En el marco de la apertura de sesiones de la Legislatura Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua presentó su informe de gestión y destacó la puesta en marcha de las Aulas Talleres Móviles en ocho municipios de la provincia. El mandatario señaló que la propuesta permite acercar formación técnico-laboral a territorios con menor oferta educativa. En ese contexto, sostuvo que “estas acciones buscan integrar formación y empleo y ampliar oportunidades para jóvenes y adultos”.
Al respecto, el referente jurisdiccional del programa Aulas Talleres Móviles, Gonzalo Mena, explicó que la iniciativa tiene como objetivo principal “fortalecer y llevar ofertas formativas a aquellos puntos de la provincia donde quizás no llegan o no existen ese tipo de formaciones”. El funcionamiento de las aulas surge de una articulación entre el Gobierno provincial y los municipios. De esta manera, las municipalidades afrontan gastos vinculados al traslado de las unidades, servicios básicos, honorarios docentes e insumos destinados a las prácticas profesionalizantes.
Actualmente, las unidades funcionan en distintos municipios con propuestas vinculadas a gastronomía, biotecnología, energías renovables, refrigeración y automotor. En Posadas se encuentra el aula de biotecnología en articulación con Biofábrica, mientras que en San José opera una unidad de gastronomía con cursos de auxiliar en cocina y auxiliar en pastelería. También se prevé el inicio del aula de energías renovables en San Javier y continúan las actividades de refrigeración y climatización en San Vicente.
En Puerto Iguazú funciona otra aula de gastronomía con capacitaciones de auxiliar cocinero, auxiliar pastelero y mozo camarera de salón. Además, el programa contempla el aula de automotor con propuestas vinculadas a mecánica de motos y sistemas eléctricos de vehículos. Sobre el alcance territorial de la propuesta, Mena resaltó el trabajo del Gobierno de Misiones para movilizar “las unidades para que puedan estar en dos municipios distintos en un año y así llegar a más alumnos certificados, que es uno de los objetivos previstos para este ciclo”.
El programa actualmente supera los 300 alumnos en toda la provincia. Mena comentó que junto a la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (ADEMIS) se incorporaron clases complementarias de emprendedurismo adaptadas a cada especialidad. “La agencia prepara, según cada aula, unas charlas personalizadas para orientarlos en esas ofertas específicas, de modo que los chicos emprendan y, una vez finalizado el curso, ya tengan más formada la idea de poder emprender y tener su propio negocio”, comentó el funcionario.
Desde Ministerio de Educación de Misiones aclararon que las aulas están destinadas a personas mayores de edad con conocimientos de lectoescritura, aunque algunas propuestas requieren formación previa específica. El referente jurisdiccional informó que las inscripciones se realizan mediante los municipios, oficinas de empleo y las redes de la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional. También explicó que el Ministerio de Trabajo participa en la difusión de las convocatorias y modalidades de acceso a cada capacitación.
La jornada fue organizada de manera conjunta por la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Representantes, el grupo Fibromialgia Misiones, el Ministerio de Salud Pública y el Parque de la Salud, e incluyó disertaciones de especialistas y la entrega de una declaración de interés legislativo.
La presidenta de la Comisión de Salud y Seguridad Social, la diputada Lilian Tartaglino, destacó la importancia de sostener espacios de sensibilización sobre la temática y valoró la participación de pacientes, familiares, estudiantes y profesionales de la salud. “Hoy realmente se interesaron por un tema tan doloroso y que tiene una larga lucha por delante como es visibilizar”, expresó.
Además, remarcó la necesidad de avanzar en información y registros sobre la enfermedad. En ese sentido, enfatizó “la importancia de contar con una estadística, de saber cuántos son y dónde están”, para continuar trabajando en políticas vinculadas a la problemática.
La legisladora también puso en valor el trabajo de los equipos de salud y el abordaje interdisciplinario para acompañar a las personas con fibromialgia.
Por su parte, la coordinadora del grupo Fibromialgia Misiones, Ana Smorzeñuk, agradeció el acompañamiento institucional y explicó que el objetivo del encuentro fue promover un trabajo “integrado y multidisciplinario” que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas con esta condición. “Trabajar en forma integrada y multidisciplinaria es lo que buscamos para mejorar nuestra calidad de vida”, afirmó.
El médico especialista en medicina física y rehabilitación, Roberto Gisin, destacó la importancia de brindar herramientas accesibles para pacientes y familiares. Indicó que las exposiciones fueron preparadas con un lenguaje “claro y sencillo”, para favorecer la comprensión de los distintos aspectos vinculados al dolor y al tratamiento de la fibromialgia.
