En un desarrollo significativo del caso de abuso y explotación sexual infantil que involucra a los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, la Fiscalía solicitó la elevación a juicio de ambos imputados. Las acusaciones contra los hermanos, quienes residen en Apóstoles, Misiones, abarcan graves cargos de distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI), con víctimas presumiblemente menores de 13 años. El ex diputado puertista-libertario está detenido en el penal de Cerro Azul junto a su hermano Sebastián, quien enfrenta además cargos por abuso sexual simple contra una menor de edad. Pueden enfrentar penas que van desde seis a quince años de cárcel.

El caso comenzó en los primeros meses de este año, tras la intervención de la Coalición de Rescate Infantil y el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC), quienes alertaron a las autoridades sobre la actividad ilícita detectada a través de la plataforma de intercambio de archivos eMule. Germán Kiczka en particular, fue identificado como operador detrás de la distribución de más de 900 archivos con contenido de explotación sexual infantil. Estos archivos fueron compartidos entre usuarios desconocidos, mediante conexiones a través de la dirección IP asociada a su domicilio en Apóstoles. También quedó en evidencia, a través de grupos de whatsapp, que sus gustos aberrantes eran compartidos y conocidos por amigos y socios políticos, incluidos en el grupo “Cigarros”, con familiares de Pedro Puerta y empleados de la fábrica de cigarros de la familia del ex gobernador.

Las autoridades consiguieron acceder a los dispositivos informáticos de los imputados, lo que permitió descubrir un amplio abanico de pruebas, incluyendo videos e imágenes de abuso infantil, zoofilia y prácticas de incesto. En la investigación se documentaron conversaciones explícitas de Sebastián en aplicaciones como WhatsApp, donde discutía temas relacionados con menores y expresaba deseos inapropiados.

Además, las pruebas incluyeron mensajes de texto entre Sebastián y otros individuos, en los que se discutían detalles sobre menores, algunos de los cuales eran objeto de interés sexual. Una conversación particularmente preocupante fue con un contacto identificado como “Pripi”, en la que Sebastián hablaba sobre esperar a una niña, refiriéndose a ella en términos sexuales explícitos.

Uno de los párrafos más impactantes del expediente judicial fue el testimonio de una joven de 15 años que relató cómo Sebastián Kiczka la tocó sin su consentimiento en el gimnasio “AMAL” de Apóstoles. Según la niña, la situación ocurrió cuando Sebastián la empujó contra una bacha de baño y la besó, además de tocarle el glúteo. La menor recordó que Sebastián le envió fotos sexuales y le pidió que enviara imágenes con contenido sexual, lo que ella se negó a hacer.

Este testimonio fue respaldado por una pericia psicológica que evidenció los efectos emocionales del abuso sufrido por la joven, quien denunció la manipulación y el control psicológico al que Sebastián la sometía.

Por otro lado, el hermano de Sebastián, Germán Kiczka, también está implicado en la distribución de MASI. Durante los allanamientos realizados en su domicilio y en su lugar de trabajo, se hallaron diversos dispositivos con contenido ilícito. Al igual que su hermano, Germán utilizaba la aplicación eMule para compartir archivos, lo que resultó en la identificación de más de 900 archivos de abuso infantil y prácticas zoofílicas.

Los registros de búsqueda en línea de Germán mostraron un patrón de interés en material relacionado con el incesto y el abuso de menores. Los dispositivos electrónicos incautados, incluidos teléfonos móviles y notebooks, contenían múltiples archivos y videos que documentaban abusos a menores, con algunos de los archivos recuperados desde dispositivos eliminados con el software forense Autopsy.

Con la solicitud de elevación a juicio, la fiscal Silvia Barronis solicitó que ambos hermanos enfrenten cargos por tenencia, distribución y consumo de material de abuso sexual infantil, así como por el abuso físico denunciado por una menor de edad. Se espera que el juicio arroje más detalles sobre la red de distribución de material ilícito y sobre los mecanismos empleados por los Kiczka para el acceso y la distribución de contenido de explotación sexual infantil.

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