SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Andrés Poujade juró como ministro del Superior Tribunal de Justicia

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El gobernador Hugo Passalacqua participó del acto de juramento del doctor Andrés Poujade, quien asumió como ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones. Con esta ceremonia quedó formalmente incorporado al máximo tribunal provincial, integrado por nueve ministros. El flamante funcionario reemplaza a Ramona Beatriz Velázquez, quien se jubiló tras una trayectoria de dos décadas en el Poder Judicial.

Durante la ceremonia, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, tomó juramento al nuevo integrante de la institución. La magistrada resaltó que con la llegada de Poujade el tribunal queda nuevamente completo, y subrayó que el nuevo ministro se incorpora en una etapa de trabajo enfocada en el fortalecimiento institucional del Poder Judicial. “Que jure un nuevo ministro del Superior Tribunal de Justicia no es un dato menor. Cada juramento implica que estamos haciendo realidad ese Estado de derecho del que tanto hablamos”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el Poder Judicial atraviesa un proceso de transformación. “El ministro es bienvenido a este nuevo paradigma, a esta nueva sensación de que estamos construyendo futuro, y con ese futuro credibilidad. Mucho interior hay para recorrer, mucho camino hay para realizar. Y seguramente habremos de lograr buenos resultados, porque lo único que de verdad se persigue es que el pueblo de la provincia de Misiones vuelva a creer en la justicia que hoy representamos”, manifestó.

El encargado de la lectura del decreto de designación de Poujade fue el secretario general administrativo y de superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Hugo Marinoni.

Poujade llegó al máximo tribunal luego de obtener el acuerdo unánime de la Cámara de Representantes durante la sexta sesión ordinaria del período legislativo Nº 54, celebrada el pasado 11 de junio. El pliego había sido remitido por el gobernador Hugo Passalacqua y contó con el respaldo del pleno legislativo, tras la presentación de sus antecedentes por parte de la diputada Anazul Centeno, integrante de la Comisión de Poderes y Acuerdos y representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Magistratura.

El nuevo ministro reemplaza a Ramona Beatriz Velázquez, quien culminó una trayectoria de dos décadas dentro del Superior Tribunal de Justicia, dando paso a una renovación que coincide con uno de los procesos de modernización judicial más importantes de los últimos años.

Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, Poujade posee una sólida formación académica complementada con estudios de posgrado en Argentina y Francia, donde obtuvo un Máster en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías. A lo largo de su carrera desarrolló una intensa actividad en materia de derecho penal, derechos humanos, gestión judicial y docencia universitaria, perfil que fue especialmente valorado durante el tratamiento legislativo de su designación.

Tras prestar juramento, el flamante integrante del STJ sostuvo que su prioridad será fortalecer la prestación del servicio de justicia mediante resoluciones oportunas y ajustadas al derecho vigente.

“Mi compromiso es brindar un servicio de justicia eficaz y eficiente, respaldando a la institución judicial. Eso significa tomar decisiones en tiempo oportuno, de acuerdo con las constancias de cada causa y el derecho vigente”, expresó.

Con una extensa trayectoria en el fuero penal, Poujade reconoció que la transición hacia el nuevo modelo procesal será uno de los principales desafíos que enfrentará el Poder Judicial.

“Estamos frente al proyecto de reforma del Código Procesal Penal y otras leyes que comenzarán a implementarse. El desafío será resolver cada conflicto conforme a la normativa y a los principios generales del derecho”, afirmó.

El magistrado explicó que la transformación más significativa será el paso del actual sistema mixto de corte inquisitivo hacia un modelo acusatorio, en el cual los fiscales asumirán un rol central en la investigación penal mientras los jueces concentrarán su tarea en el control de legalidad y la garantía de los derechos constitucionales.