Durante la jornada expusieron profesionales de distintas disciplinas, entre ellos la doctora Úrsula París, la licenciada en psicología Ivana Pissinis, la licenciada en nutrición Lucía Bertolotti, el licenciado en educación física Alan Kurtz, además del doctor Roberto Gisin.
La actividad concluyó con un reconocimiento entregado por integrantes del grupo Fibromialgia Misiones a las instituciones y profesionales que acompañan el trabajo de visibilización y concientización sobre esta enfermedad.
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró este martes que podrían surgir nuevos casos de hantavirus en las próximas semanas tras la evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por el brote, al tiempo que recalcó que el riesgo para la salud pública mundial sigue siendo bajo.
“Dado el largo período de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”, evaluó Tedros en una rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebrada en el Palacio de la Moncloa en Madrid.
Se notificaron 11 casos relacionados con hantavirus, de los cuales nueve son probables
Según Tedros, hasta el momento se notificaron 11 casos relacionados con el hantavirus, incluyendo tres fallecimientos, según un cable de Xinhua que toma la Agencia Noticias Argentinas para la elaboración de este informe.
Nueve de los 11 casos se confirmaron como infecciones por el virus de los Andes, mientras que los dos restantes se consideran casos probables.
“Nuestra evaluación sigue siendo que el riesgo para la salud pública mundial se mantiene bajo”, afirmó, añadiendo que actualmente “no hay indicios”de un brote mayor.
Tedros afirmó que la OMS recomienda que todos los pasajeros evacuados se sometan a un seguimiento sanitario activo durante 42 días a partir de su última fecha de exposición, ya sea en instalaciones de cuarentena designadas o en sus domicilios, y que dicho seguimiento se extienda hasta el 21 de junio.
“Cualquier persona que presente síntomas debe aislarse y recibir tratamiento de inmediato”, añadió.
Elogios a España por su solidaridad, compasión y amabilidad
Tedros también agradeció al gobierno español su aceptación del buque y su liderazgo en la evacuación, elogiando a España por cumplir con sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional y por demostrar solidaridad, compasión y amabilidad durante toda la operación.
El gobierno español aceptó el 5 de mayo recibir el MV Hondius tras detectarse un brote de hantavirus a bordo, a raíz de las solicitudes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea y más de 20 gobiernos que solicitaban ayuda para evacuar y repatriar a las personas a bordo.
El buque llegó a la isla española de Tenerife el 10 de mayo y atracó en el puerto de Granadilla un día después.Durante la operación, que duró dos días, los pasajeros y algunos miembros de la tripulación desembarcaron y fueron trasladados bajo estrictas medidas sanitarias y de protección antes de ser evacuados de España.
También habló Pedro Sánchez
Sánchez describió la operación de evacuación como un “éxito”, y afirmó que España había coordinado 10 vuelos especiales para evacuar a más de 120 personas de diferentes nacionalidades que habían desembarcado del buque entre el 10 y el 11 de mayo.
Añadió que la operación se había llevado a cabo bajo cuatro principios rectores: “rigor científico”, “transparencia absoluta de la información”, “coordinación institucional” y “cooperación internacional”.
Las autoridades sanitarias españolas dijeron que todas las personas evacuadas del MV Hondius habían salido de Tenerife el 11 de mayo, mientras que el buque partió hacia Rotterdam con 28 tripulantes a bordo.
La Comisión Europea informó que está coordinanba estrechamente con España.
Mientras tanto, los Estados miembros de la UE y otros países participantes en su Mecanismo de Protección Civil colaboran con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), la OMS y otros socios el desembarque de pasajeros, los traslados de regreso y el seguimiento sanitario.
El subsecretario de Políticas universitarias Alejandro Álvarez, “la universidad da pocos graduados” y añadió además que “se designa por rosca política, no hay un procedimiento fijo”. En la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional endureció su discurso sobre el sistema de educación superior y oficializó una reducción de $78.768 millones en distintos programas de la Secretaría de Educación, incluida la suspensión de transferencias para obras universitarias.
La decisión quedó formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026 y coincidió con una ofensiva pública del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien cuestionó el modelo de financiamiento actual, habló de un sistema “arbitrario” y aseguró que las universidades “dan pocos graduados” pese al nivel de gasto estatal.
El conflicto no se limita a una discusión presupuestaria. El trasfondo combina ajuste fiscal, disputa por el control político de las universidades y redefinición de los criterios de distribución de fondos en uno de los sectores históricamente más sensibles del Estado argentino.
