La problemática que desde junio se mantenía en la trastienda de la opinión pública, volvió a salir a escena a raíz de una jornada del Poder Judicial correntino denominada “Trabajo infantil, infancias invisibles, entre mitos y evidencias”, en la que se señaló que en el Norte Grande el 13% de los niños realiza una actividad laboral, cifra que se ubica por encima de la media nacional. 

A pocos días en Misiones, el ex gobernador y actual vicepresidente de la Cámara de Representantes Hugo Passalacqua, presentó un proyecto de ley que en caso de tratarse en 2.022 y aprobarse, instaría a las empresas a llevar una etiqueta de certificación donde se expondría un sello que garantice la producción como “libre de trabajo infantil y trabajo forzoso”, en concordancia con el punto 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por las Naciones Unidas. 

Números que asustan. Si bien las cifras ya eran alarmantes previo a la pandemia, hace tres meses UNICEF publicó un informe conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que explicitan que la cantidad de niños trabajadores alcanza a 160 millones en todo el mundo, tras un aumento de 8,4 millones en los últimos cuatro años, y varios millones de niños más se encuentran en situación de riesgo debido a los efectos de la COVID-19. 

La mayor incidencia del trabajo infantil se registra en las áreas rurales involucrando al menos a 206.635 niños, niñas y adolescentes. Solo en el NEA más de 110.000 NNyA entre 5 y 15 años están inmersos en situaciones de trabajo infantil. 

No existen datos oficiales que den cuenta de la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están inmersos en situaciones de trabajo infantil en la provincia. La información circundante, es parcializada y en la mayoría de los casos fue generada en base a fines y sectores específicos, como por ejemplo el diseño de programas de Responsabilidad Social Empresaria. 

La concientización. Al igual que en otras provincias del país, la visibilización del trabajo infantil rural como una problemática que pone en jaque los derechos de infancia, fue inicialmente cuestionada por organizaciones de la sociedad civil con foco en los derechos humanos. Pero también, por empresas vinculadas al agro que comercializan sus productos en mercados internacionales, bajo normas de certificación en el marco de las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de manufactura, entre otras. 

Paradójica o sensatamente -dependiendo desde dónde se mire-, son justamente esas organizaciones del tercer sector quienes hoy acompañan el diseño e implementación de estrategias de intervención para la prevención y erradicación del trabajo infantil en el ámbito rural. 

Sueño para Misiones por su parte, es una organización que pasó de la denuncia en campañas de redes sociales a los pasillos legislativos y reuniones con diputados, en búsqueda de incidencia parlamentari en vistas a visibilizar la problemática y ser por estas horas, un referente clave en el proyecto de certificación de productos libres de trabajo infantil en Misiones. 

Los recursos públicos y privados destinados a generar conciencia en torno al problema fueron muchísimos durante años. Y lo siguen siendo, mientras que la problemática sigue presente en distintos cultivos y zonas de la provincia. 

El marco institucional en Misiones. En 2.002 se creó la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), un espacio conformado por el estado provincial y municipal, el poder judicial, sindicatos y organizaciones del tercer sector. 18 años después, el gobernador Oscar Herrera Ahuad llamó a trabajar hasta  lograr el “Trabajo Infantil Cero”. 

Hace un año, la Ley Orgánica de Municipalidades (XV – N.° 5) incorporó como prioritaria el Área de Niñez y Adolescencia en cada municipio misionero, cuestión que no solo institucionalizó sino que también, evidenció la necesidad de impulsar y fortalecer todas aquellas iniciativas vinculadas a salvaguardar la infancia. En este contexto, la COPRETI creó más de 20 Comisiones Municipales en el territorio provincial, todos ellos bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y Empleo.

Pasar a la acción. Tal como lo informó oportunamente Economis, el proyecto presentado por Passalacqua comprende la creación de un Programa, en el ámbito del Ministerio de Empleo y trabajo, llamado: “Compromiso Social Compartido para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente en la Producción Agrícola”. 

