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Desde 2026 pagar con tarjeta en dólares cuesta menos tras el fin del Impuesto PAIS

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Con el inicio de 2026 quedó oficialmente atrás el Impuesto PAIS, una de las cargas impositivas más resistidas por los argentinos. Su vencimiento legal modificó de manera directa el costo de los consumos con tarjeta en dólares, tanto en el exterior como en plataformas internacionales, y redujo de forma significativa el valor del denominado dólar tarjeta, alterando un esquema que durante años encareció viajes, servicios digitales y compras online.

Fin del Impuesto PAIS: qué cambia en la tarjeta y por qué importa

El Impuesto PAIS había sido creado con una vigencia legal de cinco años. Cumplido ese plazo, dejó de aplicarse desde enero de 2026, marcando un punto de inflexión en la estructura impositiva sobre los consumos en moneda extranjera.

Hasta fines de 2025, cada gasto con tarjeta en dólares incluía dos recargos:

  • 30% correspondiente al Impuesto PAIS, y
  • 30% en concepto de Percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

Con el nuevo esquema, los consumos se calculan sobre la cotización del dólar oficial del día y solo se les suma la percepción del 30% a cuenta de Ganancias. En términos prácticos, el impacto impositivo se redujo casi a la mitad, con un efecto inmediato sobre el precio final que pagan los usuarios.

La eliminación del Impuesto PAIS no solo beneficia a quienes viajan al exterior, sino también a millones de usuarios que abonan servicios digitales, suscripciones, aplicaciones y compras online facturadas en dólares. El ajuste redefine el costo relativo de estos consumos y modifica decisiones cotidianas de pago.

Un dólar tarjeta más bajo y el cambio de estrategia de los usuarios

Especialistas del sistema financiero coinciden en que la salida del Impuesto PAIS achicó de manera significativa la brecha entre el dólar tarjeta y otras cotizaciones del mercado. Durante años, este tipo de cambio fue uno de los más caros del sistema; ahora, se acerca a los valores de los dólares financieros.

Este cambio altera hábitos y estrategias. Pagar con tarjeta en el exterior o en plataformas internacionales deja de ser una mala palabra y vuelve a posicionarse como una alternativa viable frente a otras opciones. El menor costo relativo reduce la necesidad de esquemas defensivos y simplifica la operatoria para el usuario promedio.

No obstante, el nuevo escenario no implica la eliminación total de recargos. La Percepción del 30% a cuenta de Ganancias sigue vigente y se aplica automáticamente sobre cada consumo en dólares, lo que mantiene una diferencia respecto del tipo de cambio oficial puro.

Qué impuestos siguen vigentes y cómo recuperar percepciones

Aunque el Impuesto PAIS ya no rige, la Percepción del 30% a cuenta de Ganancias continúa activa. El tratamiento depende de la situación fiscal de cada contribuyente:

  • Quienes no tributan Ganancias ni Bienes Personales pueden solicitar la devolución total de lo percibido.
  • Quienes sí tributan deben computar esas percepciones como pago a cuenta, a través del SIRADIG-Trabajador, para su descuento en la liquidación anual.

El trámite de devolución se gestiona de forma digital ante ARCA (ex AFIP). Para iniciarlo, es necesario contar con CUIT, Clave Fiscal nivel 2 o superior, CBU informado y Domicilio Fiscal Electrónico activo. Desde el servicio “Devolución de Percepciones”, el sistema muestra los montos informados por bancos y emisoras de tarjetas. El reclamo se realiza mes por mes y, una vez aprobado, el dinero se acredita directamente en la cuenta bancaria declarada.

Pagar con dólares propios: la opción más barata sigue vigente

Más allá del nuevo esquema, continúa vigente una alternativa que permite evitar cualquier percepción: pagar los consumos con dólares propios. Esta modalidad requiere contar con una caja de ahorro en dólares y cancelar el resumen con esos fondos, sin convertir a pesos.

