Ecuador: Radiografía política de la protesta de octubre

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Durante la primera quincena de octubre el país experimentó una catarsis colectiva insólita. Fue así, no sólo por su desenlace, sino también por su alcance e intensidad. Las lecturas sesgadas y confusas son la mayoría, un poco de precisión conceptual ayudaría mucho. Todavía hay una bruma que tardará en disiparse, producto de los relatos que cada sector esgrime para justificar su accionar. Lo más incomprendido es la protesta como acción política colectiva. Por eso, aquí propongo algunos elementos para construir una radiografía política de la protesta de octubre. Recuerde que comprender no es justificar, pero sin comprender no se puede juzgar.

El levantamiento indígena, liderado por la CONAIE, y el paro nacional convocado junto a otros sectores desencadenó protestas polifacéticas, lo que les dio una envergadura inédita. Las formas de protesta se multiplicaron valiéndose de un amplio repertorio táctico. A los enfrentamientos con la fuerza pública, mediante el uso de piedras por parte de los manifestantes, se sumaron: (a) la multiplicación de calles bloqueadas en la ciudad –y en el país–; (b) el ataque a dos empresas de comunicación (Teleamazonas y diario El Comercio); (c) el hostigamiento a un cuartel militar (en Sangolquí); (d) el incendio del edificio de la Contraloría General del Estado y de vehículos de la fuerza pública (patrulleros, blindados y motocicletas); (e) la retención de policías y militares por parte de los manifestantes; los (f) saqueos y asaltos a locales comerciales y negocios; así como (g) la ocupación de tres gobernaciones (en Cañar, Chimborazo y Bolívar); entre las principales acciones.

La incomprensión de esta condición polifacética de la protesta de octubre conduce a dos errores de interpretación. El primero es el afán por discriminar las acciones de protesta “ilegítimas”, calificándolas como actos vandálicos, subversivos o hasta terroristas. Como lo explican Donatella Della Porta y Mario Diani (2015: 215), la protesta se vale de formas no rutinarias para influir en los procesos políticos, sociales y culturales. La innovación en las formas de protesta es la regla, no la excepción.

La protesta desencadena acciones que son de cuestionable legitimidad precisamente porque alteran el orden público. Al hacerlo, los movimientos sociales que protagonizan la protesta crean incertidumbre, lo que constituye una ventaja sobre sus oponentes más poderosos. Si una protesta no planteara un desafío a las normas establecidas no sería tal. Por ello resulta equivocado calificar la política de la protesta con criterios criminógenos, evadiendo comprenderla como parte de una conflictividad mayor.

Algo semejante ocurre con la pretendida categorización de los manifestantes. Intentar diferenciar a los manifestantes que actuaron de forma vandálica o criminal implica concebir que existe un «tipo ideal» de manifestante: el “manifestante normal”. Nada más alejado de la realidad. La protesta es violenta por definición. Como también lo es la represión policial y militar. En ese contexto, la protesta desarrolla una espiral de violencia incontrolable. Hablar de “infiltrados” significa pensar que la protesta opera como un sistema cerrado en el que es posible impedir la participación de alguien o que es factible detectarla. La protesta opera como un sistema abierto y su entropía genera destrucción. No solo es un desafío colectivo al orden público, es la negación del orden constituido.

El segundo error consiste en confundir la dimensión polifacética de la protesta con un movimiento insurreccional, lo que obliga a pensar en un promotor de la insurrección. La protesta es un proceso disruptivo contra las élites, las autoridades u otros grupos o códigos culturales. Es una expresión de contrapoder que rara vez se encuentra bajo el control de un líder o una sola organización. Como lo explica Sidney Tarrow (2016: 40) en la protesta «los individuos necesitan darse cuenta de las oportunidades políticas y sentir una conexión emocional con sus reivindicaciones, antes de estar convencidos de participar en acciones colectivas a lo mejor arriesgadas y seguramente costosas». Esto toma tiempo, no es inmediato. En la protesta de octubre las redes sociales digitales facilitaron tal conexión emocional.

Como ya ocurrió durante la «primavera árabe», las redes sociales digitales posibilitaron que los manifestantes desplieguen un proceso de comunicación autónoma, libre del control del poder institucional. Como lo advierte Manuel Castells (2013: 27) «las redes sociales digitales ofrecen la posibilidad de deliberar y coordinar acciones sin trabas». Pero no se agota ahí. La protesta social se concreta mediante la ocupación de espacio urbano y edificios simbólicos. Así el desafío al orden institucional se materializa y la protesta se retroalimenta.

