Como una tradición, nuevamente Misiones se convirtió en la primera provincia del país en tener aprobada la ley de Presupuesto. No es una mera formalidad, sino una carta de intención y la ratificación de una concepción política que permite una trazabilidad a través de los últimos 20 años. Con una inversión social que acapara el 70 por ciento de los 3,1 billones de pesos proyectados para el año que viene, confluye el nivel de deuda más bajo de las últimas décadas: Misiones lleva 26 trimestres consecutivos con bajas de su deuda pública y si se la compara contra los niveles del 2004, se redujo la deuda en 93% en los últimos veinte años a través de un proceso sostenido de escasa toma de créditos y de baja exposición al dólar.  

Ese desendeudamiento sirve para explicar el modelo. No es abstracto. Al mismo tiempo que el nivel más bajo de deuda pública, se produjo una fuerte caída en el número de hogares con necesidades básicas insatisfechas de 6,9 puntos entre 2010 y 2022, cuando se realizaron los dos últimos censos. Por primera vez en la historia, Misiones tiene un porcentaje de hogares con NBI de un sólo dígito y es la segunda provincia con la mayor caída. Corrientes, con un punto de partida más bajo, en el mismo período sólo logró bajar 3,1 puntos y tiene una tasa de NBI de 11,8 puntos. En Misiones la inversión social se hizo notar. 

¿Por qué estos datos son relevantes? En los 90 el porcentaje de hogares con NBI en Misiones, superaba los 30 puntos. Fue también la década del endeudamiento. Por más de mil millones de dólares. En algún momento se llegó a deber un presupuesto y medio, al mismo tiempo que se aplicaron impuestos al salario y las industrias estaban exentas. Para el año que viene, los servicios de la deuda representarán apenas el 0,2 por ciento del gasto total.  El contraste es notorio. Incluso con Corrientes, provincia que la alianza PRO-radical tiene como modelo y algunos empresarios invocan como la meca porque allí no se cobran impuestos, aunque es evidente que no hay una menor desigualdad.

Durante toda la discusión de la ley de Presupuesto, la oposición se dedicó mostrar sus desavenencias en modo chicana y en varias oportunidades con cuestiones personales llevadas a la generalidad. En la sesión del jueves, como era de esperarse, la alianza PRO radical votó en contra, aunque sus diputados insistieron en que la Provincia debe “volver a tomar deuda”, pese a que la evidencia empírica demuestra que el endeudamiento no sólo no ha servido, sino que complicó gestiones futuras. Incoherencia expuesta, los mismos que aplauden las políticas nacionales de ajuste en pos del déficit cero, quieren empujar a la Provincia a un camino inverso. Esa disociación de la realidad provincial está provocando movimientos hacia dentro de la alianza. No son pocos los radicales que miran con desagrado los movimientos mileístas de Martín Arjol y la constante búsqueda de bendiciones desde Buenos Aires. Hizo ruido la renuncia al PRO del ex presidente de la Cámara de Comercio de Iguazú, Joaquín Barreto. “Tengo la convicción de que la construcción y lo mejor para nuestra Provincia. requiere otra visión y un enfoque alejado de mandatos nacionales y centralistas”, disparó el dirigente. 

Esa visión centralista es la que quieren romper los gobernadores del Litoral con el nacimiento de un nuevo bloque variopinto desde lo político, pero con inquietudes similares: Hugo Passalacqua de Misiones, el radical Gustavo Valdés, de Corrientes, el peronista Gildo Insfrán, Leandro César Zdero de Corrientes, del PRO, Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Maximiliano Pullaro de Santa Fe. El discurso de Passalacqua fue elocuente en tierras santafesinas, donde se selló el acuerdo que dio nacimiento al nuevo bloque que busca promover el desarrollo sostenible en lo económico, productivo, logístico y social, así como el desarrollo humano, la salud, la seguridad, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura.

El gobernador misionero aseguró que “nos unen las ganas de solucionar los problemas. Además de nuestra investidura somos un grupo humano, que no vino a quejarse o lamentarse, vinimos a buscar soluciones para nuestra gente, gente que en su mayoría la está pasando muy mal”. 