Según referentes del sector financiero, esta operatoria permite pagar consumos en el exterior a un valor inferior incluso al dólar tarjeta actual, utilizando dólares adquiridos por mercado oficial o vía MEP. El proceso es digital, no requiere billetes físicos y está disponible para mayores de 18 años con ingresos declarados.

Proyección: un cambio que impacta en consumo, turismo y servicios digitales

La eliminación del Impuesto PAIS marca un antes y un después en la forma en que los argentinos consumen en dólares. Con un dólar tarjeta más bajo, se espera un reordenamiento de decisiones de gasto, especialmente en turismo, servicios digitales y comercio electrónico, sectores directamente afectados por el esquema impositivo previo. El desafío hacia adelante será evaluar el impacto fiscal de esta baja de recaudación y su correlato con el nivel de actividad.

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ARCA prorroga hasta marzo de 2026 el régimen de facilidades de pago para deudas fiscales

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió extender hasta el 31 de marzo de 2026 el plazo de adhesión al régimen de facilidades de pago para la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social. La decisión, formalizada mediante la Resolución General 5808/2025, publicada el 31 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial, amplía el horizonte temporal para que contribuyentes y responsables puedan ordenar pasivos vencidos, en un contexto económico que sigue tensionando la capacidad de cumplimiento fiscal.

Un régimen clave para regularizar deudas vencidas

El régimen de facilidades de pago fue establecido originalmente por la Resolución General N° 5.711, con el objetivo de permitir la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de abril de 2025, inclusive, junto con sus respectivos intereses y multas. Posteriormente, la Resolución General N° 5.777 introdujo adecuaciones relevantes, ampliando el universo de deudas alcanzadas hasta el 31 de agosto de 2025.

Con la Resolución General 5808/2025, ARCA modifica el artículo 9° de la RG 5.711 y su modificatoria, sustituyendo el plazo original de adhesión —previsto hasta el 30 de diciembre de 2025— por una nueva fecha límite: 31 de marzo de 2026. La medida no altera las condiciones sustantivas del régimen, pero sí extiende el período durante el cual los contribuyentes pueden optar por este mecanismo de regularización.

En los considerandos, el organismo fundamenta la decisión en su “objetivo permanente de promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias” cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran bajo su órbita, reforzando una estrategia de administración tributaria orientada a facilitar el ordenamiento de deudas sin recurrir a instancias coercitivas inmediatas.

Fundamentos normativos y alcance institucional

La resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), así como por los artículos 4° y 7° del Decreto N° 618/1997, el Decreto N° 953 del 24 de octubre de 2024, el artículo 8° del Decreto N° 13 del 6 de enero de 2025 y la Disposición N° 34 del 24 de febrero de 2025, entre otras normas citadas.

Desde el punto de vista institucional, la decisión contó con la intervención de la Dirección de Legislación y de las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Recaudación, Institucional y Sistemas y Telecomunicaciones, lo que refuerza el carácter transversal de la medida dentro del organismo recaudador.

La Resolución General 5808/2025 fue suscripta por Agustín Rojo, en su carácter de Subdirector General de la Subdirección General Institucional a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, y establece que la norma entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Posibles repercusiones

La extensión del plazo hasta el 31 de marzo de 2026 tiene un impacto directo sobre contribuyentes con deudas impositivas, aduaneras y previsionales, especialmente aquellos que no lograron adherir al régimen dentro del plazo original. En términos prácticos, la medida amplía la ventana de previsibilidad financiera para empresas y personas humanas que buscan normalizar su situación fiscal, reduciendo riesgos de ejecución, sanciones adicionales o litigios.

Desde una perspectiva fiscal, la decisión apunta a sostener los niveles de recaudación mediante mecanismos de cumplimiento voluntario, en lugar de intensificar acciones de cobro forzoso. En ese sentido, el régimen funciona como una herramienta de transición que permite a ARCA captar recursos adeudados y, al mismo tiempo, facilitar la continuidad operativa de los contribuyentes alcanzados.

