Al acercarse las elecciones han aparecido numerosas sugerencias económicas de las principales fuerzas que competirán en la elección de octubre que, en muchos casos, carecen de sustento. Si bien esto ha sido moneda corriente en el pasado en nuestro país y en otros, es más preocupante cuando esas sugerencias provienen de los técnicos de cada espacio. Algunos ejemplos son los siguientes:

Poner plata en el bolsillo de la gente para reactivar. Esa propuesta ignora el origen de la reducción en el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Al desaparecer el financiamiento externo voluntario y ser reemplazado sólo en parte por el FMI, la economía debió ajustar su exceso de consumo agregado (que se tradujo en un déficit en la cuenta corriente del balance de pagos que caminaba hacia 6% del PIB en el primer trimestre de 2018). No se puede consumir por encima de lo que se produce a menos que alguien lo financie o la economía tenga alguna reserva para usar. Dadas las escasas reservas netas del BCRA, no había mucho espacio para evitar una reducción del consumo.

Más allá de alguna normalización que a veces es posible si hubo algún overshooting durante el salto cambiario de 2018, la clave pasa por lograr relajar la restricción externa. Para que ello pueda sostenerse durante varios años es necesario o bien que aumenten los precios de los productos de exportación (que no depende de nosotros), o bien que aumenten las cantidades exportadas (que sí depende de nosotros, en particular de reformas que aumenten la productividad del sector transable de la economía) o bien que aumente el financiamiento menos volátil como el que provee la inversión extranjera directa.

La propuesta de poner plata en el bolsillo para reactivar pone el carro delante de los caballos y está condenada a tener, en el mejor de los casos, un vuelo corto.

Sin embargo, hay un espacio para alguna recuperación en la medida en que el nuevo gobierno anuncie un programa fiscal y monetario consistente y creíble. Ello ayudaría a reducir el riesgo país y la tasa de interés real que son como “impuestos” que soportan los trabajadores.

Hay que reducir las excesivas tasas que se pagan por las Leliq. La tasa de interés real es muy elevada, en parte por la incertidumbre electoral que reduce la demanda de pesos, y en parte por las dudas que genera el programa económico del gobierno que asuma el 10 de diciembre, aún si gana la opción más moderada.

Si se pretende reducir mágicamente la tasa de interés de las Leliq habría una merma importante en la tenencia de pesos, un salto en el tipo de cambio nominal y un golpe inflacionario. Si, en cambio, se avanza en un programa consistente, ello permitirá una reducción en la tasa de interés real en forma sostenible que, junto con la normalización de la demanda de pesos, debería ayudar a desarmar gradualmente el stock de pasivos remunerados del BCRA.

Hay que mejorar el salario real gradualmente, también el tipo de cambio real y las tarifas deben aumentar al mismo ritmo que los salarios. Esta curiosa propuesta no permite ver cuál es el precio relativo que cede, dado un nivel general de precios. Si todo va para arriba la consecuencia sobre la inflación es evidente.

Promover la expansión de Vaca Muerta genera los recursos para reducir impuestos distorsivos. La oportunidad de los recursos no convencionales es enorme, pero requiere también de enormes inversiones para lograr un aumento en la producción que expanda las ventas del sector en US$ 20.000 millones, como se señaló. Pero aún si se lograra ese aumento en forma rápida no hay un aporte de recursos a la Nación que permita reemplazar los 4% del PIB que generan las retenciones a la exportación y el impuesto al cheque. Sólo las provincias cobran regalías y otros impuestos asociados al valor de la producción. La base imponible del impuesto a las ganancias es ventas menos costos (incluyendo los intereses pagados por la deuda que utilizan las empresas para invertir). Suponiendo que el retorno sobre el capital propio es 20% de las ventas y que la tasa del impuesto a las ganancias se reduce al 25% como fue acordado en 2017, sólo se obtendría una recaudación adicional de 0,2% del PIB que, además, se comparte con las provincias en mayor medida que los impuestos que se quieren reemplazar. Esa recaudación sería todavía menor si el gobierno accede a permitir la amortización acelerada de las inversiones que difiere parte del impuesto al futuro.

Una expansión en Vaca Muerta sí aliviaría la restricción externa y permitiría mejorar el nivel de producción y consumo de la economía, lo que ayudaría a la recaudación. Pero tampoco la aritmética cierra ya que, en el mejor de los casos, hay que calibrar su impacto en la recaudación utilizando la tributación promedio en el margen del orden de 40% (que además se compartiría con las provincias).

Hay varias reformas estructurales que ya se han completado como la previsional. Esta conclusión ignora que el sistema jubilatorio tiene un déficit enorme si se contemplan los ingresos previsionales puros. Restablecer incentivos, es decir que la jubilación se calcule estrictamente en base a lo aportado (como se hace en algunos sistemas de reparto en países avanzados) es clave y ello debería llevar a la revisión de los numerosos casos en que ello hoy no se cumple.

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