El recorte llega antes de la marcha universitaria
La reducción presupuestaria impacta sobre programas educativos nacionales, infraestructura escolar, becas y universidades. El mayor ajuste recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de $35.288 millones destinados a transferencias a provincias.
También fue eliminado el Fondo de Compensación Salarial Docente, utilizado para equiparar salarios mínimos provinciales, con una quita cercana a $8.930 millones.
La poda incluyó además recortes en infraestructura escolar y equipamiento por más de $21.686 millones, una baja de $6.649 millones en programas socioeducativos y una reducción superior a $559 millones en becas estudiantiles.
La empresa estatal EDUC.AR S.A. sufrió una retracción de transferencias por $48.000 millones.
En paralelo, el Gobierno dejó sin efecto transferencias de capital destinadas a infraestructura universitaria por $5.303 millones. Según el anexo de la medida, las obras quedaron suspendidas en trece universidades nacionales.
La Universidad Nacional de La Plata fue la más afectada, con una reducción de $1.043 millones. También registraron recortes las universidades de General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.
La estrategia oficial: cambiar cómo se reparte el presupuesto
Mientras crece la tensión con rectores, sindicatos y centros estudiantiles, el Gobierno intenta instalar otra discusión: no sólo cuánto se gasta, sino cómo se asignan los recursos.
Álvarez sostuvo que el presupuesto universitario “se designa por rosca política” y planteó que la intención oficial es reemplazar ese esquema por un mecanismo basado en “indicadores objetivos”.
Según explicó, la Subsecretaría trabaja en el cruce de información vinculada a cantidad de docentes y estudiantes para diseñar nuevos parámetros de distribución presupuestaria.
La señal política es relevante porque apunta directamente al corazón del sistema universitario: el criterio histórico de negociación entre universidades, Estado nacional y actores políticos con peso parlamentario y territorial.
El funcionario también afirmó que las universidades reciben actualmente los fondos de funcionamiento “en tiempo y forma” y defendió la política salarial del Ejecutivo frente a los reclamos gremiales.
La pelea por los hospitales universitarios
Otro de los focos de conflicto quedó expuesto en la discusión sobre los hospitales universitarios.
Álvarez rechazó las críticas de la Universidad de Buenos Aires y sostuvo que el Gobierno transfirió regularmente los recursos correspondientes. Según dijo, la disputa real gira en torno a un fondo de refuerzo de $80.000 millones destinado a hospitales universitarios de todo el país.
“El reclamo de la UBA es otra cosa”, planteó el funcionario, al señalar que la universidad pretende acceder al 95% de ese fondo extraordinario.
La discusión adquiere peso político porque el Hospital de Clínicas se transformó nuevamente en uno de los símbolos visibles de la protesta universitaria y sanitaria.
La narrativa oficial frente a la marcha
El Gobierno endureció además su caracterización política de la movilización convocada en todo el país.
Álvarez definió la protesta como “un acto opositor” y afirmó que las universidades están dominadas por “dos corporaciones”, una política y otra sindical.
Aunque el Ejecutivo intenta separar la discusión presupuestaria de la protesta callejera, la simultaneidad entre los recortes oficializados y la movilización nacional terminó potenciando el conflicto.
La administración de Javier Milei busca sostener el ajuste fiscal sin ceder ante sectores que considera parte del entramado político tradicional. Del otro lado, rectores, gremios y estudiantes intentan reinstalar el financiamiento universitario como un eje de desgaste para el Gobierno.
Qué muestran los números del presupuesto universitario
Según datos citados del CEPA, el Programa 26 de Desarrollo de la Educación Superior acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025.
El informe proyecta que, a valores constantes de diciembre de 2026, el crédito vigente alcanzaría los $4,87 billones, lo que ampliaría la retracción acumulada al 41,6% respecto de 2023.
El análisis también compara ese escenario con la Ley de Financiamiento Universitario vetada por el Poder Ejecutivo y luego reimpulsada en el Congreso. De haberse aplicado esa norma, el presupuesto universitario habría ascendido a $8,49 billones a valores de 2026.
En contraste, la propuesta oficial elevaría el crédito a $5,51 billones, aunque eso implicaría —según el CEPA— una caída real del 33,9% frente a 2023.
Álvarez cuestionó además la viabilidad financiera de esa ley y sostuvo que implicaba un aumento salarial del 50% “que el Estado no está en condiciones económicas de afrontar”.