Si bien la resolución no introduce cambios en las condiciones del plan, la extensión del plazo podría generar una mayor adhesión en los próximos meses, especialmente en un escenario de recomposición gradual de la actividad económica y de revisión de estrategias financieras por parte del sector privado.

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El Gobierno enfrenta una merma de la recaudación por $600.000 millones tras eliminar el impuesto al cheque

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Caída en la recaudación de octubre: el Gobierno enfrenta el impacto de la eliminación de retenciones y el freno económico.

Los ingresos fiscales mostrarían una fuerte contracción interanual por la baja de liquidaciones agroexportadoras y la retracción de la actividad interna. El Ejecutivo busca sostener el equilibrio fiscal con recortes de gasto.

Fuerte retracción en los ingresos del Estado

El Gobierno nacional difundirá en las próximas horas el informe oficial sobre la recaudación impositiva de octubre, un dato clave que reflejará la doble presión fiscal derivada de la eliminación de los derechos de exportación y del estancamiento de la actividad económica interna.

Según las primeras proyecciones, los ingresos tributarios del mes habrían registrado una caída interanual significativa, afectando principalmente a los recursos provenientes de las retenciones al agro y de impuestos vinculados al consumo como el IVA y el impuesto al cheque.

La menor recaudación llega en un contexto de ajuste fiscal profundo y de revisión de las metas de equilibrio primario, pilares del programa económico del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El dato más relevante proviene del sector exportador: las agroexportadoras informaron que la liquidación de octubre alcanzó los USD 1.117 millones, lo que implica una caída del 56% interanual y del 84% respecto de septiembre. Este desplome impactará directamente en los ingresos por derechos de exportación, que históricamente representan una fuente importante de recursos para el Tesoro.

Menor actividad interna y efecto de la eliminación del impuesto al cheque

La recaudación de tributos asociados a la actividad doméstica también se vería resentida. Los impuestos al valor agregado (IVA) y a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque) registraron en octubre un retroceso vinculado a la desaceleración del consumo y a la caída en la circulación de dinero dentro del sistema financiero.

A esto se suma el efecto pleno de la eliminación del impuesto al cheque, una medida que si bien fue celebrada por el sector privado como un alivio a la presión tributaria, implicó para las cuentas públicas una pérdida estimada en más de $600.000 millones en términos interanuales.

El impacto sobre la recaudación total, según analistas fiscales, podría superar los dos puntos del PBI en los próximos meses si no se compensan los ingresos con mayor actividad o una recuperación de la exportación.

Ajuste fiscal y redistribución del gasto

Fuentes oficiales señalaron que la caída de ingresos no afectará la coparticipación federal, dado que los derechos de exportación no son impuestos coparticipables. Esto implica que el ajuste recae principalmente sobre las cuentas del Tesoro Nacional, lo que obligará al Gobierno a intensificar la política de contención del gasto público para sostener el equilibrio fiscal.

La administración nacional viene aplicando desde agosto un esquema de racionalización presupuestaria que incluye la revisión de programas, reducción de subsidios y control estricto del gasto corriente. Sin embargo, la pérdida de recaudación tensiona el objetivo de mantener el déficit cero, especialmente en un contexto de menor crecimiento de la recaudación real y presiones inflacionarias persistentes.

El informe oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que se espera para la tarde, permitirá confirmar el alcance de la caída y su impacto en la recaudación total del año, que hasta septiembre mostraba un crecimiento moderado impulsado por los tributos al comercio exterior y al consumo.

Perspectivas: equilibrio fiscal y recesión

El desafío del Gobierno es sostener el ajuste fiscal sin profundizar la recesión. La contracción de la recaudación coincide con indicadores de actividad económica estancada, según las mediciones del INDEC y del sector privado, que marcan un freno en la industria, la construcción y el comercio minorista.