La dinámica de la protesta de octubre generó innovaciones en ambos sentidos. Por una parte, es la primera vez que en Ecuador las redes sociales digitales juegan un rol central en las protestas, programando y conectando diversas redes políticas. Esto multiplicó los canales de (des)información y amplificó la percepción de beligerancia en la protesta. Por su alineamiento editorial, Teleamazonas y diario El Comercio fueron percibidos como parte de ese control mediático. De ahí que los ataques a sus instalaciones se inscriben en la acción colectiva.

A esto hay que añadir un movimiento táctico que provocó una reconfiguración de las acciones de protesta. El traslado de la sede gubernamental a Guayaquil le dio oxígeno al gobierno, evadiendo la presión social sobre el palacio de Carondelet. Pero obligó a replantear la ocupación de espacios públicos y tuvo un efecto inesperado. La protesta se diseminó por toda la ciudad al no contar con un punto de gravitación política como lo es la plaza de la Independencia. En definitiva, la probabilidad de que se configure un acto insurreccional se incrementó más por la ineptitud política del gobierno, antes que por la intencionalidad de los manifestantes.

La naturaleza política de la protesta exige pensar en la correlación de fuerzas que le subyace antes, durante y después. Todos los actores políticos organizados intervinieron en ella. Ya sea por acción u omisión, por oportunismo o por convicción. Para entender la dinámica de la protesta hay que observar también las acciones de las élites, los oponentes y las autoridades.

Siendo un proceso sociopolítico tan complejo simplificar su análisis es contraproducente para comprender sus consecuencias. La protesta de octubre marcó un punto de inflexión que requiere una mayor comprensión. La lógica tecnocrática y populista que llegó a su clímax durante la “revolución ciudadana” (con Correa y Moreno) finalmente se resquebrajó. Pero no hay que cantar victoria. Como ocurre tras el paso de un huracán, hay escombros institucionales que deben ser reconstruidos. O construimos un orden auténticamente democrático o la vorágine de la violencia se impondrá como el nuevo orden político.

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¿Por qué Moreno se atrinchera en Guayaquil?

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Hostigado por miles de campesinos e indígenas que acababan de ingresar a Quito, el presidente Lenin Moreno decidió trasladar la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil. Así lo anunció la noche del 7 de octubre en cadena nacional de televisión, acompañado por el vicepresidente de la república, el ministro de defensa y el alto mando de las Fuerzas Armadas. Añadió que no dará marcha atrás en la política económica tutelada por el FMI y que los desmanes en la protesta social son orquestados por Rafael Correa, sus secuaces y Nicolás Maduro. Este mensaje es insólito, pero no la movilización social que lo provocó. ¿Cómo entender esta reacción del gobierno ante una movilización social que lo arrincona?

La política ecuatoriana se teje en torno a personajes. Ante la ausencia de un sistema de partidos que permita la agregación de intereses y la canalización institucional de demandas sociales, tecnócratas y grupos de poder económico tienden a capturar el Estado con mayor facilidad. El movimiento indígena-campesino, articulado en la CONAIE, es un sujeto histórico protagónico de la vida nacional. Pero no es un partido político capaz de canalizar sus demandas usando mecanismos institucionales. Pachakutik intentó serlo, pero tampoco se libró del vendaval populista que carcomió todo el sistema. Por eso esta reciente movilización, liderada por la CONAIE, es disruptiva con el enclenque sistema político ecuatoriano. Ni el gobierno, ni otros actores políticos saben cómo procesar sus legítimas demandas. Eso causa incertidumbre y crea un escenario idóneo para utilizar tácticas de «guerra psicológica» que intoxican al segmento poblacional adicto a las redes sociales.

Hay contienda política cuando hay oponentes sobre el tablero. Antes de esta masiva movilización de la CONAIE, toda la gestión gubernamental estuvo orientada a desmarcarse de la herencia correista. En el discurso oficial, Rafael Correa se convirtió en el “alfa y el omega” de los males que azotan al país. Como los abusos y excesos del gobierno anterior fueron a granel (véase: https://sobrevivientes.planv.com.ec/), no faltaron elementos para dotar de verosimilitud a esa narrativa. Pero la irrupción del movimiento indígena-campesino hace trizas este discurso. No solo porque fue el sector más vilipendiado por el gobierno de Correa –lo cual desvirtúa una posible instrumentalización a favor de quien fue su “verdugo” durante años–, sino porque las demandas de la CONAIE atacan el corazón del modelo neoestractivista (megaminería, agronegocio y ahora ajuste fiscal del FMI) que montó Correa y que Moreno preserva.

