Por Marcela Cristini y Guillermo Bermúdez – La Argentina no logra alinear sus intereses exportadores con los objetivos de muy corto plazo de las autoridades y el resultado ha sido la reiteración de intervenciones disruptivas de los mercados con pérdidas de divisas y sin solución a los problemas planteados, como en el caso de la carne vacuna. Lamentablemente, el clima persistente de riesgos regulatorios mantendrá sus efectos negativos sobre la inversión y el crecimiento.

Anualmente se comercian en el mundo unos USD 1500 millones en alimentos y forrajes. La Argentina representa entre un 2,5% y un 3% de ese total. Su participación en el negocio agroindustrial internacional es diez veces superior a su participación promedio en el comercio mundial total. Esta es una muestra más de su importante ventaja comparada en el agro.

Entre los productos que destacan en nuestras exportaciones agropecuarias se encuentran los cereales (maíz y trigo) y los oleaginosos y sus derivados (soja, su harina y aceite y los biocombustibles). A estos se suman los complejos de productos regionales (vino, azúcar, miel, etc.). La carne vacuna también forma parte de ese conjunto en su carácter de exportación tradicional, con una participación que ha fluctuado debido a las oscilaciones del ciclo ganadero y de numerosas intervenciones públicas que las acotaron a lo largo de los años.

En los primeros cinco meses del presente año, las exportaciones de la Argentina se vieron beneficiadas por un ciclo alcista en el precio de los commodities, especialmente la soja y el maíz. Esto determinó que el complejo de soja sumase más de USD 3000 millones extra al ingreso de divisas comerciales sin aumento del esfuerzo exportador (información del INDEC). Además, la participación agroindustrial en las exportaciones totales se elevó al 71% del total, muy por encima del tradicional y ya elevado, 50%.

Pese a los claros aportes del sector al crecimiento y al financiamiento del desarrollo en nuestro país, en numerosas oportunidades la política económica ha afectado negativamente al agro. Por un lado, la política sectorial ha sido habitualmente dominada por la política macroeconómica de la Argentina y, en consecuencia, ha dejado al sector expuesto a los vaivenes del tipo de cambio y la tasa de interés en cada una de las crisis recurrentes. Por otra parte, entre 2004 y 2015 y en el actual turno de gobierno, las autoridades generaron la idea de que las mejoras de precios internacionales para el sector agropecuario se oponen al bienestar de los consumidores locales. Esta idea se corporiza en el planteamiento de acciones de política en “defensa de la mesa de los argentinos”.

Ya en otras oportunidades se ha mostrado desde esta sección de Indicadores de Coyuntura el error de mantener para la Argentina la hipótesis de los alimentos como “bienes-salario” que se hereda de una realidad a inicios del siglo pasado que cambió a medida que nuestro país avanzaba en su desarrollo. Otro error asociado es el de pensar que la exportación agroindustrial constituye una prueba de una economía “primarizada”, limitada en su crecimiento. La reiteración de esos errores aconseja que se retomen, una vez más aquí, los argumentos que explican el funcionamiento de esos mercados.

Para iniciar el análisis conviene citar un trabajo reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la carestía de los alimentos durante la Pandemia. En primer lugar, el estudio indica que el aumento de los precios de los alimentos en los mercados internacionales precedió al COVID 19 debido, sobre todo, a la pérdida del stock porcino en China por una epidemia de fiebre y a los conflictos comerciales entre ese país y los Estados Unidos. En segundo lugar, los costos internacionales de transporte también han ido en aumento, sumándose a los precios de los productos transportados. En tercer lugar, el análisis indica que los precios de la soja y el maíz en los mercados internacionales han aumentado un 86% y un 111% en el período mayo 2020-mayo 2021 por diversos factores como la fortaleza de la demanda debida a razones precautorias durante la Pandemia, la demanda adicional por biocombustibles y problemas climáticos. Con todo, al momento de traducir esos aumentos al índice global de alimentos a nivel mayorista, el incremento estimado es del 25%, en promedio, entre 2020 y 2021, estabilizándose en este último año. A su vez, este aumento se traslada sólo parcialmente al consumidor y en este nivel, la variación de precios de los alimentos se estima en 3,2% para 2021 y 1,75% para 2022, con un aumento adicional del 1% debido al aumento en los costos de transporte. Como ocurre también en el caso de la Argentina, los productos alimentarios básicos son sólo una parte del precio de los alimentos en el nivel del consumidor y están mediados por los costos de elaboración y transporte que, en muchos casos, representan más del 70% de los precios finales. En los países de macroeconomía estable, esos eslabones de procesamiento en la cadena mantienen sus costos e inclusive reducen transitoriamente sus márgenes para no perder participación de mercado, lo que redunda en precios al consumidor mucho menos fluctuantes.

