En noviembre, en Belém do Pará, la COP30 volverá a poner a prueba la distancia entre los discursos globales y la ejecución real de políticas climáticas. En ese tablero, Misiones decidió jugar en grande con un diferencial poco frecuente en América Latina: será protagonista con un programa jurisdiccional de reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada (REDD+) listo para certificar bajo metodología Verra, un fideicomiso para distribuir beneficios y una agenda de reuniones orientada a cerrar compradores para el remanente de créditos de carbono. 

La hoja de ruta la sintetiza la subsecretaria de Cambio Climático, Silvia Kloster: “El proceso de certificación está en la última instancia. Pasó por la auditoría externa, hubo hallazgos que estamos resolviendo -es la tercera ronda– y, una vez cerrados, Verra vuelve a chequear y emite los certificados”, explica en diálogo con periodistas de Misiones y la región organizado por el círculo Thay de periodistas agropecuarios. 

“Es así de riguroso: hay aspectos metodológicos y también de política que exigen respuestas precisas”.

Qué llevará Misiones a la COP30

La delegación provincial -con la presencia confirmada de dos ministros: Hacienda y Cambio Climático/Ecología– viaja con un objetivo operativo: colocar créditos de carbono y abrir canales de financiamiento para escalar medidas de mitigación y, sobre todo, de adaptación.

“Vamos a presentar nuestro primer proyecto jurisdiccional. A escala subnacional no hay antecedentes consolidados como éste; que no existan no es casual: implementarlo es complejo”, plantea Kloster. “Una parte de los créditos tiene un compromiso de compra con Mercuria, que financió el proceso. El remanente lo vamos a negociar en Belém en reuniones bilaterales con potenciales compradores”.

El esquema de trabajo prevé tres frentes durante la cumbre:

1. Ventas y precio: rondas con empresas y fondos que operan el mercado voluntario para maximizar el valor del stock inicial.
   
2. Relaciones técnicas: encuentros con certificadoras, metodólogos y plataformas MRV para acelerar verificaciones y futuras ampliaciones.
   
3. Incidencia federal: conversaciones con pares subnacionales, bancos de desarrollo y organismos para presionar por reglas nacionales que habiliten el Artículo 6 (ajustes correspondientes) y, así, acceder al mercado regulado en próximas tandas.
   

“Argentina todavía no definió su estrategia de Artículo 6. Eso nos deja por ahora en el voluntario, donde el precio suele ser menor por falta de validación nacional. Paraguay, Chile y Brasil ya avanzaron; no podemos quedar rezagados”, advierte Kloster.

El programa REDD+ jurisdiccional: alcance, período y gobernanza

El programa -diseñado bajo la metodología JNR de Verra– incluye todos los bosques de Misiones y consolida beneficiarios públicos y privados. Cubre, en esta primera ventana, el período 2017–2022 con una línea de referencia forestal establecida, sistema de monitoreo satelital y de campo, y salvaguardas sociales y ambientales activas (comunidades locales y originarias, propietarios, Estado).

“Trabajamos cuatro años para cumplir estándares internacionales: referencia, MRV, salvaguardas y estrategia. El andamiaje jurídico se apoya en las leyes provinciales y en el Art. 124 de la Constitución (dominio originario de los recursos naturales). Y creamos un fideicomiso para garantizar la distribución transparente de beneficios”, detalla Kloster.

“Para nosotros, vender créditos no es un fin en sí mismo; es una palanca de inversión para adaptación y para sostener la conservación a largo plazo”, subraya Kloster.

Misiones elaboró su primer inventario con datos de 2018 (como exige la metodología, con rezago), y el balance es contundente: por su cobertura boscosa, la provincia presenta mayores absorciones que emisiones -un perfil ‘carbono negativo’ a escala jurisdiccional-, aunque con un núcleo emisor claro en energía/transporte y residuos.

“Fijamos una meta 2030 para no superar 2,3 millones de tCO₂e y priorizamos la adaptación basada en ecosistemas. Nuestro Plan de Respuesta -mitigación y adaptación- fue convalidado a nivel nacional este año”, resume.

“En adaptación hay que acelerar. Falta base de datos climato-sanitarios, y eso no es sólo un problema provincial: a nivel nacional también cuesta. Estamos armando bases interoperables con Salud, Ecología y otros organismos”, dice.

Kloster no elude un punto incómodo: ordenar el territorio en un contexto de boom inmobiliario, conflictos locales por deforestación y déficits de gestión de residuos.

“Hay ley de Evaluación de Impacto Ambiental. La norma existe y es para todos; el problema es cumplirla. Hace falta planificación urbana, controles y, sobre todo, municipios con planes de respuesta. Donde hay orden, hay financiamiento y alianzas”, sostiene. “Nosotros acompañamos con inventarios locales y asistencia, pero también se requiere voluntad política y normativas que ajusten”.

Con el Gabinete Provincial de Cambio Climático como mesa de coordinación, Misiones realizó talleres sectoriales y participación ciudadana (Posadas, San Vicente, Iguazú) con metodología facilitada por la Asociación Vicentina de Mediación. El plan prevé actualización cada cinco años (inventario, cada cuatro).

Para la funcionaria, el principal cuello de botella para maximizar valor de los créditos está en Buenos Aires: “La Estrategia Nacional de Mercados de Carbono avanzó en 2023, pero el retiro de los negociadores argentinos en la última COP fue un error estratégico. Ningún país serio se levanta de la mesa. Hoy necesitamos definiciones sobre el Artículo 6 para ingresar al mercado regulado. Mientras tanto, vamos por el voluntario y no nos quedamos esperando”.

“El mensaje es claro: no se puede gestionar el clima desde el límite geográfico. Hay que salir al mundo, negociar, comparar metodologías, atraer financiamiento y cerrar negocios que sostengan la conservación”, afirma Kloster.

“La adaptación toca la producción primaria, el turismo, la salud y la energía. Nadie queda afuera. Vender créditos tiene sentido sólo si refuerza esta capacidad de adaptarnos y proteger la biodiversidad”, remarca la funcionaria.

Uno de los giros que impulsa la Secretaría es el Programa Provincial de Huella de Carbono, con tres niveles de certificación y un sello para productos y servicios.

“El sector privado nos pidió asistencia técnica -sobre todo en ganadería y agro– y la estamos dando. Medir es condición para entrar a mercados exigentes y para capitalizar mejor los créditos. Lo que falta son incentivos financieros: por eso proponemos un fondo específico en la reglamentación local”, explica.