La hipótesis que esgrime el gobierno es inconsistente. Aquella según la cual la protesta social liderada por la CONAIE es parte de un plan conspirativo diseñado por Rafael Correa y Nicolás Maduro. Al desdeñar a la CONAIE como contradictor y retomar la narrativa oficial del correismo como principal amenaza, se evade discutir sobre el modelo neoextractivista y la política económica tutela por el FMI. A esto se suman las tácticas de «guerra sucia» –saqueos, destrucción de edificios públicos, etc.– con que se intenta deslegitimar la protesta social, criminalizándola.

Así las cosas, nada mejor que refugiarse en Guayaquil. Con eso desplaza el epicentro político a un terreno dominado por otro personaje: Jaime Nebot. Desde que dejó el sillón de Olmedo en la alcaldía de ese cantón, Nebot viene labrando su candidatura presidencial. El propio Moreno lo ha ungido en más de una ocasión como presidenciable y los sustentadores del statu quo lo prefieren a él y no a Guillermo Lasso. Al traducir la protesta social en una simplona contienda entre «correistas y anti-correistas», el gobierno de Moreno catapulta a Nebot como el “nuevo” contendor y “guardián de la democracia”.

Para el gobierno y sus titiriteros la «muerte cruzada» no es una opción. No lo es porque su coalición legislativa es frágil, pero estable; ningún actor está interesado en reemplazar a Moreno. Pero de su parte, el margen de acción política de la CONAIE también es limitado. Al no poder canalizar institucionalmente sus demandas, el gobierno sigue teniendo el sartén por el mango. Que los manifestantes ocupen edificios públicos no significa que hayan cooptado las instituciones políticas. Como bien lo advierte Daniel Inerarity, no vivimos una crisis de la democracia, sino una crisis de la política.

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El divorcio ‘feisbukero’ de Rafael Correa y Lenín Moreno

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QUITO, New York Times– Para Rafael Correa, Ecuador tiene que “ir a la resistencia” porque “la Revolución se detuvo”. Eso dijo a través de una transmisión por Facebook o Facebook Live, el pasado 12 de agosto, en su primera aparición desde que se fue a Bélgica. Fue un sábado, el mismo día que solía dar sus sabatinas, el informe de sus labores presidenciales, cuya producción costaba 22.000 dólares. Esta sabatina de bajo costo sirvió para defender su aporte al país y para desacreditar a su sucesor, Lenín Moreno, quien se ha distanciado del correísmo con gestos tan simbólicos como sentarse a hablar con toda la oposición, indultar a líderes indígenas y encargar la gestión de los medios públicos a periodistas independientes. “Su consigna es destruir a Correa”, denunció el expresidente y se incluyó en la liga de los líderes progresistas perseguidos. “El objetivo final es inhabilitarme para otra candidatura, lo mismo le están haciendo a Lula”.

Correa no ha tardado en hacerse un lugar como la máxima figura de la oposición y en dejar ver sus aspiraciones presidenciales, aunque hasta hace poco besaba a su sucesor y lo aupaba afectuosamente.

En un artículo anterior escribí que el exmandatario ecuatoriano podría seguir la senda del colombiano Álvaro Uribe, quien apenas salió del gobierno se convirtió en la bête noire de su delfín, Juan Manuel Santos, creando incluso un nuevo partido político, el Centro Democrático, para combatirlo. No estaba errada. Pero la rapidez del divorcio político en Ecuador ha sorprendido a todos. En Colombia pasaron dos años antes de que Uribe fundara su nuevo partido, aquí no han pasado ni los primeros 100 días de mandato de Moreno y ya Correa llamó a sus fieles a desafiliarse del partido de gobierno, Alianza País, y formar uno nuevo.

Correa ejerce la oposición a través de las redes sociales. Esta es su trinchera. Y está más activo que nunca, sus trinos son diarios y opina en tiempo real, a pesar de la diferencia horaria con Bélgica. Conmina, sobre todo a los jóvenes, a defender su legado y asegura que existe una hoja de ruta para cargarse el país que él tanto ayudó a construir. En su primer monólogo digital esbozó una teoría de la conspiración que incluye una consulta popular para retocar la Constitución y el retorno del “hombre del maletín”, quien estaría comprando voluntades en la Asamblea Nacional para romper la unidad del bloque de gobierno y derogar leyes que llevan su nombre y apellido.