“La investigación quedará principalmente en cabeza de los fiscales, mientras que la actividad jurisdiccional estará enfocada en resolver las cuestiones propias del juez”, sintetizó.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Pía Venchiarutti Sartori, calificó la incorporación de Poujade como un paso institucional de relevancia y destacó que el máximo tribunal vuelve a funcionar con su integración completa.

“Cada vez que alguien jura por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial estamos haciendo realidad el Estado de Derecho y la división de poderes. Hoy la Corte vuelve a estar absolutamente completa”, señaló.

La titular del STJ consideró que la reforma procesal constituye un cambio histórico para la provincia, recordando que Misiones era una de las tres jurisdicciones del país que aún no había adoptado el sistema acusatorio.

“Misiones tomó una decisión que considero profundamente acertada para este momento histórico, político, social y cultural”, afirmó.

Venchiarutti explicó que el nuevo esquema modifica por completo la distribución de funciones dentro del proceso penal. Mientras la investigación y la producción de prueba quedarán bajo responsabilidad del Ministerio Público Fiscal, los jueces asumirán un rol de control sobre la legalidad de las actuaciones y la protección de las garantías constitucionales.

En ese contexto, sostuvo que el nuevo paradigma exige una redefinición del perfil profesional de quienes integran el Poder Judicial.

“Hoy no alcanza solamente con conocer el derecho. Los jueces deben incorporar herramientas de gestión, conocimientos de medicina forense, psicología social y administración judicial para responder a las exigencias del nuevo sistema”, remarcó.

La presidenta también señaló que otra de las prioridades institucionales será la implementación del nuevo régimen penal juvenil. En ese sentido, indicó que el objetivo del Poder Judicial será avanzar hacia un modelo de justicia restaurativa que priorice la reinserción por sobre las respuestas exclusivamente punitivas.

“Lo que buscamos es que esos niños no sean simplemente detenidos. El desafío es construir una justicia restaurativa que permita resolver los conflictos con una mirada integral”, sostuvo.

La incorporación de Poujade se produce en una etapa de renovación institucional del Poder Judicial misionero, atravesada por reformas procesales, actualización normativa y nuevos desafíos de gestión. Con la implementación del sistema acusatorio, el funcionamiento de fiscales, jueces y defensores experimentará una transformación estructural que demandará capacitación permanente, nuevas herramientas tecnológicas y una reorganización de los procedimientos para responder con mayor rapidez, transparencia y eficacia a las demandas de la sociedad.

En el acto también estuvieron presentes los ministros del máximo cuerpo colegiado de Misiones, Roberto Rubén Uset, Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Juan Manuel Díaz, Cristina Irene Leiva y Valeria Fiore Cáceres. También estuvo presente el procurador general, Carlos Jorge Giménez, y el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías. Además, la ceremonia contó con la participación de magistrados y funcionarios de la Justicia Federal y Provincial, ministros y representantes del Poder Ejecutivo, intendentes de distintos municipios, senadores y diputados nacionales, legisladores provinciales e integrantes del Consejo de la Magistratura, entre otros representantes del Poder Judicial.

Una trayectoria vinculada al ámbito judicial y académico

Andrés Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con formación de posgrado en Argentina y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura un Máster en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías, obtenido en Francia. A lo largo de su carrera participó en instancias de capacitación en derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial.

El letrado también ejerció la docencia universitaria, actividad desde la cual contribuyó a la formación de profesionales del derecho. Hasta su designación, Poujade se desempeñaba como fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de la provincia. Su pliego fue aprobado por la Cámara de Representantes durante la VI Sesión Ordinaria del Período Legislativo N.º 54, realizada el 11 de junio, lo que permitió avanzar con su incorporación al Superior Tribunal de Justicia.

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Con amplio respaldo, la Legislatura aprobó el pliego de Andrés Poujade para el Superior Tribunal de Justicia

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La Cámara de Representantes de Misiones aprobó este jueves el pliego de Andrés Poujade para incorporarse al Superior Tribunal de Justicia (STJ), en una de las decisiones institucionales más relevantes del año para el sistema judicial provincial.

