La líder lácteaMastellone, dueña de La Serenísima, presentó los estados financieros del primer trimestre de 2026, y sorprendió con una pérdida integral total de $14.053 millones, cuando en el mismo período de 2025 había logrado una ganancia de $3.342 millones.
Vale recordar que este año Arcor y Danone, tras ejercer la opción de compra del 51% restante en marzo de 2026, tomaron el control total de la compañía: Bagley Latinoamérica (Joint Venture Arcor-Danone) es la sociedad que posee 100% del paquete accionario de la dueña de la marca La Serenísima.
Y si bien esos números no quitan a Mastellone Hermanos la posición de compañía líder del sector lácteo en Argentina, con casi un siglo de historia desde su fundación en 1929, este giro en el resultado neto entre el primer trimestre de este año y el del 2025 pone de manifiesto la fragilidad que atraviesa el negocio lácteo en un contexto de retracción del mercado doméstico y costos operativos al alza.
Según se desprende de la documentación enviada por el directorio de Mastellone a la Comisión Nacional de Valores (CNV), su balance se vio afectado por una combinación de factores macroeconómicos y sectoriales.
Uno de ellos es la contracción del consumo, esto es, de la persistente caída del poder adquisitivo que impactó directamente en el volumen de ventas.
En especial, en los productos de mayor valor agregado (yogures y postres), donde la competencia con segundas marcas y productos importados se volvió más agresiva.
También la presión de costos influyó en el resultado final, teniendo en cuenta que el incremento en los precios de la materia prima láctea —necesaria para asegurar el abastecimiento de sus plantas— y los ajustes tarifarios en logística y energía erosionaron los márgenes operativos.
Otro factor destacado se vincula con la carga financiera o el peso de su deuda, mayoritariamente dolarizada, que continúa siendo una “mochila” difícil de cargar.
En un escenario donde el crédito sigue siendo costoso, la refinanciación de pasivos se vuelve una tarea quirúrgica para la firma.Momento clave para la láctea
Pero uno de los mayores dilemas es que este “rojo” llega en un momento institucional complejo e impacta de manera directa en el desembarco del tándem Arcor-Danone. Un balance con una pérdida tan grande deteriora su patrimonio neto y si las pérdidas continúan erosionando el capital de trabajo, la empresa podría requerir una capitalización.
En ese escenario, Arcor y Danone se verían obligados a inyectar fondos para evitar un escenario más complejo que el actual.
En el caso de Danone, este resultado ratifica la necesidad de una reestructuración operativa profunda.
Las pérdidas en el sector de frescos (donde el grupo francés es socio estratégico de Mastellone), sugieren que el modelo actual de comercialización está agotado frente a la caída del consumo masivo.
Por eso, se entiende que el ingreso definitivo de este gigante lácteo europeo y de Arcor permitirá integrar totalmente la distribución del holding de la familia Pagani con la de La Serenísima para reducir ese “rojo” operativo.Inestabilidad financiera
Pero por ahora, y si bien se espera una “limpieza de balance” mediante una renegociación agresiva de la deuda financiera bajo el paraguas corporativo de Arcor, que tiene una calificación crediticia superior, los números del primer trimestre ratifican que el 2026 no será el año de la recuperación esperada, sino un período de resistencia financiera en un mercado que no da señales de tregua.
El subsecretario de Políticas universitarias Alejandro Álvarez, “la universidad da pocos graduados” y añadió además que “se designa por rosca política, no hay un procedimiento fijo”. En la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional endureció su discurso sobre el sistema de educación superior y oficializó una reducción de $78.768 millones en distintos programas de la Secretaría de Educación, incluida la suspensión de transferencias para obras universitarias.
La decisión quedó formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026 y coincidió con una ofensiva pública del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien cuestionó el modelo de financiamiento actual, habló de un sistema “arbitrario” y aseguró que las universidades “dan pocos graduados” pese al nivel de gasto estatal.
El conflicto no se limita a una discusión presupuestaria. El trasfondo combina ajuste fiscal, disputa por el control político de las universidades y redefinición de los criterios de distribución de fondos en uno de los sectores históricamente más sensibles del Estado argentino.
El recorte llega antes de la marcha universitaria
La reducción presupuestaria impacta sobre programas educativos nacionales, infraestructura escolar, becas y universidades. El mayor ajuste recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de $35.288 millones destinados a transferencias a provincias.
También fue eliminado el Fondo de Compensación Salarial Docente, utilizado para equiparar salarios mínimos provinciales, con una quita cercana a $8.930 millones.
