Como otros distritos, la provincia de Entre Ríos se subió a la política de emitir deuda en dólares en los primeros dos años del Gobierno anterior, antes de la corrida cambiaria de mayo de 2018.

Hoy se conoció que a la provincia gobernada por Gustavo Bordet le iniciaron un juicio en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ahí donde se llevaron a cabo las demandas contra la Argentina por los hold-outs y actualmente YPF enfrenta un juicio internacional.

La provincia Mesopotámica hizo un mal negocio. Pidió prestados u$s500 millones en uno bono que emitió en el 2017, a pagar en el año 2025 con una tasa de interés anual de 8,75% (se trata de un interés muy alto para un instrumento en dólares).

Lo hizo cuando el dólar rondaba los 20 pesos (es decir, se hizo de unos 10.000 millones aproximadamente en aquel entonces).

Pero en agosto pasado vencía un cupón de ese bono (son los intereses periódicos que hay que cancelar, típicamente una o dos veces al año) por 21 millones de dólares y la provincia avisó que no iba a pagar e iniciaba el proceso de reestructuración de su deuda.

Ahora un grupo de bonistas nucleados en un grupoacudieron a la justicia norteamericana del distrito Sur de Nueva York, informaron oficialmente.

El comité, que asegura poseer el 54% de los bonos por USD500 millones colocados en 2017 al 8,75% anual, planteó que de acuerdo al Presupuesto presentado por la jurisdicción, la provincia defaulteó sus obligaciones a pesar de mantener una posición fiscal fuerte, informó el diario BAE.

De hecho, argumentan que desde su emisión, los ratios correspondientes a los servicios de deuda se mantienen sólidos y no se han deteriorado.

“A pesar de la falta de justificación para el default, el Grupo intentó llegar a un acuerdo con conversaciones de buena fe para salir del default”, explicaron en un comunicado.

El abogado que encabeza a este grupo ad hoc de bonistas es el mismo que participó en el proceso por el cual se embargó la Fragata Libertad cuando se encontraba en Ghana.

Se trata del abogado Dennis Hrantizky, quien trabajó para el fondo NML – Elliott Capital Management en su contienda contra el país.

Ahora, desde el estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, representa al grupo de acreedores que demandó a Entre Ríos.

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