“Estafa moral”. La definición corresponde a la diputada Anazul Centeno, miembro informante de la comisión investigadora que recomendó la expulsión de Germán Kiczka de la Legislatura misionera, procesado por tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil, calificado por tratarse de víctimas presuntamente menores de 13 años. La expulsión se definió de manera unánime, con 38 votos a favor y dos ausencias: la del propio Kiczka, a quien el juez Miguel Ángel Faría le dictó la prisión preventiva y seguirá detenido en el Penal de Cerro Azul, y la de Pedro Puerta, jefe político y amigo del ahora ex diputado. 

“La institucionalidad ha demostrado su fortaleza y ha dejado en claro un mensaje de acá y para la posteridad y es que la tolerancia es cero frente a estas aberraciones. Más allá del tipo del delito en términos penales, lo que este hombre ha cometido, amparado en su partido político que lo trajo hasta acá, es una estafa moral a los misioneros y misioneras”, agregó Centeno.

La diputada remarcó que “la respuesta de todas las instituciones involucradas debe ser ejemplificadora, desde esta Legislatura así lo entendimos y así decidimos actuar, con total sentido de la responsabilidad. Lo que nos ha traído hasta este momento, hasta este lugar y será tiempo ahora de la justicia, de la penal y la electoral, dirimir lo que vendrá”.

“Nos resta seguir avanzando en consensos que permitan incorporar nuevas herramientas para prevenir y perseguir este tipo de conductas delictivas que son las más bajas y las más aberrantes, delitos que son la muerte en vida para aquellos niños y niñas víctimas“, puntualizó Centeno.

La expulsión fue un primer paso. Se seguirá trabajando en mecanismos de filtros y depuración de los partidos y frentes, para transparentar la oferta electoral y aumentar el grado de responsabilidad de los espacios políticos sobre sus candidatos o dirigentes. 

Esa propuesta espantó a la oposición, más preocupada por ocupar el sillón vacante que por las víctimas de pedofilia y la perversidad de uno de los suyos. Desde que comenzó la investigación en el amanecer del año, por una alarma disparada en Estados Unidos, los partidos de la oposición hicieron un silencio muy parecido a la complicidad. Kiczka siguió como si nada con la condescendencia de sus socios originales de la alianza Cambiemos y la connivencia de Pedro Puerta, ya como vasallos de la Libertad Avanza. Los del PRO hablaron de “operación política” pese a la enorme cantidad de pruebas recolectadas por la Justicia: en total más de 900 archivos de material de abuso sexual infantil, entre videos y fotos, con menores de 13 años, zoofilia e incesto. El radicalismo, unas horas después de la expulsión de Kiczka y a poco de dictarse su prisión preventiva, emitió un cínico comunicado en el que reclaman la banca para Javier Mela y cuestionan la “demora” en la definición sobre el reemplazo. Ni una sola mención a las víctimas, ni un atisbo de pedido de disculpas por arropar a un pedófilo entre sus filas. La mención más cercana a las perversidades de Kiczka hace alusión a su “conducta privada”. 

Esa conducta privada, no lo era tanto. El grupo “Cigarros” del que Kiczka era parte, tiene a varios conocidos dirigentes del partido Activar. El ex diputado también compartía material con su pareja, una conocida presentadora de noticias del canal de cable de Apóstoles.

A ninguno pareció molestarle el material compartido. De eso se trata la estafa moral a la que aludió Centeno. Personas que se ofrecen como representantes sociales con valores que contradicen lo que muestran en público. Se ofrecen como alternativas mejores, pero en la práctica son mucho peores que eso que critican. Esa descomposición produjo una oferta electoral armada en contra de y con escasas convicciones. Todos juntos en el mismo lodo. Esa estafa moral también es una estafa política.

Del que se rompa pero que no se doble quedan jirones. El diputado Martín Arjol lo dejó claro con su voto a favor del veto presidencial al aumento de los jubilados. 

Arjol se sentó a la derecha de Javier Milei en una exclusiva reunión con otros cuatro diputados radicales a los que el libertario convenció de cambiar su voto sobre un proyecto que fue presentado por el propio radicalismo. 

Durante varios meses Arjol había defendido con énfasis la fórmula de aumento de las jubilaciones, que compensaba la pérdida por inflación. El 14 de enero prometía en su página de Facebook  “sacar a los jubilados de la pobreza”. El 2 de febrero expresaba que iban “a darle al Gobierno las herramientas para gobernar pero no a costa de los jubilados”. “Es una propuesta sensata y responsable fiscalmente que se podría cubrir eliminando privilegios”, definía sobre la ley a la que finalmente mandó al tacho de basura.