La poda incluyó además recortes en infraestructura escolar y equipamiento por más de $21.686 millones, una baja de $6.649 millones en programas socioeducativos y una reducción superior a $559 millones en becas estudiantiles.
La empresa estatal EDUC.AR S.A. sufrió una retracción de transferencias por $48.000 millones.
En paralelo, el Gobierno dejó sin efecto transferencias de capital destinadas a infraestructura universitaria por $5.303 millones. Según el anexo de la medida, las obras quedaron suspendidas en trece universidades nacionales.
La Universidad Nacional de La Plata fue la más afectada, con una reducción de $1.043 millones. También registraron recortes las universidades de General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.
La estrategia oficial: cambiar cómo se reparte el presupuesto
Mientras crece la tensión con rectores, sindicatos y centros estudiantiles, el Gobierno intenta instalar otra discusión: no sólo cuánto se gasta, sino cómo se asignan los recursos.
Álvarez sostuvo que el presupuesto universitario “se designa por rosca política” y planteó que la intención oficial es reemplazar ese esquema por un mecanismo basado en “indicadores objetivos”.
Según explicó, la Subsecretaría trabaja en el cruce de información vinculada a cantidad de docentes y estudiantes para diseñar nuevos parámetros de distribución presupuestaria.
La señal política es relevante porque apunta directamente al corazón del sistema universitario: el criterio histórico de negociación entre universidades, Estado nacional y actores políticos con peso parlamentario y territorial.
El funcionario también afirmó que las universidades reciben actualmente los fondos de funcionamiento “en tiempo y forma” y defendió la política salarial del Ejecutivo frente a los reclamos gremiales.
La pelea por los hospitales universitarios
Otro de los focos de conflicto quedó expuesto en la discusión sobre los hospitales universitarios.
Álvarez rechazó las críticas de la Universidad de Buenos Aires y sostuvo que el Gobierno transfirió regularmente los recursos correspondientes. Según dijo, la disputa real gira en torno a un fondo de refuerzo de $80.000 millones destinado a hospitales universitarios de todo el país.
“El reclamo de la UBA es otra cosa”, planteó el funcionario, al señalar que la universidad pretende acceder al 95% de ese fondo extraordinario.
La discusión adquiere peso político porque el Hospital de Clínicas se transformó nuevamente en uno de los símbolos visibles de la protesta universitaria y sanitaria.
La narrativa oficial frente a la marcha
El Gobierno endureció además su caracterización política de la movilización convocada en todo el país.
Álvarez definió la protesta como “un acto opositor” y afirmó que las universidades están dominadas por “dos corporaciones”, una política y otra sindical.
Aunque el Ejecutivo intenta separar la discusión presupuestaria de la protesta callejera, la simultaneidad entre los recortes oficializados y la movilización nacional terminó potenciando el conflicto.
La administración de Javier Milei busca sostener el ajuste fiscal sin ceder ante sectores que considera parte del entramado político tradicional. Del otro lado, rectores, gremios y estudiantes intentan reinstalar el financiamiento universitario como un eje de desgaste para el Gobierno.
Qué muestran los números del presupuesto universitario
Según datos citados del CEPA, el Programa 26 de Desarrollo de la Educación Superior acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025.
El informe proyecta que, a valores constantes de diciembre de 2026, el crédito vigente alcanzaría los $4,87 billones, lo que ampliaría la retracción acumulada al 41,6% respecto de 2023.
El análisis también compara ese escenario con la Ley de Financiamiento Universitario vetada por el Poder Ejecutivo y luego reimpulsada en el Congreso. De haberse aplicado esa norma, el presupuesto universitario habría ascendido a $8,49 billones a valores de 2026.
En contraste, la propuesta oficial elevaría el crédito a $5,51 billones, aunque eso implicaría —según el CEPA— una caída real del 33,9% frente a 2023.
Álvarez cuestionó además la viabilidad financiera de esa ley y sostuvo que implicaba un aumento salarial del 50% “que el Estado no está en condiciones económicas de afrontar”.
Impacto regional y tensión sobre las provincias
Aunque los mayores recortes informados corresponden a universidades de otras regiones del país, la discusión impacta también sobre el NEA y Misiones por múltiples vías.
La reducción de programas nacionales de alfabetización y compensación salarial docente afecta transferencias que alcanzan a las provincias. Además, cualquier modificación en los criterios de distribución presupuestaria universitaria podría alterar el esquema de financiamiento futuro para instituciones nacionales del interior.
