Otra vez surge la discusión impositiva en Argentina: ¿Y si esta vez bajamos los impuestos?

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Por Nadin Argañaraz – El 10 de diciembre de este año se inicia un nuevo período de gobierno en nuestro país. El espacio político que va a gobernar no es el mismo que el que hoy lo está haciendo. Desde el punto de vista económico, como ya ha pasado otras veces, se está en una situación de recesión combinada con alta inflación. Tanto los salarios como las jubilaciones están con una importante caída de poder adquisitivo. Y, nuevamente, hay que discutir sobre déficit fiscal y su financiamiento, ya que sigue siendo elevado. Pero, también como otras veces, hay que sentarse a negociar con los acreedores del país, ya que no resulta posible cumplir con los servicios de deuda tal como están planteados.
Ante este complejo escenario, como es lógico esperar, empiezan a surgir diversas ideas sobre cómo cerrar esta vez el agujero fiscal. Nuestra historia de indisciplina fiscal es contundente.

De los últimos cincuenta y nueve años, en cincuenta y dos vamos a tener déficit. En 2019 estamos con un desequilibrio primario que es del orden del 1% del PIB. Y si se toma un sendero razonable de recaudación y de gasto público ajustable por movilidad para 2020, es esperable un déficit primario de al menos 2% del PIB el año que viene. Esto hace muy difícil pensar en tener superávit primario, lo que en principio sería lo más lógico para demostrarle a los acreedores una capacidad de pago razonable de la deuda. Y ahí será clave la discusión sobre si la reestructuración necesaria de la deuda es con quita o sin quita de capital. Lo que sería esencial es que el próximo gobierno defina un sendero de resultado primario que garantice el pago de la deuda en el tiempo y la forma que se negocie, dada la política fiscal que el gobierno defina para satisfacer las demandas internas de la sociedad.

El camino habitual de crear nuevos impuestos o de subir los ya existentes
Las ideas que habitualmente se han planteado para cerrar el agujero fiscal se relacionan con subir impuestos existentes o crear impuestos nuevos, siempre con carácter transitorio. Es decir que en lo primero que se piensa es en una política fiscal contractiva. Pero pocas veces se piensa en una baja del gasto público como política fiscal también contractiva. Parece que en Argentina siempre hay espacio para cobrar más impuestos de manera transitoria mientras la economía arranca. Esa es siempre la situación planteada en los momentos de crisis. Esta forma de funcionar nos ha llevado a que hoy existan 163 tributos en nuestro país, contando los niveles nacional, provincial y municipal (además hay que sumar todos los regímenes de recaudación anticipada que tienen varios de ellos). Es decir que existe una verdadera maraña de impuestos, tasas y contribuciones que generan un costo de cumplimiento que se suma al ya elevado costo de impuesto definido en las respectivas normativas. Y, al final de la cuenta, el déficit fiscal continúa en niveles relativamente elevados.

Dado que resulta muy difícil medir la carga tributaria que recae sobre una persona humana o sobre una empresa en Argentina, entre otras cuestiones por la gran complejidad del sistema, los impactos de las decisiones de subas de impuestos o de creación de nuevos impuestos se miden solamente desde un punto de vista parcial. No hay conciencia de la carga tributaria total que
recae sobre un asalariado o sobre una empresa formal en nuestro país.

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Dado esto, las situaciones de emergencia permiten la creación de marcos legales que brindan la garantía para avanzar con diversos cambios, siempre transitorios. La vía de transformar esos cambios en permanentes ha sido la renovación permanente de las leyes de emergencia. Y, de este modo, la emergencia ha terminado siendo la regla.
Es esencial tener en claro qué carga tributaria recae sobre aquel que opera en blanco en nuestro país, dada la compleja estructura de nuestro esquema tributario. Con la intención de aportar a la discusión seria del tema, el IARAF ha generado en los últimos años un indicador potente de carga
tributaria. Desde el año 2011 viene midiendo la carga tributaria directa e indirecta que recae sobre el ingreso de un trabajador asalariado en Argentina. Lo interesante de este indicador es que incluye a prácticamente todos los tributos nacionales, provinciales y municipales más importantes. Y por eso permite un muy buen seguimiento de la dinámica de la carga tributaria argentina.
En el gráfico puede apreciarse la evolución de la carga tributaria argentina desde el año 2011 hasta la actualidad. Entre los años 2011 y 2015 la carga tributaria fue creciente pasando del 49% en 2011 al 53,2% en 2015. A partir de 2015 se inició un descenso, llegando este año a ser del 49%.