Atendiendo a esa descripción, era esperable que también en nuestro país los precios de los alimentos subiesen por encima de la inflación general en este último par de años, pero ese efecto debería generar un problema menor en un país exportador neto de alimentos como la Argentina, ya que no se enfrentaría el problema de abastecimiento y el mayor ingreso fiscal derivado de las mayores ganancias del negocio permitirían atender con subsidios directos a la población más vulnerable.

A contramano de la descripción anterior, en el marco de precios desbordados que crecen entre el 40 y 50% anual, las autoridades actuales han preferido la intervención directa en los mercados de productos básicos (ya se había optado por esta vía entre 2004 y 2015). Los mercados de trigo y maíz fueron los primeros en ser afectados, luego el mercado de aceites, pero el ejemplo más acabado de la intervención de la política es el del mercado de la carne vacuna.

Este mercado no opera en la misma forma que el de los cereales y oleaginosos, cuyo principal destino es la exportación. En el caso de la carne vacuna en la Argentina, tradicionalmente, el mercado interno es el que determina el precio mayorista, y la exportación procede en la medida en que los precios internacionales le confieran rentabilidad al negocio. En efecto, el consumo interno ha representado el 85% del destino de la faena en los últimos 20 años, en promedio, dominando la formación del precio (ver Gráfico 1). Con el curso del tiempo, la atención a mercados de alto nivel adquisitivo y/o condiciones sanitarias específicas llevaron a la certificación de productores y frigoríficos que integran cadenas orientadas a esos abastecimientos, en varios casos bajo la modalidad de cuotas de exportación (destinos como la Unión Europea, los Estados Unidos o Israel). Pero la gran mayoría de la oferta argentina depende para su competitividad de lo que ocurra en el mercado local. En ese mercado los aspectos que más influyen en el comportamiento del precio son, del lado de la oferta, la situación del ciclo ganadero y, del lado de la demanda, la evolución del ingreso de los consumidores.

Más recientemente, la exportación de carne y sus derivados sumaron USD 3368 millones en 2020 (Gráfico 2) y su volumen representó un excepcional 30% de la faena total que alcanza a 12 millones anuales de cabezas. La parte mayoritaria de la faena se sigue destinando al mercado interno y equivale actualmente a un consumo en torno de los 49 kg por habitante al año (promedio últimos 12 meses).También hay que recordar que el mercado local está consumiendo un promedio de más de 100 kg por habitante al año de diversas carnes, que es un consumo altísimo en el mundo. Lo que ha variado es la composición, reduciéndose el consumo de carne vacuna a favor del consumo de pollo y porcino.

Esto no significa desconocer que el muy significativo aumento de la pobreza en la Argentina compromete el consumo de la población más vulnerable. Estos consumidores quedan expuestos al aumento de los precios de los cortes populares. Según datos del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en mayo del presente año los precios de la carne vacuna al consumidor, en promedio, subieron 76% contra el mismo mes del año pasado. El asado de tira fue el corte que más subió, con 93%, y el vacío y la falda le siguieron, con 84% de incremento.