En regiones con menor densidad económica relativa, las universidades públicas funcionan además como motores de movilidad social, empleo profesional y circulación de recursos estatales.
La combinación entre ajuste fiscal y revisión de criterios de asignación abre un escenario de incertidumbre para las casas de estudio que dependen en gran medida de fondos nacionales.
Un conflicto que excede la cuestión educativa
La discusión universitaria ya dejó de ser únicamente presupuestaria. El Gobierno intenta avanzar sobre mecanismos de financiamiento, control de gastos y lógica de funcionamiento institucional, mientras las universidades buscan preservar autonomía y capacidad de negociación política.
La magnitud de la movilización federal, la reacción del Congreso y la evolución del conflicto salarial serán variables centrales para medir hasta dónde el Ejecutivo puede sostener su estrategia sin ampliar el costo político.
El Gobierno nacional aseguró que convocará a las universidades para avanzar en una mesa de diálogo luego de la marcha universitaria que tendrá lugar este martes y anticipó que buscará rediseñar el esquema de distribución de fondos, con foco en los hospitales universitarios.
Desde la Casa Rosada señalaron que la intención es abrir una instancia de conversaciones con los rectores para discutir la asignación presupuestaria y los mecanismos de control sobre los recursos destinados al sistema universitario.
El Ejecutivo planea convocar especialmente a representantes de hospitales universitarios para revisar el funcionamiento y la distribución de partidas destinadas a esas instituciones.
Fuentes oficiales remarcaron que el Gobierno mantiene la decisión de auditar el uso de fondos públicos en las universidades y defendieron la necesidad de “transparentar” el sistema de financiamiento.
Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, aseguró que el Gobierno convocará después de la movilización de este martes a todos los rectores de universidades con hospitales, con el objetivo de rediseñar la distribución de los fondos.
La convocatoria se dará luego de la masiva movilización en defensa de la universidad pública, en la que rectores, docentes y estudiantes reclamaran una actualización del presupuesto frente al impacto de la inflación.
En el oficialismo reconocieron la necesidad de sostener el diálogo con las universidades, aunque insistieron en que cualquier incremento de partidas deberá estar acompañado de mecanismos de control y rendición de cuentas.
Desde distintos sectores universitarios vienen reclamando mayores recursos para afrontar gastos de funcionamiento, salarios y el sostenimiento de hospitales y áreas de investigación.
El conflicto entre el Gobierno y las universidades se convirtió en uno de los principales focos de tensión política de las últimas semanas, tras las advertencias de rectores sobre las dificultades para sostener el normal funcionamiento de las casas de estudio.
La cuarta Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo este martes en todo el país, con el objetivo de exigirle al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial docente y no docente.
El acto central será en Plaza de Mayo a las 17 y previamente las distintas organizaciones se concentrarán en diversos puntos y a diferentes horarios. Debido a esta jornada de protesta, se prevén clases suspendidas y paros totales en todas de las universidades nacionales durante este martes
La convocatoria a esta movilización partió de diversas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes, incluyendo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) las cuales denuncian la situación crítica que atraviesan las distintas universidades públicas provocada por el desfinanciamiento impartido por la gestión del presidente Javier Milei, desde diciembre de 2023.
Esta 4º Marcha Universitaria busca visibilizar también los bajos sueldos en el sector, por lo que también exigen la recomposición de salarios docentes y no docentes, afectados por la inflación con haberes percibidos por debajo de la canasta básica. Las instituciones denuncian una caída real del 45,6% en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026.
Para los grupos convocantes, esta crisis presupuestaria, que converge en el desfinanciamiento que atraviesa el área educativa, “pone en riesgo el funcionamiento” de todas las universidades nacionales.
La UNaM se suma a la defensa de la educación pública
La Universidad Nacional de Misiones (UNaM) confirmó su adhesión a la Marcha Federal Universitaria, una movilización que busca visibilizar la importancia de la educación superior pública y reclamar mayores recursos para garantizar su funcionamiento.
La UNaM se suma así a una convocatoria nacional que busca reafirmar el compromiso con la universidad pública y con el derecho de las juventudes a acceder a una educación superior inclusiva y transparente.
En Posadas, la concentración general será el martes a partir de las 14 en el mástil de avenida Mitre; aunque de forma previa, también se reunirán a partir de las 13.30 los integrantes de la Facultad de Humanidades de la Unam frente al edificio de calle Tucumán para luego trasladarse en conjunto hasta el punto de encuentro.
