En los últimos diez meses se perdieron 150 mil empleos registrados en el sector privado en la Argentina. Hay más monotributistas y menos asalariados. En un año, el total de trabajadores con empleo asalariado se redujo un 1,9%, lo que implica 199.300 trabajadores menos. 

El salario privado cayó en promedio 8 por ciento en el primer semestre. En Misiones la caída fue del 12,1%, la peor en los últimos 30 años y por encima de la crisis pos estallido de 2001. 

Esa es la realidad que se oculta tras el telón de la coyuntura, como el veto a la ley de financiamiento universitario o la inflación de 3,5 por ciento en septiembre, a la que el Gobierno se aferra como eslabón fundamental de la promesa de éxito, pero que no puede maquillar una suba de precios acumulada de 101,6 por ciento desde diciembre y 209 por ciento interanual. El 3,5 por ciento es el dato más bajo desde noviembre de 2021, pero al mismo tiempo desarma una promesa expresada por el Gobierno, ya no en campaña, sino en el diseño del Presupuesto 2025, presentado hace menos de un mes. En el proyecto se estimó una inflación para todo el 2024 de 104,4%. Esto implica que en el último cuatrimestre la inflación debía ser del 1,2% mensual. Ya no será. 

Tampoco es para celebrar como Patricia Bullrich. “¿No la ves todavía? ¡3,5 % de inflación!”, exclamó la ministra que antes, cuando estaba en la oposición, armaba cartelitos mensuales cuestionando la suba de precios del 1,4 por ciento. 

“¿Te das cuenta por qué hay que mantener el equilibrio presupuestario? Porque esto significa que millones de argentinos pagan menos por todos los productos que compran”, insistió, alardeando de su desconocimiento de la economía. Los argentinos no están pagando menos por lo que compran. De hecho, la suba de precios interanual es del 209 por ciento. La inflación, por definición, implica un aumento. El 3,5 por ciento es menor que el 4,2 por ciento de agosto. Pero de cualquier modo, los productos están más caros que en ese mes. 

Pérdida de empleo y de poder adquisitivo son ingredientes del “ajuste” y partes fundamentales del plan de Gobierno para contener la inflación. Las batallas de los vetos son capítulos que incluso sirven para disimular sus consecuencias. 

Pero al Gobierno le está costando más de la cuenta imponerse en esas luchas dialécticas que requieren de voluntades cada vez más esquivas. 

El veto a los jubilados primero y al aumento del presupuesto universitario esta semana, provocaron un intenso desgaste. Son temas sensibles que tienen que ver con una identidad histórica. La Argentina es orgullosa de su universidad pública. El deterioro salarial y presupuestario remiten a épocas oscuras que no tuvieron finales felices. Ni siquiera hay originalidad. En 1994 Domingo Cavallo, mandó a “lavar los platos” a una investigadora del CONICET ante los reclamos de mejores salarios. No hace falta recordar cómo terminó el superministro en medio del descalabro de la otra alianza. Pero Cavallo terminó repudiado al fin de diez años y tres gobiernos. Milei rompió puentes en forma acelerada. Su gestión todavía no cumplió un año y su imagen es ya más negativa que positiva, con un particular declive en el área económica. La luna de miel terminó demasiado rápido. En tan solo un mes, el Presidente perdió 7 puntos de imagen positiva y ese registro cayó al 40 por ciento, según la última encuesta de Poliarquía.

El principal logro de Milei, la reducción de la inflación, hizo que ese tema dejara de ser el más importante para las mayorías, que ahora se muestran preocupadas por la recesión, las tarifas, los salarios y los empleos. Sobre esos temas, el Gobierno sostiene que la reactivación económica está en marcha y que los salarios le ganan a la inflación, aunque la percepción social no dice lo mismo: el 85% de los entrevistados por D’Alessio Irol/Berensztein que manifestó su visión negativa sobre la economía, señaló al aumento de las tarifas de servicios públicos como una de las razones, mientras que el 84% apuntó a una falta de recuperación en los salarios y el 83% a que los precios siguen aumentando.

En ese mismo sentido, el Monitor del Humor Social y Político reflejó que la mirada negativa sobre el presente económico alcanza al 90% de quienes votaron por Unión por la Patria en el ballotage del año pasado. Pero también abarca a un 40% de los que optaron por Milei.

La ratificación del veto al aumento presupuestario provocó una oleada de repudios y expuso mucho más a los diputados que lo hicieron posible. A diferencia de los jubilados, un segmento más “abstracto”, en las facultades hay colectivos duros dispuestos a dar batalla. Por eso la reacción fue distinta. 

En el peronismo, la propia Cristina Fernández, ahora candidata a presidir el partido, salió a marcar a los cinco “distraídos” que le hicieron el favor al Gobierno, como el misionero Alberto Arrúa, quien se abstuvo después de prometer que iba a votar contra el veto. El diputado misionero juega en la interna a favor de Ricardo Quintela y cantó retruco: acusó a la ex presidenta de pretender “podar al peronismo” y advirtió que “algunos andamos pensando que quizás haya que cambiar de “tutor”.

En el radicalismo hay un cisma entre mileístas y los estoicos -que tampoco lo son tanto ni tantos-. Martín Arjol reincidió y votó a favor del Gobierno. Pero esta vez el costo será más alto que con los jubilados. La UCR se nutre de la universidad y en la UNaM, donde es profesor, los estudiantes pidieron su expulsión. Quedó a la vista también la interna con el otro referente de la next generation radical. El diputado provincial Ariel Pianesi expuso su respaldo al reclamo universitario. Pero Arjol ya no muestra interés en los reproches partidarios. Es un libertario asumido y espera la bendición para ser candidato de la “libertad” en las próximas elecciones. 

