AGUA

Encuesta: 85% de los argentinos pide proteger los recursos estratégicos

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Una nueva encuesta nacional de Zuban Córdoba y Asociados revela un amplio consenso social alrededor de conceptos vinculados con la soberanía económica y política, pero con una particularidad: la mayoría de los argentinos no plantea como alternativa el aislamiento internacional.

Por el contrario, la posición predominante podría sintetizarse en una fórmula: abrirse al mundo, pero cuidando lo propio.

Ante la consulta sobre cuál debería ser el rumbo económico-internacional de la Argentina, 60,5% eligió “abrirse al mundo pero cuidando los recursos estratégicos”. Otro 24,5% sostuvo una posición todavía más restrictiva y consideró que “el país debe reservar exclusivamente para sí la explotación de todos sus recursos”. Apenas 14,2% optó por “abrir la economía al mundo, sin restricciones”.

La suma resulta contundente: 85% de los encuestados se identifica con alguna forma de protección de los recursos nacionales, aunque existen diferencias importantes acerca del grado que debería asumir esa protección.

Ese matiz es central para interpretar los resultados. La encuesta no muestra una sociedad mayoritariamente partidaria del aislamiento económico. El núcleo más numeroso -seis de cada diez argentinos- acepta la apertura internacional, pero demanda que esa inserción tenga límites cuando están en juego activos considerados estratégicos.

Litio, tierras y agua: 81,8% quiere mayoría argentina

El consenso se vuelve todavía más marcado cuando la encuesta abandona los conceptos generales y pregunta específicamente por los recursos naturales.

El 81,8% está de acuerdo con que los recursos estratégicos -entre los que el estudio menciona litio, tierras y agua- permanezcan mayoritariamente en manos de argentinos.

Solamente 16,5% está en desacuerdo y 1,7% no sabe qué responder.

La amplitud de la diferencia es significativa: hay prácticamente cinco personas favorables por cada una que rechaza esa posición.

El resultado adquiere relevancia en momentos en que recursos naturales y minerales críticos ganan protagonismo dentro de la economía mundial. La discusión sobre quién controla esos activos, cómo se explotan y cuánto valor queda dentro de las economías que los poseen comienza a formar parte de una nueva agenda internacional.

Y en Argentina, según la encuesta, existe una opinión ampliamente mayoritaria: la explotación puede admitir participación externa, pero el control mayoritario debería permanecer en manos nacionales.

Una segunda respuesta conecta directamente esa percepción con la política económica.

Ante la afirmación de que “es más importante proteger la producción y la industria nacional”, 74,1% manifestó estar de acuerdo, frente a 23% que expresó su desacuerdo y apenas 2,9% que no tomó posición.

El resultado incorpora una dimensión especialmente sensible para las provincias productivas.

La discusión sobre apertura comercial no aparece, al menos según este estudio, desligada de sus consecuencias sobre la estructura económica doméstica. Una amplia mayoría demanda algún grado de protección para las empresas y actividades que producen dentro del país.

El dato también permite entender mejor la respuesta anterior.

Cuando se pregunta genéricamente por una “economía abierta al mundo sin restricciones”, solamente 14,2% se identifica con esa alternativa. La opción dominante no es cerrar la economía: es abrirla bajo determinadas condiciones.

La misma lógica se reproduce en política exterior.

El 77,9% de los consultados considera que Argentina debería tomar sus decisiones de acuerdo con sus propios intereses, sin alinearse automáticamente con potencias extranjeras. El 19,6% está en desacuerdo y 2,5% no sabe.

La respuesta no identifica específicamente a ninguna potencia ni establece cuál debería ser la orientación diplomática argentina. Por eso, el resultado debe leerse con cautela: lo que registra es una demanda de autonomía, no necesariamente una preferencia geopolítica concreta.

Pero vuelve a aparecer un patrón común en prácticamente todo el estudio: la reivindicación de un margen propio de decisión para la Argentina reúne porcentajes superiores al 70%.

Un rechazo contundente a considerar “anticuada” la soberanía

El disparador de la encuesta fue una afirmación atribuida por el estudio al canciller Pablo Quirno, según la cual el concepto de soberanía nacional sería “anticuado”.

La reacción recogida por Zuban Córdoba fue ampliamente negativa.