Entre otras cosas, se propone establecer un sellado para los productos certificados como libres de Trabajo Infantil, crear un registro de empresas de producción agrícola participantes, coordinar con las distintas áreas y reparticiones públicas a efectos de sistematizar y operativizar su inclusión en el Sistema de Proveedores del Estado Provincial así como también incorporar la exigencia en pliegos y condiciones de licitaciones de la Administración Pública provincial. 

En conversación con Economis, Passalacqua resaltó que el proyecto se orienta fundamentalmente a productos alimenticios tales como yerbas y huertas, entre otros y que, al mismo tiempo, hilvana con otros mecanismos del Gobierno.  

Se aspira a que el etiquetado “libre de trabajo infantil” sea voluntario y genere “prestigio” a aquellas marcas que lo utilicen. “La marca – certificada y supervisada por el Ministerio de Trabajo-  ayudará a crear conciencia y que sean a las propias empresas a las que no les convenga que niños trabajen en sus productos. Buscamos socios en las empresas, municipios y ONG. Es una política muy difícil a todos lados para implementar. Solo poniendo el juego el prestigio (que a su vez pondría en acción a los propios consumidores, que es de presumir elegirán marcas no contaminadas con este durísimo flagelo). 

Cabe destacar que, más allá de diseñar el Programa Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil (PROETI) en 2.018, Passalacqua acompañó de forma activa y promoviendo la articulación interinstitucional ya desde su gestión de vicegobernador a los programas de prevención del trabajo infantil del sector rural, particularmente, aquellos desarrollados por el sector tabacalero. 

“Necesitamos un esfuerzo conjunto del tejido social todo para este combate. El Estado solo no alcanza. Es literalmente imposible. Tengo fe que de aprobarse en algún momento este paso será colaborativo en que haya justicia. Es un Estado siempre presente pero también sabedor de sus limitaciones. Necesitamos socios en esta lucha y no hay xq esconder nuestros déficits más allá de la buena voluntad”, sentenció.  

Por último, agregó que “no creo que con esto lleguemos a trabajo infantil CERO pero si estaríamos dando una gran paso a una sociedad un poco más justa y con conciencia de sus propias debilidades y ACTUAR TODOS en consecuencia”.

La iniciativa despierta posturas disímiles. Mientras algunos se manifiestan públicamente a favor, están quienes prefieren no tomar partido y otros, consideran que aún faltan escalafones para poder generar una certificación genuina. 

Alejandro Haene, presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), entiende que “la certificación es parte de un proceso lógico y necesario al cual hay que llegar”. Y la postura no sorprende, ya que el Comercio Justo es una de las herramientas que va denotando mayor efectividad para la promoción del desarrollo sostenible de comunidades productoras de todo el mundo. 

La realidad indica que para avanzar con la puesta en marcha de una certificación habrá que ubicar sobre la mesa algunas cuestiones de base. Entre ellas, ¿qué actividades son las que se consideran puntualmente trabajo infantil en el agro misionero?; ¿cuántos niños y adolescentes están involucrados en situación de trabajo infantil? ; ¿qué beneficios obtendrán los productores que certifiquen sus productos, respecto de los no certificados?, ¿quiénes, dónde y bajo qué parámetros se realizarán las inspecciones?, ¿qué estrategias se utilizarían para incentivar la incorporación en góndola de los productos certificados y su consumo?, y un gran etc. 

Compromiso real entre empresas y gobierno, organizaciones del tercer sector responsables y transparentes, articulación institucional para salvaguardar los derechos de la infancia, articulación real entre programas ya existentes y consumidores dispuestos a elegir productos certificados, son sólo algunas de las cuestiones que deben existir y generar sinergia  para empezar a transitar desde el mercado un camino hacia la producción y el consumo responsable. 

Imagínese que todo lo anterior ya se ha resuelto. Usted se encuentra ahora frente a una góndola con dos productos de la misma categoría pero de distintas marcas y precios. ¿Cuánto más estaría dispuesto a pagar por el producto que cuenta con el sello “libre de trabajo infantil”?

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