Embid advirtió en Misiones que “las decisiones sobre el agua sin debate público son terribles”
La visita del jurista español Antonio Embid Irujo a Misiones dejó algo más que una agenda académica. El profesor emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza instaló en Posadas una discusión de fondo sobre agua, energía, infraestructura y sostenibilidad, en momentos en que la región enfrenta tensiones crecientes entre preservación ambiental, desarrollo productivo y demanda energética.
Invitado por la Universidad Gastón Dachary (UGD), Embid participó del Seminario Internacional “Cambio Climático y Gobernanza del Agua: Perspectivas jurídicas, ambientales y culturales” y de la presentación de una propuesta de doctorado internacional en Derecho con anclaje regional para Misiones y el NEA.
Pero el núcleo político e institucional de su paso por la provincia estuvo en otro lugar: la necesidad de construir reglas modernas de gestión del agua y discutir públicamente el futuro de las grandes infraestructuras estratégicas.
“El agua abundante también puede convertirse en un problema”
Durante una entrevista concedida en el marco de su visita, Embid relativizó la idea de que Misiones está exenta de riesgos hídricos por su abundancia de agua.
“El problema fundamental hoy no es solamente tener agua, sino que sea potable y segura para el consumo humano”, sostuvo. Desde su mirada, la discusión contemporánea ya no se limita a la disponibilidad del recurso, sino a la calidad, la infraestructura de potabilización y la capacidad de sostener sistemas eficientes de abastecimiento.
El especialista remarcó que incluso territorios privilegiados desde el punto de vista hídrico pueden enfrentar problemas derivados de inundaciones, sequías o deficiencias estructurales en distribución y saneamiento.
La observación adquiere relevancia en una provincia atravesada por debates sobre expansión urbana, infraestructura pública y presión sobre recursos naturales estratégicos.
Uno de los planteos centrales de Embid fue la necesidad de contar con marcos regulatorios modernos que definan prioridades claras en el uso del agua.
Según explicó, las legislaciones contemporáneas establecen una jerarquía encabezada por el consumo humano, seguida por el uso agrario, industrial y energético. Para el jurista, el acceso al recurso por parte de los sectores productivos debe estar regulado mediante títulos jurídicos otorgados por el poder público.
La definición no es menor en una provincia donde el agua atraviesa actividades forestales, agrícolas, industriales, turísticas y energéticas.
En ese punto, Embid evitó ingresar en discusiones ideológicas sobre gestión estatal o privada del servicio. “Lo importante es que funcione con eficiencia y al menor costo posible”, señaló, aunque remarcó que en la mayor parte del mundo las grandes infraestructuras de abastecimiento continúan bajo titularidad pública.
Corpus, energía y sostenibilidad: el debate que vuelve
La entrevista también ingresó en uno de los debates históricos de Misiones: la posibilidad de avanzar en nuevas represas hidroeléctricas sobre el río Paraná.
Consultado sobre la eventual reapertura de la discusión en torno a Corpus, Embid evitó pronunciarse sobre el proyecto específico, aunque dejó una definición conceptual fuerte: “Las decisiones sin debate en estos temas son terribles normalmente”.
El jurista reivindicó la necesidad de plebiscitos, consultas públicas y procesos de evaluación ambiental previos a cualquier gran infraestructura. A su entender, la legitimidad de esas obras depende de que la sociedad conozca de antemano impactos, beneficios, territorios afectados y consecuencias ambientales.
“Sin información absolutamente difundida no se deberían adoptar esas decisiones”, afirmó.
La postura introduce un elemento institucional relevante en un contexto donde la discusión energética vuelve lentamente a escena impulsada por proyecciones de aumento de demanda eléctrica a mediano plazo.
Embid también buscó desmontar interpretaciones sobre una supuesta retirada europea de la energía hidroeléctrica.
Según explicó, en España no se eliminaron grandes represas hidroeléctricas, sino pequeñas infraestructuras obsoletas que interrumpían el flujo natural de los ríos y ya no cumplían funciones productivas.
El proceso responde —detalló— a directrices de la Unión Europea orientadas a la restauración ambiental y a recuperar dinámicas naturales de los cursos de agua.
Aun así, defendió la energía hidroeléctrica como fuente limpia dentro de las estrategias frente al cambio climático, aunque insistió en que cualquier nuevo desarrollo debe atravesar evaluaciones ambientales rigurosas y análisis de sostenibilidad.
La UGD busca posicionar a Misiones en una agenda jurídica regional
La presencia de Embid también funcionó como plataforma para presentar el Doctorado en Derecho de la Universidad de Zaragoza, una iniciativa impulsada junto a la UGD que permitirá a profesionales del NEA desarrollar trayectos doctorales internacionales sin residencia permanente en España.
La propuesta apunta especialmente a líneas vinculadas con derecho ambiental, recursos naturales, integración regional y gobernanza hídrica.
La elección de Misiones como punto de articulación no parece casual. La provincia concentra biodiversidad, recursos hídricos estratégicos y una ubicación transfronteriza que la convierte en un laboratorio natural para discusiones jurídicas sobre sostenibilidad, regulación ambiental y desarrollo.
Más allá de la actividad universitaria, el paso de Embid dejó instalada una discusión que empieza a ganar densidad institucional en el NEA: cómo compatibilizar crecimiento económico, expansión energética y preservación ambiental en un escenario atravesado por cambio climático y nuevas exigencias regulatorias internacionales.
El jurista español insistió en que el desarrollo sostenible implica precisamente eso: crear infraestructura y actividad económica sin deteriorar el recurso que deberá sostener a futuras generaciones.
Para Misiones, donde conviven presión productiva, patrimonio natural y demandas de infraestructura, la discusión sobre agua y energía podría dejar de ser exclusivamente técnica para transformarse en un eje cada vez más político y estratégico.
El modo en que evolucionen esos debates —y el nivel de consenso público que logren construir— aparece como una de las variables que marcarán la agenda ambiental e institucional de la región en los próximos años.
