Gómez Alcorta: “Trabajamos para que el derecho a abortar sea realidad en cada rincón del país”

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad asumió que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo tiene “mayores resistencias en algunos lugares” de la Argentina. “Sabemos que tenemos un país con regiones con muchas diferencias idiosincrásicas y hay un trabajo muy importante, que ya se empezó”, dijo

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La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad asumió que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo tiene “mayores resistencias en algunos lugares” de la Argentina. “Sabemos que tenemos un país con regiones con muchas diferencias idiosincrásicas y hay un trabajo muy importante, que ya se empezó”, dijo

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, asumió que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) tiene “mayores resistencias en algunos lugares” de la Argentina y afirmó que el Gobierno “trabaja para que el derecho a acceder” a un aborto legal “en cada rincón del país sea una realidad”.

“Sabemos que tenemos un país con regiones con muchas diferencias idiosincrásicas y hay un trabajo muy importante, que ya se empezó”, dijo la titular de la cartera en diálogo con CNN radio.

Agregó que consciente de que “hay mayores resistencias en algunos lugares” de la Argentina, el objetivo es hacer que el derecho al acceso a un aborto legal sea una realidad “en cada rincón del país”.

“El Ministerio de Salud ya hizo una compra para proveer a todas las provincias con misoprostol y prevé otra adquisición a través del Fondo de Población de Naciones Unidas”

Tras la sanción el último miércoles en el Senado de la ley de IVE, la funcionaria explicó que, “en los próximos días, una vez promulgada la ley, una parte del proyecto empieza a tener efecto”, en lo relativo a la “despenalización y extensión de causas penales abiertas” y subrayó que no hay necesidad de esperar a la reglamentación de la norma para esos casos.

En cuanto a los requerimientos del IVE, mencionó que “hay algunas provincias y ciudades donde el sistema de salud puede atender” esas demandas de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en forma inmediata, cuando entre en vigencia la ley, y citó el caso de Santa Fe, que produce en laboratorios estatales el misoprostol, que es la medicación que se utiliza.

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“El Ministerio de Salud ya hizo una compra para proveer a todas las provincias con misoprostol y prevé otra adquisición a través del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)”, dijo, y señaló que esa adquisición permite obtener la medicación a “precios muy económicos”.

La ministra reconoció que la operatividad de la ley de IVE “va a ser dispar desde el inicio, pero el Gobierno trabajará para que las redes de distribución lleguen a todos lados”.

“La ley garantiza el derecho a la objeción de conciencia, entonces habrá que ver en cada lugar donde muchos médicos recurran a eso cómo se construyen las redes de derivación para garantizar el derecho a abortar”, consideró.

Por último, la funcionaria evaluó sobre la sanción de la ley que “fue una lucha de décadas”, en un “mundo que se dirige hacia pintarse de verde” y destacó que “hubo un trabajo transversal muy importante para llegar hasta acá” y una “clara decisión” del presidente Alberto Fernández.

El impulso del Ejecutivo fue “clave” para sancionar la IVE en el Senado

El impulso “más contundente” en la Cámara de Diputados y “el respaldo explícito del Poder Ejecutivo” fueron las claves de la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) respecto de la experiencia de 2018, según un informe de la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios.

“Si bien existió un voto transversal de distintos partidos políticos, el aporte legislativo del peronismo y el impulso del Poder Ejecutivo encabezado por Alberto Fernández fueron determinantes para la legalización”, aseguró la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios Cecilia Gómez Mirada a través de un comunicado.

El reporte sobre el tratamiento de la ley de IVE en el Senado, que comparó el tratamiento de los proyectos de 2018 y 2020, resaltó “el respaldo explícito del Poder Ejecutivo, que envió un texto propio” y “el impulso más contundente en Diputados”.

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La votación prácticamente se invirtió, dado que en 2018 hubo 38 rechazos y 31 votos a favor, y en 2020, el respaldo al proyecto logró 38 afirmativos y 29 rechazos.

Si bien se mantuvo un corte transversal en las distintas fuerzas políticas, el Frente de Todos fue el bloque que aportó la mayor cantidad de votos positivos (25) y el 78,6% de quienes ingresaron al Senado en 2019 en la boleta de Alberto Fernández, votó a favor.

La UCR se mantuvo como la principal fuerza opositora al proyecto, con el rechazo del 64% de su bancada, y PRO aumentó su adhesión a la legalización, pasando del 44% al 62%.

Solo 7 de los 51 senadores que participaron en 2018 y 2020 modificaron su postura y todos lo hicieron en un sentido que contribuyó a la sanción de la ley, ya sea cambiando su voto hacia positivo, absteniéndose o ausentándose.

Si se analiza el comportamiento de los bloques, en ambos años hubo “libertad de acción” partidaria, observándose apoyos y rechazos de manera transversal en las distintas identidades políticas.

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