Misiones es por estas horas el epicentro del debate ambiental como anfitriona de la PreCop29. Pero además es pionera no sólo en la Argentina, sino en la región, con un paso clave: la certificación de créditos de carbono. 

La Provincia ya entró en la etapa final y se prepara para recibir en el primer trimestre del año próximo, los primeros desembolsos por la retención de dióxido de carbono de la selva misionera. Se certificaron 1,4 millones de hectáreas y el primer pago sería de 55 millones de dólares por la custodia de la selva entre 2017 y 2022, lo que equivale a nueve millones de dólares anuales, más del doble del fondo fiduciario de Bosques Nativos que acaba de eliminar el gobierno  de Javier Milei. 

Ese dinero se dividirá en tres porciones, según precisó Maximiliano Galli, asesor del Gobierno provincial y enlace con la consultora Verra. Una parte se destinará a un fondo de desarrollo sustentable, que servirá para financiar a ONGs, universidades, pueblos originarios, emprendedores, PYMES, que quieran presentar proyectos para pedir fondos.

La segunda porción será para los propietarios de las parcelas con monte. Para tener un punto de comparación, en el programa 2014-2016 por REDD+, Nación pagó a Misiones US$ 3M, pero nada para los privados. Ahora cobrarán automáticamente. “Este programa de Misiones paga de verdad a privados”, remarcó Galli en diálogo con Economis en el marco de la PreCop29 que comenzó este miércoles en Posadas.

“El programa está en etapa de recopilar las respuestas a la auditoría. Parte del proceso es recibir una auditoría que vino en mayo, con la gente de Verra y esperamos hacer la devolución al auditor en octubre. Si Verra, si no tiene observaciones, nos van a certificar diez millones de VCU (verified carbon unit) o créditos de carbono. Después de gastos, son 55 millones de dólares. Y es esa cifra porque Misiones está yendo al mercado voluntario. Si fuéramos al mercado regulado, sería un precio mucho más alto. Pero de entrada serán, por lo menos, 55 millones de dólares”, explicó. 

“Los fondos van a ir a un fideicomiso que administra el Banco Macro, que es fiduciario y asegura la transparencia porque está auditado por el Banco Central. De ahí a tres cuentas. A la cuenta uno va el 30 por ciento de esos 55 millones. A la dos, otro treinta por ciento y a la cuenta tres el cuarenta por ciento. La cuenta uno es el fondo de desarrollo sustentable. ONGs, universidades, pueblos originarios, emprendedores, PYMES que quieran presentar proyectos para pedir fondos lo puedan hacer. Un proyecto de agroecología, podés presentar una solicitud de fondo. Va a haber todo un proceso que hay que seguir, pero son aportes no reembolsables. Si querés armar drones para sacar imágenes ambientales, lo podés hacer; si querés desde alguna universidad armar un taller o alguna carrera vinculada a crédito de carbono, lo podés hacer. La cuenta uno está armada para que haya el mayor derrame posible a la sociedad civil de Misiones”, detalló. 

La cuenta dos es para pagos a propietarios de bosques nativos. “El programa se hizo calculando reducciones de emisiones sobre un millón y medio de hectáreas de bosque nativo. Ahí va a haber una asignación, un pago que va a ir a los propietarios”.

La cuenta tres son fondos que va a usar la Provincia a través de los distintos ministerios y organismos, pero con un foco puesto en ejecutar la estrategia REDD+ provincial. “El dinero no va a rentas generales, sino que vuelve a conservación”. 

Misiones no sólo es pionera en la Argentina, sino que como estado subnacional, también lo es en otras regiones. Galli estuvo hace unos días en el Amazonas peruano y allí elogiaron el avance misionero, que podría ser tomado como base. 

El Programa Jurisdiccional REDD+ de Misiones se ha convertido en un referente a nivel mundial y en una iniciativa digna de replicar. En el Perú, aunque existen muchas iniciativas de carbono forestal y es el país que más créditos de carbono REDD+ ha emitido a nivel mundial, la tasa de deforestación sigue siendo muy alta y por encima del promedio histórico. Para lograr un impacto mayor, es esencial un trabajo conjunto entre los gobiernos y el sector privado.

La experiencia de Misiones demuestra que un enfoque jurisdiccional puede ser altamente efectivo. Este enfoque permite una mejor coordinación entre las diferentes entidades gubernamentales y facilita la implementación de políticas de conservación a gran escala.

Galli destacó que el programa reconoce el esfuerzo de toda la jurisdicción en el cuidado ambiental y no por parcelas privadas. “La medición no dice que estos diez millones o estos quinientos mil BCU salieron de la parcela de Juan o de Pedro. Se hace una medición sobre toda la jurisdicción. Por eso no hay un crédito contra parcela. Después el otro tema, el programa jurisdiccional en inglés es JNR. La N está por nesting, o sea, anidamiento. El concepto de anidamiento es que si vos sos un privado y no te gusta el programa JNR, no importa, hacé tu propia certificación como privado. Vendé los créditos a quien vos quieras y al precio que vos quieras. Lo único que pide la Provincia es que se diga cuántos créditos se certifican para que no haya duplicación ni doble contabilidad. Pero en ningún momento del programa se interfiere con los derechos de propiedad. 

¿Cualquiera puede hacer lo mismo?

Sí. Si no le gusta porque le parece que el 30 por ciento es poco o que el precio que va a negociar la provincia es muy bajo, puede iniciar su propia certificación. Hay un trámite que va a haber que hacer en el ministerio de Ecología presentando un formulario para la exclusión del mecanismo de distribución. Si no se hace ese trámite, se recibe el dinero a través del ministerio de Hacienda. 

¿Cuál fue la clave para que Misiones avance tan rápido? 

Lo primero es la decisión política. Si no hay un (Carlos) Rovira que empuje y que tenga la paciencia para insistir en el tema, no se puede. Fíjate lo que pasó en Perú. Primero tenés que tener una decisión política, después una coordinación entre ministerios, siempre hay espacio para mejorar en eso. Tenés un ministro como (Adolfo) Safrán, que  entiende y resuelve rápido. Hay mucha lección aprendida en el medio. Por ahí cuando las otras provincias quieran hacer su programa jurisdiccional, lo sacarán en dos años copiando lo que hizo Misiones. 

¿En el país Misiones es la primera en certificar?

La única sí. Y van a usar un montón de la experiencia de Misiones. Desde los decretos que hemos usado, desde la metodología de trabajo. O sea, hay mucho ahí para transmitir conocimiento desde Misiones, 

¿Cuánto vale un certificado? 

Depende mucho si vas al mercado voluntario. Un certificado privado, puede estar cinco o siete dólares. Estamos tratando que el REDD+, como es jurisdiccional, valga más. Queremos convencer a los inversores de que un REDD+ jurisdiccional vale más que un REDD+ privado. Si Argentina pudiera entrar como Nación,  a firmar acuerdos país a país, sí podría realizar precios de cincuenta, setenta, ochenta euros por crédito, pero para eso hay que hacer todo un trabajo con la Cancillería, con Economía y con Ambiente en Nación y las provincias. 

¿Próximo paso?

Yo creo que sí. Pero ahí necesitamos que el sector privado entienda y acompañe el programa. 

¿Cuándo estaría ingresando el dinero? 

Si no hay mucha demora, en el primer trimestre de 2025. 

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