La situación de crisis del mercado de trabajo sigue en picada -Argentina tiene, según el programa de Desarrollo Económico de CIPPEC^[1], alrededor de 8 millones de personas con problemas de empleo (desocupadas/os, informales o en puestos precarios) el equivalente al 40 por ciento de la población económicamente activa-  ello además lo constatan los datos del SIPA -Sistema Integrado Previsional Argentino- que computa 54.195 trabajadores menos en el sector industrial entre noviembre de 2015 y abril de 2017, información que contradicen las declaraciones del Ministro Dujovne donde expresa “el salario y el empleo se siguen recuperando”^[2].

En este sentido, el país acumula “15 meses de caída interanual en la actividad industrial y 17 meses consecutivos de retroceso del consumo”^[3]. Desde que gobierna la alianza Cambiemos, el CEPA (Centro de Economía Política Argentina) contabiliza un total de 264.143 despidos y suspensiones (76.143 sector público y 187.617 en el privado)^[4]. La caída en el empleo es significativa y la más golpeada es la actividad industrial donde casi 70 de cada 100 empleos perdidos está relacionado a esta actividad^[5]. En consecuencia, según el CIPPEC, “el empleo industrial registrado es hoy un 5 por ciento menor -equivalente a unos 70 mil puestos de trabajo- que el máximo alcanzado a fines de 2013; el grueso de la retracción ocurrió durante 2016”. Los datos reflejan los golpes de nocaut que reciben la industria^[6] y el trabajo, en un escenario en el cual la prioridad de la política económica se orienta a fomentar la especulación financiera en detrimento del desarrollo productivo e industrial. A través de este sistema especulativo los inversionistas colocan sus dólares al mercado local argentino, los cambian por pesos y apuestan a las tasas de las Lebacs del Banco Central. Después de tener sus ganancias vuelven a transformar su dinero en dólares y lo regresan al exterior: pedaleo histórico, destructor del sistema productivo nacional, enarbolado por el retorno del proyecto financiero neoliberal de “miseria planificada”, hoy imperante en el gobierno del estado.

En  este contexto, el gobierno nacional en los últimos días ha oficializado la tomada de deuda a través de la emisión de bonos a 100 años de plazo, por un monto de 2.750 millones de dólares -con  interés de casi el 8%: por  lo cual se se pagarán en concepto de intereses, aproximadamente, un total de 20.000 millones de dólares-. según palabras del periodista del diario Clarín Ismael Bermúdez^[7], la toma de este bono  “responde a una necesidad no tanto de la argentina sino de los acreedores…”, además agregó que “con la deuda a cien años, en 14 vamos a amortizar el capital y los 86 años siguientes pagaremos intereses”. Es decir, los verdaderos ganadores de este festival de deuda -en el cual se hipoteca el futuro y la soberanía de nuestro país- son los grandes fondos de inversión internacional, en manos del capital financiero transnacional. En este sentido,  según informes de CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina), las colocaciones de la deuda externa del gobierno nacional durante el primer semestre de 2017  fueron de 33.948 millones de dólares, similares al endeudamiento de todo el año 2016. Colocaciones para nada destinadas a la producción y el trabajo sino a pagar gastos corrientes e interés de deudas anteriores. Asimismo, también la fuga de capitales al exterior superó con creces los 6.000 millones de dólares en los primeros 5 meses del año y se registraron considerables déficit gemelos: un saldo comercial negativo de casi USD 2.000 millones y un déficit fiscal financiero de casi $ 165.000 millones, en el marco de la duplicación del pago de intereses de la deuda pública (ver informe coyuntura N° 24. CIFRA 2017).

Como se puede observar las líneas de acción del gobierno nacional no dan ninguna señal positiva hacia la producción y el trabajo. Enfatizan en recetas neoliberales que el crecimiento económico, industrial y laboral viene de la mano de la inversión extranjera directa, el endeudamiento, la especialización primaria exportadora, la apertura económica, etc. Medidas que en la década del 90, en plena hegemonía neoliberal, hizo estragos en la sociedad Argentina. Con solo mencionar los datos del INDEC en el año 2002, luego de años de aplicación de estas políticas, los resultados fueron  22% de desocupados y más del 50% de la población sumergido en la pobreza.

