El Gobierno de Javier Milei modificó la Ley de Ministerios y reasignó competencias entre Salud y Economía en materia de fiscalización sanitaria, alimentos y productos regulados, al tiempo que incorporó de manera explícita la prevención y el tratamiento de la ludopatía a las políticas públicas de salud.

La medida fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 771/2026, publicado este viernes, que entró en vigencia desde su dictado y deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, de acuerdo con el procedimiento previsto para los DNU por la Ley 26.122.

Uno de los cambios centrales consiste en delimitar las responsabilidades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía en materia de control sanitario. Economía conservará la fiscalización sanitaria vinculada con la producción agropecuaria, forestal y pesquera y con la sanidad, calidad e inocuidad de productos y derivados agroalimentarios, bebidas, aguas minerales, dietéticos y alimentos acondicionados, desde su producción hasta su comercialización, importación y exportación.

Salud, en tanto, mantendrá su intervención sobre medicamentos, productos biológicos, drogas, hierbas medicinales y material e instrumental de aplicación médica, pero su competencia sobre productos de higiene, tocador, cosmética humana y de uso doméstico quedará concentrada en la determinación de las sustancias prohibidas y de uso condicionado.

El decreto sostiene que esta reorganización no implica dejar sin regulación a esos productos, sino delimitar las competencias estatales y establecer una coordinación entre los ministerios involucrados. El objetivo declarado es concentrar en Salud la rectoría sanitaria y normativa vinculada con la protección de la salud de la población.

El cambio de mayor impacto social aparece, sin embargo, en otro punto de la reforma. El Ministerio de Salud tendrá ahora entre sus competencias el diseño y ejecución de políticas públicas relacionadas con la prevención, concientización, capacitación, investigación y abordaje integral de la ludopatía asociada a juegos de azar y apuestas.

La decisión incorpora al ámbito sanitario una problemática que el propio decreto vincula con el crecimiento de las apuestas, particularmente a través de plataformas digitales. Como fundamento, el Gobierno cita información del Observatorio Argentino de Drogas correspondiente al Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria Argentina 2025.

Según los considerandos del DNU, más de una cuarta parte de los estudiantes relevados manifestó haber participado en apuestas con dinero durante el último año y la prevalencia fue significativamente mayor en las modalidades desarrolladas mediante plataformas digitales. El Gobierno considera que ese escenario requiere fortalecer las herramientas institucionales de prevención y atención.

La nueva atribución no se limita a campañas de concientización. El decreto incluye la capacitación de equipos de salud, la producción de evidencia, la prevención, la detección y el abordaje integral de las personas afectadas, además de dispositivos asistenciales especializados.

El enfoque implica un cambio relevante en la manera en que el Estado aborda el problema: la ludopatía deja de aparecer únicamente como una cuestión vinculada con la regulación de los juegos de azar y pasa a ser también una problemática de salud pública, con herramientas preventivas y asistenciales bajo responsabilidad del Ministerio de Salud.

El decreto fundamenta esa decisión en la consideración de la ludopatía como un trastorno caracterizado por la pérdida de control sobre la conducta de juego, su persistencia pese a las consecuencias negativas y un impacto potencial sobre la salud mental, la economía personal y familiar, las relaciones sociales y el desempeño educativo y laboral.

Desde una perspectiva de políticas públicas, el desafío será convertir la nueva competencia administrativa en capacidad efectiva de prevención y asistencia. La incorporación formal de la ludopatía a la agenda sanitaria permite ordenar responsabilidades, pero su impacto dependerá de la implementación de programas, la capacitación de profesionales, la generación de información y el acceso a dispositivos de atención.

El DNU también modifica la competencia de Salud en materia alimentaria y establece que ese ministerio intervendrá en la normatización y rectoría sobre alimentos dentro de su ámbito específico, mientras Economía concentrará las funciones de fiscalización sanitaria vinculadas con la producción y comercialización agroalimentaria.

El Gobierno presentó los cambios como una reorganización destinada a mejorar la gestión y delimitar responsabilidades estatales. En términos operativos, el nuevo esquema busca evitar superposiciones y asignar a cada cartera funciones específicas, con Salud concentrada en la rectoría sanitaria y Economía en los controles vinculados con la producción agroalimentaria y su cadena comercial.

El Decreto 771/2026 constituye así una reforma de alcance múltiple: reordena competencias sanitarias entre dos ministerios y, al mismo tiempo, abre una nueva línea de política pública frente al crecimiento de las apuestas, especialmente entre jóvenes y en entornos digitales.

La efectividad de la medida se medirá ahora menos por el cambio formal en la Ley de Ministerios que por su capacidad para traducirse en prevención temprana, asistencia accesible y evidencia para intervenir sobre una problemática que el propio Gobierno identifica como creciente.