Por Lorenzo Langbehn y Mariana Schmidt. Hablar de las políticas de protección de los bosques nativos en Argentina es hablar de contradicciones, ambigüedades y conflictos. Pero también es hablar de esperanzas, organización colectiva y esfuerzos genuinos de activistas, asambleas ambientales, organizaciones campesinas, pueblos indígenas, equipos técnicos y de investigación, integrantes de organismos gubernamentales y no gubernamentales. De este panorama con altibajos trata el libro Bosques en disputa, una obra colectiva de la Red Bosques, Políticas y Territorios, que acaba de salir publicada por la colección del Instituto de Investigaciones Gino Germani y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.

Los ordenamientos vigentes clasifican más de 53 millones de hectáreas de bosques en todo el país. De este total, un 21 por ciento está destinado a la categoría I, un 60 por ciento a la II, mientras que un 19 por ciento quedó en categoría III, liberado a la deforestación. La Ley de Bosques preveía una compensación para las provincias que protegieran sus bosques y para los titulares de los bosques sujetos a restricciones. Pero los sucesivos presupuestos nacionales, comenzando en 2010, siempre otorgaron al financiamiento de la política mucho menos de lo que la norma indicaba (el 0,3 por ciento del presupuesto nacional). En los últimos años, la cifra estuvo en torno al 10 por ciento de lo exigido por la ley, y en el borrador del presupuesto 2025 no alcanza al 1 por ciento.

Según datos oficiales, en el período 1998-2022 se perdieron cerca de 6,4 millones de hectáreas en las distintas regiones forestales de Argentina. De ese total, el 57,6 por ciento, que equivale a más de 3,6 millones de hectáreas, fue deforestado durante la vigencia de la ley. La mayor parte de las superficies deforestadas entre 1998 y 2022 se ubica en la región chaqueña y corresponden a Santiago del Estero (2 millones de hectáreas), Salta (1,5 millones hectáreas), Chaco (800 mil hectáreas) y Formosa (500 mil hectáreas). Por otra parte, desde 2020 en adelante se suman como una importante causa de pérdida de bosques los incendios forestales, que vienen ocurriendo en diversas zonas del país.

En cualquier caso, el ritmo de la deforestación se redujo después de la sanción de la Ley de Bosques. Sin embargo, se debate en qué medida esa reducción puede atribuirse a su aplicación. Se señala, por ejemplo, que gran parte de la superficie deforestada corresponde a bosques zonificados como de alto y mediano valor de conservación. Tomando como ejemplo el año 2022, de casi 212 mil hectáreas deforestadas, cerca de la mitad eran bosques de las categorías I (24.397 ha) y II (72.311 ha). Esto mostraría un escaso acatamiento de la legislación, aunque es posible que sin ésta aún más bosques habrían seguido el mismo destino.

Bosques en disputa, capítulo a capítulo

El libro Bosques en disputa intenta reflexionar sobre los desafíos que significó la implementación de la Ley 26.331, sobre los conflictos y controversias que suscitó, y sobre los aprendizajes que permitió. A lo largo de sus capítulos recorre gran parte de la geografía del país, desde Chubut hasta Misiones y Salta, pasando también por territorios que quizá no se asocian a los bosques, como Mendoza y Buenos Aires. En una primera parte se presentan enfoques más generales, que miran al país en su conjunto o abordan discusiones de orden conceptual.

Lorenzo Langbehn y Lucas Figueroa recorren la construcción de las articulaciones institucionales entre los organismos nacionales y provinciales encargados de llevar adelante la política de bosques nativos. Pablo Barbetta y Diego Domínguez analizan la conflictualidad en torno a los bosques nativos y muestran la coexistencia de demandas de tipo ambientalista con luchas por los territorios de vida de sujetos rurales subalternizados. Por su parte, Pablo Barbetta, Walter Mioni y Clara Minaverry discuten los conceptos de juridificación y judicialización de las fuentes de derecho vinculadas con la protección ambiental de los bosques nativos en el país.

Finalmente, Constanza Casalderrey Zapata y colegas, a partir del análisis de diferentes instrumentos de compensación o incentivo económico para la protección de los bosques, reflexionan sobre la noción de servicios ecosistémicos y la economización de la política ambiental.

Delia Ramírez, Jonathan von Below y Fernando Laprovitta muestran cómo se procesa la tensión entre desarrollo y conservación en Misiones y Corrientes. Por su parte, Patricio Straccia y Marina Wertheimer analizan la diferente trayectoria de los conflictos por el ordenamiento de bosques nativos en dos zonas de la provincia de Buenos Aires, las islas del Delta del Paraná y la ribera de Quilmes. Por último, un equipo encabezado por Clara Rubio realiza una comparación entre la experiencia de formulación del OTBN en Mendoza en su primera versión, producida entre 2008 y 2010, y en su reciente actualización. 

A más de 15 años de la sanción de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Misiones emerge como un caso emblemático en Argentina. Su enfoque en la selva paranaense, hogar del último gran remanente de bosque atlántico en el país, la posiciona como una de las provincias con mayor compromiso hacia la conservación. Sin embargo, el camino no ha estado exento de tensiones.

Misiones posee aproximadamente 1,6 millones de hectáreas de bosque nativo, categorizado en un 70% bajo niveles de alta o mediana protección. Esta región enfrenta la presión de actividades agropecuarias, urbanización y el avance de cultivos industriales. Según el informe “Bosques en Disputa”, aunque Misiones ha logrado actualizar su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), la implementación efectiva ha sido desigual.

“Misiones tiene un modelo único en Argentina, no solo por su riqueza ecológica, sino porque históricamente priorizó políticas de protección forestal. Sin embargo, aún quedan desafíos importantes”, comenta Delia Ramírez, autora del capítulo dedicado a Misiones.

La tensión entre conservación y desarrollo económico se refleja en la pugna por las recategorizaciones del uso del suelo, especialmente en áreas periurbanas. Organizaciones sociales y comunidades locales han sido claves para sostener la protección, aunque no siempre tienen los recursos para influir en las decisiones.

Además, la ley plantea un desafío económico. Solo un 10% del fondo nacional destinado a los bosques se asignó en los últimos años. Misiones ha buscado alternativas innovadoras, como el fomento de actividades turísticas sustentables, para equilibrar desarrollo y conservación.

Mirando al futuro

En un contexto nacional de deforestación y conflictos, la experiencia de Misiones ofrece lecciones importantes. La necesidad de reforzar la implementación del OTBN y de aumentar la participación de comunidades indígenas y campesinas es clave para consolidar este modelo.

Con un entorno único en juego, la lucha por los bosques en Misiones representa una oportunidad para repensar las políticas ambientales en Argentina, equilibrando preservación y desarrollo económico sostenible.

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