A partir de la entrada en vigencia en el estado de Texas de una ley que prohíbe la realización de abortos a partir de las seis semanas de embarazo, se abrió un nuevo debate por la reivindicación de los “cazarrecompensas” que la norma supone y que suma rechazos a la par del retroceso en derechos que la legislación supone.

El pasado miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos propinó el mayor revés al derecho al aborto en 50 años, al negarse a bloquear una ley de Texas que prohíbe el aborto una vez que se detectan los latidos del corazón del feto y sin excepciones por violación o incesto.

Además la norma permite a cualquier persona demandar a los médicos que realizan abortos después de seis semanas o a quien facilite el procedimiento.

“En efecto, (Texas) ha delegado en los ciudadanos del estado la tarea de cazar recompensas, ofreciéndoles premios en efectivo por perseguir civilmente los procedimientos médicos de sus vecinos”, escribió la jueza Sonia Sotomayor en una mordaz disensión a la decisión del máximo tribunal, según un cable de AFP.

Los activistas que temen que la reforma se expanda vieron una señal cuando la campaña del Derecho a la Vida de Texas, que dispuso de líneas telefónicas de información para que la gente denuncie anónimamente a los infractores, indicó que esperaba “replicar este éxito en todo el país”.

Sus preocupaciones se confirmaron cuando la gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, fue una de las primeras en sugerir que adoptaría la misma idea en su propio estado.

No obstante, un sitio web que propiciaba la delación de la asociación antiabortista “Texas Right to Life” se quedó sin espacio en la web por haber recolectado informes de ciudadanos sobre quienes, de diversas formas, ayudan a las mujeres a abortar, bajo la nueva ley de aborto vigente en Texas, según un cable de Ansa.

La caza de recompensas se extendió por todo el mundo desde la Edad Media, pero en la actualidad se encuentra casi exclusivamente en Estados Unidos y Filipinas.

Tristan Cabello, historiador especializado en la cultura y la política de Estados Unidos, declaró a la AFP que la caza de recompensas es una profesión “profundamente arraigada en la psique estadounidense que apela a los ciudadanos más conservadores de Estados Unidos”.

La gran mayoría de los cazarrecompensas se ganan la vida acorralando a fugitivos a cambio de una parte de la fianza y argumentan que prestan un servicio público sin generar gasto público.

Pero la ley del aborto de Texas reavivó el debate sobre un trabajo que puede desencadenar la existencia de personas que actúan como policías “freelance” y cuyos métodos suelen estar protegidos de la supervisión local.

El presidente Joe Biden dijo a periodistas en la Casa Blanca el viernes que la nueva norma de Texas era una ley de “justicieros” que “parece ridícula, casi antiestadounidense”.

En 2017, dos cazadores de recompensas murieron en un tiroteo en un concesionario de automóviles de Greenville, Texas, junto con el fugitivo para el que fueron contratados.

Ninguno de los dos llevaba chaleco antibalas y no habían llamado por teléfono para avisar al negocio que iban a ir.

Es difícil encontrar cifras fiables sobre el número de cazarrecompensas en Estados Unidos, pero la organización Professional Bail Agents of the United States estima el número en 15.000, mientras que la National Association of Fugitive Recovery Agents afirma que el sector detiene a 30.000 fugitivos al año.

Los cazadores de recompensas, sus relaciones con la policía y las normas que siguen son una especie de zona gris, regulada por un mosaico de requisitos desconcertantes que varían mucho según el estado.

El exfiscal adjunto estadounidense Ken White, quien litigó en casos civiles y penales durante décadas, ve el peligro de la ley de Texas no en su tendencia a exponer a la gente a cazadores de recompensas imprudentes, sino en la oportunidad que presenta para que mojigatos chismosos acosen a sus vecinos.

“Puede que no consigan una condena, pero conseguirán que seas arrestado y detenido y hacerte pasar por el sistema y hacer de tu vida un infierno hasta que tu caso sea desestimado o seas absuelto”, dijo.

Michele Goodwin, de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Irvine, dice que la disposición será especialmente dura para las mujeres negras, quienes en números desproporcionadamente altos son usuarias de los servicios de aborto.

“Ya han sufrido vigilancia policial, detenciones injustas, acusaciones y sentencias desiguales. Ahora, esto es una capa adicional (de desigualdad) en sus vidas”.

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