El Presupuesto 2026, actualmente en discusión, será el instrumento clave para definir cómo se compensará esta pérdida de ingresos. Fuentes del Palacio de Hacienda no descartan la posibilidad de nuevas medidas de control del gasto y una reorientación de partidas hacia áreas críticas, en línea con el compromiso de déficit cero asumido por el Ejecutivo.

“Es un momento de transición fiscal. La eliminación de impuestos distorsivos implica una pérdida inicial de recursos, pero busca sentar las bases de un sistema tributario más eficiente y favorable a la inversión”, explicaron fuentes oficiales.

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La recaudación impositiva de agosto alcanzó $15,3 billones

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que la recaudación tributaria de agosto alcanzó los $15,3 billones, lo que representa un aumento del 30,6% respecto al mismo mes de 2024. Si bien el dato muestra un crecimiento nominal, el desempeño de varios tributos revela tensiones vinculadas a la eliminación de impuestos extraordinarios, la dinámica del comercio exterior y los cambios normativos aplicados en los últimos meses.

Ganancias e IVA impulsan, exportaciones y Bienes Personales caen

Entre los principales motores se destacó el Impuesto a las Ganancias, que recaudó $3,19 billones, con una suba interanual del 49,2%, impulsada por los anticipos de sociedades y personas humanas bajo el nuevo régimen de la Resolución General 5685/2025. También el IVA neto registró un alza del 36,9%, hasta $5,32 billones, con mejor desempeño en el componente aduanero (+38,8%) que en el impositivo (+35,2%).

En contraste, los Derechos de Exportación retrocedieron un 8,6% interanual, totalizando apenas $398.147 millones, afectados por el adelantamiento de liquidaciones debido a la baja transitoria de retenciones dispuesta hasta junio por el Decreto 38/2025, y la posterior reducción arancelaria del Decreto 526/2025.

Por su parte, Bienes Personales tuvo una fuerte caída del 62,2%, con apenas $110.408 millones, explicada por la adhesión masiva al Régimen Especial de Ingreso (REIBP, Ley 27.743) durante 2024, que permitió cancelaciones anticipadas de períodos fiscales hasta 2027.

Seguridad Social y tributos internos: señales de la economía real

Los ingresos por Seguridad Social ascendieron a $3,66 billones, con una suba del 42,4%, apuntalada por el aumento de salarios nominales. En tanto, el Impuesto a los Créditos y Débitos sumó $1,25 billones, un 36,2% más que el año pasado, aunque incidió negativamente la menor cantidad de días hábiles.

Un dato destacado fue el desempeño del Impuesto a los Combustibles, que prácticamente se duplicó (+96,9%), con $481.968 millones, reflejando el fuerte impacto de las actualizaciones impositivas aplicadas en el sector energético.

En el comercio exterior, los Derechos de Importación treparon un 84,9% interanual, alcanzando $575.978 millones, por efecto combinado del tipo de cambio y el aumento de importaciones, lo que contrasta con el retroceso de los derechos de exportación.

Desafíos fiscales hacia fin de año

La comparación interanual se ve atravesada por varios cambios normativos y coyunturales: la eliminación del Impuesto PAIS, que en agosto de 2024 había aportado $659.985 millones; la derogación en marzo de 2025 de la suspensión de certificados de exclusión, que redujo percepciones de IVA y Ganancias en aduana; y los efectos de la moratoria y del REIBP en la base de comparación.

En el acumulado enero-agosto, la recaudación suma $119,3 billones, con un incremento del 49,8% interanual. Sin embargo, la evolución en términos reales dependerá de la dinámica inflacionaria, la estabilidad del tipo de cambio y la capacidad de sostener los ingresos del comercio exterior.

De cara al último cuatrimestre de 2025, el Gobierno enfrenta el desafío de recomponer recursos tras la eliminación de tributos extraordinarios y el impacto de la baja de derechos de exportación. Analistas advierten que el desempeño de la recaudación será clave para sostener el equilibrio fiscal comprometido con el FMI y las provincias.

