¿Por qué Moreno se atrinchera en Guayaquil?
Hostigado por miles de campesinos e indígenas que acababan de ingresar a Quito, el presidente Lenin Moreno decidió trasladar la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil. Así lo anunció la noche del 7 de octubre en cadena nacional de televisión, acompañado por el vicepresidente de la república, el ministro de defensa y el alto mando de las Fuerzas Armadas. Añadió que no dará marcha atrás en la política económica tutelada por el FMI y que los desmanes en la protesta social son orquestados por Rafael Correa, sus secuaces y Nicolás Maduro. Este mensaje es insólito, pero no la movilización social que lo provocó. ¿Cómo entender esta reacción del gobierno ante una movilización social que lo arrincona?
La política ecuatoriana se teje en torno a personajes. Ante la ausencia de un sistema de partidos que permita la agregación de intereses y la canalización institucional de demandas sociales, tecnócratas y grupos de poder económico tienden a capturar el Estado con mayor facilidad. El movimiento indígena-campesino, articulado en la CONAIE, es un sujeto histórico protagónico de la vida nacional. Pero no es un partido político capaz de canalizar sus demandas usando mecanismos institucionales. Pachakutik intentó serlo, pero tampoco se libró del vendaval populista que carcomió todo el sistema. Por eso esta reciente movilización, liderada por la CONAIE, es disruptiva con el enclenque sistema político ecuatoriano. Ni el gobierno, ni otros actores políticos saben cómo procesar sus legítimas demandas. Eso causa incertidumbre y crea un escenario idóneo para utilizar tácticas de «guerra psicológica» que intoxican al segmento poblacional adicto a las redes sociales.
Hay contienda política cuando hay oponentes sobre el tablero. Antes de esta masiva movilización de la CONAIE, toda la gestión gubernamental estuvo orientada a desmarcarse de la herencia correista. En el discurso oficial, Rafael Correa se convirtió en el “alfa y el omega” de los males que azotan al país. Como los abusos y excesos del gobierno anterior fueron a granel (véase: https://sobrevivientes.planv.com.ec/), no faltaron elementos para dotar de verosimilitud a esa narrativa. Pero la irrupción del movimiento indígena-campesino hace trizas este discurso. No solo porque fue el sector más vilipendiado por el gobierno de Correa –lo cual desvirtúa una posible instrumentalización a favor de quien fue su “verdugo” durante años–, sino porque las demandas de la CONAIE atacan el corazón del modelo neoestractivista (megaminería, agronegocio y ahora ajuste fiscal del FMI) que montó Correa y que Moreno preserva.
La hipótesis que esgrime el gobierno es inconsistente. Aquella según la cual la protesta social liderada por la CONAIE es parte de un plan conspirativo diseñado por Rafael Correa y Nicolás Maduro. Al desdeñar a la CONAIE como contradictor y retomar la narrativa oficial del correismo como principal amenaza, se evade discutir sobre el modelo neoextractivista y la política económica tutela por el FMI. A esto se suman las tácticas de «guerra sucia» –saqueos, destrucción de edificios públicos, etc.– con que se intenta deslegitimar la protesta social, criminalizándola.
Así las cosas, nada mejor que refugiarse en Guayaquil. Con eso desplaza el epicentro político a un terreno dominado por otro personaje: Jaime Nebot. Desde que dejó el sillón de Olmedo en la alcaldía de ese cantón, Nebot viene labrando su candidatura presidencial. El propio Moreno lo ha ungido en más de una ocasión como presidenciable y los sustentadores del statu quo lo prefieren a él y no a Guillermo Lasso. Al traducir la protesta social en una simplona contienda entre «correistas y anti-correistas», el gobierno de Moreno catapulta a Nebot como el “nuevo” contendor y “guardián de la democracia”.
Para el gobierno y sus titiriteros la «muerte cruzada» no es una opción. No lo es porque su coalición legislativa es frágil, pero estable; ningún actor está interesado en reemplazar a Moreno. Pero de su parte, el margen de acción política de la CONAIE también es limitado. Al no poder canalizar institucionalmente sus demandas, el gobierno sigue teniendo el sartén por el mango. Que los manifestantes ocupen edificios públicos no significa que hayan cooptado las instituciones políticas. Como bien lo advierte Daniel Inerarity, no vivimos una crisis de la democracia, sino una crisis de la política.
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