La conclusión que surge de este indicador de IARAF es que este año la carga tributaria, luego de haber crecido durante cuatro años y bajado durante otros cuatro años, es igual a la de 2011, que ya tenía un nivel elevado.
Es importante afirmar que este indicador de carga tributaria, por incluir a casi todos los principales tributos de Argentina (IVA; Ganancias, Aportes y contribuciones a la seguridad social, impuesto a los bienes personales, impuesto a la renta financiera, impuestos internos, impuesto provincial a los ingresos brutos y tasas municipales, entre otros), es representativo de la dinámica tributaria de toda la economía formal argentina. En este sentido, marca que cuando se está en la formalidad, la carga tributaria está en el orden del 50% del ingreso.

Elevados incentivos a la competencia desleal. Pérdida de recursos por parte del Fisco

Este nivel de carga tributaria argentina genera altos incentivos a evadir y por esa vía una creciente competencia desleal entre quien paga todo lo que corresponde y quien no paga todo. La competencia desleal deriva en crecientes ineficiencias en la asignación de los recursos, ya que la evasión pasa a ser uno de los pilares de rentabilidad de un negocio.

Una evidencia concreta de que efectivamente existe una elevada evasión tributaria en Argentina lo brinda el nivel de recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) que se pierde anualmente.
Según la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la evasión del impuesto al valor agregado (IVA) ascendía en 2018 al 33%. Considerando la importancia del IVA, con estos niveles de evasión se pierde de recaudar cada año un 3% del PIB.
Para tomar una dimensión de la importancia de la reducción de la evasión, suponiendo un nivel similar al del IVA para el conjunto de los principales impuestos en nuestro país (IVA + Ganancias +Seguridad Social), se tiene que por cada 1 p.p. que se logre de reducción de la evasión en este grupo de tributos se generarían de manera directa fondos por el equivalente a un 0,26% del PIB (aproximadamente $55 mil millones de 2019).

Esto puede expresarse del siguiente modo: si más contribuyentes cumplieran con la normativa tributaria, podría recaudarse lo mismo que en la actualidad pero con una menor carga tributaria para todos.

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El contexto actual es claro: recesión económica con alta carga tributaria para quienes operan formalmente, junto con altos incentivos a evadir y a competir deslealmente y con una pérdida importante de recursos fiscales.
El camino habitual es claro. Consiste en identificar qué impuestos subir o qué impuestos crear. Los niveles de recaudación que se pierden por la evasión generan la tentación de bajarla y de recuperar esos ingresos, sin cambios en los niveles de las alícuotas. Pero lo más probable es que parte de esos recursos no se confirmen a los niveles actuales de carga tributaria. Esta situación debería dar lugar a la reflexión y a la discusión de ideas tendientes a bajar la carga tributaria o a crear incentivos tributarios transitorios que promuevan la generación de base imponible. Se puede incentivar transitoriamente el uso de ahorros personales para financiamientos productivos, la realización de determinadas inversiones, la contratación formal de mano de obra, etc.
El camino de la baja de carga tributaria debería llevar a incorporar a la base imponible que hoy está oculta, disminuyendo paralelamente los incentivos a la competencia desleal hoy existentes.
El resultado de este proceso debería ser: menores alícuotas, menos competencia desleal y más base imponible.

El presidente electo tiene un enorme desafío por delante. En materia tributaria una opción posible sería que conjuntamente con la reestructuración de la deuda y la definición de la política de gasto público, se discuta y defina una reforma de nuestro sistema tributario.
Habría que evitar caer como casi siempre en decisiones tributarias urgentes bajo un contexto de emergencia. Porque la evidencia es contundente: los impuestos transitorios nunca dejan de existir en el tiempo y por ende consolidan las distorsiones.
El ámbito de un Consejo Económico y Social puede ser el ideal para definir un sistema tributario que genere las bases para un proceso de desarrollo económico sostenible. Si existe una buena representatividad de la sociedad, este Consejo puede ser un ambiente propicio para dirimir el conflicto de objetivos de los distintos sectores. De este Consejo puede surgir el proyecto de ley o los proyectos de ley que luego trate el Congreso de la Nación. Serían dos instituciones clave para avanzar, sin parches, en un nuevo sistema tributario. Se podría fijar un plazo de seis meses para la definición y sanción de leyes que definan la política tributaria. La clave sería partir de la visión integral de la reforma, teniendo como base el nivel y composición de la carga tributaria actual, y el cómo se espera desarrollar económica y socialmente a nuestro país.
En la urgencia, la necesidad parece dar lugar a todo tipo de instrumento tributario. Esta vez el Congreso de la Nación podría terminar dándole forma a un sistema tributario desde el arranque del gobierno. Y no dejando para más adelante la discusión de fondo.
Para Albert Einstein locura era hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes. Nuestro país nuevamente tiene que definir cuestiones de política tributaria. Habrá que ver si se vuelve a optar por el camino habitual de subir impuestos y esperar que eso derive en un mejor
funcionamiento de la economía, o si se intenta trabajar por el lado de la baja de impuestos y la creación de incentivos tributarios transitorios que reactiven determinadas actividades y sectores.

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