En su sesión semanal, la Cámara de Representantes modificó la Ley de Prevención y Detección del Cáncer de Mama. Estableció que en octubre de cada año las instituciones públicas y los monumentos emblemáticos de Misiones sean iluminados con color rosa, como símbolo de lucha contra esta enfermedad. También, que se difunda información para su prevención y detección a través del canal de televisión oficial y los medios de comunicación audiovisual que tengan pauta publicitaria del Estado provincial.

La medida fue propuesta por los legisladores Rossana Franco y Jorge Ratier Berrondo a través de sendos proyectos, los cuales fueron unificados en la ley sancionada por la Legislatura.

Franco consideró que “este tipo de enfermedad oncológica presenta el mejor pronóstico cuando es detectada a tiempo”, por lo cual “es muy importante difundir las medidas para su prevención y detección temprana para posible tratamiento y cura ”.

Recordó que el Parlamento misionero viene trabajando en esta temática a través de la sanción de distintas normas, como por ejemplo la que creó el Instituto Misionero del Cáncer que funciona en el Parque de la Salud “Dr. Ramón Madariaga”.

En tanto, Ratier Berrondo informó que “el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores malignos en mujeres en Argentina”, donde “una de cada ocho mujeres puede verse afectada”.

También explicó que “octubre es reconocido mundialmente como el Mes Rosa para crear conciencia en hombres y mujeres sobre el cáncer de mama y así promover la autoexploración, revisiones periódicas y chequeos para poder detectarlo a tiempo”.

Prevención dentro y fuera del aula

La Cámara de Representantes creó el programa El Guardián, destinado a prevenir las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti, que será incorporado de manera transversal al diseño curricular de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, tanto de gestiones estatales como privadas, y en los institutos de formación docente.

La propuesta, que surgió a partir de un proyecto presentado por el diputado Martín Cesino y de una iniciativa surgida del Parlamento de la Mujer 2018, apunta a propiciar información, contenido y material didáctico sobre las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti, focalizándose en la prevención, los riesgos y las consecuencias. Para tal propósito, se apuntará a directivos, docentes y estudiantes, utilizando el contexto escolar como ámbito estratégico para promover hábitos de higiene sostenibles, orientados a controlar al vector.

Los educandos serán formados como agentes activos de salud, para que trasladen las prácticas aprendidas al entorno social en el que se desenvuelven, entre otros objetivos. Además, se realizarán actividades extracurriculares en la semana de acción contra el mosquito organizada por el Ministerio de Salud de la Nación.

Con esta medida se busca “que las acciones preventivas realizadas dentro de los establecimientos educativos no queden entre las cuatro paredes de las aulas, sino que lleguen al resto de la comunidad”, argumentó Cesino.

“Cuando el alumnado cobra protagonismo en las actuaciones que se llevan a cabo en la escuela, y fuera de ella, no sólo adquiere conocimientos sino que además desarrolla actitudes y recursos individuales que contribuyen a crear un ambiente social más saludable”, agregó.

El legislador recordó que la propuesta fue ideada por Claudina Deglise, quien en vida se desempeñó como directora de Salud Social e Inclusiva de la Subsecretaría de Atención Primaria y Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública de Misiones, entre otras funciones. Entre los antecedentes del proyecto, se encuentra el manual para alumnos, docentes y familia denominado “El Guardián”,  resultado de un trabajo entre el Ministerio de Salud Pública y Unicef Argentina.

Solución jurídica

En la sesión, el Parlamento misionero donó un inmueble del Estado provincial a la Municipalidad de San Ignacio, para que sea destinado a sus instalaciones edilicias.

El diputado Orlando Revinski, autor del proyecto, explicó que con esta medida se aporta “solución y certeza jurídica a la ocupación del inmueble, propiedad del Estado provincial, donde actualmente se encuentra emplazado el edificio municipal de San Ignacio, así como también talleres, parque vial y el salón de usos múltiples”.

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