“Cínico, desleal y mediocre”, fueron los adjetivos que empleó para referirse a Moreno, quien —según él— está fundando “un Estado de mentira”. Pero lo cierto es que el sucesor tiene más del 80 por ciento de aprobación, en parte porque está presentando otro país, fuera de la propaganda que impuso Correa. Uno de los aciertos de Moreno fue desnudar el lastre que dejó el gobierno de Correa: una deuda de 58.000 millones de dólares, el 57 por ciento del PIB. “No hay tal mesa servida” dijo Moreno para ironizar con la frase que el mismo Correa pronunció durante la transición.

El divorcio de Moreno y Correa no es de mutuo acuerdo, no fue hablado, sino todo lo contrario. Como suele ocurrir en estos casos, se están destapando todas las miserias humanas que antes se disculpaban. La corrupción en el gobierno pasado quizás era de esas cosas que se trataban a puerta cerrada, pero no más.

El vicepresidente del país, Jorge Glas, que también fue el lugarteniente de Correa y lideró todos proyectos estratégicos, es uno de los señalados en el caso Odebrecht y finalmente será investigado por asociación ilícita. Recientemente, Moreno lo despojó de todas sus funciones y lo echó de su lado. Los delatores brasileños afirman que le entregaron 14 millones de dólares a través de su tío y socio comercial, que está detenido hace casi tres meses.

Correa, sin embargo, lo defiende a ultranza argumentando que todo es parte de un libreto, que la gestión de Moreno lo quiere vincular porque “él no solo que no roba, sino que no deja robar”. Como buena criatura mediática, deseoso de likes, ha dicho que seguirá con sus sabatinas digitales para enganchar a sus followers. Mientras tanto publica cada nimiedad que hace y todo lo que dicen de él.

Moreno le sigue el juego en redes sociales, pero con menos intensidad. Alguna vez aclaró lo que significa ser revolucionario y definió el síndrome de abstinencia del poder. Sobre la corrupción escribió una publicación muy graciosa: “Combatir la corrupción es un acto de profundo compromiso con la patria. No he sido elegido ni para perseguir ni para encubrir a nadie”. Está claro que no quiere ser un presidente de fachada y que sí, tiene su propia agenda.

El partido de gobierno, Alianza País, no se resigna al divorcio y envió en estos días una delegación a Bélgica para solucionar el impasse entre sus líderes. Pero Moreno no tardó en decir que no había solicitado ninguna mediación. Poco después, tres colaboradores clave del correísmo, que se mantenían a su lado, renunciaron al gobierno.

“¿Quo vadis, Ecuador?”, se preguntó el exmandatario en uno de sus trinos, quizás sintiéndose haber sido el Mesías para el país. Pero mejor no dejarlo responder o no escucharlo, aunque amenaza con seguir con sus alocuciones “facebukeras” y su llamado a la resistencia. ¿A dónde va Ecuador? Esperemos que la pugna por el poder a la que asistimos todos no debilite las instituciones democráticas y que no se bloquee ningún proyecto de país. Si volvemos a ser una nación fallida, puede volver otro salvador y repetirse todo de nuevo.

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Lenín Moreno asumió la presidencia de Ecuador

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Lenín Moreno asumió este miércoles como presidente de Ecuador, en un acto que se llevó a cabo en la Asamblea Nacional en Quito. Del acto participó el presidente argentino Mauricio Macri y junto a otros pares y representantes de la región.

José Serrano, presidente de la Legislatura, tomó juramento a Moreno en el cargo que asume para el período 2017-2021.  En esta sesión, el Primer Mandatario deberá presentar los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará durante su ejercicio, tal como lo dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El mandatario saliente, Rafael Correa, impuso la banda presidencial a su sucesor. Acto seguido se firmó el decreto oficial que certifica a Moreno en su nuevo cargo. Previamente, Correa entregó el informe, por escrito, de su gestión en estos 10 años de gobierno.

Por la tarde en la residencia del embajador argentino en ese país, Luis Juez, se realizará una reunión informal de presidentes y ministros de Relaciones Exteriores de países miembros del UNASUR.

Lenín Moreno, el hombre que ‘renació’ para ser presidente

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Ecuador es el primer país del mundo en elegir a un presidente que públicamente usa una silla de ruedas

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Ecuador, New York Times. Lenín Moreno, el presidente electo de Ecuador, ha dicho que ser parapléjico es una bendición. La gente que camina, explicó hace unos años, tiene la mirada entrenada para ver arriba y adelante.

“Estar en una silla de ruedas hace ver hacia abajo”, dijo en 2012, cuando era vicepresidente, durante una visita al Banco Mundial. “Eso es lo que aprendí: que hay otra vida, otra existencia, otros seres humanos que necesitan mucho de nosotros. Para mí, esta fue una experiencia nueva que le agradezco a Dios”.