Impacto regional y tensión sobre las provincias
Aunque los mayores recortes informados corresponden a universidades de otras regiones del país, la discusión impacta también sobre el NEA y Misiones por múltiples vías.
La reducción de programas nacionales de alfabetización y compensación salarial docente afecta transferencias que alcanzan a las provincias. Además, cualquier modificación en los criterios de distribución presupuestaria universitaria podría alterar el esquema de financiamiento futuro para instituciones nacionales del interior.
En regiones con menor densidad económica relativa, las universidades públicas funcionan además como motores de movilidad social, empleo profesional y circulación de recursos estatales.
La combinación entre ajuste fiscal y revisión de criterios de asignación abre un escenario de incertidumbre para las casas de estudio que dependen en gran medida de fondos nacionales.
Un conflicto que excede la cuestión educativa
La discusión universitaria ya dejó de ser únicamente presupuestaria. El Gobierno intenta avanzar sobre mecanismos de financiamiento, control de gastos y lógica de funcionamiento institucional, mientras las universidades buscan preservar autonomía y capacidad de negociación política.
La magnitud de la movilización federal, la reacción del Congreso y la evolución del conflicto salarial serán variables centrales para medir hasta dónde el Ejecutivo puede sostener su estrategia sin ampliar el costo político.
La reunión celebrada en Posadas entre la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) y su par de Encarnación marca un cambio de paradigma: pasar del tradicional “turismo de compra” pendular a una integración de cadenas de valor. En un contexto donde rubros como indumentaria y electrodomésticos en Misiones presentan caídas pronunciadas, el sector privado busca canalizar el potencial de la industria local hacia los 6 millones de consumidores paraguayos. La estrategia no espera soluciones macroeconómicas de fondo —como el tratamiento impositivo diferenciado solicitado a la Nación—, sino que apuesta a la inteligencia comercial para detectar qué demanda hoy el país vecino.
Ejes de la nueva arquitectura comercial fronteriza
El diálogo bilateral se estructuró sobre vectores que exceden la coyuntura de precios y apuntan a la competitividad sistémica:
Exportación de Materia Prima: Empresarios paraguayos manifestaron interés concreto en adquirir insumos industriales argentinos para sus procesos productivos locales.
Transferencia Tecnológica: El Ministerio de Industria de Misiones lidera acciones para exportar conocimiento y servicios técnicos, aprovechando la similitud cultural y la cercanía geográfica.
Simplificación Logística: Ambas cámaras elevarán un pedido conjunto a sus respectivos gobiernos nacionales para agilizar el tránsito en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, cuya infraestructura de dos carriles hoy colapsa y actúa como barrera no arancelaria.
Contexto Regional: ¿Por qué esta vez es diferente?
Históricamente, la relación Posadas-Encarnación ha sido de suma cero: cuando una costa prospera, la otra declina en base al tipo de cambio. Sin embargo, la actual estabilidad de la economía paraguaya ofrece un escenario inédito donde el consumidor encarnaceno posee un poder de compra superior al del posadeño en ciertos segmentos.
Misiones busca dejar de mirar exclusivamente hacia el centro del país (Buenos Aires o Córdoba) para entender que a “tres minutos” existe un mercado dinámico. Para el bolsillo del misionero, una mayor fluidez comercial implica la posibilidad de que las industrias locales mantengan niveles de empleo a través de la exportación minorista y mayorista, compensando la debilidad del mercado interno nacional.
Voces y Perspectivas del Encuentro
Federico Panozzo, presidente de la CCIP, subrayó que “tenemos que estar preparados para que, cuando lleguen los beneficios fiscales, ya sepamos qué nichos ocupar allá”. Por su parte, Conrado Kiener, de la cámara encarnacena, admitió la dependencia del circuito comercial paraguayo respecto a las crisis argentinas, reforzando la necesidad de que el ir y venir “sea a piacere” para estabilizar ambas costas.
Federico Fachinello, ministro de Industria, destacó que la agenda incluye rondas de negocios inminentes donde empresas paraguayas vendrán a buscar productos específicos, marcando el inicio de un intercambio profesionalizado y no meramente incidental.
La efectividad de esta mesa de trabajo dependerá de dos factores críticos: la respuesta de las autoridades de Migraciones y Aduanas de ambas naciones para desburocratizar el cruce, y la capacidad de las PyMEs posadeñas para adaptar sus costos de estructura —afectados por la alta presión tributaria argentina— a los precios competitivos del mercado paraguayo. A fin de mes se concretará una nueva reunión para esclarecer los rubros industriales con mayor viabilidad de corto plazo.
