Por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Un plan para aniquilar todo tipo de acción y pensamiento

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas, apoyadas por poderosos sectores de la sociedad civil, instauraron una política de terror, para lo cual implementaron un plan sistemático de exterminio y desaparición de personas.

Los comandantes generales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, se invistieron como los nuevos titulares del Ejecutivo al conformar la Junta Militar.

Cinco días después, Videla se proclamó presidente y las primeras medidas que dispuso fueron la clausura del Congreso y de todas las Legislaturas provinciales y municipales, el reemplazo de todos los miembros de la Corte Suprema por jueces adictos al nuevo régimen, el allanamiento e intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política y la censura previa sobre todos los medios de comunicación.

Los ministerios, con excepción del de Economía y el de Educación, fueron ocupados por militares.

Mientras las Madres y Abuelas reclamaban por la aparición con vida de sus hijos y por la recuperación de sus nietos apropiados, los sindicatos llevaron adelante más de 300 protestas entre 1976 y 1979.

Luego, tras la debacle económica del 80 y la derrota en la Guerra de Malvinas, los militares y sus socios civiles se autoamnistiaron y estatizaron sus gigantescas deudas privadas.

Con la llegada de la democracia, las fuerzas políticas y las organizaciones de Derechos Humanos comenzaron a organizar movilizaciones en la calle para recordar cada 24 de marzo.

La primera iniciativa se produjo en 1984 en Rosario, donde asistieron unas 700 personas que marcharon desde la Plaza Pringles hasta el Concejo Deliberante, por la peatonal.

En 1985 fueron las Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Hebe de Bonafini, las que empezaron a marchar cada 24 de marzo, aunque en esa primera oportunidad la movilización se realizó el 21 de marzo de aquel año.

Nueve días después comenzó el Juicio a las Juntas, que estuvo a cargo de la Cámara Federal de la Capital que integraban los jueces León Arslanian, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio.

Luego, tras los levantamientos carapintadas, llegaría la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Ambas leyes causaron un enorme retroceso en los procesos judiciales y estuvieron coronadas por el indulto establecido en los ’90, ya por el entonces presidente Carlos Menem.

Con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, tras la declaración de inconstitucionalidad de las leyes a las que se definía como ‘leyes de impunidad’, se abrió un camino para la reactivación de los juicios por causas de lesa humanidad.

Esos juicios incluso se ampliaron y hasta el día de hoy permiten conocer detalles del horror ocurrido en la Argentina durante el período 1976-1983.

El 24 de marzo fue una fecha clave desde el retorno de la democracia y la instalación de ese día como feriado nacional se produjo a partir de la sanción de la Ley 26.085 en el año 2006, que lo declaró Día Nacional por la Memoria, Verdad y Justicia.

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