Cuando asuma el cargo el mes próximo, Moreno será el único jefe de Estado que necesita una silla de ruedas para moverse. Eso lo pondrá entre los más poderosos y visibles defensores de las personas con discapacidad y posicionará a Ecuador para continuar dando el ejemplo sobre un asunto de derechos humanos que ha quedado rezagado en términos de prioridades globales.

Hay razones para poner en duda si Moreno, que ganó una cerrada segunda vuelta el 2 de abril, será un buen presidente. La manera en la que se dirigió a los periodistas durante su primera conferencia de prensa no es un buen augurio para la libertad de prensa en Ecuador. Se trata de un derecho que fue profundamente erosionado durante los diez años en el poder del presidente Rafael Correa, que en 2006 ganó sus primeras elecciones con Moreno como compañero de fórmula. Los críticos también temen que el presidente entrante pueda proteger a antiguos funcionarios gubernamentales de acusaciones por sospechas de corrupción.

Sin embargo, en términos de derechos de las personas con discapacidad, Moreno ha hablado apasionadamente y puede hacer mucho para que el mundo sea más navegable para todos.

Cuando Moreno llegó a la escena política de su país, no siempre se le tomaba en serio. Un cable diplomático de Estados Unidos en 2006 sobre las elecciones presidenciales en Ecuador tenía como título “Correa elige a un compañero de fórmula desconocido”, y lo describía en tono burlón. Moreno, apuntaba el cable, era un “conferenciante motivacional y promotor de ‘terapia de la risa’ para las personas con discapacidad”.

El mensaje diplomático, incluido en el conjunto de información revelada por WikiLeaks, añadía que otro defensor de los discapacitados le había contado al personal de la embajada que Correa también le había ofrecido el puesto de vicepresidente porque “estaba claramente determinado a escoger a alguien de ese sector”.

No se consideraba a Moreno un vicepresidente con mucha influencia sobre Correa, un economista de izquierda que alineó a Ecuador con otros gobiernos socialistas de América Latina. Sin embargo, su sentido del humor, su tendencia a ponerse a cantar en eventos políticos y su liderazgo en iniciativas de servicios sociales para las comunidades marginadas lo volvieron popular entre los ecuatorianos. Una de sus prioridades fue realizar un censo detallado de la población con discapacidades en Ecuador.

“Cuando comenzamos con este asunto hace diez años, teníamos tres preguntas básicas”, dijo en una entrevista Xavier Torres, el presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. “Dónde están, cómo están y qué necesitan”.

Las conclusiones fueron aterradoras, dijo Moreno a la Asamblea General de las Naciones Unidas en un discurso de 2010. “Ni de lejos nos imaginamos lo que íbamos a encontrar: seres humanos abandonados en huecos en la tierra, en jaulas, con el silencio como compañía y la muerte como única esperanza”.

Durante la década pasada, el gobierno incrementó los fondos para hacer accesibles las instalaciones públicas y brindarles sillas de ruedas, prótesis y cuidadores a las personas. También ha promovido a Ecuador como un destino turístico hospitalario para las personas con discapacidad física. Antes de que Correa asumiera el cargo, dijo Torres, Ecuador gastaba 900.000 dólares en iniciativas de apoyo a las discapacidades; ahora les asigna cerca de 200 millones de dólares al año.

En 2008, Ecuador aprobó una nueva constitución que, a instancias de Moreno, garantiza derechos sustanciales para las personas con discapacidad en las escuelas, los lugares de trabajo y el hogar. Convirtió en delito “cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por motivos de discapacidad”. Ese año, Ecuador se convirtió en el vigésimo país en ratificar la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU y llevó al pacto más allá del umbral requerido para entrar en vigor.

En 2013, Moreno dejó el gobierno y se convirtió en el enviado especial sobre Discapacidad y Accesibilidad del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Usó ese papel para amonestar a los diplomáticos del mundo por no hacer que los derechos para las personas con discapacidad sean una prioridad.

“Las personas con discapacidad deben ser militantes activos en la gran tarea de romper definitivamente las barreras de la exclusión y la inequidad”, dijo en un discurso de 2015 en Nueva York.

La idea de ver a Moreno en el palacio presidencial es motivo de dicha para los ecuatorianos con discapacidades, dijo Torres, quien también usa silla de ruedas.

“Esto marca un hito en la región”, afirmó. “Esos tiempos en los que se referían a nosotros con lástima se acabaron”.

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