La propuesta enviada por el gobernador Hugo Passalacqua obtuvo 40 votos afirmativos, reflejando un amplio consenso político dentro del recinto. La defensa del dictamen estuvo a cargo de la diputada Anazul Centeno, integrante de Encuentro Misionero, quien destacó la trayectoria profesional, académica e institucional del candidato.

El acompañamiento al pliego trascendió las fronteras partidarias. Votaron a favor legisladores de la Renovación, de sectores libertarios y de bloques opositores. Entre ellos, Martín Arjol, Pablo Steckler, Adrián Núñez, Juan Ahumada y Ramón Amarilla, quienes respaldaron la incorporación de Poujade al máximo tribunal provincial.

La designación permitirá completar nuevamente la integración de nueve miembros del Superior Tribunal de Justicia, luego de la jubilación de Ramona Velázquez. Con este nombramiento, además, se modifica la composición de género del cuerpo, que vuelve a quedar conformado por cinco hombres y cuatro mujeres.

La incorporación de Poujade tiene relevancia institucional por el rol que desempeña el STJ dentro de la estructura estatal. Además de constituir la última instancia judicial provincial, el tribunal ejerce la superintendencia administrativa del Poder Judicial y fija criterios jurisprudenciales que impactan sobre la totalidad del sistema.

La sesión también avanzó con una amplia renovación de cargos judiciales en distintas jurisdicciones de la provincia. Fueron aprobados los acuerdos para Carla Alejandra Freitag como jueza de Instrucción del Juzgado N.º 1 de Posadas; Diego Agustín Lafata para el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá; y César Humberto Lirussi para el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Eldorado.

Asimismo, la Legislatura prestó acuerdo para la designación de Camila Arruti como fiscal de Primera Instancia en Puerto Rico y de Martín Ignacio Balor como agente fiscal en lo Correccional y de Menores de la Primera Circunscripción Judicial.

La nómina se completó con las designaciones de Luis Sebastián Martínez como juez de Paz Letrado de Primera Categoría de Posadas y de Rosa Raquel Dionisia Mazal como jueza de Paz Letrada de Primera Categoría de Puerto Iguazú.

La cobertura simultánea de vacantes en el Superior Tribunal, juzgados de instrucción, fiscalías y juzgados de paz constituye una de las renovaciones judiciales más amplias de los últimos años en Misiones. El objetivo es fortalecer la estructura permanente del Poder Judicial, reducir la dependencia de subrogancias y mejorar la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio provincial.

Desde el punto de vista constitucional, el proceso también ratifica el mecanismo de control cruzado previsto por el sistema republicano provincial: el Poder Ejecutivo propone y la Legislatura evalúa antecedentes, analiza idoneidad y otorga el acuerdo para la designación definitiva de magistrados y funcionarios judiciales.

Con la aprobación de estos pliegos, Misiones consolida una nueva etapa en la integración de su estructura judicial, con funcionarios que tendrán incidencia directa en la administración de justicia durante los próximos años.

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Kiczka pidió prisión domiciliaria: la respuesta oficial y el límite jurídico de una condena aún no firme

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La condena contra Germán Kiczka todavía no está firme, pero el expediente volvió a ocupar el centro de la escena pública. El ex diputado provincial, condenado a 14 años de prisión por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, solicitó ahora el otorgamiento de la prisión domiciliaria. La presentación fue confirmada por el juez César Yaya, uno de los magistrados que integró el tribunal que dictó sentencia, durante una entrevista en El Periodista, el programa que se emite por Canal 12.

Yaya evitó pronunciarse sobre la procedencia concreta del planteo. No por evasiva, sino por obligación funcional: el pedido debe ser resuelto judicialmente y cualquier opinión anticipada podría derivar en un apartamiento del magistrado. “Ellos han peticionado formalmente un pedido de prisión domiciliaria”, confirmó. El argumento, según explicó, se apoya en el estado de salud de la esposa del condenado, quien padecería una enfermedad y un deterioro que, de acuerdo con la defensa, justificarían la presencia de Kiczka en el domicilio para asistirla.