El 66,7% manifestó estar “muy en desacuerdo” y otro 7,6% “algo en desacuerdo”. Sumadas ambas categorías, 74,3% rechaza la afirmación.

En sentido contrario, 12,9% dijo estar “algo de acuerdo” y 5,9% “muy de acuerdo”, lo que lleva el respaldo total a 18,8%. El restante 6,9% respondió que no sabe.

La intensidad de la respuesta también importa. No solamente existe una mayoría en desacuerdo: dos de cada tres argentinos eligieron la categoría más terminante disponible, “muy en desacuerdo”.

Entre el rechazo y la aceptación de la afirmación existe una distancia de 55,5 puntos porcentuales.

La última pregunta transforma esas opiniones generales en una hipótesis electoral.

Pensando en las próximas elecciones presidenciales, la consultora preguntó si el entrevistado consideraría priorizar su voto hacia “la propuesta más nacionalista/soberanista en temas de tierras y recursos naturales y relaciones internacionales”. El 65,3% respondió que sí.

Otro 24,3% contestó que no y 10,4% todavía no tiene una posición definida.

Es probablemente el dato políticamente más relevante del estudio.

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Misiones: familias rurales que participan de proyecto de restauración de la selva mejoran su acceso al agua

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Casi 100 familias rurales del municipio de San Pedro, Misiones, mejoraron en más de 5 veces el volumen de agua disponible en sus hogares, pasando de 300 a más de 1500 litros diarios. Las familias, participantes del proyecto “Restaurando la Selva Misionera para las Personas y la Naturaleza” que impulsa la Fundación Vida Silvestre Argentina, hoy cuentan con acceso estable a agua para consumo –previa ebullición o cloración-, higiene y producción. Este logro fue posible mediante un trabajo conjunto que combina restauración ambiental, fortalecimiento comunitario e infraestructura adaptada a las necesidades locales.

Para muchas familias de la zona, acceder al agua implicaba, hasta hace poco, recorrer más de 500 metros con baldes y bidones, depender de vecinos o utilizar vertientes con escasa disponibilidad”, señaló Lucía Lazzari, coordinadora de biodiversidad de Fundación Vida Silvestre Argentina. “Hoy, esa realidad cambió absolutamente. Las soluciones fueron pensadas caso por caso, realizando un relevamiento previo y en contante diálogo entre las familias y el equipo técnico, buscando garantizar agua de mejor calidad y en cantidad suficiente“, agregó.

La Fundación Vida Silvestre Argentina, en conjunto con el INTA y la Municipalidad de San Pedro impulsan acciones buscando la recuperación de la selva misionera y la conservación de la biodiversidad. Para ello se desarrollan diferentes estrategias como el fortalecimiento de actividades productivas amigables con el ambiente y el desarrollo sostenible de las comunidades rurales. En este marco, se realizaron mejoras en sistemas de captación, almacenamiento y distribución de agua provenientes de vertientes naturales.

Los trabajos incluyeron la protección de nacientes de agua, la construcción y mejora de reservorios, la instalación de sistemas de bombeo y tanques de almacenamiento, y la adecuación de infraestructuras que permiten llevar agua directamente hasta las viviendas. Cada intervención fue diseñada junto a las familias, considerando las características particulares de cada chacra, la ubicación de las vertientes y las necesidades de quienes viven y producen en el territorio.

Los resultados son visibles

Las familias disponían, en promedio, de alrededor de 300 litros diarios. Actualmente cuentan con reservorios con poco más de 1.700 litros de agua para consumo –luego de hervirla o clorarla- y producción. Algunas familias contaban con menos de 50 litros diarios para consumo –según la Organización Mundial de la Salud se necesitan entre 50 y 100 litros por persona por día para cubrir necesidades básicas– y/o la necesidad de transportar agua en baldes y bidones desde más de 500 metros de sus casas. Hoy además cuentan con sistemas que permiten disponer de agua directamente en sus hogares.

Este cambio representa mejores condiciones de higiene, menos esfuerzo destinado al acarreo de agua y mayores oportunidades para fortalecer pequeñas producciones rurales.

Estas acciones forman parte de una visión integral del desarrollo sostenible que buscamos junto a las familias, donde promueve la conservación y restauración de la selva de la mano de mejorar la calidad de vida de las comunidades locales”, concluyó Lazzari.

