Emergencia en discapacidad, financiamiento universitario y emergencia pediátrica: cuando el ajuste se impone sobre los derechos.

Mientras miles de familias, estudiantes y trabajadores esperan respuestas, el gobierno nacional se niega a poner en marcha las leyes de emergencia que el Congreso aprobó por amplia mayoría: la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Pediatría.

No se trata de un olvido administrativo. Es una decisión política: desfinanciar la salud y la educación, como paso previo a su privatización.

Las tres leyes nacieron de la lucha colectiva —de organizaciones de personas con discapacidad, de docentes y estudiantes, de médicos, enfermeras y familias— que exigieron al Estado estar presente donde más se lo necesita.

Pero el gobierno elige el camino del ajuste y la insensibilidad, mientras los prestadores de discapacidad acumulan meses sin cobrar, los hospitales pediátricos denuncian la falta de insumos y profesionales, y las universidades públicas pelean por seguir abiertas.

Dicen que no hay plata, pero sí la hay para pagar deuda externa y subsidiar a los grandes grupos económicos. Lo que no hay es voluntad de defender a los argentinos y argentinas que más lo necesitan.

Las leyes están, fueron votadas en ambas cámaras del Congreso y después del veto presidencial, se insistió en su aplicación, lo que falta es un gobierno que crea en el Estado como herramienta de justicia social.

Porque la verdadera emergencia es moral y política: la de un gobierno que abandona al pueblo, traiciona su mandato y tiene a la represión como única respuesta.