Desde inicios de año, las autoridades avanzaron por una doble vía para morigerar el efecto de estos aumentos. Por una parte, buscaron promover el abastecimiento interno a precios accesibles comprometiendo a los frigoríficos en un programa de distribución de cortes populares. Por el otro, desplegaron amenazas de aumentos en los derechos de exportación de la carne para desalentar las ventas externas y avanzaron por esa vía prohibiendo directamente las exportaciones por el mes de junio y, más recientemente, reabriendo parcialmente esas ventas.

El episodio de junio con el cierre de las exportaciones cárnicas sólo respetó la cobertura de las cuotas otorgadas a nuestro país por la Unión Europea y los Estados Unidos. La gran perjudicada fue China, que actualmente demanda el 75% de nuestras exportaciones (ver Gráfico 3). Israel, otro de nuestros demandantes tradicionales, también se vio afectada y presentó una queja al respecto. Las restricciones a las exportaciones también afectaron a los tambos, dado que las vacas de descarte tienen como destino China. En ese destino, Argentina compite con sus socios del MERCOSUR, ya que junto con Brasil y el Uruguay se alcanza entre el 70 y 80% de las importaciones chinas. La respuesta de los productores fue grave e implicó un cese de comercialización de hacienda por 14 días.

La evolución actual de la intervención siguió por un sendero similar. A principios de mayo, se renovó el acuerdo para la distribución de carne a precios, hasta el 31 de diciembre, con actualización trimestral. Con respecto a las exportaciones, se decidió una reapertura gradual, permitiendo exportar el 50% de las exportaciones del año anterior además de las cuotas mencionadas. Esto dio lugar a establecer un mecanismo de asignación de las cuotas que no tuvo en cuenta la complejidad de los operadores existentes (frigoríficos, exportadores sin planta, consorcios de productores-exportadores), afectando así la competencia en el mercado. Adicionalmente, se inició la negociación de un Plan Ganadero con el objetivo de aumentar la producción a unos 5 millones de toneladas anuales y asegurar el suministro a nivel doméstico.

Mientras todo esto ocurre en la Argentina, en el mundo sigue avanzando la idea del reemplazo de las proteínas de carnes por “proteínas de plantas”, texturizadas para asemejarse a los consumos tradicionales, como las hamburguesas. Esos son los casos de Beyond Meat e Impossible Food a los que ahora se suman inversores que ocupan un lugar central en la comercialización internacional de cereales y oleaginosas como ADM y Cargill. Más recientemente, Israel anunció la producción a escala de carne de laboratorio y a esa iniciativa se sumó el frigorífico brasileño BRF, financiando una planta con tal propósito en su país.

Resumiendo, los precios de los alimentos al consumidor local en un régimen de alta inflación reflejan no sólo lo que ocurre en el mundo sino muy especialmente el aumento de los costos primarios pero, sobre todo, en los encadenamientos hacia delante de la cadena de producción, que tienen su propia dinámica (paritarias, aumento de costos de insumos, costos crecientes de transacción, costo de financiamiento, etc.). El corrimiento de la demanda hacia cortes más baratos por caída en el ingreso también podría estar jugando un papel.

El ejemplo de la carne vacuna habla por sí mismo y sugiere que, en el futuro inmediato, debería esperarse que los recurrentes riesgos regulatorios limiten las inversiones de todo tipo en el sector agroindustrial, incluyendo las inversiones tecnológicas y las ganaderas, con el consecuente impacto negativo en el crecimiento. Ejemplos de esos riesgos incluyen los cambios en los requisitos para poder ejercer el comercio agroindustrial, la modificación del régimen en el dragado de la Hidrovía sin que se descarte su estatización, una reducción en el corte de biocombustibles que pasaría del 10% al 5%, aumentando el uso de combustibles fósiles y afectando a las PYMES del sector, o las consecuencias derivadas de las críticas al más alto nivel referidas al paquete tecnológico de la soja, nuestro principal producto de exportación, a través de la generalización de la idea de los “agrotóxicos”. Lamentablemente, el desencuentro entre la política y la producción agroindustrial no permite ser optimista con respecto a la elaboración de un programa basado en un diagnóstico ajustado al efectivo funcionamiento de los mercados.

Marcela Cristini y Guillermo Bermúdez: economistas de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL

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