Este año estuvo acompañado de muchos cambios por parte del fisco, con el objetivo de informatizar gran parte de sus procesos. El monotributo fue el régimen con mayor actualización y nuestro sector primario, el que más lo está padeciendo.

• Comenzando con el pago electrónico: a partir de abril hasta noviembre, es el periodo en el cual se impondrá a la totalidad de contribuyentes este sistema único para el pago de este impuesto.
• Siguiendo con la adhesión al domicilio fiscal electrónico: con fecha limite 30 de septiembre para el universo del monotributo.
• Y por último la recategorizacion y la nueva “aceptación de categoría, obligatoria para todos los contribuyentes”

Hay un desconocimiento por parte de la AFIP respecto del estilo de vida, de las carencias y de la falta de acceso a la comunicación de este sector de la economía, para el cual todos estos avances tecnológicos se transforman en trabas, ya que la gran mayoría no cuenta con acceso a internet y carece de equipos de computación para realizar pagos electrónicos, y ni hablar del uso de correos  para recibir las notificaciones del domicilio fiscal impuesto por la Administración. De hecho, en gran parte de la zona productora ni siquiera cuentan con señal de celular; y en casos extremos pero lamentablemente frecuentes, ni siquiera tienen servicio de energía eléctrica.

Por otra parte surgió un nuevo problema para nuestros pequeños productores tabacaleros, AFIP y su dictamen 45/1998. En ese instrumento considerarían a la “caja verde” como parte de la base imponible para el cálculo de los ingresos brutos y la recategorización.
Actuando por encima de la ley 19800 que considera base imponible al precio de venta más el retorno, este último, es un subsidio directo del F.E.T. que se encuentra limitado por un tratado internacional (Convenio Marco de la OMS).

Si es que el fisco no da marcha atrás y decide igualmente pasar por encima de una ley y un tratado internacional, a partir de diciembre, con el cobro de la caja verde por parte del productor, el 50% de los mismos que hoy son beneficiados por el monotributo social o social agropecuario y cuentan con una pensión, quedarán excluidos de estos beneficios tributarios. La única alternativa para ellos será el ingreso al régimen simplificado para continuar con su actividad, debiendo afrontar costos mensuales elevados, y a su vez serán despojados del cobro de pensiones no contributivas, que son incompatibles con este régimen. 
Esto provocará un efecto negativo en la economía del pequeño productor, incentivándolo a volver al mercado informal y a vender a un precio mucho menor sus productos para no incurrir en mayores costos tributarios mensuales que no van a poder afrontar

 Concluyendo, hay una única solución:  generar un poco de interés en nuestros legisladores nacionales, ya que en manos de ellos está la posibilidad de impulsar una ley en defensa de este sector; solicitar la actualización de los montos anuales de facturación para el monotributo social y social agropecuario, y acompañarnos en la lucha por un régimen simplificado diferenciado para el productor tabacalero, basado en un sistema de retención que cubra el monto anual del componente impositivo y previsional. 

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