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Embid advirtió en Misiones que “las decisiones sobre el agua sin debate público son terribles”

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La visita del jurista español Antonio Embid Irujo a Misiones dejó algo más que una agenda académica. El profesor emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza instaló en Posadas una discusión de fondo sobre agua, energía, infraestructura y sostenibilidad, en momentos en que la región enfrenta tensiones crecientes entre preservación ambiental, desarrollo productivo y demanda energética.

Invitado por la Universidad Gastón Dachary (UGD), Embid participó del Seminario Internacional “Cambio Climático y Gobernanza del Agua: Perspectivas jurídicas, ambientales y culturales” y de la presentación de una propuesta de doctorado internacional en Derecho con anclaje regional para Misiones y el NEA.

Pero el núcleo político e institucional de su paso por la provincia estuvo en otro lugar: la necesidad de construir reglas modernas de gestión del agua y discutir públicamente el futuro de las grandes infraestructuras estratégicas.

“El agua abundante también puede convertirse en un problema”

Durante una entrevista concedida en el marco de su visita, Embid relativizó la idea de que Misiones está exenta de riesgos hídricos por su abundancia de agua.

“El problema fundamental hoy no es solamente tener agua, sino que sea potable y segura para el consumo humano”, sostuvo. Desde su mirada, la discusión contemporánea ya no se limita a la disponibilidad del recurso, sino a la calidad, la infraestructura de potabilización y la capacidad de sostener sistemas eficientes de abastecimiento.

El especialista remarcó que incluso territorios privilegiados desde el punto de vista hídrico pueden enfrentar problemas derivados de inundaciones, sequías o deficiencias estructurales en distribución y saneamiento.

La observación adquiere relevancia en una provincia atravesada por debates sobre expansión urbana, infraestructura pública y presión sobre recursos naturales estratégicos.

Uno de los planteos centrales de Embid fue la necesidad de contar con marcos regulatorios modernos que definan prioridades claras en el uso del agua.

Según explicó, las legislaciones contemporáneas establecen una jerarquía encabezada por el consumo humano, seguida por el uso agrario, industrial y energético. Para el jurista, el acceso al recurso por parte de los sectores productivos debe estar regulado mediante títulos jurídicos otorgados por el poder público.

La definición no es menor en una provincia donde el agua atraviesa actividades forestales, agrícolas, industriales, turísticas y energéticas.

En ese punto, Embid evitó ingresar en discusiones ideológicas sobre gestión estatal o privada del servicio. “Lo importante es que funcione con eficiencia y al menor costo posible”, señaló, aunque remarcó que en la mayor parte del mundo las grandes infraestructuras de abastecimiento continúan bajo titularidad pública.

Corpus, energía y sostenibilidad: el debate que vuelve

La entrevista también ingresó en uno de los debates históricos de Misiones: la posibilidad de avanzar en nuevas represas hidroeléctricas sobre el río Paraná.

Consultado sobre la eventual reapertura de la discusión en torno a Corpus, Embid evitó pronunciarse sobre el proyecto específico, aunque dejó una definición conceptual fuerte: “Las decisiones sin debate en estos temas son terribles normalmente”.

El jurista reivindicó la necesidad de plebiscitos, consultas públicas y procesos de evaluación ambiental previos a cualquier gran infraestructura. A su entender, la legitimidad de esas obras depende de que la sociedad conozca de antemano impactos, beneficios, territorios afectados y consecuencias ambientales.

“Sin información absolutamente difundida no se deberían adoptar esas decisiones”, afirmó.

La postura introduce un elemento institucional relevante en un contexto donde la discusión energética vuelve lentamente a escena impulsada por proyecciones de aumento de demanda eléctrica a mediano plazo.

Embid también buscó desmontar interpretaciones sobre una supuesta retirada europea de la energía hidroeléctrica.

Según explicó, en España no se eliminaron grandes represas hidroeléctricas, sino pequeñas infraestructuras obsoletas que interrumpían el flujo natural de los ríos y ya no cumplían funciones productivas.

El proceso responde —detalló— a directrices de la Unión Europea orientadas a la restauración ambiental y a recuperar dinámicas naturales de los cursos de agua.