La reunión con Milei terminó con una foto pletórica de sonrisas. “¿Por qué reirían por lograr un veto a la fórmula jubilatoria? ¿Aún considerando sus argumentos fiscales, por qué celebrarían en un tema tan sensible? ¿Por qué la alegría de diputados conversos que quedarán sospechados públicamente?”, se preguntó el analista político Mario Riorda. Pregunta clave ¿de qué se reían? 

Fue tan ostentoso el cambio de opinión del grupo de los cinco, que una libertaria los corrió por izquierda. “Los jubilados para nada son un pasivo fiscal. Milité creyendo que el ajuste lo iba a pagar la casta. Los jubilados tienen que afrontar hoy un momento de crisis. Creo que el aumento es factible, no esperar que los jubilados mueran esperando un aumento”, dijo la  diputada de la Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, quien se abstuvo a la hora de votar el veto del Presidente.

Milei necesitaba 85 votos. Consiguió 87. Cinco fueron de los radicales con los que se juntó, entre ellos Arjol, a quien no le molestó el revuelo generado en su partido ni las amenazas de expulsión. 

“Si por mi decisión me echan del partido, que me echen. Cuando los radicales porteños votan con el gobierno son dialoguistas y tienen visión de poder. Algunos radicales no se sacan la mentalidad de opositores. Los radicales que me critican se olvidan que cuando fue necesario aplicamos el 13%”, recordó sobre el fugaz gobierno de la alianza cuando Patricia Bullrich era la ministra de Trabajo de Fernando De la Rúa. Coincidencias. El ajuste también lo pagaron los jubilados. Coincidencias. De la Rúa también necesitó de votos opositores y convencer a algunos propios radicales para que el Gobierno avance en el Congreso. Pero incluso con la ley Banelco hubo más disimulo. 

El diputado Pedro Galimberti, otro radical que estaba a favor de los jubilados, renunció horas antes de tener que votar sobre el veto, para asumir en el directorio de la represa Salto Grande. Como todo organismo binacional, cobrará en dólares. Y bastante más que las ajustadas dietas que paga el Congreso. Se habla de un mínimo de 10 mil dólares mensuales. Arjol jura que lo hizo por convencido. “El presidente dijo que no hay plata para pagar esa movilidad”, se excusó. 

La banca de Galimberti fue ocupada por la macrista Nancy Ballejos, quien ya venía con voto cantado a favor del veto. 

En el radicalismo hay un estado de ebullición. Le llueven las críticas a Arjol, a quien le cuestionan que siquiera aparece por el Comité. Hay una amenaza de expulsión.

El senador Martín Lousteau, presidente del partido, criticó en duros términos a los siete diputados de su espacio que apoyaron o colaboraron para ratificar el veto del Presidente al proyecto de ley de la nueva fórmula jubilatoria. “Antes no se veía esta pornografía, esta inmundicia explícita“, afirmó el legislador.

Acerca del encuentro que los cinco integrantes de la UCR mantuvieron con Milei antes de la sesión especial, el senador expresó que “fueron a ver si pueden estar en una lista el año que viene o si los nombran en algún lugar” a costa de los adultos mayores, a quienes “les habían generado algún tipo de ilusión cuando votaron a favor y luego se dieron vuelta”.

Pornografía. Inmundicia. La definición de Lousteau sobre el pase radical se emparenta con las aberraciones de Kiczka y el silencio parecido a la complicidad que mantuvieron los radicales en Misiones. Del voto al veto es otro modo de estafa al electorado. 

Habrá que ver cómo reacciona la sociedad ante tanta pornografía. Las encuestas marcan un desplome de la imagen de Pedro Puerta, como responsable del espacio que postuló a Kiczka. 

En contraste, el gobernador Hugo Passalacqua volvió a la cima del ránking de imagen positiva de los mandatarios provinciales, según el último estudio de la Consultora CB. Passalacqua tiene un 63.5% de aprobación, mientras que el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, se mantiene en el podio de valoración, con el segundo lugar y 57.7 por ciento de imagen positiva. 

La economía es un punto alto de esa valoración. A pesar de la crisis evidente y la caída abrumadora de recursos, la Provincia se mantiene ordenada y sin grandes sobresaltos. En la política también hay un hilo conductor que se mantiene. Passalacqua envió la adhesión al RIGI a la Cámara, que también aprobó la adhesión al blanqueo de capitales, ambas medidas que buscan atraer inversiones hacia la provincia. Y en el Congreso nacional, los senadores misioneros votaron a favor de la lista única, una reforma electoral que aportará transparencia y bajará el costo de la política, una de las principales demandas de la sociedad.

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