Piden en el Congreso información al ministerio de Desarrollo por la baja de pensiones por discapacidad

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El requerimiento fue presentado por la diputada Silvia Risko y coincide con la apertura de una investigación judicial. La legisladora argumentó que “la pensión por invalidez es un derecho amparado constitucionalmente a través de pactos internacionales”.

A raíz de las suspensiones de pensiones por discapacidad y a la “poca claridad” de las explicaciones de la ministra de Desarrollo Social, carolina Stanley, la diputada nacional Silvia Risko presentó en el Congreso un extenso pedido de informes para que el Gobierno detalle la cantidad de prestaciones que fueron dadas de baja este año y los criterios que motivaron la decisión. El requerimiento coincide con la investigación preliminar que inició el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social, Gabriel de Vedia.

En medio de la polémica que generaron las suspensiones en los beneficios por discapacidad o invalidez, Stanley se comprometió a revisar los "errores". Sin embargo, Risko argumentó que su pedido de informes obedecen a que “las explicaciones que dio la ministra tienen poca claridad. Todavía no explicó cuáles fueron los motivos que la llevaron a tomar semejante medida”.

El presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, fue el funcionario del ministerio de Desarrollo Social que se encargó en justificar los recortes. Entre otros argumentos, señaló que "en el año 2003 había 180 mil pensiones otorgadas bajo estas condiciones, y entre 2003 y 2015 esa cifra se multiplicó por diez, se llevó a 1.800.000 pensiones, donde básicamente lo que hubo fue otorgar pensiones en locales partidarios".

En su pedido de informes de ocho puntos, Risko reclamó “explicaciones no sólo sobre el fundamento legal y constitucional sobre la cual basan sus decisiones sino en la forma que dichas decisiones son tomadas. La mayoría de las personas a las que se les dieron de baja estas pensiones se enteraron cuando fueron a cobrarla. Fueron decisiones de oficio, sin posibilidad de defensa por parte de los perjudicados”. Según la diputada misionera, “desde diciembre de 2015 a la fecha se otorgan menos pensiones, hay desde esa fecha 100.000 solicitudes de pensiones sin respuesta”.

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Por su parte, el fiscal Vedia solicitó una nómina de la totalidad de los beneficiarios afectados, que además indique en cada caso el por qué se habilitó la suspensión de la prestación y las pruebas que se recabaron para sustentar tal decisión. También requirió que se detalle el “medio de notificación” mediante el cual se puso en conocimiento del beneficiario la futura suspensión de la pensión y que se acompañen las constancias respectivas que acreditaran dicha notificación”.

Risko explicó que el pedido de informes “es un poco más amplio que el requerimiento que hizo el fiscal Vedia”, aunque reconoció la “buena predisposición” del representante del ministerio Público Fiscal por abrir una investigación preliminar.

“No me extraña que el Gobierno se haya basado en un decreto de Carlos Menem, están en la misma línea”, disparó la diputada. Entre otros argumentos, el pedido de informes se sustenta en que “la pensión por invalidez no es una dádiva, ni un subsidio, sino un derecho que está amparado constitucionalmente a través del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por la Convención Internacional de Discapacidad que nuestro país suscribió en 2014, se concluye que nuestro país se ha comprometido, ante otros Estados, a respetar este tipo de derechos”.

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