Aun así, defendió la energía hidroeléctrica como fuente limpia dentro de las estrategias frente al cambio climático, aunque insistió en que cualquier nuevo desarrollo debe atravesar evaluaciones ambientales rigurosas y análisis de sostenibilidad.

La UGD busca posicionar a Misiones en una agenda jurídica regional

La presencia de Embid también funcionó como plataforma para presentar el Doctorado en Derecho de la Universidad de Zaragoza, una iniciativa impulsada junto a la UGD que permitirá a profesionales del NEA desarrollar trayectos doctorales internacionales sin residencia permanente en España.

La propuesta apunta especialmente a líneas vinculadas con derecho ambiental, recursos naturales, integración regional y gobernanza hídrica.

La elección de Misiones como punto de articulación no parece casual. La provincia concentra biodiversidad, recursos hídricos estratégicos y una ubicación transfronteriza que la convierte en un laboratorio natural para discusiones jurídicas sobre sostenibilidad, regulación ambiental y desarrollo.

Más allá de la actividad universitaria, el paso de Embid dejó instalada una discusión que empieza a ganar densidad institucional en el NEA: cómo compatibilizar crecimiento económico, expansión energética y preservación ambiental en un escenario atravesado por cambio climático y nuevas exigencias regulatorias internacionales.

El jurista español insistió en que el desarrollo sostenible implica precisamente eso: crear infraestructura y actividad económica sin deteriorar el recurso que deberá sostener a futuras generaciones.

Para Misiones, donde conviven presión productiva, patrimonio natural y demandas de infraestructura, la discusión sobre agua y energía podría dejar de ser exclusivamente técnica para transformarse en un eje cada vez más político y estratégico.

El modo en que evolucionen esos debates —y el nivel de consenso público que logren construir— aparece como una de las variables que marcarán la agenda ambiental e institucional de la región en los próximos años.

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La UGD activa una agenda jurídica regional con foco en agua, cambio climático y formación doctoral internacional

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La Universidad Gastón Dachary (UGD) puso en marcha esta semana una doble iniciativa orientada a consolidar una agenda jurídica con proyección regional e internacional: un seminario sobre cambio climático y gobernanza del agua y la presentación de un programa doctoral en Derecho vinculado a la Universidad de Zaragoza. Ambas actividades cuentan con la participación del jurista español Antonio Embid Irujo, referente iberoamericano en derecho de aguas y medio ambiente.

La propuesta combina formación académica, discusión institucional y debate sobre políticas públicas vinculadas a recursos estratégicos. En una provincia atravesada por discusiones sobre preservación ambiental, infraestructura energética y uso productivo del agua, el eje hídrico deja de ser exclusivamente ambiental para ingresar de lleno en el terreno del desarrollo, la regulación y la gobernanza.

El Seminario Internacional “Cambio Climático y Gobernanza del Agua: Perspectivas jurídicas, ambientales y culturales”, realizado en la sede central de la UGD, profundiza una línea de trabajo iniciada en 2025 sobre gestión hídrica trinacional y desarrollo sostenible en la región de frontera.

El nuevo enfoque incorpora variables que exceden la discusión técnica tradicional: derecho humano al agua, justicia ambiental, litigación climática, preservación del Acuífero Guaraní y regulación del uso de los recursos naturales en escenarios de mayor presión climática y productiva.

La actividad reunió a especialistas nacionales e internacionales junto a representantes institucionales vinculados a biodiversidad, derecho ambiental y gestión pública. Desde el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) se presentaron trabajos sobre conservación del patrimonio natural y legislación aplicada a los recursos hídricos provinciales.

La agenda no es menor para Misiones. Aunque la provincia posee disponibilidad hídrica superior a otras regiones del país, el debate comienza a desplazarse desde la abundancia hacia la calidad del agua, la infraestructura de potabilización y los criterios de sostenibilidad para actividades productivas y energéticas.

Embid: “El debate público debe preceder cualquier gran infraestructura”

Durante una entrevista concedida a Economis en el marco de su visita, Antonio Embid Irujo planteó que los grandes proyectos vinculados al agua y la energía requieren discusión pública, evaluación ambiental y legitimidad social previa.

El especialista señaló que el acceso al agua para consumo humano debe ocupar el primer nivel en la jerarquía de usos, seguido por los sectores productivos, agrícolas e industriales, bajo esquemas regulatorios modernos y con intervención del poder público.