El juez recordó que la prisión domiciliaria no constituye una regla general ni un beneficio automático. Está prevista para supuestos específicos: personas mayores de 70 años, enfermedades graves o incurables, patologías incompatibles con la permanencia en una unidad penitenciaria, dificultades severas de movilidad o tratamientos médicos que no puedan ser atendidos adecuadamente dentro del sistema carcelario. El planteo de Kiczka, por lo tanto, deberá ser analizado bajo esos parámetros y con intervención de las partes.

El dato procesal clave es otro: la sentencia se encuentra apelada. El caso está bajo revisión del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, en cumplimiento del principio del doble conforme, que exige que una condena sea revisada por un órgano superior. Yaya fue cuidadoso en ese punto: que el Superior Tribunal revise la sentencia no significa que haya detectado irregularidades ni que vaya a revocarla. Significa, simplemente, que el sistema judicial debe examinar de manera integral la prueba, los agravios de la defensa y el monto de la pena.

El magistrado también rechazó la lectura de Kiczka, quien en un audio difundido recientemente se presentó como un perseguido político y afirmó que Casación habría confirmado supuestas irregularidades del tribunal. Para Yaya, esa interpretación es “inexacta” o “sesgada”. Según explicó, la Procuración ya dictaminó en sentido contrario: recomendó rechazar el recurso y confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Penal Uno de Posadas.

La entrevista dejó además una dimensión poco habitual en el lenguaje judicial: el impacto humano de juzgar este tipo de delitos. Yaya describió la dificultad de revisar imágenes y videos de extrema gravedad, vinculados a abusos contra niños, bebés y también material con animales. “Eso no es político”, sostuvo. Y remarcó que el material estaba en los dispositivos analizados por peritos, fiscales, defensores y jueces.

El caso Kiczka abrió, además, una discusión más amplia sobre la magnitud del abuso sexual infantil en Misiones. Yaya señaló que la provincia se ubica sexta a nivel federal en cantidad de casos de abuso y advirtió que más de la mitad de los condenados alojados en establecimientos carcelarios provinciales cumple pena por delitos sexuales. La frase desplaza el eje del expediente individual hacia un problema estructural: la persecución penal llega tarde, cuando el daño ya fue cometido.

Desde esa perspectiva, el juez planteó una fórmula austera pero contundente: sancionar y educar. El derecho penal, dijo, sirve para castigar, no para prevenir por sí solo. La prevención exige educación temprana, herramientas para que los niños identifiquen riesgos, formación de adultos responsables y una política pública sostenida contra la violencia sexual.

La solicitud de prisión domiciliaria de Germán Kiczka será resuelta en el expediente. No borra la condena, no la confirma ni la modifica. Pero obliga a mirar con precisión jurídica un caso atravesado por la sensibilidad social, la gravedad de los hechos y la necesidad de preservar garantías incluso frente a delitos que generan repulsión colectiva. Esa es, precisamente, la tensión más difícil del Estado de derecho: juzgar sin venganza, sancionar sin arbitrariedad y proteger a las víctimas sin abandonar las reglas que hacen legítima una condena.

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Reunión para intercambio colaborativo interinstitucional federal

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La presidente del Superior Tribunal de Justicia Rosanna Pía Venchiarutti Sartori junto a los ministros Froilán Zarza, Juan Manuel Díaz y Valeria Fiore Cáceres recibieron a Martin Cardone, Director Nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y CABA y a Jacqueline Jalabert, Directora Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil.
En el encuentro intercambiaron opiniones sobre la federalización y esta política que se viene impulsando desde el Ministerio de Justicia de la Nación de acercarse a las provincias para un trabajo conjunto en materia de capacitación y colaboración recíproca.

