Después de más de tres décadas como miembro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, el ministro Jorge “Kiko” Rojas presentó su renuncia, abriendo una vacante inesperada en el máximo órgano judicial de la provincia. El Poder Ejecutivo avanzará con la postulación de la abogada Valeria Fiore Cáceres, actual Defensora del Pueblo de Posadas, para ocupar ese lugar, en una decisión que deberá ser refrendada por la Cámara de Representantes.

Rojas, nacido en Oberá el 27 de julio de 1950, cumplió 75 años este domingo, edad que habilita la jubilación en el Poder Judicial. Por ese motivo, elevó su renuncia al gobernador Hugo Passalacqua. Su trayectoria marcó etapas clave en la historia judicial de Misiones. Asumió en 1991 por nominación del entonces gobernador Julio César Humada y presidió el STJ entre 2003 y 2007, en los inicios de la Renovación política en la provincia, manejando causas de alto impacto institucional. Tras ese período, continuó su carrera en un perfil más reservado, pero con influencia dentro del cuerpo.

Actualmente, integran el STJ Rosana Venchiarutti (presidenta), Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Roberto Rubén Uset, Juan Manuel Díaz, Ramona Beatriz Velázquez, Jorge Antonio Rojas y Cristina Irene Leiva.

La vacante será propuesta para ser ocupada por Valeria Fiore Cáceres, una abogada de 53 años, con una sólida trayectoria en el ámbito público y académico, y un fuerte compromiso con los métodos alternativos de resolución de conflictos y la perspectiva de género.

Fiore es madre de dos hijos y desde 2023 se desempeña como delegada decanal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santa Fe en la sede Santos Mártires de Posadas, donde también es docente titular desde hace más de 15 años. Su postulación representa, según fuentes oficiales, un cambio de paradigma en la justicia misionera: hacia una visión más restaurativa, inclusiva y cercana a la ciudadanía.

En su carrera profesional se destacan cargos clave en la Municipalidad de Posadas, donde coordinó los Centros de Mediación Comunitaria, y la Dirección General de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos. Además, es coautora de publicaciones sobre mediación, y promotora de redes profesionales como la Red Federal de Mediadoras con Perspectiva de Género, Women’s Democracy Network y Mediadores en Red.

Desde la Defensoría del Pueblo, impulsó una agenda de cercanía institucional, con canales directos para reclamos vecinales y programas de resolución de conflictos sin judicialización. “Creo en una justicia que repara, no solo que castiga”, ha expresado públicamente, una frase que sintetiza su visión del derecho como herramienta de transformación social.

El Ejecutivo provincial buscará ahora el aval legislativo para concretar su nombramiento. Con su eventual ingreso, se reforzaría la presencia femenina en el máximo tribunal misionero y se incorporaría una mirada renovada, en línea con las demandas contemporáneas de acceso a la justicia, equidad y modernización institucional.