En esa línea, el jurista vinculó el debate energético con la sostenibilidad ambiental, en referencia a discusiones históricas en Misiones sobre proyectos hidroeléctricos sobre el río Paraná. Según sostuvo, la construcción de grandes infraestructuras debe contemplar evaluación de impacto ambiental, análisis económico y participación ciudadana.

También remarcó que en Europa las decisiones sobre obras de gran escala vinculadas al agua no avanzan sin procesos formales de consulta y difusión pública. Para Embid, el problema no pasa exclusivamente por definir si la infraestructura es estatal o privada, sino por garantizar eficiencia, calidad del servicio y acceso seguro al agua potable.

Un doctorado internacional con base en Misiones

El segundo eje de la visita apunta al fortalecimiento académico regional. La UGD presentará el Doctorado en Derecho de la Universidad de Zaragoza, una propuesta orientada a profesionales de Misiones y el NEA que permitirá desarrollar trayectos doctorales sin residencia permanente en España.

El esquema prevé seguimiento académico, definición de líneas de investigación y actividades presenciales periódicas en la provincia junto a docentes e investigadores españoles.

La iniciativa busca construir masa crítica regional en áreas vinculadas a derecho ambiental, gobernanza de recursos naturales, integración regional y políticas públicas. La articulación con un equipo académico especializado en agua y sostenibilidad adquiere relevancia en una región marcada por la biodiversidad, los recursos hídricos y las tensiones entre conservación y desarrollo productivo.

La discusión ambiental entra en una nueva etapa institucional

La actividad impulsada por la UGD refleja además un cambio en el tipo de discusión jurídica y política que empieza a consolidarse en el NEA. El debate ya no se limita a la preservación ambiental como concepto abstracto, sino que incorpora variables de infraestructura, seguridad hídrica, energía, inversión y regulación estatal.

En la entrevista, Embid insistió en que el desarrollo sostenible implica compatibilizar crecimiento económico, creación de empleo y conservación del recurso para futuras generaciones. Bajo esa lógica, la sostenibilidad aparece como criterio ordenador de decisiones públicas que involucran desde producción hasta obras energéticas.

Para Misiones, donde conviven demandas de expansión económica con una fuerte identidad ambiental, la evolución de estas discusiones podría impactar tanto en políticas públicas como en futuros marcos regulatorios vinculados al agua, energía y uso territorial.

La agenda presentada por la UGD deja planteado un escenario de mediano plazo donde el derecho ambiental, la gestión del agua y la gobernanza climática ganarán centralidad institucional.

El avance de proyectos energéticos, la presión sobre infraestructura hídrica, las exigencias internacionales sobre sostenibilidad y la necesidad de financiamiento para obras públicas podrían convertir estos debates en un componente cada vez más relevante de la agenda regional.

La evolución de la discusión dependerá de cómo se articulen universidad, Estado, sistema judicial y sectores productivos en torno a un tema que, aunque históricamente asociado al ambiente, empieza a ser leído también como un factor de competitividad, gobernabilidad y planificación estratégica.

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Herrera Ahuad propone reducir el IVA al agua potable por ley

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El diputado nacional de Encuentro Misionero, Oscar Herrera Ahuad, presentó un proyecto de ley que propone reducir del 21% al 10,5% el IVA aplicado sobre la provisión de agua potable. Pero detrás de la modificación tributaria nacional aparece una discusión política más profunda: el rol del Estado frente a los servicios esenciales y la presión fiscal que soportan los hogares argentinos.

La iniciativa plantea incorporar el servicio de agua potable dentro de las actividades alcanzadas por la alícuota reducida del IVA, argumentando que el esquema nacional actual resulta incompatible con la condición de derecho humano fundamental que posee el acceso al agua potable.

Sin embargo, el trasfondo político del proyecto va más allá del aspecto técnico tributario. En un escenario nacional atravesado por recortes, ajuste fiscal y debates sobre subsidios y tarifas, la propuesta de Herrera Ahuad se posiciona como un mensaje orientado a discutir cuáles deben ser los límites de la carga impositiva sobre bienes esenciales.

Un debate sobre impuestos y derechos básicos

El proyecto pone sobre la mesa una discusión que atraviesa a toda la Argentina: hasta qué punto el sistema tributario nacional puede tratar igual a consumos esenciales y a bienes prescindibles.