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Nuevas reglas para denuncias de aportes impagos: cómo impacta en empleadores y trabajadores

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso cambios en la tramitación de las denuncias “Z”, que habilitan a trabajadores y derechohabientes a denunciar incumplimientos previsionales de sus empleadores. La medida actualiza competencias internas tras la reestructuración de la Dirección General Impositiva y apunta a cerrar grietas frente a maniobras fraudulentas.

La Disposición Conjunta 1/2025, publicada este 19 de agosto en el Boletín Oficial, reordena el procedimiento de las llamadas denuncias “Z”, una figura prevista en el artículo 13 inciso a) punto 3 de la Ley 24.241 (Sistema Integrado Previsional Argentino – SIPA).

Estas denuncias permiten que trabajadores o sus derechohabientes reclamen por incumplimientos de sus empleadores en el ingreso de aportes y contribuciones a la seguridad social. Sin embargo, en los últimos años se detectaron maniobras fraudulentas de personas sin relación laboral que buscaban obtener beneficios previsionales de manera indebida.

La instrucción general vigente (N° 1017/2017) había unificado las pautas operativas, pero la reciente Disposición ARCA 36/2025, que modificó la estructura de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Subdirección de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes, obligó a redefinir competencias administrativas.

Nuevas facultades para Grandes Contribuyentes

La resolución firmada por Claudio Ernesto Castagnola y Néstor Hernán Perlasco, directores interinos de las áreas de Control y Recaudación de Grandes Contribuyentes, establece un nuevo esquema de actuación:

  • Artículo 1: Se deroga la Disposición DI-2024-23, ya sin vigencia operativa tras la reorganización interna.
  • Artículo 2: El funcionario a cargo de la División Revisión y Recursos de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes actuará como juez administrativo en los casos de denuncias “Z”, dictando resolución de admisión o rechazo.
  • Artículo 3: Los recursos de apelación interpuestos en los términos del artículo 74 del Decreto 1.397/79 contra dichas resoluciones serán resueltos por la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes.
  • Artículo 4: La disposición entra en vigencia inmediata desde su suscripción.

En la práctica, esto concentra la resolución de conflictos previsionales en el área de Grandes Contribuyentes, fortaleciendo el control en un segmento clave de la recaudación.

La medida tiene un doble alcance. Por un lado, garantiza la continuidad de la fiscalización previsional en línea con las atribuciones que la Ley 24.241 otorga a la administración tributaria. Por otro, busca cerrar grietas regulatorias frente a fraudes en las denuncias “Z”, que podrían comprometer fondos del SIPA y generar costos fiscales no previstos.

Fuentes del organismo remarcan que la reasignación de facultades responde al principio de eficiencia administrativa: “La reorganización procura unificar procedimientos y fortalecer el control sobre incumplimientos de grandes empleadores, que representan una parte sustancial de los aportes al sistema previsional”, señalaron.

Para los grandes contribuyentes, el cambio implica un mayor nivel de escrutinio y resolución más centralizada, lo que podría derivar en litigios administrativos más ágiles pero también en un endurecimiento de las sanciones.

Señales de endurecimiento fiscal

El rediseño de competencias se enmarca en la política del Gobierno nacional de fortalecer la recaudación previsional y combatir la evasión en un contexto de ajuste fiscal. La decisión de delegar funciones de juez administrativo en la División Revisión y Recursos marca una tendencia hacia procesos internos más expeditivos, con menor dispersión entre áreas.

Hacia adelante, analistas legales anticipan que este modelo podría replicarse en otras áreas sensibles de la seguridad social, ampliando la capacidad de ARCA para perseguir incumplimientos. La medida envía además una señal clara al sector privado: la fiscalización de aportes y contribuciones será uno de los ejes de control tributario en 2025.

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