En una decisión unánime, el Supremo Tribunal Federal (STF) admitió la existencia de violaciones sistemáticas contra la población negra y exigió al Estado la creación de protocolos de atención y la revisión de políticas de cuotas.

En un fallo de profunda relevancia social y jurídica, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil reconoció por unanimidad la existencia del racismo estructural en el país. La sentencia, dictada el pasado jueves 18 en el marco de la acción constitucional ADPF 973, establece que el Estado brasileño tiene la obligación inmediata de adoptar medidas concretas para frenar las vulneraciones persistentes a los derechos fundamentales de la población negra.

Mandatos de acción inmediata

El tribunal no se limitó al reconocimiento simbólico, sino que impuso una hoja de ruta para diversas instituciones públicas. Entre las obligaciones dictadas destacan:

• Revisión de políticas públicas: El Estado deberá elaborar un nuevo plan nacional de combate al racismo estructural o revisar profundamente el actual.
• Acceso y cupos: Se ordenó la revisión de los sistemas de cuotas raciales en el ámbito educativo y laboral para garantizar su efectividad.
• Protocolos institucionales: Las fuerzas policiales, el Poder Judicial, los Ministerios Públicos y las Defensorías deberán implementar protocolos específicos para la atención de personas negras, buscando erradicar disparidades y mejorar el acogimiento institucional.

El origen de la demanda

La ADPF 973 nació de una articulación del movimiento negro y fue impulsada formalmente por siete partidos políticos (PT, PSOL, PSB, PCdoB, Rede Sustentabilidad, PDT y PV). El objetivo principal de la demanda era que la justicia declarara un “estado de cosas inconstitucional”, una figura jurídica que se aplica cuando existen violaciones masivas y generalizadas de derechos que requieren una intervención coordinada del Estado.

Debate interno: ¿Estado de cosas inconstitucional?

Aunque la decisión sobre la existencia del racismo fue unánime, los magistrados se dividieron en dos corrientes respecto a la calificación técnica del escenario:

1. Reconocimiento de gravedad sin declaración formal: La corriente mayoritaria, liderada por el relator Luiz Fux (acompañado por los ministros Zanin, Mendonça, Marques, Moraes, Toffoli y Mendes), reconoció la gravedad de las violaciones y apoyó las medidas correctivas. Sin embargo, consideraron que las acciones que ya están en curso por parte del gobierno impiden declarar formalmente el “estado de cosas inconstitucional”.
2. Reconocimiento de omisión sistémica: Por otro lado, los ministros Flávio Dino, Edson Fachin y Cármen Lúcia defendieron que sí existe una omisión estatal sistémica que justificaba plenamente dicha categoría jurídica.

El impacto en la democracia

El cierre del juicio contó con intervenciones clave de los ministros Gilmar Mendes y Edson Fachin. Mendes subrayó que el racismo en Brasil no es un fenómeno aislado, sino que tiene una dimensión histórica con efectos sistemáticos que permean incluso a las instituciones públicas. Por ello, votó a favor de declarar la omisión del Ejecutivo y urgió a crear mecanismos de monitoreo con participación de la sociedad civil.

Por su parte, el presidente del STF, Edson Fachin, fue enfático al señalar que las acciones estatales actuales han sido insuficientes. Según Fachin, la persistencia de esta desigualdad no solo limita el ejercicio de la ciudadanía para millones de brasileños, sino que compromete directamente la consolidación de la democracia en el país.