En qué consiste la reforma judicial anunciada por Alberto Fernández y cómo impactará en Misiones

“Democratizar la Justicia” es la frase en la que coinciden los juristas consultados por Economis sobre la propuesta de reforma que presentó el presidente Alberto Fernández. “Depurar Comodoro Py”, reflexionó un abogado penalista al apuntar que la política terminaba dirimiendo sus embates en las oficinas porteñas, incluso cuando se trataba de cuestiones que sucedían a miles de kilómetros, en provincias donde al ya fallecido Claudio Bonadío solo se lo veía en una pantalla de televisión.

La propuesta de Fernández apunta específicamente a descentralizar el poder de Comodoro Py, donde se concentra una docena de juzgados federales con competencias múltiples y cruzadas. En principio se separarán esas competencias y se pasará a 23 juzgados federales. Como cada juzgado tiene dos secretarías, cada una podrá a su vez quedarse con una competencia específica, por lo que en total habrá 46 juzgados federales. Para cubrir las vacantes se podrá usar subrogantes o los mismos secretarios -siempre que sus méritos lo avalen- quedarse a cargo hasta que se nombre el definitivo. 

La Cámara Federal Con la unificación de los fueros también se unen las cámaras de cada uno. Son dos tanto en Comodoro Py como en penal económico, por lo que el nuevo fuero tendrá cuatro salas con tres jueces cada una. Hoy en esas cuatro salas hay cinco vacantes, que dependen como se resuelva el tema de los traslados de Mauricio Macri pueden ser dos más. 

Con el proyecto se abren 23 cargos nuevos de jueces que deben ser ocupados por magistrados titulares. Para eso se debe hacer un concurso público que dura al menos dos años. Mientras tanto el proyecto de reforma judicial fija que esos lugares sean cubiertos por jueces subrogantes. Para eso se convocará a magistrados del fuero de instrucción –la Justicia penal ordinaria que investiga robos, violaciones, homicidios–. Deberán anotarse en una lista que analizará el Consejo de la Magistratura de la Nación para su aprobación y que enviará al Poder Ejecutivo. Y de allí al Senado para su aprobación final. Buscan cumplir con todos los pasos de nombramiento de un juez que fija la Constitución Nacional.

“Es una democratización porque estabas a la buena de Dios si te tocaba un Bonadío o un Canicoba Corral. Ahora está dividiendo el poder y reivindica algo que sostenemos las provincias. Consideró que faltó una reformulación específica del Consejo de la Magistratura, que es una cosa amorfa, indescifrable, llena de gente y poco eficiente”, señaló una jurista misionera de renombre.

Esa división de poderes tendrá incidencia también en las provincias. Misiones tiene cuatro juzgados federales -dos en Posadas: uno Civil, Comercial, Contencioso y Laboral y otro con competencia Penal y Electoral- y otros dos en Oberá y Eldorado, con competencia Penal, Comercial, Civil, Laboral. La cuestión Penal quedaría en soledad y podría por lo tanto haber tres nuevos juzgados. 

En Ciudad de Buenos Aires también habrá un traspaso de competencias. Actualmente un delito penal común que ocurre en la ciudad, es investigado por jueces federales. Ahora la ciudad que gobierna Horacio Rodríguez Larreta tendrá sus propios juzgados, similares a los de Misiones o cualquier otra provincia. 

La reforma judicial también incluye la creación de un Consejo de Asesores presidenciales (hay ausencia notable de especialistas del NEA- para revisar el funcionamiento de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura -el órgano que más críticas suscita- y sugerir mejoras. Una de las opciones en estudio es ampliar la Corte de cinco a nueve miembros -siete sería un número ideal, consideran los principales juristas misioneros-.

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