El riesgo país de Argentina superó los 790 puntos básicos en las últimas jornadas de marzo, en una señal que contrasta con las expectativas generadas por la inminencia de un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 20.000 millones de dólares. Pese a que el anuncio oficial del programa parece descontado por los mercados, la tensión financiera y cambiaria se mantiene, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas oficiales y la credibilidad del plan.

Desde diciembre, la economía experimentó un deterioro visible en sus principales indicadores. La brecha entre el dólar libre y el oficial se amplió del 15% al 21%, y las tasas de interés de los bonos del Tesoro a un año saltaron del 28% al 38% anual. En paralelo, las reservas brutas del Banco Central se redujeron de 29.600 a 26.200 millones de dólares, a pesar de que las tenencias de oro aportaron 780 millones adicionales.

La desconfianza de los mercados responde, en parte, a la falta de definiciones concretas sobre el acuerdo con el FMI. El documento firmado no especifica la magnitud exacta de la capitalización que recibirá el Banco Central. Si de los 20.000 millones de dólares se reservaran 14.000 millones para pagar vencimientos hasta 2029, solo quedarían 6.000 millones para fortalecer las reservas. En cambio, una interpretación más favorable sugiere que esos fondos no estarían condicionados y permitirían una capitalización mayor, aunque aún sin confirmación oficial.

Otro punto de incertidumbre es la sostenibilidad del actual esquema monetario y cambiario. La estrategia del gobierno de mantener un crawl del 1% mensual luce cada vez menos sostenible. Según Jorge Vasconcelos, economista de la Fundación Mediterránea, persistir con este ritmo incrementa el riesgo de nuevas subas en las tasas de interés y complica la acumulación de reservas, sobre todo en un contexto de creciente desconfianza global y tasas internacionales elevadas.

El propio informe del IERAL advierte que un esquema de tipo de cambio cuasi-fijo, como el actual, es inadecuado en este entorno. La alternativa sería avanzar hacia una flotación administrada, que permitiría absorber los shocks externos principalmente a través del tipo de cambio, limitando el impacto sobre tasas de interés y reservas. En este escenario, incluso se proyecta que la oferta adicional de divisas por la eliminación del esquema “blend” podría superar los 13.000 millones de dólares.

Sin embargo, la transición hacia una flotación administrada no estaría exenta de riesgos. Existe una masa potencial de pesos equivalente a 120.000 millones de dólares, que podría volcarse sobre el dólar ante un deterioro de expectativas. Además, la cuenta corriente de la balanza de pagos pasaría de un superávit del 1% del PIB en 2024 a un déficit proyectado de 1% en 2025.

A pesar de este panorama, Vasconcelos destaca que la situación es menos grave que en la crisis de 2018-2019. El déficit externo de bienes y servicios, ajustado por inflación, es actualmente de 2,1% del PIB, muy por debajo del 11,4% registrado en 2017. Además, las exportaciones medidas a precios constantes representan hoy un 25,7% del PIB, frente al 20,1% de entonces.

El desafío será evitar que el programa con el FMI quede condicionado por la coyuntura electoral, algo que podría reforzar la percepción de un “día D” posterior a las legislativas, lo cual limitaría su credibilidad. Por ello, el autor señala que, además de la política monetaria y cambiaria, serán clave las reformas estructurales. Entre las prioritarias, Vasconcelos propone ampliar el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) para incluir a Pymes y una reforma laboral similar a la de Brasil en 2017, que facilite la formalización del empleo y aumente la productividad.

En definitiva, la estabilidad de las expectativas y la credibilidad del programa serán determinantes para evitar que el país repita episodios de volatilidad como los de años anteriores. Aunque el acuerdo con el FMI parece inminente, su éxito dependerá de la claridad de las reglas, la capacidad de cumplir metas y la profundidad de las reformas.