“Por eso, con mucho altruismo, generosidad y cada uno desde su partido político pero con la  misma visión: ayudar y defender a nuestra gente”, sostuvo.

“Los impuestos coparticipables, y sin mencionar los no coparticipables, se reparten, 60% queda en la administración nacional y el 40% tenemos que repartirlo entre las 24 provincias. Por eso, esta integración es un acto de justicia y de defensa de los derechos de los ciudadanos de Formosa, Misiones, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, y de Santa Fe. Vamos a pelear por esos derechos de forma democrática y conjunta, haciéndonos escuchar con mucho respeto y siendo proactivos”, manifestó. 

“Seis voces son más fuertes que una sola, decir las cosas en conjunto es mucho más poderoso. Y si no levantamos la voz y nos unimos, no cambiaremos esta realidad”, señaló.

Además, agregó, “el federalismo y las provincias encontramos un lugar desde donde posicionarnos, escalar, hacernos escuchar y salir adelante juntos”. “Acá nadie está trabajando por sí mismo, sino por nuestra gente”, agregó finalmente.

No es un bucle temporal. Las políticas “nacionales” obligan a volver a discutir entre federales y unitarios.

La lectura del Presupuesto misionero también permite identificar políticas públicas y los cimientos de una concepción política que busca no depender tanto de los humores nacionales.

El 70 por ciento de los 3,1 billones de pesos tiene un destino específico: las áreas sociales. Educación contará con 785 mil millones, Salud con 695 mil millones y el desarrollo económico y social, 921 mil millones. También, en un escenario inédito, buena parte del financiamiento dependerá de los recursos propios, ante el corrimiento ratificado por el Gobierno nacional. El 70 por ciento de los recursos depende de la coparticipación federal -lo que se recauda en Misiones devuelto por Nación- y un 30 por ciento por recursos propios de la recaudación provincial. Esa recaudación depende de una política fiscal sólida, que es la base de la Renovación y que fue ratificada en las sucesivas elecciones. Son recursos que vuelven en salud, educación e infraestructura que son vitales en un tiempo de nula presencia nacional. Misiones no se detuvo por la ausencia nacional y sostiene decisiones porque cuenta con recursos para poder hacerlo. Los programas Ahora que estimulan el consumo y líneas de crédito para diversas áreas productivas son pequeñas muestras. 

Por eso sorprende el embate de un sector empresario que “exige” cambiar esa base para recuperar rentabilidad. Las cámaras madereras, nucleadas en la Confederación Económica de Misiones hicieron fuertes planteos en contra del Instituto Forestal Provincial que se nació -por una visión política- para fijar un precio mínimo para la materia prima forestal y que curiosamente, lo viene haciendo por unanimidad en porcentajes que acompañan la inflación. 

El reclamo de la industria maderera contrasta con la desesperada búsqueda de otro de los principales sectores económicos de Misiones. Los productores yerbateros están buscando alguna manera de volver a regular los precios o por lo menos contar con valores de referencia tras el DNU del presidente Javier Milei que desreguló el mercado y desplomó el valor de la materia prima. En cambio, la Confederación Económica de Misiones (CEM) respaldó los recientes reclamos de desregulación planteados por cámaras empresariales y de comercio vinculadas al sector forestal. Entre ellas, se destacan la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) y la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM), quienes exigen la reconversión del Instituto Forestal Provincial (INFOPRO) como “un facilitador del desarrollo económico”.

Según ambas cámaras, la intervención estatal en la regulación de precios de la materia prima forestal ha resultado en distorsiones de mercado que afectan a los diferentes actores de la cadena productiva. Curiosamente, los acuerdos de precios se alcanzaron por unanimidad, incluido el último de hace unas semanas.