Abstraído de las críticas, el presidente Javier Milei celebró la ratificación del veto como antes lo hizo con el de los jubilados. Ante el plenario del Consejo Empresarial de América Latina, descartó subir algún impuesto para financiar demandas sociales. Destacó que “el que gana plata es un héroe, es un benefactor social” y señaló que “si Argentina va a empezar un proceso de fuerte crecimiento económico, se van a generar ganancias extraordinarias. No les demos lugar a los zurdos de mierda que nos vengan a decir que eso está mal. A hinchar las pelotas con el coeficiente de Gini, la desigualdad”. 

Para Milei, la batalla contra las universidades, más allá de las pérdidas generales, es también una reafirmación simbólica hacia dentro. No es una batalla por la “transparencia”. Las universidades son auditadas por la Sindicatura General de la Nación y tienen organismos de control interno. El presupuesto y los gastos deben pasar varios mecanismos de control. Así como hace una semana se instaló la idea de cobrarles la educación a los extranjeros, ahora se insiste en que las universidades son “bolsas de trabajo” y el propio Presidente abona esa teoría. “¿8 empleados por cada alumno? Se los dejo para pensar...”, escribió el Presidente en X, tras afirmar que la Universidad Nacional de Rosario tiene 85 mil alumnos de grado y 10.500 empleados. Pero la cuenta da al revés, hay 8 estudiantes por cada empleado. 

En la Renovación se optó por sostener la tradición de no entorpecer la gestión nacional durante el primer año. “Desde el Congreso no se gobierna, como desde las Legislaturas no se gobierna. Hay que respetar la voluntad popular que eligió a un Presidente que prometió el ajuste”, remarcan en el Gobierno. 

Sin embargo, conscientes de que el reclamo presupuestario es válido, en el equipo de Hugo Passalacqua siguen de cerca la situación de la Universidad Nacional de Misiones. Hace unos meses se hizo un aporte de 35 millones y podría haber otros. Preocupa la alta demanda de comedores y albergues y hay profesores que comienzan a notar menor presencia de los estudiantes de ciudades lejanas, que tienen que pagar alquileres en Posadas o las ciudades que son sedes de facultades.

En la Provincia entienden que el pataleo es inconducente. Se seguirán los reclamos por las vías formales, pero la gestión se concentrará en buscar soluciones a la misionera. Ante la recesión alargada, Misiones busca que la actividad se resienta lo menos posible. El equipo económico encabezado por el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán, recibió a empresarios de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas para analizar herramientas posibles: la ampliación de los programas Ahora, el impacto de la vuelta de las 12 cuotas y líneas de créditos accesibles para Pymes. Hubo coincidencias en la necesidad de fortalecer esa sinergia. Llamativo contraste con la posición asumida por la Confederación Económica de Misiones. Para la entidad empresaria, el “dolor de cabeza” no es la abrupta caída de la actividad económica en el país, sino la política fiscal misionera, que, paradójicamente, es la que permite sostener los créditos baratos y permanentes inyecciones en diversas actividades económicas donde son protagonistas los principales dirigentes de la CEM. Misiones es líder en el país en créditos blandos para las Pymes e industrias, con más de 100 mil millones de pesos en el año. La posición pública de la cúpula no es compartida por todos los empresarios y descolocó a los negociadores con el Gobierno.

El dato de la inflación que tuvo al NEA como una de las regiones con menor suba, con 3,3 por ciento, está emparentado con esas políticas públicas promovidas por Misiones. Los Ahora ayudan a aplacar las subas constantes y estimulan el consumo interno registrado. El precio del pan -el Ahora Pan fue el primer plan presentado en 2018- es una muestra: 1.852,04 pesos promedio contra 2.878,01 del Gran Buenos Aires. 

No es la única política en la que Misiones hace punta. Especialistas de toda la región debatieron en Posadas en el marco de la PreCop29. Allí la tierra colorada pudo exhibir sus avances para convertirse en la primera provincia del país y de la región en comenzar a monetizar el cuidado ambiental. 

La Provincia ya entró en la etapa final y se prepara para recibir en el primer trimestre del año próximo, los primeros desembolsos por la retención de dióxido de carbono de la selva misionera. Se certificaron 1,4 millones de hectáreas y el primer pago sería de 55 millones de dólares por la custodia de la selva entre 2017 y 2022, lo que equivale a nueve millones de dólares anuales, más del doble del fondo fiduciario de Bosques Nativos que acaba de eliminar el gobierno  de Javier Milei. 

Ese dinero se dividirá en tres porciones, según precisó Maximiliano Galli, asesor del Gobierno provincial y enlace con la consultora Verra. Una parte se destinará a un fondo de desarrollo sustentable, que servirá para financiar a ONGs, universidades, pueblos originarios, emprendedores, PYMES, que quieran presentar proyectos para pedir fondos. La segunda porción será para los propietarios de las parcelas con monte. Para tener un punto de comparación, en el programa 2014-2016 por REDD+, Nación pagó a Misiones US$ 3M, pero nada para los privados. Ahora cobrarán automáticamente. “Este programa de Misiones paga de verdad a privados”, remarcó Galli.  Será el primer reconocimiento global por preservar la selva, una política que se mantuvo incólume con el paso de los años. 

About The Author