue establecido por 179 países en la hasta entonces mayor cumbre mundial concretada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el MedioAmbiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, considera la noción del agua como un bien económico, y observa la utilidad de instrumentos económicos tales como fijación de precios.

 

El agua como commodity

 

Rovira proyecta que el Poder Ejecutivo constituya inversiones en “commodities” y establecer tarifas, considerando al agua como bien escaso, según sea su uso y explotación como energía, consumo humano e industrial.

 

Se incorporará al Presupuesto, como recurso especial, la cuenta que contabilizará el agua como recurso económico, como medida fehaciente de su valor, de manera de cuantificar su riqueza y compararla con el total de recursos y gastos de la Provincia.

 

Con la generación de los recursos, se creará la cuenta especial denominada “Fondo del Agua para el Desarrollo Sustentable” que cuantifica:

los ingresos directos a valor de mercado del equivalente de energía eléctrica correspondiente a la Provincia en el caso de los grandes aprovechamientos previstos en la Ley de Soberanía Energética; las regalías, indemnizaciones y/o compensaciones futuras por el uso del agua; el pago por servicios ambientales en virtud del cuidado del recurso natural hídrico; y otros ingresos por tarifas o emolumentos a percibir en función de los distintos usos, principalmente industrial y consumo humano fuera del territorio provincial.

Los recursos generados tienen un destino específico dentro de la ley.

En Educación, para generar políticas educativas y el 82% móvil universal, en especial para el sector docente y en salud, garantizar el servicio gratuito y de excelencia para todos.

Asimismo, se destinarán recursos para asegurar el derecho a la vivienda unifamiliar a todos los habitantes de la Provincia y para mejorar la infraestructura, con la concreción de las autovías sobre las rutas nacionales 12 y 14 y sobre las rutas provinciales, asfaltado de todos los caminos de colonias y poblados de la Provincia.

En cuanto al fomento de actividades económicas, se propone destinar fondos para electrificación urbana y rural universal y agua y conectividad para todos; entre otras.

Rovira hace una extensa argumentación sobre el valor económico de los recursos naturales. “En un planeta donde el agua dulce es un recurso escaso y que cada vez más es tenido en cuenta, también allí los misioneros hemos declarado nuestra soberanía del patrimonio natural. Hoy en el mundo un litro de agua es más caro que un litro de petróleo.
Solo por el hecho de que tenemos agua en abundancia, no estamos reconociendo la importancia que tiene. No voy a declinar, ni me voy a cansar de decir que lo más importante para los misioneros para corregir nuestro presente y sobre todo el futuro es el agua”, anuncia.
El agua es un producto natural, considerado desde el punto de vista industrial como una materia prima, y debe ser honrada, debe ser comprada y debe ser pagada. Todos los que hacen uso intensivo del agua para sus procesos industriales es norma que lo consideran como un insumo, y debería estar en la contabilidad de los costos –Arauco ya la incluye en sus balances como un costo-, así como se paga la materia prima para formar parte, luego, del producto terminado con un costo diferencial.

 

El 70% de la superficie del mundo está cubierta de agua, pero solo el 2,5% es agua dulce. Y de ese porcentaje de agua dulce el 77% está congelada en los casquetes polares y glaciares; de los 23% restante el 22,5% se presenta como humedad del suelo o se encuentra en profundos acuíferos subterráneos. Por lo tanto, menos del 1% de los recursos de agua dulce del mundo está al alcance del consumo humano que se encuentra en ríos y lagos.

 

Económicamente el agua, como cualquier otro bien, tiene un determinado valor de cambio que en cada región dependerá de manera inversamente proporcional a la facilidad de acceso que en esa zona se tenga a ella. El agua se ha convertido en el nuevo commodity del Siglo XXI.

Tal como ocurre con el petróleo o la soja, las condiciones están dadas para que el agua tenga una cotización. Pensar que el agua, como el aire, es un bien gratuito, no tiene fundamento alguno; se basa esta afirmación en que para que el agua llegue a la población de manera potable y fresca tiene que pasar por todo un sistema de transporte y purificación que exige grandes inversiones privadas o estatales.

 

Al ser su valor de cambio, hoy día, muy bajo, esas limitantes de los medios de transporte y logística condicionan el que no se haya podido desarrollar un “mercado del agua”. Pero no hay dudas que en el futuro ese mercado se desarrolle, dependiendo de la mayor escasez relativa.

En las jornadas “El agua es vida” en Bolsa de Comercio de Rosario se afirmó lo mencionado en el párrafo anterior y como ejemplo de cómo estos condicionamientos hacen que el agua se comercialice a través de otros productos, se mencionó a China, que tiene relativamente poca agua (unos 2.200 metros cúbicos anuales per cápita) si se tiene en cuenta que el promedio per cápita anual es de 8.513 metros cúbicos. Al comprar soja, maíz o trigo a Brasil o Argentina, también compran indirectamente agua.

En el año 2004, una compañía de Helsinki (Finlandia) envió 1.400.000 de botellas de agua finlandesa embotellada a 4.345 kilómetros a Arabia Saudita. Finlandia es un país con cientos de ríos, lagos, y una costa muy grande.

El gobierno de Finlandia se puso como meta que los actores finlandeses involucrados en el sector del agua se comprometan a una cooperación de largo plazo entre ellos y con otros sectores involucrados. Al hacer esto no solo se aseguran de que los recurso del país se mantengan estables, sino también que se puede cooperar con instituciones internacionales para

 

El agua está próxima a adquirir la condición de oro azul, una commodity escasa, reñida, transportada de un país a otro y, posiblemente, vendida a quien haga la mejor oferta, una situación que constituye un riesgo y también una oportunidad.

 

En el caso de la industria mundial del agua, cuyo valor estimado es de 400 a 500 mil millones de dólares, las amenazas a la forma tradicional de distribución de ese bien no dejan de ser también una oportunidad.

En este contexto a nivel global, considerando la riqueza de recursos hídricos en el territorio de Misiones, se desprende como necesario fijar Tarifas potenciales variables y proporcionales a la creciente necesidad y escasez de este recurso hídrico con valor potencial, a través de mecanismos de mercado para cargar un precio a la utilización de los servicios potenciales o para acceder al producto final, con una unidad de medida especial, hasta el momento no cotizados pero muy valiosos, que proporciona la materia prima más importante de la Provincia.

 

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