“El organismo no ha brindado los servicios que justifiquen su existencia”, señalaron Guillermo Fachinello -a la vez presidente de la CEM y padre del ministro de Industria, que tiene presencia en el directorio del Infopro- y Carlos Sato, presidente y vicepresidente de APICOFOM. A su vez, AMAYADAP destacó que sus socios no perciben ningún valor añadido en el trabajo del INFOPRO, argumentando que “la libre comercialización entre actores del mercado es la vía más conveniente”. 

Llamativo posicionamiento político. Como en el sector yerbatero, la presencia del Estado como regulador, fue pensada para equilibrar la balanza entre las industrias, como Apicofom y Amayadap y los productores, que recibían un precio bajo que desalentaba las nuevas plantaciones. 

Los precios actuales ni siquiera son más altos que en otras latitudes y de hecho, los especialistas advierten que están entre 12 y 30 por ciento debajo de los costos reales. En Brasil, la tonelada puesta en fábrica cuesta unos 65 dólares. En Chile 53 dólares. Aquí está por debajo de los 50. 

Lo que se niegan a admitir los industriales madereros es que enfrentan una nueva caída de ventas por la depresión del mercado interno, aumento de costos en dólares e internos -sobre todo energía, con la quita de subsidios-, además de una amenaza latente como la apertura de importaciones. 

Eso convive además con una muy baja productividad. El precio de la materia prima no es el problema, sino una variable de ajuste, que siempre deja al productor relegado. Por eso se dejó de plantar. No sólo en Misiones, sino en Corrientes, donde los mismos consultores admiten que faltará madera. En Misiones muchos forestadores decidieron en los últimos años pasarse a otras producciones, como la yerba mate, que hace un tiempo tenía buenos precios. Entre 2009 y 2013 hubo 2.845 nuevas hectáreas de yerba. Entre 2014 y 2018, 16.738 hectáreas. Entre 2019 y 2023, 22.242 nuevas hectáreas solo en Misiones. Hoy los productores yerbateros enfrentan nuevamente los efectos de la desregulación, como en los nefastos 90. El precio de la materia prima está por debajo de los 25 centavos de dólar, cuando hace unos meses llegó a los 60. 

La desregulación, que intentó Cambiemos e impuso Milei, hunde a la producción primaria. Los modelos económicos son similares. La etapa Cambiemos terminó con una brutal caída del consumo, cierre de empresas, desempleo y pobreza. Con Milei, aceleradamente, creció la pobreza, se perdieron más de 150 mil empleos y las empresas están haciendo malabares para no bajar las persianas. 

Según la consultora Scentia, a pesar de la desaceleración de la inflación, el consumo masivo cayó en septiembre 22,3 por ciento en todos los canales de venta de todo el país. Casi seis puntos más de caída que el mes previo. Este año tendrá, por primera vez en la historia, 12 meses seguidos de baja.

A la baja también está la popularidad del Presidente. Continúa en una fuerte caída en los niveles de aceptación y la imagen del presidente está en picada, según la consultora Explanans. 

Luego de 300 días de gestión, el 44 por ciento de los encuestados calificó con un 1 a la administración libertaria, de manera que prácticamente la mitad de la muestra lo desaprueba.

En otro orden, un 55 por ciento afirmó que “ya fue suficiente ajuste”, mientras que entre el 45 restante, hay un 24,5 que cree que “falta un poquito” y un 20,5  que “hace falta mucho más ajuste”. 

En el marco del conflicto de las Universidades, consultados por el tema de agenda, el 71 por ciento de los encuestados sostuvo que debe seguir siendo pública y gratuita. Entre los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, el porcentaje sube hasta 75 y es el más alto en la segmentación geográfica. 

El rechazo es un reflejo del desdén con el que el Gobierno está tratando las demandas universitarias, que tienen un sustento sólido: la inversión educativa nacional se redujo 40 por ciento en 2024 y es la caída más grande desde 1992, según el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación.La magnitud del recorte aplicado sobre el sistema educativo es casi del doble del ajuste general del gasto público nacional (21,1%), según surge de comparar la ejecución de 2023 con el crédito vigente de 2024. En otras palabras, la educación recibió un ajuste mayor que el resto del Estado. Y esa caída no llegará a revertirse en 2025.

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