Misiones ya tiene presupuesto para el año 2026 y vuelve a ser, una vez más, la primera provincia del país en contar con el instrumento económico más importante para una administración provincial. En resumidas cuentas, este presupuesto contempla erogaciones por más de cuatro billones de pesos, un incremento del 25% anual y una fuerte priorización de los servicios sociales, que concentran el 70% del gasto.

Con esto, Misiones ya dispone de un marco general para llevar adelante sus prioridades de gestión en el próximo año, aunque vuelve a estar presente la necesidad del acompañamiento nacional para el financiamiento de programas claves a desarrollar en los territorios. No cabe duda de que, a la luz de los antecedentes, el equipo económico provincial descuenta que no habrá grandes cambios en la relación Nación–Provincias, caracterizada en estos casi dos años de gestión libertaria como, lisa y llanamente, un abandono hacia los subnacionales. Los datos lo confirman: hace apenas unos días se conocieron los números relativos a las transferencias nacionales extracoparticipables (las no automáticas), que vuelven a demostrar que Misiones es, y por lejos, la provincia más perjudicada en el reparto de estos fondos. Vayamos a las cifras.

En septiembre, Misiones recibió el mayor monto en lo que va del año: fueron $5.939 millones, explicados principalmente por un ATN de $4.000 millones otorgado a partir de un pedido formal de la provincia, producto de la emergencia hídrica. A priori, fue una buena noticia que la gestión nacional haya tenido la consideración de habilitar esos recursos, que representan un impacto significativo (aunque menor a lo que sostienen algunos críticos) para las arcas provinciales. Sin embargo, incluso con un “buen septiembre”, el 2025 sigue mostrando un resultado altamente preocupante para este concepto en Misiones: en lo que va del año captó apenas $14.483 millones por esta vía, lo que equivale a una caída del -38,6% frente al mismo período de 2024, que ya había sido malo (en ese momento la merma fue de -80,8% contra 2023). Es decir: en 2024 se llegó a un piso; en 2025, al primer subsuelo. Y el problema es que todavía queda un segundo subsuelo.

Para poner en perspectiva esta baja de aportes nacionales no automáticos: apenas seis provincias en todo el país presentan caídas interanuales en 2025 y Misiones es una de ellas; pero peor aún, la reducción en la tierra colorada es la más fuerte de esas seis. Esto implica, a precios actuales, una pérdida estimada de casi $10.000 millones para la provincia.

Si la comparación se hace contra 2023, la situación es todavía más crítica: la baja alcanza el 88,2%, la quinta más alta del país, lo que significa que, de nuevo a valores actuales, Misiones dejó de percibir unos $115.464 millones respecto de aquel año.

A esto debe sumarse, necesariamente, otra muy mala noticia proveniente del frente de los recursos nacionales automáticos: en septiembre tuvieron un mes para el olvido y cayeron 10,0% real interanual, lo que generó para la provincia una pérdida de unos $18.000 millones sólo en ese mes. Sobre este punto conviene resaltar algo importante que no fue demasiado difundido en los últimos días: una de las principales razones de esta baja se encuentra en el impuesto a los Bienes Personales, que se desplomó un 92%. ¿La causa? En 2024 se aplicó el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales, creado por la Ley 27.743 de “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, que permitió a personas humanas y sucesiones indivisas cancelar de manera anticipada y con carácter liberatorio el tributo correspondiente a los períodos fiscales 2023 a 2027 inclusive.

El esquema consistió en un pago único de un monto determinado en función de los bienes declarados al 31 de diciembre de 2023, aplicando alícuotas reducidas respecto de las vigentes en el régimen general y eliminando el diferencial sobre activos en el exterior. La adhesión otorgó beneficios relevantes a los contribuyentes y, al mismo tiempo, representó una inyección inmediata de recursos al Tesoro, concentrada en septiembre de 2024 cuando ingresó el 75% de la recaudación prevista. Pero, en paralelo, esto implicó un efecto contractivo en la recaudación futura, ya que los contribuyentes adheridos quedaron liberados de ingresar el impuesto durante cinco ejercicios. En otras palabras, el Estado dejó de percibir lo que hubiera recaudado de manera corriente, generando un bache en los ingresos tributarios y condicionando la disponibilidad de recursos. En resumen: se “sobrerecaudó” en el presente a costa de menores recursos en el futuro.

Volviendo al plano provincial, este esquema modificó la estructura de recaudación y redujo de manera considerable la base imponible de los años siguientes, lo que repercutió en menores fondos para las provincias. Fue una medida del gobierno nacional en pos de cumplir su promesa de campaña de bajar impuestos, pero aplicada de una manera que produjo una merma muy fuerte para los subnacionales, en un contexto donde los demás tributos coparticipables vienen mostrando desempeños altamente débiles. Cuando analizamos la baja de la coparticipación u otros mecanismos automáticos, solemos atribuirla al estancamiento de la actividad económica, lo cual es cierto, pero no podemos obviar que también hubo decisiones de política fiscal nacional que impactaron directamente en la recaudación futura, buscando sobrerrecaudar en un momento puntual.

Este tipo de medidas, en el marco de la relación Nación–Provincias, deben ser necesariamente dialogadas y debatidas en un contexto federal: bienvenida la baja de impuestos, pero no a costa de cualquier cosa, como el financiamiento de los subnacionales que sostienen los servicios más esenciales de la sociedad. En la misma línea, recordemos que los fondos provinciales también se vieron afectados por otra medida nacional adoptada en esta gestión: la eliminación de la suspensión de la exención de los certificados de exclusión de la percepción en la Aduana, que redujo la recaudación de IVA. De nuevo: bienvenidas estas medidas, pero con coordinación.

En conclusión, es muy saludable que Misiones cuente, una vez más, con un presupuesto aprobado con tiempo para planificar mejor su ejecución, pero al mismo tiempo ningún presupuesto está blindado frente a decisiones que dependen del poder central y que pueden alterar las proyecciones. La denominada Mesa Federal que lanzó el gobierno nacional debe constituirse, en este contexto, no en una herramienta meramente coyuntural o electoral, sino en un instrumento permanente que permita avanzar de manera coordinada con las reformas, evitando que el peso recaiga desproporcionadamente sobre las provincias.