En los fundamentos, el exgobernador sostiene que el agua potable no puede continuar soportando una alícuota del 21%, equivalente a la tasa general del IVA, mientras otros bienes y servicios ya cuentan con tratamientos diferenciales por razones sociales o estratégicas.

La mirada política del proyecto se apoya en una lógica de protección del acceso básico a servicios esenciales, una postura que históricamente fue defendida desde distintos espacios provinciales y federales frente a políticas nacionales de ajuste o desregulación.

En ese sentido, la propuesta de Encuentro Misionero vuelve a colocar en agenda un enfoque que combina equilibrio fiscal con mecanismos de alivio social sobre consumos considerados imprescindibles.

El impacto social como eje político

Uno de los puntos centrales del proyecto es el reconocimiento del carácter regresivo del IVA. Herrera Ahuad plantea que el impuesto afecta proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos, especialmente cuando recae sobre servicios que no pueden dejar de consumirse.

Desde esa perspectiva, la reducción del IVA sobre el agua aparece no sólo como una herramienta económica, sino también como una definición política vinculada al acceso igualitario a derechos básicos.

El texto destaca que el beneficio alcanzaría de manera directa a todos los usuarios residenciales del país, generando un alivio automático sobre las facturas sin necesidad de nuevos sistemas de subsidios o mecanismos burocráticos.

Señal política desde Misiones

La presentación del proyecto también tiene lectura política en clave federal. Desde hace años, distintos dirigentes misioneros vienen sosteniendo críticas hacia la estructura tributaria nacional y el esquema de distribución de recursos.

En ese contexto, la iniciativa de Herrera Ahuad busca posicionar a Misiones dentro del debate nacional sobre tarifas, presión impositiva y servicios públicos, impulsando una propuesta concreta vinculada a uno de los consumos más sensibles para la población.

Además, el proyecto aparece en un momento donde el Congreso comienza a reactivar discusiones vinculadas al costo de vida, ingresos y sostenimiento de servicios esenciales, temas que atraviesan de lleno la agenda social y política argentina.

La propuesta deberá ahora avanzar en el tratamiento parlamentario, donde podría convertirse en un nuevo foco de discusión sobre la estructura del IVA, la función social de los impuestos y el alcance de las políticas públicas en un contexto de fuerte tensión económica.

Otra iniciativa para bajar impuestos

El diputado nacional Herrera Ahuad presentó días pasados un proyecto de ley que busca establecer una alícuota reducida del Impuesto al Valor Agregado del 10,5% para la fécula de mandioca, producto actualmente gravado con la alícuota general del 21%. La propuesta incorpora a la fécula de mandioca, comprendida en la Partida 1108.14.00 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), al artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997.

La iniciativa replica el tratamiento que recibió oportunamente la harina de trigo mediante la ley 26.151, que redujo su alícuota al 10,5%. En los fundamentos, Herrera Ahuad señala que la mandioca, junto con la yerba y el té, es uno de los cultivos más representativos de Misiones, y que existen alrededor de 10.000 productores distribuidos en la provincia, con el 75% de la producción destinada a consumo en fresco.

La dimensión industrial del sector tiene carácter exclusivo en el país. El 100% de las industrias que producen fécula se encuentran en la provincia de Misiones, con 11 industrias relevadas, de las cuales 4 son cooperativas y 7 empresas familiares. La cadena de valor involucra a productores, cooperativas, industrias de molienda y procesamiento, transportistas y empresas alimentarias.

La reducción fiscal tendría impacto en la competitividad del sector frente a mercados regionales como Brasil y Paraguay. Además, el proyecto destaca el uso de la fécula de mandioca en el desarrollo de alimentos innovadores para nichos de mercados específicos, como lo son los productos libres de gluten, con efectos en la sustitución de insumos importados y mayor disponibilidad de productos sin TACC.

El proyecto señala que la escala productiva del sector es relativamente acotada, con un volumen anual promedio cercano a las 18.000 toneladas, por lo que la adecuación de la alícuota no implicaría un impacto fiscal significativo a nivel nacional. En los fundamentos, el legislador remarcó que la medida constituye una herramienta estratégica para promover la inclusión alimentaria, el desarrollo regional y la competitividad del sector, al tiempo que corrige una inequidad tributaria histórica.

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