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Entre cales y arenas: el primer año de Alberto bajo lupa

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Hace un par de días nomás, se cumplió el primer año de la gestión presidencial de Alberto Fernández. Un inicio de mandato extremadamente particular teniendo en cuenta que la gran mayoría de las decisiones políticas fueron tomadas de forma reactiva ante el fenómeno del año 2020: la pandemia del Covid-19. 

No obstante, el más importante éxito de Fernández, la reestructuración de la deuda por el monto de u$s66.300 millones en títulos públicos emitidos bajo ley extranjera, poco estuvo influenciado por el Coronavirus. El ministro de Economía, Martín Guzmán logró imponer su principio de la sostenibilidad de la deuda consensuando con tres grandes grupos de acreedores antes de llegar a la instancia de default formal. Con la reestructuración la Argentina vuelve a tener acceso al mercado financiero internacional, clave dentro del contexto de pandemia, confinamiento y recesión mundial.  

El principio de sostenibilidad implicó adecuar los compromisos de pago de manera que éstos no restrinjan el crecimiento del país en su recuperación productiva y, por ende, de la capacidad de pago. El resultado fue una quita del monto de la deuda de aproximadamente entre el 30% y 35%, por demás eficiente, si consideramos el peso en las negociaciones que tienen los países de ingresos medios con acreedores privados organizados. El comienzo del pago del capital, así como la suba de los porcentajes de intereses serán a partir de 2024, dejando un respiro de recursos, en el corto plazo, para la recuperación económica (Nemiña y Val, 2020).  

Segunda política exitosa,la ayuda financiera excepcional a las empresas privadas con actividades consideradas críticas en un año de Asilamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y, posteriormente Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) que hizo caer la economía en un 12% del PBI. 

Bajo el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Estado Nacional se está haciendo cargo de un 50% a un 100% de los salarios netos de empleados en relación de dependencia de empresas con las actividades más afectadas por la pandemia hasta el mes de diciembre del corriente año. Se complementa a esta medida con una línea de crédito a tasa de interés 0 a los trabajadores autónomos y monotributistas, y otra línea de crédito a tasa subsidiada a empresas, cuyas actividades no están consideradas críticas, para el pago de sueldos de empleados. Este programa vigente ayuda amortiguar el impacto nefasto en las pymes durante la pandemia. No obstante, sumando la presión tributaria federal consolidada de un 42% del PBI, la alta inflación, la baja en nivel de ventas por recesión y la prohibición de despidos, el beneficio neto de esta intervención gubernamental termina siendo al menos relativa. 

La tercera, ayuda financiera de excepción para trabajadores informales y monotributistas de las categorías de facturación más bajas entre 18 y 65 años que están asociados con las condiciones de vida más vulnerables previos a la pandemia. Muchos de los beneficiarios percibieron este Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por ser a la vez parte de hogares que cobraban los montos Asignaciones Universal Por Hijo, Asignación por Embarazo y/o PROGRESAR a través de la ANSES.  

El IFE, intervención ya expirada, tuvo una cobertura en promedio de 8 millones de familias argentinas, a través de tres pagos únicos de $10.000 pesos. El NEA junto con el NOA fueron las dos las regiones que más beneficiarios tuvieron en términos relativos: alcanzando en Chaco y Formosa a un cuarto de la totalidad de habitantes.     

El objetivo del programa nacional fue que más personas no cayeran en la indigencia, se podría decir que no se cumplió según el informe de la semana pasada del Observatorio de la Deuda Social de la UCA la indigencia aumento a un 10% de la total población. Sin embargo, el IFE si ayudo a que el crecimiento de la indigencia sea mucho menor, según el ministro de Desarrollo social, sin la efectivizarían de este programa la indigencia actual estaría rondando el 18 %. El IFE es el programa que más disminuyo el crecimiento de la indigencia en tiempos de pandemia mucho más que el programa ALIMENTAR (-1,6%), AUH y otros combinados (-7,7%).  

El buen funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) aún en tiempos de confinamiento nacional que sin dudas dificultó la recolección de datos. El presidente mismo, admitió que en la administración de Cambiemos el organismo fue más confiable en sus mediciones que durante los últimos años del mandato de Cristina. El INDEC versión 2020 publicó hasta ahora todos los informes estipulados en tiempo y forma, siguiendo la línea de mantener la confiabilidad alcanzada. Esta vez con menor validez, producto de la insuficiencia de encuestas presenciales. En un año de flagelo económico-social inédito por la pandemia mundial, sumado a problemas previos, el INDEC funcionando como un ‘buen termómetro’ en palabras propias del presidente, volviéndose en una voz denunciante, desde el dato, de las deudas crónicas de la clase política argentina: pobreza, indigencia, inflación, desocupación y condición de vida de los hogares son algunos de los ejemplos.  

