A pesar de una incipiente recuperación económica luego del colapso de actividad observado en el segundo trimestre del año, la economía argentina transita días complicados. Hay varios factores a señalar.

Por un lado, el mejor desempeño en mortalidad cada millón de habitantes que mostraba la Argentina en relación con los países más afectados empieza a diluirse. A finales de julio, por ejemplo, con 73 muertos por millón, la Argentina tenía alrededor del 20% de la mortalidad de Estados Unidos, de 8 países europeos con diferente éxito sanitario y de 6 países Latinoamericanos[1]. A finales de septiembre, y sin considerar la reciente corrección realizada por la Provincia de Buenos Aires, la mortalidad había trepado a 365 que era alrededor del 60% de la observada en Estados Unidos y de los países latinoamericanos incluidos en la comparación, y ya alcanzaba al 85% del promedio de los 8 países europeos mencionados.

En segundo lugar, la caída interanual en el PIB y en el empleo observada en el segundo trimestre del año es de las más altas de los países incluidos en el Gráfico 1. La prohibición de despidos y la duplicación en la indemnización no podían atenuar el impacto de la recesión en el segmento de la población donde se sabía que el riesgo era mayor: informales y cuentapropistas.  Este problema es general en otros países de Latinoamérica con la información disponible para ambas variables, como puede verse en ese gráfico. Los datos de Brasil sugieren que sólo una menor caída del PIB fue efectiva para moderar la caída del empleo.

Gráfico 1

En una situación económica con desafíos inéditos no había espacio para que conflictos políticos deterioraran aún más la confianzaClick to Tweet

La estrategia oficial respecto de la pandemia genera dudas que se suman a las tensiones políticas dentro de la coalición de gobierno. En una situación económica con desafíos inéditos no había espacio para que conflictos políticos deterioraran aún más la confianza. Algunos ejemplos de decisiones políticas que agravan las desconfianza  son los cambios sin fundamento técnico en las reglas de juego sectoriales, las declaraciones contradictorias de miembros del gobierno sobre diversos temas, los vaivenes en las regulaciones cambiarias y el llamado impuesto a las grandes fortunas (que en verdad es un desprolijo gravamen a tasas elevadísimas sobre activos productivos y bonos que, en el caso de los radicados en el país, sufrieron pérdidas de valor inusuales por la pandemia y la frágil macroeconomía).

En ese contexto no debe llamar la atención que la renegociación favorable de la deuda en moneda extranjera calmara las aguas sólo un par de semanas y que el proyecto de presupuesto no haya servido como una señal de ordenamiento fiscal y monetario.

Respecto del presupuesto, hay varios interrogantes. Por un lado, la reducción proyectada del déficit primario a la mitad del que habría este año es algo menor a la que arroja un cálculo de política fiscal neutra (ajustada por el ciclo). La intención de aumentar la inversión pública en porcentaje del PIB explica en parte esto.

Pero, además, se supone que se podrá financiar la mitad del déficit primario proyectado con endeudamiento adicional por encima de los vencimientos de capital e intereses que habrá el año próximo. No parece que haya espacio en el mercado local para eso.

Y, finalmente, hay dudas respecto a si se podrá cumplir con el presupuesto en un año electoral. Por ejemplo, se prevé reducir el peso de los subsidios a la energía y transporte, pero eso requiere aumentos de tarifas algo por encima de la inflación proyectada y que los costos no aumenten. Sin embargo, la inflación seguramente será mayor que el 29% previsto en el presupuesto, pero no es claro si la mejora nominal en la recaudación que genera una mayor inflación se utilizará para reducir el déficit primario respecto del proyectado o si ampliarán las partidas de gasto.

El déficit primario proyectado para lo que resta de 2020 y para todo el 2021 (1.1 billones de pesos en el último cuatrimestre del año y 1.6 billones para el año próximo) representan alrededor del 120% de la Base Monetaria de agosto. Si no se consigue colocar deuda para financiar una parte de este desequilibrio y dadas las restricciones para continuar con la esterilización, la emisión resultante sería importante: equivale a un promedio de 5% mensual hasta finales de 2021. Si se puede colocar deuda por el 20% del déficit primario (o esterilizar), la emisión sigue siendo alta (algo más de 4% mensual de promedio).

Nótese que colocar deuda o esterilizar más (que en el contexto actual es financiar al Tesoro con los depósitos de las entidades financieras a través del BCRA) requiere mejorar la confianza y ello parece estar fuera del alcance del gobierno.

Una visión económica alejada de lo que quienes ahorran e invierten suponen que funciona, la falta de credibilidad en el programa fiscal y monetario, y una apuesta a que controles cambiarios cada vez más intrusivos podrán resolver el problema de credibilidad es una combinación letal para la normalización de la economía. En el pasado, las extravagancias en la visión económica de la coalición política a cargo del gobierno podían compensarse o bien con elevadas reservas netas en el BCRA o bien con superávits gemelos (ver Gráfico 2). Hoy se cumple sólo con una condición: alto excedente de dólares, pero hay muy pocas reservas y el déficit fiscal es alto y, para peor, se financia en gran parte con emisión.

Gráfico 2

En este contexto, el gobierno enfrenta el típico dilema de la frazada corta. La verdadera solución pasa por agrandar la frazada. Ello es posible o bien si mejora (mucho más) el precio internacional de la soja, o si la coalición gobernante deja de lado las extravagancias económicas y se encolumna detrás de un programa fiscal y monetario austero bajo el paraguas del FMI.

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