Por otro lado, la suba del dólar/devaluación del peso debido a la inestabilidad cambiaria, inexorablemente, impacta en la suba de los precios, golpeando fuertemente en el bolsillo de los trabajadores. Esto ocurre por el hecho de que la producción de bienes y servicios de nuestra economía tienen un alto componente importado. Unido a la situación de concentración oligopólica que genera la especulación de estos actores, impulsando la suba inflacionaria. Asimismo, es importante destacar que la inflación tiene un alto contenido de puja distributiva, por ello ante cada aumento de ingreso de los trabajadores, los sectores del capital aumentan precios para recuperar su extraordinaria rentabilidad. Además, como se observa en la actualidad, a pesar de la contracción del consumo por la pérdida de poder adquisitivo, el capital concentrado igual maximiza sus ganancias atacando el porcentaje de riqueza de los trabajadores a través de aumento de los precios.

El mismo escenario es el imperante en el sector energético, en las últimos días se concretó nuevamente un aumento de los combustibles (la nafta subió 7,2% y el gasoil 6%), esto tiene estricta relación, según informa OETEC^[8] (Observatorio de la Energía, Tecnología e  Infraestructura para el Desarrollo), al proceso de privatización, cartelización, extranjerización y mercantilización del sistema energético nacional. El informe manifiesta que: se extrae cada vez menos crudo refinable en el país y es desplazado por el crudo extranjero; esto genera que YPF sea progresivamente desplazada del mercado de los combustibles (entre 2015 y 2016 se contrajo un 4% interanual, contra un incremento de SHELL del 12%, seguido de PETROBRAS 5% y AXION 3%); la menor producción de crudo y combustibles domésticos es estratégica a los intereses privados en poder del Ministerio de Energía. Por ende el aumento de las importaciones de combustible sumado al aumento del dólar explica quiénes son, efectivamente, los beneficiados de esta coyuntura económica.

En la provincia de Misiones el contexto se complejiza y desde nación hacen caso omiso a los reclamos para morigerar las asimetrías existentes con Brasil y Paraguay. El contexto de crisis es latente y el gobierno nacional no responde a los llamados de auxilio ante el desplome de los comercios y las pymes misioneras, sobre todo de la ciudad de Posadas azotada por el puente Roque González, en el cual se produce una fuga de entre 15 y 20 millones diarios hacia el Paraguay, según estiman autoridades municipales. Ante esto, uno de los reclamos contundentes es la reglamentación del Art. 10 de la Ley Pyme (aprobada en 2016) que brindaría importantes beneficios impositivos a los comercios y empresas de Misiones, otorgando un poco de oxígeno ante la situación económica regresiva. No obstante, resulta imperativo entender que si bien esta medida significaria un paliativo importante ante las asimetrías existentes en las zonas fronterizas, la misma no resolvería el problema de fondo relacionada al modelo económico a nivel nacional que perjudica en términos estructurales. Sin el cambio del proyecto político imperante en el estado, es imposible salir del escenario de crisis para las Pymes y los trabajadores.

En fin, a nuestro entender,  las grandes dificultades económicas -en la actualidad profundizadas por un gobierno neoliberal que reprime los intereses populares- se resuelven solamente  a través de un proyecto político nacional centrado en el Estado, la Producción y el Trabajo: con desarrollo autónomo regional (científico, tecnológico y energético) en el cual se recupere las industrias estratégicas del estado asociadas a las pymes y cooperativas; con un sistema tributario progresivo donde se cobre más a quienes más poseen y no a los sectores vulnerados. Para que ello resulte, es fundamental la construcción de un sujeto social que este a las antípodas del dominante hoy en el estado. Necesitamos una efectiva unidad estratégica de los trabajadores (en su heterogeneidad)  y una alianza social entre el polo de la producción (Pymes, cooperativas, etc.) y el trabajo, para combatir las embestidas actuales y seguir ahondando en las discusiones respecto a la construcción de un programa profundizador que cambie el modelo de acumulación y nos lleve a la independencia económica en beneficio del pueblo trabajador.

^[1]Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento:

Debemos pensar en políticas públicas que estimulen el desarrollo sostenido de la industria

^[2]https://www.clarin.com/ieco/economia/nicolas-dujovne-salario-empleo-siguen-recuperando_0_r1SgxkX6e.html

^[3] Página 12. 10/7/2017:

^[4]ídem

^[5] ídem

^[6] Es importante destacar que el desarrollo industrial que tuvimos en la última década corresponde al de un Proyecto Productivo Neodesarrollista con inclusión social, que se caracterizó como modelo de “capitalismo periférico de desarrollo medio, de producción de bienes de baja complejidad y de bajo medio valor agregado, con una estructura industrial desintegrada pero de cierto desarrollo y proteccionismo del mercado interno, que adopta el paradigmas flexible en las relaciones capital trabajo con su consecuente precarización y fragmentación laboral” (Merino,2015)

^[7] ver Entrevista de sietecases: https://www.youtube.com/watch?v=0u-giOcAPy4

^[8] http://www.oetec.org/nota.php?id=2667&area=1

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