La revalorización del Ministerio de Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y su Organismo descentralizado por excelencia el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). La Ciencia y Tecnología no solamente volvió a su rango ministerial, sino que, además, su presupuesto para este año fue levemente mayor en términos reales con respecto al del anterior año. Según lo proyectado para el presupuesto 2021, la cartera tendrá casi una cuarta parte más de recursos en términos reales que durante el último año de la presidencia de Mauricio Macri. Esto incide en la cantidad y calidad de I+D que se realizan desde el CONICET en conjunto con el sector privado. Por ejemplo, este año, hubo flamantes innovaciones tendientes a fortalecer el sistema de salud público: la creación de test de diagnóstico rápido –mediante saliva- de COVID-19, ya aprobada por la ANMAT; el desarrollo de geles y films para la construcción de materiales de protección viral para distintas superficies. Estas innovaciones ahorran vidas, divisas extranjeras, tiempo y aumentan la cantidad de equipamiento del sistema salud argentino que languidece en comparación a otros países de ingresos medios o altos. 

Cinco grandes falencias en políticas públicas de Fernández: 

El fracaso del manejo de la cuarentena a mediano plazo que se ve en los casi 1.500.000 infectados y la caída del PBI de más del 12% una de las peores a nivel mundial. El índice de mortalidad que está entre los primeros 11 de mundo, nos habla de la falla del gobierno en no haber podido implementar una flexibilización eficaz de la ASPO hacia la DISPO. Por el contrario, el manejo de la cuarentena a corto plazo fue eficaz, permitió generar tiempo al fortalecimiento del sistema público –competencia originaria de las provincias- a través de una coordinación nacional desde el Consejo Federal de Salud (COFESA), impidió que la saturación de la ocupación de las camas de terapia intensiva, media, y los respiradores no se de en el corto plazo. Este éxito del corto plazo y la vigilancia de evitar el colapso del sistema de salud se ve en el índice de letalidad argentino –cantidad de muertos dividido la cantidad de contagiados según país- que es del 2,72% bajo a comparación de otros países como México (9,26%), Italia (3,92%), Gran Bretaña (3,55%), Ecuador (7%) que tuvieron medidas laxas en el periodo inicial.  

El descalabro del tipo de cambio del dólar blue o paralelo de $74,25 pesos al 2 de enero 2020 a $145 en la actualidad. Dicho de otro modo, una devaluación del 95% que significa una regresión tremenda del salario real en dólares a poco más de US $100 ubicándose anteúltima en la región. Esta devaluación se dio por dos grandes motivos el primero la caída histórica del PBI por la pandemia que implica que haya menor cantidad bienes y servicios producidos que respalden una determinada base monetaria que circula en el país, a esto hay que sumarle la emisión monetaria que realizo el BCRA durante el año. Por último, se agrega una dimensión de expectativas, la falta de confianza de la opinión pública argentina al peso producto de las marchas y contra marchas del gobierno nacional cuestionando parcialmente al derecho a la propiedad privada. 

La vuelta al aumento de la presión tributaria consolidada, luego de años anteriores de disminuciones, justo en época de recesión lo que significaría una medida prociclica. El aumento de la alícuota de bienes personales, la suba los derechos de exportación de granos, el nuevo impuesto a las grandes fortunas. Según la teoría macroeconómica todo ingreso público es una erogación del sector privada, que se encuentra en la actualidad según estimaciones en un 42% del PBI. Al menos los impuestos que aumentaron son los más progresivos, pero el sistema fiscal no puede continuar así languideciendo los ingresos privados justo en situación recesiva. 

Caída histórica de la economía argentina un 12% en este año sumado a que el 2019 ya se había contraído un 2,2%. Medidas de flexibilización de la cuarentena como sucedió en países de mucha informalidad laboral cómo, por ejemplo, México y Brasil hubieran aminorado la caída, pero al costo de saturar la ocupación del equipamiento e infraestructura del endeble sistema de salud argentino, aumentando la letalidad de los pacientes infectados de COVID-19. Los datos de los factores de producción son contundentes: según CAME alrededor de 40.000 empresas quebraron, 289.000 empleos formales se perdieron solamente en 2020. 

En definitiva, un año con algunas buenas políticas implementadas por el gobierno del Frente de Todos, pero aisladas, diluidas en un cumulo oceánico de malas políticas públicas que se vienen materializando desde hace casi cincuenta años a la actualidad. La falta de políticas públicas a largo plazo afecta –y es afectada, en un círculo vicioso– a la clase política argentina como institución, cada vez más desidiosa y para los más descreídos, llega a ser cínica.


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