Desde el Mástil marcharán hasta la plaza 9 de julio. Esta vez todas las facultades de la Unam se unificarán en la capital misionera.
Movilizaciones en las provincias
La Marcha Universitaria tendrá réplicas en muchas provincias del país, entre ellas, Córdoba, Salta, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.
Córdoba: Concentración a las 15:00hs. en el Monumento de la Reforma (Ciudad Universitaria) y acto a las 17:30 hs. en Bv. San Juan y Vélez Sarsfield.
La Plata: Movilización masiva hacia Plaza de Mayo (CABA) con cese de actividades académicas.
Salta: Concentración a las 16:00hs. en el Monumento 20 de Febrero y marcha hacia la Plaza 9 de Julio.
Santa Fe: Columna desde Ciudad Universitaria, a partir de las 15:00 hs., hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, a las 17:00hs.
La Pampa: Convocatorias en Santa Rosa a las 17:30hs. y General Pico a las 18:00hs.
Tras publicar el dato de inflación porteña de abril pasado, un 2,5% que llevó a la inflación interanual en la Ciudad de Buenos Aires al 32,4%, el Instituto de Estadísticas y Censos de CABA (Idecba) dio a conocer su informe de “Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires”, que permite conocer detalles de la estratificación social en el distrito. El dato, mostró que una familia tipo necesitó más de $2.300.000 al mes para alcanzar un nivel de ingreso compatible con la clase media.
Así, para una pareja de 35 años, ambos activos laboralmente y dueños de su vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años, el ingreso familiar mínimo para pertenecer a la clase media en la Ciudad de Buenos Aires es de $2.384.515 por mes. Ese es el piso que fijó para abril de 2026 el Idecba, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad, en su informe mensual sobre líneas de pobreza y canastas de consumo.
El dato surge de multiplicar por 1,25 la Canasta Total (CT), que en abril alcanzó $1.907.612 para ese grupo familiar. Esa operación, establecida en la metodología que el IDECBA diseñó en 2008, define el umbral inferior del estrato denominado “sector medio – clase media”. El techo del mismo estrato equivale a cuatro veces la CT, es decir, $7.630.448. Por encima de ese valor, el hogar pasa a clasificarse dentro de los sectores acomodados.
Entre ambos extremos se extiende una escala de seis estratos que va desde la indigencia hasta los sectores de mayores ingresos. Un hogar de esas características cae en situación de indigencia si sus ingresos no superan los $821.208 mensuales —el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia—. Si supera ese piso pero no llega a $1.513.033, se ubica en situación de pobreza no indigente, ya que ese segundo umbral corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), o línea de pobreza. Entre $1.513.033 y $1.907.612 se sitúan los llamados no pobres vulnerables, y entre $1.907.612 y $2.384.515 se encuentra el sector medio frágil.
La variación interanual del piso de clase media para ese grupo familiar fue de 29,6%: en abril de 2025, el umbral mínimo era de $1.840.530. Esa suba queda por debajo de la inflación que registró la Ciudad de Buenos Aires en los últimos doce meses, que acumula 32,4%. La diferencia implica que, en términos reales, ese umbral se abarató: para ser de clase media en la Ciudad se requiere hoy relativamente menos poder adquisitivo que hace un año.
El informe del IDECBA también permite comparar ese piso entre distintas composiciones de hogar. La metodología no habla de situaciones genéricas sino que construye perfiles concretos para hacer los cálculos. Para una pareja de adultos mayores, ambos económicamente inactivos y propietarios de su vivienda, el ingreso mínimo para alcanzar la clase media es de $1.241.518. Para un adulto varón solo de 25 años, propietario y activo laboralmente, el piso baja a $860.770.
Una pareja joven de 25 años, ambos activos y propietarios, necesita al menos $1.398.976 para ubicarse en ese estrato. Ese mismo perfil de pareja, pero sin vivienda propia —es decir, con el costo del alquiler incorporado a la canasta—, requiere $1.765.950 para acceder a la clase media. La diferencia entre ambos casos, de $366.974, refleja el peso que tiene el alquiler sobre el presupuesto familiar en la Ciudad.
La CT, que es la base del cálculo del umbral de clase media, incluye tanto los bienes alimentarios como el resto de los bienes y servicios que el IDECBA considera compatibles con el estándar de vida de la población porteña. Desde marzo de 2022, esa canasta —al igual que las líneas de indigencia y pobreza— se valoriza con el índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), con base en el año 2021. El informe correspondiente a abril de 2026 tuvo fecha de publicación el 11 de mayo de 2026.