Los Ministros Misioneros pusieron en conocimiento el funcionamiento de la justicia de Paz en la Provincia, que cuenta con un juzgado en cada uno de municipios, a la que se le han ampliado las competencias ante el cambio en el indice de conflictividad que en los utlimos años implica que el acceso a la justicia sea más mediato.

También informaron sobre el trabajo que se viene realizando en la primera circunscripción para aliviar las detenciones presentando alternativas de trabajo comunitario bajo la consigna de “Construir Comunidad”.

La autoridades nacionales se mostraron interesadas con el trabajo realizado por la mesa convocada para la elaboración del  protocolo de actuación para la implementación del nuevo modelo penal juvenil que fue abordado con la mirada de los actores principales, jueces, fiscales, defensores, asesores tutelares y equipos técnicos y que continuará su trabajo en la construcción de esta herramienta que aborda los desafíos que plantea la transición.

La Dirección Nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como objetivo fortalecer los sistemas de justicia en todo el país mediante el desarrollo de políticas criminales basadas en evidencia y el trabajo articulado con las jurisdicciones locales. A través de un enfoque federal, la Dirección acompaña en la mejora de sus capacidades institucionales, promoviendo procesos más eficientes, modernos y orientados a resultados con la colaboración de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil La Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad y Participación Ciudadana que  tiene como objetivo fomentar la articulación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil promoviendo la participación de la comunidad en el desarrollo de políticas públicas participativas, los representantes del Ministerio de Justicia de la Nación se encuentran en la provincia  con el propósito de ofrecer una capacitación a los juzgados de paz debido al índice de conflictividad, teniendo en cuenta que son el principal acceso a la justicia y escuchar las inquietudes locales para establecer lazos de colaboración mutua.

También estuvieron presentes Laura Jacobacci, delegada regional de la UCP, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Aníbal Gustavo Gronda y César Lenzken, profesor del posgrado en Derecho Tributario de la UCP.

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Passalacqua propuso al fiscal Andrés Poujade para el STJ

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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, propuso formalmente al abogado Andrés Poujade para integrar el Superior Tribunal de Justicia (STJ), en el marco de la cobertura de una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia. La postulación abre ahora el proceso institucional previsto, que incluye la evaluación de antecedentes y el posterior tratamiento legislativo para su eventual designación. Poujade cubriría la vacante dejada por Ramona Velázquez, quien se acaba de jubilar.

Oriundo de Posadas, Poujade es egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una formación académica que combina el derecho local con una marcada proyección internacional. Entre sus estudios de posgrado se destaca una especialización en Francia, donde obtuvo un máster en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías, un perfil que incorpora herramientas vinculadas a la regulación económica y los desafíos jurídicos de la era digital.

En el plano profesional, se desempeña actualmente como fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió mediante concurso público con acuerdo legislativo. Se trata de una posición clave dentro del Ministerio Público, con intervención en instancias superiores del proceso penal y en causas de significativa complejidad.

En paralelo, integra el Tribunal Electoral de la provincia como vocal titular, rol desde el cual participa en la organización, control y validación de los procesos electorales, una función que refuerza su perfil institucional dentro del sistema republicano provincial.

Su trayectoria incluye además participación en espacios de formación continua en derecho penal, derechos humanos, gestión judicial y políticas públicas, así como actividad en el ámbito de la docencia universitaria, lo que configura un perfil técnico con anclaje académico.

La propuesta del Ejecutivo se inscribe en un momento de recambio dentro del STJ, un tribunal que no solo actúa como última instancia judicial en la provincia, sino que también define criterios interpretativos con impacto directo en la seguridad jurídica, el clima de inversiones y la relación entre los poderes del Estado.

De avanzar el proceso legislativo, Poujade podría incorporarse a un cuerpo que concentra decisiones estratégicas para el funcionamiento institucional de Misiones. Su eventual llegada aportaría un perfil con fuerte base penal, formación internacional y experiencia en organismos clave del sistema judicial.

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